Candelario Martínez Talavera

Expediente 346/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
346/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Candelario Martínez Talavera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual SE DESECHA la demanda de garantías promovida por CANDELARIO MARTÍNEZ TALAVERA; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, en razón de que se DESECHÓ la demanda de garantías, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DEVOLUCIÓN DE TOMO DE PRUEBAS Finalmente, de autos se advierte que de las constancias remitidas por el Juez Menor Mixto con sede en Tacámbaro, Michoacán, se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; remítase el mismo a la autoridad de referencia, el juicio ejecutivo mercantil 85/2012, solicitando remita el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte promovente...el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. SE RECIBE DEMANDA POR INCOMPETENCIA Por recibido el oficio 1716, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 245/2018 promovido por CANDELARIO MARTÍNEZ TALAVERA, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán; el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como el tomo de pruebas que anexó como sustento del mismo; la constancia de emplazamiento de la tercero interesada, y las copias de traslado que el quejoso agregó a su escrito de demanda. Ahora, como de la determinación que se inserta al oficio de cuenta, se desprende que mediante acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de garantías planteada por CANDELARIO MARTÍNEZ TALAVERA, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, consistente en el acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en etapa de ejecución de sentencia, en el cual se dijo que no ha lugar a que se le concedieran tres días para proponer perito valuador y término para presentar su peritaje y que debería estarse a lo acordado en auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis; por considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el mismo se hace consistir en un auto que fue dictado después de concluido el juicio; en tal virtud, estimó que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, residente en esta ciudad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, para los efectos legales a que haya lugar. Con el juicio ejecutivo mercantil 85/2012, que remitió el Juez responsable con su respectivo informe justificado, fórmese cuaderno de pruebas por separado. No pasa por alto para el suscrito que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente formule su libelo en base a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, para interposición de la demanda de garantías en la vía indirecta; en esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la misma. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el precepto 62, de la ley de la materia, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Mientras que, su diverso artículo 61, fracción XXIII, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el numeral 107, fracción IV, de la invocada ley, determina: "El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Del texto del precepto legal trascrito en último término, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra los actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; entendiéndose por tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; misma que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pues en ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10ª.), que dice: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 237/2014, con la tesis aislada IX.1o.12 C (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del. viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2046, registro digital: 2008296. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 376/2014, resolvió que la orden de otorgamiento de escritura de adjudicación no es la última resolución del procedimiento de remate; lo anterior en virtud de que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala expresamente que la última resolución en el procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto, es aquella que ordena en definitiva tanto el otorgamiento de la escritura de adjudicación como la entrega de los bienes rematados. Tesis de jurisprudencia 13/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. El ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que se puedan reclamar a través de este medio de control constitucional las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendientes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; a pesar de ello, jurisprudencialmente se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia; también cabe mencionar la orden de arresto dictada como medida de apremio, ya que la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, excepcionalmente, procede el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tenga autonomía y no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En relación al contenido de la fracción IV del citado artículo 107, de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Asimismo, que por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo, y también deberá estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior conforme la jurisprudencia número 108/2010, emitida por el Pleno de la Supremo Corte de Justicia de la Nación, que dice: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez Establecido lo anterior, del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que de las constancias se advierte que el auto del que se duele la parte quejosa no constituye la resolución definitiva dictada en la mencionada etapa de ejecución al que se refiere el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a esa etapa, pues no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del inmueble relacionado en el proceso de origen. Además, no es admisible considerar que tal determinación vulnere los derechos fundamentales del quejoso porque no se le priva de un derecho en forma definitiva; por ende, válidamente puede advertirse que el proveído reclamado sólo puede combatirse como una violación procesal en el juicio de amparo que eventualmente se promueva contra la determinación que ordene la adjudicación o entrega del bien controvertido. Lo anterior fue establecido de esa forma por el legislador, para evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, la cual, por razón de interés público, no pueden entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por CANDELARIO MARTÍNEZ TALAVERA, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Las jurisprudencias o criterios que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa designando como autorizados para recibirlas a José Antonio Barriga Gutiérrez, José de Jesús Martínez Sarabia y Luz María Guzmán Ruiz sin la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se las confiere expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano