Camilo Reséndiz Reséndiz

Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
504/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Camilo Reséndiz Reséndiz
  • Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCELO CONTRERAS ZAVALA, QUIEN SE OSTENTA DEFENDOR DE CAMILO RESÉNDEZ RESÉNDIZ EL COENTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO: Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto veintidós de junio de dos mil dieciocho (foja 27 a 33), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Marcelo Contreras Zavala, quien se ostenta defensor de Camilo Resendiz Resendiz, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Cumplimiento a la prevención y desechamiento de la demanda. Visto el escrito del promovente Marcelo Contreras Zavala, quien se ostenta defensor de Camilo Reséndiez Reséndiez, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 18 a 19); por tanto, se ordena acordar lo que en derecho corresponda.. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, así como los complementarios, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada, esto es, al día siguiente al en que se hizo sabedor del acto impugnado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Las sentencia de once de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca I-50/2018, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que confirmó la resolución de emitida en la controversia de ejecución 37/2018, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, en la que determinó negar la remisión parcial de la pena. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dichos actos el nueve de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior, se hace evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo; ello, atendiendo a que el acto combatido fue emitido e instó la acción constitucional ya estando en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual implícitamente dicho acto quedó comprendido dentro del plazo genérico para su promoción. Por ello, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución combatida, ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, diez de octubre de dos mil diecisiete y feneció el nueve de noviembre siguiente, descontándose el doce, trece, catorce, quince, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre, uno dos, tres, cuatro y cinco de noviembre del año en cita, por haber sido inhábiles. Por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito el trece de junio de dos mil dieciocho, tal como se corrobora del sello de recibido que consta en la parte superior derecha de la demanda de amparo de referencia; lo que sucedió de manera extemporánea conforme al calendario siguiente: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Octubre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fecha en que tuvo conoci-miento del acto. 10 Inicia término para presentar demanda de amparo 11 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 15 16 17 18 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 22 23 24 25 26 27 Día inhábil 28 29 30 31 Noviembre 01 Día inhábil 02 Día inhábil 03 Día inhábil 04 05 06 07 08 09 Fenece término para presentar demanda de amparo. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 De ahí que sea inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". Esto es así, pues debemos atender al espíritu del legislador, al aprobar la norma en comento, ya que una de las razones que motivó la modificación de los plazos para la presentación de la demanda de amparo, aconteció con el objeto de que con el sentir general fuera necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. Así, el Congreso de la Unión consideró como caso de excepción para la presentación de la demanda de amparo que pueda hacerse en cualquier tiempo, cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; salvedad que en el asunto a estudio no acontece, dado que el la sentencia reclamada constituye un acto emitido dentro de procedimiento; de ahí que aun cuando el acto reclamado sea privativo de la libertad, éste sólo puede ser pronunciado dentro de la causa penal respectiva y no fuera de ésta. Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante fue respecto a las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. Lo anterior, hace que se estime suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal. Situación diversa que ocurre con los actos que priven de la libertad que hayan sido dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda vez que sobre este supuesto puede promoverse el amparo en cualquier tiempo, tal y como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 45/20014 (10a.), visible en la página 5, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, del que indica: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis previstas por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración que el quejoso invoca en su favor los plazos a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, el acto reclamado se emitió bajo la vigencia de la ley promulgada por decreto publicado el dos de abril de dos mil trece. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARCELO CONTRERAS ZAVALA, QUIEN SE OSTENTA DEFENDOR DE CAMILO RESÉNDEZ RESÉNDIZ. Cumplimiento a la prevención y desechamiento de la demanda. Visto el escrito del promovente Marcelo Contreras Zavala, quien se ostenta defensor de Camilo Reséndiez Reséndiez, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 18 a 19); por tanto, se ordena acordar lo que en derecho corresponda.. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, así como los complementarios, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada, esto es, al día siguiente al en que se hizo sabedor del acto impugnado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Las sentencia de once de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca I-50/2018, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que confirmó la resolución de emitida en la controversia de ejecución 37/2018, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, en la que determinó negar la remisión parcial de la pena. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dichos actos el nueve de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior, se hace evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo; ello, atendiendo a que el acto combatido fue emitido e instó la acción constitucional ya estando en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual implícitamente dicho acto quedó comprendido dentro del plazo genérico para su promoción. Por ello, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución combatida, ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, diez de octubre de dos mil diecisiete y feneció el nueve de noviembre siguiente, descontándose el doce, trece, catorce, quince, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre, uno dos, tres, cuatro y cinco de noviembre del año en cita, por haber sido inhábiles. Por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito el trece de junio de dos mil dieciocho, tal como se corrobora del sello de recibido que consta en la parte superior derecha de la demanda de amparo de referencia; lo que sucedió de manera extemporánea conforme al calendario siguiente: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Octubre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fecha en que tuvo conoci-miento del acto. 10 Inicia término para presentar demanda de amparo 11 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 15 16 17 18 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 22 23 24 25 26 27 Día inhábil 28 29 30 31 Noviembre 01 Día inhábil 02 Día inhábil 03 Día inhábil 04 05 06 07 08 09 Fenece término para presentar demanda de amparo. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 De ahí que sea inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". Esto es así, pues debemos atender al espíritu del legislador, al aprobar la norma en comento, ya que una de las razones que motivó la modificación de los plazos para la presentación de la demanda de amparo, aconteció con el objeto de que con el sentir general fuera necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. Así, el Congreso de la Unión consideró como caso de excepción para la presentación de la demanda de amparo que pueda hacerse en cualquier tiempo, cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; salvedad que en el asunto a estudio no acontece, dado que el la sentencia reclamada constituye un acto emitido dentro de procedimiento; de ahí que aun cuando el acto reclamado sea privativo de la libertad, éste sólo puede ser pronunciado dentro de la causa penal respectiva y no fuera de ésta. Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante fue respecto a las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. Lo anterior, hace que se estime suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal. Situación diversa que ocurre con los actos que priven de la libertad que hayan sido dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda vez que sobre este supuesto puede promoverse el amparo en cualquier tiempo, tal y como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 45/20014 (10a.), visible en la página 5, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, del que indica: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis previstas por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración que el quejoso invoca en su favor los plazos a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, el acto reclamado se emitió bajo la vigencia de la ley promulgada por decreto publicado el dos de abril de dos mil trece. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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