Cándida Rivero González

Expediente 301/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
301/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Cándida Rivero González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial.

  2. Principal

    (AVISO) Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 298 a 301), por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, en cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran las documentales consistentes en la liquidación de pago previa incorporación a nómina de veintisiete de abril de dos mil diecisiete y la concesión de pensión con número 1466097, relativo a la pensión 315123, con firmas autógrafas, documentos que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será destruido igual que el presente asunto. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    (AVISO)Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El siete de julio de dos mil diecisiete (fojas 150 a 160), se dictó sentencia constitucional, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Cándida Rivero González; para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, realizaran lo siguiente: "1. Que no se le aplique en lo presente ni en lo futuro, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo. 2. En consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en Chetumal, deberá dejar insubsistente el documento denominado "liquidación de pago previa incorporación a nómina" de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, y reintegrar a la quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubiesen sido retenidas." II. Por auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo (fojas 198 y 199). III. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México (foja 216). IV. Por oficio UJ/JA/383/17 presentado en la oficialía de parte de este órgano jurisdiccional el veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 222 y 223), el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo remitía en los diversos oficios 023.302/SP/1187/2017 y 023.302/SP/1206/2017. V. En proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional se reservó acordar respecto al oficio UJ/JA/383/17 signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hasta en tanto el Tribunal de Alzada resolviera lo conducente respecto al recurso de revisión interpuesto en autos (foja 229). VI. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho (fojas 274 y 275), se recibió el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en los autos del amparo en revisión 506/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en la que se determinó: "PRIMERO.- Se confirma el fallo en revisión. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara a Cándida Rivero González, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos señalados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria." Como se advierte, la superioridad confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reprochado a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "1. No se aplique a la quejosa en el presente ni en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que la suma de las pensiones no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo. 2. El Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, deje insubsistente la liquidación de pago previa incorporación a nómina, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, y reintegrar a la impetrante las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubiesen sido retenidas." En ese contexto, se requirió al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo, lo cual le fue debidamente notificado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (foja 281). VII. Mediante oficio UJ/JA/049/18 recibido el siete de febrero del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal (foja 287), el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, remitió el oficio 023.302/SP/0185/2018 y un legajo de copias certificadas de los siguientes documentos: Cheque numero mil cuatrocientos setenta y cuatro (1474) por la cantidad de $1,419,312.30 (son un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos doce pesos con 30/100 m.n.) Cuenta por cobrar certificada 0233020000233, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Credencial de elector de Cándida Rivero González, misma donde se advierte la leyenda "RECIBI CHEQUE 1474", plasmada de puño y letra por la antes mencionada. Conviene precisar que a las documentales referidas se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". VIII. Luego, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 293), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, computados legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que informó la autoridad responsable, sin que haya hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así los efectos de la concesión fue que la autoridad responsable, hiciera lo siguiente: I. No se aplicara a la quejosa en el presente ni en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que la suma de las pensiones no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo. II. El Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, dejara insubsistente la liquidación de pago previa incorporación a nómina, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, y reintegrar a la impetrante las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubiesen sido retenidas. Ahora, de la constancia aportada en vía de cumplimiento por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, se advierte que se satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: En relación al punto I, el mismo se encuentra cumplido, pues mediante los oficios 023.302/SP/1187/2017 y 023.302/SP/1206/2017, informó que las pensiones 650086 (jubilación) y 315123 (viudez) fueron desvinculadas de la aplicación del artículo 12 párrafo segundo del Reglamento para Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que serán pagadas de forma individual al cien por ciento. Por lo que ve al punto II, se desprende su acatamiento por parte de la autoridad responsable, ya que por los oficios 023.302/SP/1187/2017 y 023.302/SP/1206/2017, señaló que dejó sin efecto el documento denominado "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nomina", de veintisiete de abril de dos mil diecisiete y que se realizará un pago a favor de la quejosa por el monto de $1,419,312.30 (un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos doce pesos 30/100 moneda nacional), mismo que será reintegrado a la quejosa mediante cheque, finalmente, por oficio UJ/JA/049/18, remitió las constancias consistentes copias certificadas del cheque numero mil cuatrocientos setenta y cuatro (1474) por la cantidad de $1,419,312.30 (son un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos doce pesos con 30/100 m.n.), de la cuenta por cobrar certificada 0233020000233, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y de la credencial de elector de Cándida Rivero González, misma donde se advierte la leyenda "RECIBI CHEQUE 1474", plasmada de puño y letra por la antes mencionada, con lo que acreditó la devolución a la quejosa de las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo y, por ende, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le había sido vulnerado. En tales circunstancias, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Por otra parte, agréguense a los presentes autos el telegrama remitido por la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que se le remita copia simple del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en los autos del toca 506/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo. Por tanto, gírese atento oficio al Secretario de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, al que deberá adjuntarse la copia simple que solicita.

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el catorce de febrero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Quintana Roo, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es, que el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se realizó el pago correspondiente a la quejosa. Para acreditarlo remite el oficio 023.302/SP/0185/2018 y un legajo de copias certificadas de los siguientes documentos:  Cheque numero mil cuatrocientos setenta y cuatro (1474) por la cantidad de $1,419,312.30 (son un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos doce pesos con 30/100 m.n.)  Cuenta por cobrar certificada 0233020000233, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.  Credencial de elector de Cándida Rivero González, misma donde se advierte la leyenda "RECIBI CHEQUE 1474", plasmada de puño y letra por la antes mencionada. Al respecto, cabe destacar que por oficio UJ/JA/383/2017, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió los diversos oficios 023.302/SP/1187/2017 y 023.302/SP/1206/2017, con los que informó que las pensiones 650086 (jubilación) y 315123 (viudez) fueron desvinculadas de la aplicación del artículo 12 párrafo segundo del Reglamento para Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que serán pagadas de forma individual al cien por ciento, asimismo que dejó sin efecto el documento denominado "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nomina", de veintisiete de abril de dos mil diecisiete y que se realizará un pago a favor de la quejosa por el monto de $1,419,312.30 (un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos doce pesos 30/100 moneda nacional), mismo que será reintegrado a la quejosa mediante cheque. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con las constancias citadas en los párrafos que anteceden, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

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