Candelario Elias Ibarra
Expediente 44/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Candelario Elias Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Autoridad responsable acusa recibo. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio 5714 de dieciocho de abril del año en curso, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como sustento de su informe justificado, y en el que se le comunicó que causo ejecutoria la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho en la que se sobreseyó el amparo promovido por Candelario Elías Ibarra. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Destino a incidentes de suspensión. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento respeto del billete que fue exhibido por la parte quejosa dentro de los cuadernillos incidentales; lo anterior, en razón a que tal garantía obra en resguardo del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado ejecutoria sentencia de amparo. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, hágase devolución al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 332/2016 de su índice, que adjuntó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO...V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo X-44/2018, promovido por Candelario Elías Ibarra, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.... SEGUNDO... TERCERO.... CUARTO... y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. ... SEGUNDO...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Menor en Materia Civil, Actuario adscrito a dicho juzgado y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la primera de las responsables, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 332/2016. A las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95.". En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ejecutivo mercantil 332/2016, promovido por Adolfo Alvarado Leal y Gracia María Estrada Calderón, en cuanto endosatarios en procuración de Eduardo Anguiano Ayala, frente a Julio César Anguiano Pulido y Rómulo Barajas Betancio; al efecto aduce el quejoso que es propietario del bien materia de dicha controversia; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especificó de la propiedad que es el que aquí defiende. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 6/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 36/2014. José Luis Medina Camargo. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete.". Pues bien, para solicitar amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013.". Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, el quejoso debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser propietario [lote 34 de la manzana 152, zona 2, del núcleo agrario Isaac Arriaga, de esta ciudad]. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que el quejoso accionó la vía constitucional doliéndose del embargo del bien inmueble de su propiedad, ubicado en el lote 34 de la manzana 152, zona 2, del núcleo agrario Isaac Arriaga, de esta ciudad, efectuado en el juicio ejecutivo mercantil 332/2016, promovido por Adolfo Alvarado Leal y Gracia María Estrada Calderón, en cuanto endosatarios en procuración de Eduardo Anguiano Ayala, frente a Julio César Anguiano Pulido y Rómulo Barajas Betancio, así como todas sus consecuencias legales, del cual es tercero extraño; ello, planteado desde la perspectiva de que las responsables transgredieron en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 410/94. José María Gómezcaña Castro. 12 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo.". En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar de manera fehaciente o cierta en un instrumento probatorio de carácter documentario, esto es lo que se conoce como documento de fecha cierta; lo anterior, con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. En ese sentido, a fin de dilucidar lo que se debe entender por documento de fecha cierta debe decirse que en torno a ello no existe ninguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, sino que tal tópico deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el órgano jurisdiccional cuya interpretación es la que prevalece respecto de cualquier otra. En torno a dicho tópico cabe resaltar lo que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto ha considerado lo que expuso en la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 192662 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Diciembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Página: 78 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Contradicción de tesis 52/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. Tesis de jurisprudencia 46/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios. Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 161; por instrucciones de la propia Sala se publica nuevamente con las modificaciones que ordena sobre la tesis originalmente enviada." De igual modo es de destacar lo que al respecto ha sustentado la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que enseguida se transcribe: "Época: Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes. Volumen XXVIII, página 210. Amparo directo 7426/57. Clemente Quiroz. 21 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen XL, página 113. Amparo directo 4837/59. Compañía Hulera "La Euskadi"; S. A. 20 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen LVIII, página 129. Amparo directo 6056/61. Francisco Coello Cantoral. 26 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Volumen LX, página 102. Amparo directo 7300/59. Virginia Cajica de Almendaro. 11 de junio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada. Volumen LXIII, página 37. Amparo directo 1649/58. Consuelo Treviño viuda de Treviño. 3 de septiembre de 1962. