CANDIDO JIMENEZ CASTILLO y Otros.

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • CANDIDO JIMENEZ CASTILLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Oficio signado por el agente del Ministerio Pública en funciones del Titular adscrito a la Unidad de Investigación de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 29/09/2023 09:00 Informa que la carpeta de investigación ********************, se inició por los hechos con apariencia de delito de violencia familiar denunciados por ******************** en contra de su concubino ********************, en la cual mediante determinación de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se decretó el no ejercicio de la acción penal, asimismo comunica la imposibilidad de remitir copia cotejada del acuerdo de media de protección que dicha carpeta se encuentra en autorización para su archivo. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el caso, al realizarse un análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio, tato del capítulo de acto reclamado, así como de los antecedentes, se observa que sustancialmente reclama al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional Oriente, la medida de protección de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima. Por su parte, los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la lectura del precepto constitucional y legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los que establecen como regla general para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente podrá seguirse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico o en casos excepcionales, este principio puede cumplirse a través del representante del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Empero, señala que cuando se traten de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el gobernado deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, tener reconocido un derecho subjetivo público que proteger. Ahora bien, como se infiere de los preceptos legales mencionados, mediante el juicio de amparo se pueden salvaguardar dos tipos de intereses: el jurídico y el legítimo. Cuando se reclaman actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, necesariamente se requiere de un interés jurídico. En cambio, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas el quejoso puede alegar un interés jurídico o un interés legítimo. En el caso, el quejoso reclama la medida de protección emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima; empero, no se advierte que afecte los intereses jurídicos o legítimos del peticionario del amparo, porque lo que aquí se combate es una medida de protección en favor de la víctima ********************, a efecto de que no se realicen en su persona conductas intimidatorias o de molestia, pues tanto en la demanda y escrito aclaratorio, no se advierte acto de autoridad en concreto que trasgreda los derechos sustantivos de la parte quejosa, aunado a que en la carpeta de investigación generadora de los actos reclamados mediante determinación de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se decretó el no ejercicio de la acción penal. Por ende, se debe distinguir si la parte quejosa promueve el amparo con base en una afectación a un interés jurídico o a uno legítimo. El interés jurídico aparece cuando de forma fehaciente, la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Así, el ejercicio de la acción constitucional, cuando se pretende proteger un interés jurídico únicamente se encuentra reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo. En conclusión, el interés jurídico es aquella situación legal en la que un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Por otro lado, existe interés legítimo cuando el interesado no tiene un derecho subjetivo para combatir una ley o acto autoritario, pero éste sí es susceptible de causarle un perjuicio, derivado de su situación particular frente al orden jurídico. Entonces tiene interés legítimo, aquel a quien la ley le otorgue la facultad de exigencia oponible frente a la autoridad para que ejecute determinada conducta o no la haga, es decir, aquel que justifique la medida en que el acto autoritario compromete sus derechos fundamentales, así como su interés específico, concreto, cualificado y no simple, general y abstracto que aduce para acudir en demanda de amparo. Ello es así, pues lo que tutela el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o la garantía de cualquier derecho subjetivo, sino un tipo preciso de derechos que en la especie son los derechos fundamentales personalísimos; de ahí que carece de interés legítimo cualquier miembro de la sociedad que por el solo hecho de pertenecer a ella, tiene la pretensión de que se cumpla la legalidad. Entonces, no puede ser procedente el juicio de amparo que se promueva con apoyo en un mero interés general por la legalidad, porque no se trata de una vía abstracta o preventiva ni de un medio reparador de violaciones generales. Así, los elementos constitutivos del interés legítimo son: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tal contexto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario contar con un interés jurídico o un interés legítimo, pero no se puede aducir una afectación a ambos, es decir, se cuenta con interés jurídico o con un interés legítimo. Así, en esta instancia la parte quejosa reclama la medida de protección emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima, empero, ese no es un acto que afecte los intereses jurídicos o legítimos del peticionario del amparo. Ello, porque el inicio y trámite de la investigación inicial está a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la medida de protección de la víctimas, así como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no le irrogan perjuicio, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o desvirtuarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público como la de generar actos de protección a las víctimas, así como la de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido en el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que en el presente asunto no se advierte que el acto que controvierte la parte quejosa afecte derechos sustantivos, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, tales como la propiedad, libertad, posesión, etcétera; en virtud de que como se indicó, el acto reclamado es susceptible de anularse o desvirtuarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de cuenta respecto del acto reclamado consistente en la medida de protección dictada dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con la fracción I del numeral 5° de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Oficio signado por el agente del Ministerio Pública en funciones del Titular adscrito a la Unidad de Investigación de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 29/09/2023 09:00 Informa que la carpeta de investigación ********************, se inició por los hechos con apariencia de delito de violencia familiar denunciados por ******************** en contra de su concubino ********************, en la cual mediante determinación de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se decretó el no ejercicio de la acción penal, asimismo comunica la imposibilidad de remitir copia cotejada del acuerdo de media de protección que dicha carpeta se encuentra en autorización para su archivo. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el caso, al realizarse un análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio, tato del capítulo de acto reclamado, así como de los antecedentes, se observa que sustancialmente reclama al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional Oriente, la medida de protección de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima. Por su parte, los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la lectura del precepto constitucional y legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los que establecen como regla general para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente podrá seguirse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico o en casos excepcionales, este principio puede cumplirse a través del representante del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Empero, señala que cuando se traten de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el gobernado deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, tener reconocido un derecho subjetivo público que proteger. Ahora bien, como se infiere de los preceptos legales mencionados, mediante el juicio de amparo se pueden salvaguardar dos tipos de intereses: el jurídico y el legítimo. Cuando se reclaman actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, necesariamente se requiere de un interés jurídico. En cambio, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas el quejoso puede alegar un interés jurídico o un interés legítimo. En el caso, el quejoso reclama la medida de protección emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima; empero, no se advierte que afecte los intereses jurídicos o legítimos del peticionario del amparo, porque lo que aquí se combate es una medida de protección en favor de la víctima ********************, a efecto de que no se realicen en su persona conductas intimidatorias o de molestia, pues tanto en la demanda y escrito aclaratorio, no se advierte acto de autoridad en concreto que trasgreda los derechos sustantivos de la parte quejosa, aunado a que en la carpeta de investigación generadora de los actos reclamados mediante determinación de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se decretó el no ejercicio de la acción penal. Por ende, se debe distinguir si la parte quejosa promueve el amparo con base en una afectación a un interés jurídico o a uno legítimo. El interés jurídico aparece cuando de forma fehaciente, la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Así, el ejercicio de la acción constitucional, cuando se pretende proteger un interés jurídico únicamente se encuentra reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo. En conclusión, el interés jurídico es aquella situación legal en la que un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Por otro lado, existe interés legítimo cuando el interesado no tiene un derecho subjetivo para combatir una ley o acto autoritario, pero éste sí es susceptible de causarle un perjuicio, derivado de su situación particular frente al orden jurídico. Entonces tiene interés legítimo, aquel a quien la ley le otorgue la facultad de exigencia oponible frente a la autoridad para que ejecute determinada conducta o no la haga, es decir, aquel que justifique la medida en que el acto autoritario compromete sus derechos fundamentales, así como su interés específico, concreto, cualificado y no simple, general y abstracto que aduce para acudir en demanda de amparo. Ello es así, pues lo que tutela el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o la garantía de cualquier derecho subjetivo, sino un tipo preciso de derechos que en la especie son los derechos fundamentales personalísimos; de ahí que carece de interés legítimo cualquier miembro de la sociedad que por el solo hecho de pertenecer a ella, tiene la pretensión de que se cumpla la legalidad. Entonces, no puede ser procedente el juicio de amparo que se promueva con apoyo en un mero interés general por la legalidad, porque no se trata de una vía abstracta o preventiva ni de un medio reparador de violaciones generales. Así, los elementos constitutivos del interés legítimo son: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tal contexto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario contar con un interés jurídico o un interés legítimo, pero no se puede aducir una afectación a ambos, es decir, se cuenta con interés jurídico o con un interés legítimo. Así, en esta instancia la parte quejosa reclama la medida de protección emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima, empero, ese no es un acto que afecte los intereses jurídicos o legítimos del peticionario del amparo. Ello, porque el inicio y trámite de la investigación inicial está a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la medida de protección de la víctimas, así como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no le irrogan perjuicio, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o desvirtuarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público como la de generar actos de protección a las víctimas, así como la de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido en el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que en el presente asunto no se advierte que el acto que controvierte la parte quejosa afecte derechos sustantivos, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, tales como la propiedad, libertad, posesión, etcétera; en virtud de que como se indicó, el acto reclamado es susceptible de anularse o desvirtuarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de cuenta respecto del acto reclamado consistente en la medida de protección dictada dentro de la carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, en donde se prohíbe a ******************** (aquí quejoso) acercarse hacia la víctima, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con la fracción I del numeral 5° de la Ley de Amparo.

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