Candelario Amado Nuñez Chaidez

Expediente 245/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
245/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
21/05/2015

Partes del expediente

  • Candelario Amado Nuñez Chaidez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinte de abril de dos mil quince, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por Candelario Amado Núñez Chaidez. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente Candelario Amado Nuñez Chaidez, reclama lo siguiente: "A) CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISION EMITIDO EN FECHA 30 DE ABRIL DE 2014, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 12/2013 POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE COSALA, SINALOA VIOLANDO CON ELLO DISPOSICIONES. B) ADEMAS CONTRA LA CONFIRMACION DEL AUTO DE FORMAL PRISION EMITIDO EN FECHA 04 DE MARZO DE 2015 EN EL TOCA PENAL 923/2014, EMITIDO POR LA SALA SUPERIOR DE LA ZONA SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. C) TAMBIEN EN CONTRA EL DICTADO EQUIVOCADO DE LA SUJECION A PROCESO O AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO QUE EMITE EL JUEZ NATURAL EN (FOJA 176) EMITIDO EN NUESTRA CONTRA EN EL AUTO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014, es sin duda que el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, se encuentra inmerso dentro del concepto de "ataques a la libertad personal" que el artículo 22 fracción II de la Ley de Amparo emplea para señalar los casos en que la demanda de garantías puede interponerse en cualquier tiempo, habida cuenta de que si el vocablo "ataque" entraña la sola posibilidad de que el acto reclamado afecte la libertad personal, sin establecer grado de afectación alguno y que acorde al criterio jurisprudencial aludido, el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, perturba la libertad personal del inculpado, ello conlleva a la determinación de que dicho acto reclamado se encuentra comprendido en la hipótesis de excepción en comento. D) SOBRE LA INEXACTA APLICACION DE LEY DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN U LEY QUE LO REGULE U OTRA SECUNDARIA, El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa en relación con los numerales del pacto federal 14, 16, 17 este último párrafo que textualmente dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.... segundo y 20, inciso B, fracción VII que dice textualmente lo siguiente: será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que se solicite mayor plazo para su defensa, mismos que tienen relación con los artículos 1, 29 de la ley suprema como garante de nuestros derechos ADEMAS CON LOS NUMERALES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, Y DEMAS DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA y con la armonía procesal de los puntos siguientes: 1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los elementos normativos y, 10) Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva (NUESTRO MAXIMO TRIBUNAL NO ESTABLECE A QUE Y SOBRE QUE ES LA INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, SINO SOLO SE REFIERE EXACTAMENTE A LA APLICACIÓN, ES SUFICIENTE DEFICIENCIAS TÉCNICAS PARA ESTIMAR OUE EN EL CASO SE CONCULCAN GARANTÍAS INDIVIDUALES EN PERJUICIO DE DICHO REO. POR INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY). Por lo anterior y Conforme al artículo 19 de la Constitución Federal donde establece los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, dictado que debe cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional, pues el auto de referencia debe claramente debe reunir, (sic) además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. Ante lo anterior se sustenta con la Tesis de jurisprudencia 10/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de primero de marzo de dos mil seis. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Marzo de 2006. Página 84. Sirve de apoyo la doctrina siguiente LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa. Amparo directo en revisión 268/2003. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión 1294/2004. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente; Juan N. Silva Meza. Secretario; Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario; Manuel González Díaz. Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente; Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Amparo directo en revisión 55/2006. 8 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria; Rosalba Rodríguez Míreles. Dice un principio básico del Derecho. "DONDE EXISTE IGUAL RAZÓN DEBE HABER IGUAL DISPOSICIÓN", así que no existe explicación legal plausible para que en un caso se actúe de una manera y en el otro de otra totalmente contraria y que conduce al empeoramiento de la situación del quejoso. D) TAMBIEN CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURIDICAS DE CADA ACTO EN NUESTRA CONTRA. Sirve de sustento al acto la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, quinta época, primera sala, XXIX, pág. 1623. AMPARO, EFECTOS DEL. De conformidad con los principios generales que rigen el juicio de amparo, los efectos de la sentencia que concede la protección de la Justicia Federal, son precisamente nulificar el acto que se reclama y, como consecuencia, tratándose de resoluciones judiciales, que las cosas queden en la situación anterior a aquella en que se dictó el fallo contra el cual se concedió la protección constitucional, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, y si se concedió la protección constitucional contra el auto de prisión formal, el efecto del amparo y el cumplimiento de la ejecutoria, consistirán en que dicte resolución el Juez responsable, dejando sin efecto el auto que decretó la formal prisión. Si el juez responsable, creyendo cumplir con dicha ejecutoria, se concreta a satisfacer los requisitos de forma que exige el artículo 19 constitucional, sin analizar los demás elementos del delito que se imputa