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.". De lo expuesto se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes, a saber: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo, y por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Para robustecer lo anterior es conveniente citar algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 14/2004, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente: "Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. --- En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el documento privado es su fecha cierta, por lo que el asiento registral proporciona esa certidumbre, ya que este registro en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir y además datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. --- En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar a ser un reflejo de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes y la causa o título del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. --- Por tanto, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. --- Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. --- Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. --- Las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue presentado. --- En razón de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el notario, en virtud de que éste está investido de fe pública y facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en él aparece; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo.". Las razones expuestas dieron motivo a la conformación de la Jurisprudencia que enseguida se reproduce: "Época: Novena Época Registro: 178201 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 44/2005 Página: 77 DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Contradicción de tesis 14/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 44/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de abril de dos mil cinco.". Finalmente, conviene traer a glosa el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de tesis 17/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 66/2008, cuyo rubro es del siguiente tenor: "RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA HOJA DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, SIEMPRE QUE LA RATIFICACIÓN CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE DEBEN REVESTIR LOS ACTOS NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", pues al efecto expuso: "En ese tenor, la fe pública notarial implica que el funcionario que la detenta tiene la facultad legal de autenticar y dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hace constar en las actas y certificaciones como lo percibe con sus sentidos. Es decir, la fe pública es una figura jurídica creada para que un funcionario autorizado, profesional de derecho, como lo es el notario, dé certidumbre a los actos, palabras o escritos que requieren ser declarados como valederos y ciertos ante diversas circunstancias. De igual forma, es de citar el texto de los artículos 143 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, y 138 de la Ley del Notariado de Puebla, abrogada, los cuales son de idéntica redacción, para establecer el alcance de los documentos notariales. El texto de los mencionados artículos es: "Los documentos públicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencionó." De esto resulta que por disposición expresa de la ley, los documentos otorgados por notario público en el ejercicio de sus funciones, harán prueba plena de los actos o hechos jurídicos que en ellos se consignen, salvo que judicialmente llegare a declararse su falsedad. Por tanto, cuando se presenta ante el notario un documento para que sea ratificado, esto se hace con la finalidad de dar certeza sobre la existencia del acto contenido en tal instrumento, ya sea que se trate de un contrato o cualquier otro documento. Bajo ese tenor, si al pasarse ante la fe del notario un documento para su ratificación -como en el caso a estudio lo fue de diversos contratos de compraventa- el mencionado fedatario público certifica ese acto cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, es decir, llevando a cabo lo previsto en el artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, o el artículo 123 de la abrogada Ley del Notariado de la misma entidad, resulta que esa certificación prueba plenamente la ratificación que en ella se consignó por el notario, salvo que judicialmente se declare lo contrario. Esto, porque como se mencionó, la fe pública que se ejerce sobre el acto notarial de ratificación tiene como efecto dar certeza de lo ocurrido, es decir, acredita la exactitud de lo que el notario hace constar conforme lo percibió con sus sentidos. Así también, no escapa a este estudio que el referido artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla -así como el numeral 123 abrogado-, establecen que la certificación en la que se contenga la ratificación del contenido de documentos o firmas "se hará constar en ellos", sin embargo, bajo esa redacción no es dable entender que la certificación respectiva obligadamente deba plasmarse en el mismo papel que constituye el documento en cuestión, pues ello, en ocasiones, por razón de espacio, o a fin de no alterar los documentos no es posible. Además, cuando los preceptos en análisis prescriben que la ratificación de documentos "se hará constar en ellos", se refiere al contenido formal del documento y no a las hojas de papel o al material en que se haya asentado su contenido. Esto es, la certificación en la que el notario hace constar la ratificación de un documento es parte integrante del mismo, lo que quiere decir que las hojas donde consta el acto a ratificar y la hoja donde se certifica la ratificación son un todo y ambas son parte integrante del documento ratificado. Por tanto, si como ya se explicó, el notario en su carácter de fedatario público cuenta con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Así, consideramos que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley. No obstante, no debe escapar a la vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, y con base en esa investidura ratifica el contenido de algún documento, si esta ratificación es realizada en hoja diversa al documento a ratificar y en ella no se asientan los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, queda fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. En ese tenor, resulta que la ratificación notarial de un documento para ser válida no requiere de que necesariamente sea plasmada en el cuerpo del propio documento a ratificar, si se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley -en el caso, artículos 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, y 123 de la ley de la materia, abrogada-, con la salvedad de que si la mencionada ratificación se realiza en hoja separada al documento en cuestión, a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada Por tanto, si el notario en ejercicio de la fe pública que posee ratifica el contenido de cualquier documento; y si en el caso, la ratificación cumple todos los requisitos de ley, es decir, que conforme al artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, -o numeral 123 de la abrogada Ley del Notariado de la propia entidad-, en el documento