Candelario Gomez Mendez
Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Candelario Gomez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto y que transcurrió el plazo de diez días, que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para tal efecto, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, junto con los cuadernos incidentales, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo al inciso c) del numeral 21, el original de este es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General; se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1298/2022; promovido por Candelario Gómez Méndez, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil en esa propia fecha, Candelario Gómez Méndez, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifica: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En calidad de Autoridades responsables señalo a: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO POLICIAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DETAMAULIPAS. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, LOS ANTERIORES CON DOMICILIO CONOCIDO EN SU RECINTO OFICIAL UBICADO EN LA CARRETERA INTEREJIDAL KILÓMETRO 1 COLONIA LA PRESITA, DONDE SE LOCALIZAN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TAMAULIPAS EN ESTA CIUDAD CAPITAL". "IV - ACTO RECLAMADO. Se hace consistir en la RESOLUCIÓN DE DEL CONSEJO DE DESARROLLO POLICIAL DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 CONTRA LA REMOCIÓN DEFINITIVA DE MIS FUNCIONES DERIVADA DE LA CARPETA.CDP/461/2018, lo cual adjunto copias de dicha resolución." Lo anterior, al estimarlo violatorio de sus derechos humanos y las garantías para su protección contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Previo desahogo de la demanda el veintiocho de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo y se registró con el consecutivo 1298/2022; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento con que se conminó por auto de ocho del citado mes y año, y se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó como Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y se suspendió toda comunicación con dicha autoridad. Hecho lo anterior, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que, el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia de esta ciudad; es decir, en la demarcación territorial sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previo al análisis de la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo, y escrito aclaratorio; es decir, no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además lo expresado por los quejosos en sus conceptos de violación; atendiendo para ello la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis del escrito de demanda en su integridad, y constancias de autos que contienen los datos y elementos que lo conforman se pone de manifiesto que el quejoso Candelario Gómez Méndez, en su calidad de Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, con número de empleado 44364, reclama de las autoridades responsables; lo siguiente: La resolución del Consejo de Desarrollo Policial de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta CDP/461/2018, que determina la remoción definitiva de sus funciones. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable y Secretario de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso aportara prueba a fin de desvirtuar tal negativa, de ahí que, tal acto es inexistente. Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado a dichas autoridades responsables, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado, de ahí que, se tiene por cierto. Lo cual se corrobora con las manifestaciones realizada por la citada responsable, y las constancias que anexó a su informe de ley, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Apoya lo precedente, la jurisprudencia número 278, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma cobra aplicación la tesis emanada de la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la foja 3394, Tomo LXXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARÍOS DE ACUERDOS. La validez de una copia certificada de la sentencia de primera instancia, es plena si está expedida por el secretario de acuerdos correspondiente, dentro de las facultades que le son propias, y proviene de los archivos del tribunal respectivo; tanto más si su validez y autenticidad no han sido puestas en duda por las partes en el proceso." Con la valoración de pruebas verificada en la forma indicada, se satisface el requisito previsto en la fracción I del artículo 74, de la Ley de Amparo, en que precisamente se establece que la sentencia de amparo debe contener la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados los actos reclamados. De igual manera, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página sesenta y ocho, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indica: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." QUINTO. Improcedencia. No se estudiarán los conceptos de violación planteados por la parte quejosa debido a que en la especie, y como lo solicita la citada responsable, se actualiza un supuesto de ley que hace improcedente este juicio de amparo, que por ser de orden público y de estudio preferente el mismo será abordado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia publicada bajo el número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 3/99, de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época visible en la página trece, bajo el rubro y testo siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la propia ley, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Así, resulta importante reproducir lo establecido en el párrafo primero del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son aplicables en el presente asunto, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Común, cuyo título y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto" También es, aplicable al caso, la tesis número IV.2o.A.29 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página dos mil trescientos treinta y seis, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de a amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". En la especie y de acuerdo a lo señalado con antelación, se establece que se actualiza la citada causal de improcedencia, ya que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa fue notificada de la resolución administrativa emitida dentro del expediente administrativo número CDP/461/2018, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, el veintidós de junio del año dos mil veintidós, a través de su defensor particular licenciado José Luis Montelongo Sánchez, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. En ese orden de ideas, se concluye que en la especie, la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se presentó en forma extemporánea; dado que fue desde el veintidós de junio del año en curso, tal como se advierte de las constancias allegadas al informe de ley, que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, y la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de julio de dos mil veintidós; por lo que, resulta inconcuso que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, con el que el quejoso contaba para presentar su demanda de amparo, transcurrió en demasía. "..." A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo II, Novena Época, correspondiente agosto de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por lo que en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y por consecuencia se sobresee en el presente juicio de amparo 1298/2022, de conformidad al 63, fracción V de la misma. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1298/2022, Candelario Gómez Méndez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Incidental
