Candelaria Hernández Nuñez

Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
602/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Candelaria Hernández Nuñez
  • Agente del Ministerio Público del Fuero Federal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. I. Ratifica desistimiento. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ********, mediante videollamada y en cumplimiento al auto de nueve de los que cursan, ratificó el contenido y firma del escrito de registro 2799, en el que desistió del presente juicio de amparo. II. Se decreta sobreseimiento. En consecuencia, se tiene por desistida a la parte quejosa del presente juicio de amparo, y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento, dejándose sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y dos minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno). Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." (Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 147, registro 192108). III. Causa estado y orden de archivo. En consecuencia, se estima que el presente proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Lo anterior en virtud de que la parte quejosa, una vez ratificado el escrito de desistimiento, no puede retractarse, pues la sola ratificación actualiza la causa de sobreseimiento antes invocada. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." (Jurisprudencia 2a./J. 161/2010, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 687, registro 163160). IV. Orden de destrucción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se sobreseyó el juicio. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada ni de relevancia documental e histórica. VI. Oposición de datos personales. Se hace constar que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VII. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes. VIII. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio relativo. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito firmado por Candelaria Hernández Núñez, mediante el cual desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Prevención de ratificación por videoconferencia. Ahora bien, aunque la Ley de Amparo no prevé la ratificación a través de videoconferencia, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional, aunado a la buena fe de las manifestaciones insertas en el escrito de cuenta, prevéngase a la promovente para que: Al momento de la notificación o bien mediante llamada telefónica, se coordine con la secretaria actuante para la diligencia formal de ratificación de desistimiento a través de videollamada, en un día y hora específico, todo dentro del término de hasta tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado del presente proveído. En el entendido de que, en dicha diligencia, la persona facultada para el desistimiento debe mostrar a la secretaria una credencial oficial vigente, cuyos rasgos deberán coincidir con su persona, de manera que en la certificación de la videollamada se asiente dicha circunstancia, asimismo otros datos referentes a su identidad, como número de folio, por ejemplo. Apercibida que, de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con el trámite de este juicio de amparo.

  3. Principal

    Se tiene por recibida la pieza postal devuelta relativa al oficio 28841/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad responsable Encargado del Archivo de Concentración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Culiacán, por el cual se le solicitó rinda su informe justificado, de la que se advierte la siguiente leyenda "No hay ese departamento o área." II. Requerimiento a la parte quejosa. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación correcta de la autoridad en comento. Lo anterior, toda vez que, el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos donde opera la suplencia de la queja a que se refiere el precepto 79 de la ley de la materia). Apercibimiento Apercibida que, de no hacer manifestación alguna, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere, para que tenga verificativo a las nueve horas con treinta y dos minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno. Remisión de oficio. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio relativo. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintiuno. I. Reanudación de plazos y términos procesales. Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se reanudan los plazos y términos procesales en este asunto, con las modalidades establecidas en dicho acuerdo, para garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y propagación del virus. Por tanto, se provee: II. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto estaba señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno. III. Se fija hora y fecha para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con veintidós minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. IV. Instrucciones para la notificación. Se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes por lista, con exclusión de aquellas a quienes se les haga algún requerimiento, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, ello aconteció por un lapso menor a seis meses, como lo indica el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en una Circular se difundió en diversos medios de comunicación masiva y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional, por ende, un hecho notorio en términos del artículo 88 de del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por consecuencia, permite a los justiciables tener plena certeza de que a partir del doce de enero de este año, se reanudan labores y se computan nuevamente los términos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a éstas deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Informe justificado. Por otra parte, visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rindiendo su informe justificado a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad. VI. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al informe justificado, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con el informe y constancias, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.

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