Buenaventura Barrera Cruz

Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
26/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Buenaventura Barrera Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el quince de febrero de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Por otra parte, tomando en consideración que a foja cuatro y cinco de los presentes autos, obra un documento que por su naturaleza debe ser devuelto, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger tal documento, previo desglose, cotejo y certificación, así como razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta remitido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con un anexo que acompaña. Ahora bien, visto el anexo de cuenta, en concepto de esta juzgadora, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión en la calificación de las probanzas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 9370/2016/12, de su índice. Ahora bien, del anexo remitido por la citada Presidente de la Junta responsable, se advierte que mediante proveído dictado el trece de febrero del año en curso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber calificado las pruebas ofrecidas por las partes en procedimiento laboral cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en la fracción IV, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la Carlos Antonio Blanco Valdez, apoderado jurídico de Ma. Buenaventura Barrera Cruz, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que para tal efecto acompañó a su escrito inicial de demanda, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de doce del mes y año en curso, en consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda promovida por Carlos Antonio Blanco Valdez¸ apoderado jurídico de Ma. Buenaventura Barrera Cruz, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 5° fracción III de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado en este juicio a SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, en virtud de que no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) con la denominación que indica, no exista(n), con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la citada ley, sin diverso acuerdo, se le(s) tendrá como inexistente(s), no se le(s) dirigirá(n) comunicaciones procesales, y se suspenderá toda comunicación con la(s) misma(s), y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o designación correcta. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos originales que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que acompañó a su escrito inicial de demanda, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser tomada en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de en la audiencia constitucional. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que en su caso se dicten en el presente juicio de amparo, constituyen una información pública, en términos de los artículos 8o., y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que continua vigente en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2o., transitorio del Decreto que abroga la Ley en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hasta en tanto se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo; sin embargo, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Por lo tanto, hágase de su conocimiento que queda expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8o., del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada). Notifíquese.

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