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario con quien actúa, declaró abierta la misma sin la comparecencia personal de ninguna de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos, mismas que por economía procesal, no habrán de transcribirse cada una de ellas, en virtud de haber quedado relacionadas en el presente incidente. En apoyo de la anterior consideración, por analogía, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Al respecto el Juez acuerda: Se tiene al Secretario relacionando las constancias de autos, para los efectos legales respectivos. De igual forma, el Secretario certifica: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de ocho de agosto del año en curso, en relación a la inexistencia de la autoridad señalada como Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; transcurrió del once al quince de agosto del presente año, toda vez que se notificó el nueve de agosto del año en curso, surtiendo efectos el diez siguiente, sin que haya manifestado nada al respecto, descontándose de dicho cómputo los días inhábiles. En relación a lo anterior el Juez acuerda: Ahora bien, por cuanto hace a la certificación secretarial, se tiene como inexistente a la autoridad señalada como Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; por tanto, se ordena suspender toda comunicación procesal con dicha autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2021029, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." A continuación se abre el período probatorio, haciendo constar que la parte quejosa exhibió diversas documentales a su escrito inicial de demanda; al respecto el Juez acuerda: En términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las documentales de cuenta. Se abre el de alegatos, haciendo constar que no existen alegatos de las partes que deban relacionarse, por lo que se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para dictar resolución los autos que integran el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 1298/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Candelario Gómez Méndez, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que en esencia hizo consistir en la resolución del Consejo de Desarrollo Policial de siete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la remoción definitiva de sus funciones derivada de la carpeta CDP/461/2018. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO: Las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones, de la Policía Estatal y Coordinador General Jurídico de Acceso a la Información Pública, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes previos negaron el acto reclamado que se les atribuye, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva solicitada, resultando aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia número 1128, visible a fojas 777, del Apéndice de 1995, Primera Sala, Tomo VI, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Del mismo modo, en la presente resolución, se tuvo a la autoridad responsable señalada como Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por inexistente, por tal motivo, resulta evidente que el acto que a dicha autoridad se atribuye deviene inexistente, por lo que es procedente negar la suspensión definitiva respecto de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2021029, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." SEGUNDO: La autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama. Ahora bien, el quejoso manifestó que el acto reclamado consiste en la resolución del Consejo de Desarrollo Policial de siete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la remoción definitiva de sus funciones derivada de la carpeta CDP/461/2018. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se colige que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, entre otros requisitos, es necesario satisfacer los siguientes: a) La solicitud del quejoso en ese sentido; b) Que los actos no causen perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, es necesario tener en cuenta que de conformidad con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, una de las exigencias legales que debe colmarse, tratándose de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, es aquélla referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales, en tratándose de la separación definitiva o cese de un servidor público, el máximo Tribunal del País, ha considerado, que en el juicio de amparo NO puede otorgarse la suspensión solicitada respecto del cese o separación de los mismos decretado como sanción, pues en este supuesto el interés de la sociedad sí se vería afectado en la medida de que dicho interés se encuentra salvaguardado por la suspensión definitiva del servidor, esto es, por el impedimento formal de que desempeñe un cargo público con motivo de su separación o cese (por alguna conducta indebida atribuida), pues de concederse la medida cautelar y a la postre negarse el amparo, implicaría que el interés público personificado en el servicio público, se vio afectado puesto que se permitió al infractor de las leyes del servicio público, continuar en su función; por consiguiente, en este caso, sí está latente la protección del interés público, que es superior a los daños que pudieran causarse al quejoso con el acto reclamado. Estas consideraciones, se contienen en la ejecutoria con que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 115/2003-SS, que dio origen a la Jurisprudencia identificada con el número de Tesis 2a./J. 34/2004, consultable en la página 444, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.". Por su parte, al tratarse del procedimiento de separación de un policía de su cargo, el máximo Tribunal del País ha considerado que sí procede otorgar la suspensión. En efecto, sobre este tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), determinó que tratándose del procedimiento de separación de un policía, procede conceder la suspensión definitiva, en términos del artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo anterior, que es de redacción similar al artículo 150 de la Ley de Amparo vigente. Dicha jurisprudencia es consultable en la página 921 del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo." Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." Sin embargo, del contenido de este criterio así como de la ejecutoria origen del mismo se advierte que la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, estimó que la medida cautelar, sólo es factible de otorgarse, siempre y cuando no se haya pronunciado la resolución de separación en el procedimiento administrativo correspondiente, porque de lo contrario de existir ya la determinación sobre la separación, entonces se materializa la prohibición de reinstalación de los miembros de las corporaciones policiacas establecida en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, se considera que en el caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado y sus consecuencias; toda vez que el quejoso manifestó que el quince de julio de dos mil veintidós, al presentarse en la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para preguntar sobre su procedimiento administrativo con número CDP/461/2018., le fue informado que se había dictado una resolución a dicho procedimiento, la cual lo removió definitivamente de sus funciones como Policía Estatal Fuerza Tamaulipas. Así se afirma, porque de otorgarse la medida cautelar de dichos actos, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se atentaría contra el contenido del segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se le estaría reincorporando en un caso que ese precepto Constitucional prohíbe; pero además, también se contravendría el interés de la colectividad, dado que dicho interés se encuentra salvaguardado por la separación definitiva del servidor, esto es, por el impedimento formal de que desempeñe el cargo de Policía Estatal Fuerza Tamaulipas(Policía Especial), con motivo de la remoción definitiva de sus funciones, de tal suerte que de concederse la medida cautelar, implicaría que el interés público personificado en el servicio público, se vería afectado puesto que se permitiría al infractor de las leyes del servicio público, continuar en su función. Consecuentemente, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social queda acreditado, pues las funciones relacionadas con la procuración de justicia y con la seguridad pública en general, tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. Del mismo modo, se cita a lo anterior la tesis I.3º. A 31 A, Página 624, Tomo IV, Novena Época, Octubre de 1996, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 131 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa Candelario Gómez Méndez, por los motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de la presente determinación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes
- Candelaria del Carmen Rivera Arellano1259/2022
- Candelaria del Carmen Rivera Arellano1968/2023
- Candelaria Zaragoza Vazquez765/2015
- Candelario Gomez Mendez2148/2022
- Candelario Gomez Mendez2189/2018
- Candelario Gómez Méndez72/2023
- Candelario Gomez Mendez1372/2022
- Candelario Gómez Méndez1589/2022
- Candelario Salvador de la Fuente Guzman1720/2020
- Candelario Vazquez Gallegos349/2022
- Candida María López Medrano981/2023
- Cándido Borrego Cruz1143/2021