Candido Xolalpa Ramírez
Expediente 1207/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Candido Xolalpa Ramírez
Actuaciones
- Principal
[...] En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de cuenta respecto de los actos reclamados consistente en la citación y/o notificación, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con la fracción I, del numeral 5° y 6°, de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo por cuanto hace a los restantes actos reclamados que promueve XXXXX, por derecho propio, contra actos de la Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades.. Por separado tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa. Apercibiéndose a las autoridades responsables que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial señalados como autoridades responsables, se ordena su notificación mediante un sólo oficio en el Centro de Justicia Penal del Estado, ubicado en Avenida 11 Sur No. 11921, Colonia Ex Hacienda Castillotla, Puebla; a través del Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio 22395/2021-ADM de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Se le apercibe que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cincuenta días de salario. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Por lo que hace al agentes del Ministerio Público del Estado de Puebla, que cita la parte quejosa en el proemio de la demanda como autoridades responsables en el presente juicio, requiérase al Fiscal General del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, para que notifique a las autoridades foráneas y remita los acuses de notificación o en su caso informe y señale puntualmente, indicando si las autoridades no existen en su organigrama con tales denominaciones, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se fijan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, si el sentido de su informe lo permite; lo anterior permitirá además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a las autoridades responsables respectivas para que, si en algún momento dejaran de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra, lo hagan saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibidas las autoridades responsables, que de ser omisas se les impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el mismo supuesto, de ser cierto el acto reclamado, se solicita al juez responsable para que en el término de tres días, siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe el último domicilio que tenga registrado del agente del Ministerio Público quien actuó en la emisión del acto reclamado, así como de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados, precisando sus datos de identificación, como CURP o RFC, a fin de evitar homonimias. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se tendrán como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, se tiene como medio para recibir notificaciones el inmueble que señala en el ocurso de cuenta. En otro orden de ideas, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Avelino Hernández Robles, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y únicamente para únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Luceldi Sosa García. En lo referente al correo electrónico y dígito telefónico téngase como medio de comunicación no procesal, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Asimismo, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se comunica a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, promovido por XXXX, por propio derecho, contra actos de Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Apercibiendo a las autoridades responsables que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial señalados como autoridades responsables, se ordena su notificación mediante un sólo oficio en el ********************; a través del Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio *** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Se le apercibe que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cincuenta días de salario. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Por lo que hace al agentes del Ministerio Público del Estado de Puebla, que cita la parte quejosa en el proemio de la demanda como autoridades responsables en el presente juicio, requiérase al Fiscal General del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, para que notifique a las autoridades foráneas y remita los acuses de notificación o en su caso informe y señale puntualmente, indicando si las autoridades no existen en su organigrama con tales denominaciones, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. Ahora bien, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: [...] Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: Las órdenes de: Búsqueda, Aprehensión, Detención, Presentación, y Su ejecución. En virtud de que por el momento no se tienen datos precisos de la naturaleza del delito atribuido al quejoso, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE en favor del quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de las citadas órdenes, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se le debe o no conceder la suspensión definitiva, y sus términos. Sin embargo, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al procedimiento penal para los efectos de su continuación, y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, este Juzgador en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la ley de la materia, y con apoyo en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 33/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, páginas 226 y 227, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. Estima procedente fijar al peticionario de amparo las medidas de efectividad siguientes: Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, y en su caso declare respecto de los hechos que se le atribuyen, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde al criterio establecido por la Jurisprudencia 1o/J.149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. Lo anterior, con independencia de que el impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante las autoridades que lo requieran, para el caso de que tenga la certeza de que estas últimas hayan emitido en su contra el acto privativo de libertad que combate a través del juicio de amparo del cual se deriva el incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, a fin de privilegiar la naturaleza sumarísima del presente procedimiento y con el fin de evitar que, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica; aunado a que la exigencia de presentarse ante las autoridades que lo requieran lo es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia; empero, se estima que, en todo caso, no existe impedimento legal a fin de que se presente con antelación ante la autoridad o autoridades que lo requieran. Deberá de otorgar caución, a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, en el término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo. La garantía se fija de manera discrecional y al prudente arbitrio de este juzgador, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudieren haberse librado una o varias órdenes de las aquí reclamadas, tomando en cuenta el número de autoridades judiciales señaladas como responsables ordenadoras, lo que de suyo implica que de existir esas órdenes deberá estar obligado y sujeto a igual número de procesos penales. Cantidad que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso este juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclamen. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1ª./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 226, Tomo V, mes de Mayo de 1997, del Semanario Judicial y su Gaceta, de la Novena Época de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. La citada garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es: "con el objeto de que continúe surtiendo efecto la suspensión provisional en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, promovido *****, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por las autoridades en mención, siempre y cuando tenga relación con el procedimiento seguido en su contra. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea detenido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en el que sea recluido, y al de la autoridad del conocimiento para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención del quejoso si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndoles que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se tendrán como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, se tiene como medio para recibir notificaciones el inmueble que señala en el ocurso de cuenta. En otro orden de ideas, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y únicamente para únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a *******. En lo referente al correo electrónico y digito telefónico téngase como medio de comunicación no procesal, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Asimismo, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se comunica a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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