respectivo se hizo constar la comparecencia y reconocimiento o ratificación de los firmantes, así como su identidad y capacidad, además, se asentó al final del documento la razón "Doy fe" o el "ante mi" con la firma y sello del notario, según disponen las leyes notariales que se han venido mencionando, se entiende que dicha ratificación notarial es válida aun cuando se haya realizado en diversa hoja a aquellas en las que se contiene el documento a ratificar, pues los preceptos legales citados no obligan a que se haga en el propio papel del documento que se ratifica, y por otro lado, la validez de un acto notarial de ratificación depende de que se cumpla con el principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos en función de la fe pública que ostenta el notario.". De la ejecutoria transcrita, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los notarios públicos cuentan con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, y que ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Agregó el alto tribunal, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley; esto es, que a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Que ello, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. Por su parte el artículo 88 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, establece: "ARTÍCULO 88. El reconocimiento de firmas, documentos y contratos privados, se hará mediante una certificación puesta en los propios documentos. El notario no podrá autorizar el reconocimiento de firma en blanco". De lo transcrito se advierte que la certificación o cotejo de documentos que lleve a cabo un Notario Público, debe efectuarse en el mismo documento. En la especie, la revisión exhaustiva y minuciosa de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo que ahora se resuelve pone de manifiesto que el documento que ofertó el peticionario del amparo como probatorio para acreditar su interés jurídico, esto es, el que obra a folio 22 a 24 del expediente en que se actúa, consistente en copia certificada del contrato privado de compra venta del inmueble que viene a defender, carece de fecha cierta. Lo anterior es así, en virtud de que la ratificación del contenido y firmas del documento referido, obra en hoja por separado, y el notario público número seis con ejercicio en Uruapan, Michoacán, si bien hizo uso de la rúbrica y del entresello, en la certificación correspondiente no asentó la descripción del acto autorizado en la misma, lo que genera incertidumbre en este órgano jurisdiccional sobre el uso que se le haya dado a la hoja donde obra dicha certificación, pues el quejoso bien puede utilizarla en cualquier documento, pasado ante la fe del mismo notario o uno diverso. Así es, no debe perderse de vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, también lo es, que en la certificación realizada por el Notario Público número Seis, con sede en Uruapan, Michoacán, no se asentaron los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado; lo que ocasionó que quedara fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, dicha hoja quedó en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno; lo cual contraviene el principio de certeza jurídica de que deben estar investidos los actos de los Notarios Públicos. Lo que es contrario a lo estipulado por el artículo 88 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, toda vez que las certificaciones de los documentos mediante los cuales el quejoso pretendió acreditar la propiedad del bien inmueble materia de la controversia, se efectuó en hoja por separado. Aunado a lo anterior, se suma el hecho de que tanto en el contrato de compraventa privado, como en el acta de ratificación celebrada el nueve de julio de dos mil catorce, ante el Notario Público Número 6, con ejercicio y residencia en Uruapan, Michoacán, se asentó como domicilio de Candelario Elías Ibarra, el ubicado en calle Huitzimengari, número doscientos veinticuatro, colonia Ilustres Novo Hispanos, con sede en Morelia, Michoacán, mientras que de la credencial de elector del mismo, supuestamente cotejada en esa misma fecha por el propio fedatario público, por ser este el documento con el cual se identificó, se advierte que en ella consta como domicilio de dicha persona en la calle Piedra Parada, número 54, colonia Piedralisa 58098, en Morelia, Michoacán. Es decir, este último es un domicilio diverso al que aparentemente el Notario en cita asentó en la supuesta acta de ratificación, por lo que este es un elemento más que produce duda en cuanto al contenido de dicha acta y al acto que se refiere, pues no se advierte cómo constató el aludido Notario la identidad plena y domicilio del que se afirma es el comprador del inmueble cuya desposesión ahora se reclama; circunstancia que como ya se dijo, afecta al aludido instrumento notarial. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado indubitablemente el interés jurídico de la justiciable en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello, con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 177926 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 51/2005 Página: 183 INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial. Contradicción de tesis 27/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 51/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco.". Por tanto, se colige que no obstante que el quejoso aduce ser propietario del inmueble a que se refiere en la demanda, no está probado que, efectivamente, cuente con ese derecho. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.", en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe:(...) QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Candelario Elías Ibarra, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el último de los mismos. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil dieciocho. Se hace efectivo apercibimiento y se ordena notificar por lista. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados Rómulo Barajas Betancio y Julio César Anguiano Pulido, en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad a la fecha ha fenecido, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar a los terceros interesados de que se trata el contenido de este proveído así como aquellos que deban notificarse de manera personal por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que será de esta manera hasta en tanto no proporcionen un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese.
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