al acusado y los datos que existen en la causa, para considerar comprobado el cuerpo del delito, así como la responsabilidad criminal, para la cual necesita dejar subsistente, en parte, el auto contra el cual se ha concedido el amparo, no obstante que dicho auto debe ser considerado bajo un aspecto integral, porque es un solo acto jurídico, un mandamiento único de la autoridad, y tiene unidad interna que no se puede destruir, considerando que el amparo se refirió a una omisión de dicho auto y dejó subsistentes las afirmaciones que contenía, desobedece la ejecutoria de amparo, porque si se reconoce que en el auto se cometieron algunas violaciones constitucionales, todo él queda viciado de anticonstitucionalidad, y por lo mismo, nulificado. Lo anterior no quiere decir sin embargo, que si conforme a la ley y sujetándose en todo lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución General de la República, procede dictar alguna resolución que afecte al quejoso, el Juez de lo penal no debe entenderse impedido por la ejecutoria del amparo, de ejercer sus facultades legales, en virtud de que habiéndose concedido el amparo, por omisiones del auto de prisión, que afectaban solamente a la forma del mismo, el caso resulta distinto de aquel en que se concede el amparo por vicios de fondo, en cuyo caso, no se puede ya, sin violar la ejecutoria de amparo, dictar resolución alguna, que afecte al procesado, mientras no cambien los fundamentos de hecho de la resolución que motivó la protección constitucional; cualquiera resolución que se dicte, debe estar enteramente desligada del auto de formal prisión contra el cual se concedió el amparo, y el nuevo auto debe ser formulado como si el nulificado por el amparo, no hubiere existido nunca. Queja en amparo penal 203/29. Lesher Alberto F. 12 de agosto de 1930. Mayoría de cuatro votos en lo que ve a las proposiciones primera y segunda; mayoría de cuatro votos en lo que toca a los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno, a que se refiere el escrito a que se hace alusión en el considerando primero de esta sentencia; Disidente: Francisco Barba. Infundada por unanimidad de cinco votos, en lo que se refiere los puntos sexto y séptimo; y por unanimidad de cinco votos en lo relativo a la tercera posición. La publicación no menciona el nombre del ponente Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 1080, tesis de rubro "AUTO DE FORMAL PRISION, AMPARO CONTRA EL". Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Novena Parte, página 94, primera tesis relacionada con la jurisprudencia 61, de rubro "AMPARO EFECTOS DEL." En el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En el caso, la demanda de amparo interpuesta por Candelario Amado Núñez Chaidez, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, descritos con antelación, por lo siguiente: De la transcripción del precepto 18 en cita, se colige que para computar el término de quince días para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1), desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2), desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3), desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, del acto reclamado se advierte que el promovente reclama la resolución emitida por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, relativa al toca penal 923/2014, donde se confirma la diversa pronunciada por el Juez de Primera Instancia, residente en Cosalá, Sinaloa, por la que se decretó auto de formal prisión en contra del promovente por el delito de secuestro relativo a la causa penal 12/2013. También refiere el quejoso en el escrito aclaratorio de demanda, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el cinco de marzo de dos mil quince. En consecuencia, de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la Materia, ya que el quejoso Candelario Amado Núñez Chaidez, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el cinco de marzo de dos mil quince, pues así lo manifiesta en el escrito aclaratorio de demanda.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio sin número firmado por el Jefe del Área de Amparos de la Subdivisión de Seguimientos de Asuntos Especiales de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual desahoga la vista que se le formuló mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil catorce (folio 380 y 390), en relación con el incidente innominado para establecer si en el caso existe imposibilidad jurídica para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos autos el oficio de cuenta; de igual manera, se tienen por hechas las manifestaciones que expone, mismas que serán tomadas en consideración en el dictado de la resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Leonor González Hernández, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo; y reforma y deroga disposiciones de otros acuerdos generales; autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/1121/2015, ante Luis Arturo Pérez Velarde, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a quince de abril de dos mil quince. Téngase recibido el oficio 11272, y anexo signado por el Jefe del Estado Mayor, de la Tercera Región Militar, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en respuesta a los diversos 18043/2015 y 18197/2015, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en términos de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832, Tomo VX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de febrero de 2002, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo" NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Leonor González Hernández, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo; y reforma y deroga disposiciones de otros acuerdos generales; autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/1121/2015, ante Luis Arturo Pérez Velarde, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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