Candelario Gomez Mendez

Expediente 2148/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2148/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Candelario Gomez Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara firme auto de desechamiento y se ordena el archivar el presente expediente

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, precisa que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, señalando que el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la resolución del Consejo de Desarrollo Policial de siete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la remoción definitiva de sus funciones derivada de la carpeta CDP/461/2018. Puntualizado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del citado acto reclamado. Al respecto, es menester citar el contenido del artículo en cita que en su texto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la propia ley, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Así, resulta importante reproducir lo establecido en el párrafo primero del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son aplicables en el presente asunto, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Común, cuyo título y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto" También es, aplicable al caso, la tesis número IV.2o.A.29 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página dos mil trescientos treinta y seis, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de a amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". En la especie y de acuerdo a lo señalado con antelación, se establece que se actualiza la citada causal de improcedencia, ya que del escrito que se provee, signado por el directo quejoso, se advierte que éste tuvo conocimiento de la resolución administrativa emitida dentro del expediente administrativo número CDP/461/2018, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, cuando acudió al Consejo de Seguridad Pública a realizar un trámite y fue ahí cuando se dio cuenta de la remoción definitiva. En ese orden de ideas, se concluye que en la especie, la demanda de amparo instada por el quejoso, se presentó en forma extemporánea; dado que fue desde el diecinueve de octubre del año en curso, que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, sin embargo, la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; por lo que, resulta inconcuso que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, con el que el quejoso contaba para presentar su demanda de amparo, transcurrió en demasía. (...) Luego entonces, se en el caso se tiene que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el plazo con que contaba para efecto de interponer el juicio de amparo feneció el quince de noviembre de dos mil veintidós, de ahí que al haber presentado su escrito de demanda hasta el veintinueve de noviembre del año en curso, es evidente que nos encontramos ante un acto consentido tácitamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo II, Novena Época, correspondiente agosto de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por lo que en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y por consecuencia con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, informa que giro oficio recordatorio al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, por auto de diecisiete de noviembre del año en curso se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza, informando que remitió oficio 4071/2022 con la totalidad de las constancias del exhorto encaminado a emplazar al tercero interesado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de la materia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de que quede notificado del presente proveído, informe si recibió el oficio de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá -a su titular- una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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