Candelario ye Alcocer

Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
762/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Candelario ye Alcocer
  • Armando Cahuich Ake
  • Candelario ye Alcocer y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercero interesada a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es conservable, dado que se concedido la protección constitucional y susceptible de ser transferido una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CENTRO CEREMONIAL CRUZ PARLANTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEITICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por el Director General del instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y el Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, por lo que este Juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: A fin de determinar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************,********************,********************y ********************. II. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Director de Atención Indígena y Desarrollo Social del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumplieran con la sentencia de amparo. III. Mediante oficios ********************y ********************el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, informaron en qué términos dieron cumplimiento con la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió las siguientes documentales en copia certificada: Oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Luego, por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto de los términos en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que, en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho tutelado de legalidad inmerso en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto reclamado al no constar por escrito, careció de la debida fundamentación y motivación. Es así, dado que de la normativa que regula el acto reclamado se advierte que a los beneficiarios de los programas se les podrá suspender el derecho de recibir las prestaciones y apoyos mediante resolución administrativa o judicial, por lo que si no existió determinación por escrito, es que se violenta al derecho fundamental de legalidad al quejoso. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por las responsables a fin de acatar la ejecutoria de amparo se advierte que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, emitieron un oficio dirigido a la parte quejosa en el que, de conformidad con los artículos 2, inciso a), fracción I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 fracción I, II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido por los artículos 4 fracción I, II, VII, IX; 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 49 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, y las demás disposiciones aplicables en la materia, establecieron que las decisiones de dicho Instituto, se emiten tomando en consideración las decisiones que se toman dentro de cada centro ceremonial en cuanto a su organización interna, respetando sus usos, costumbres y tradiciones, así como de acuerdo a las decisiones emitidas por sus autoridades tradicionales. Por consiguiente, comunicaron a la parte quejosa, que de acuerdo a su baja como dignatario maya emitida por oficio del centro ceremonial al que pertenecen y notificado ante ese instituto, dio como resultado su baja como dignatarios y a su vez, que dicho instituto procediera a la actualización del padrón de dignatarios mayas, lo que trajo como consecuencia su exclusión del padrón como dignatarios mayas acompañando la cancelación y omisión de los subsecuentes pagos por concepto de apoyo otorgado a cada dignatario maya. Asimismo, respecto al cumplimiento de la parte final de la concesión de la sentencia de amparo, esto es, notificar a la parte quejosa la nueva determinación que emita la autoridad responsable, informó que se le notificó a la parte quejosa el diez de mayo de este año, lo cual se corrobora con la leyenda y firma que obra en la parte lateral de los oficios de mérito, en los que se hizo constar su recepción. En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CENTRO CEREMONIAL CRUZ PARLANTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y el Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales en cumplimiento al requerimiento realizado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, informan en qué términos dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remiten lo siguiente: Copia certificada de los oficios ******************** e ********************, recibidos por la parte quejosa. Por consiguiente, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, se advierte que feneció el plazo establecido a las partes en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en dicha sentencia, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ************************, respecto al acto que reclamó al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Director de Atención Indígena y Desarrollo Social del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, acorde con los motivos y para los efectos siguientes: "Consecuentemente, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a Candelario Ye Alcocer, Armando Cahuich Ake, Esteban Puc chan y Andrés********************, para el efecto de que la autoridad responsable Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo emita de inmediato la resolución mediante la cual, de manera fundada y motivada, justifique el porqué de la exclusión del padrón de Dignatarios Mayas y su consecuente omisión de pago y les sea notificada." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se les notifique el presente proveído, cumplan con la sentencia de amparo. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, en relación al 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. En la inteligencia que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contrae el citado artículo 192 de la Ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta.

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