Bulfrano García Hinojosa

Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
38/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Bulfrano García Hinojosa

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Autoridad responsable remite información. Visto el comunicado que remite el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, a través del cual remite copia certificada del laudo dictado el veinticinco de agosto pasado, dentro del juicio laboral 665/2012; al respecto, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el presente asunto se remitió al archivo desde el seis de abril de dos mil veintiuno, virtud a que causó ejecutoria el sobreseimiento dictado.

  2. Principal

    ***Visto el comunicado del Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, téngaseles informando las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, lo que acredita con la documental que adjunta, pues indica que requirió a la parte demanda acredite haber pagado a los trabajadores el crédito laboral; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.*******No obstante lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, informen si respecto a los trabajadores ********ya concluyeron los pagos concernientes y, con relación a ************actualice los trámites que se estén realizando para cumplir con la ejecutoria de mérito.*************En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada que acredite lo anterior, con la advertencia que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. ***********De igual forma, debe decirse que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. **********Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades referidas que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no las exime de responsabilidad, no obstante ello, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta.************Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.******

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Informe justificado Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, en los términos siguientes: "Que NO ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que del análisis del expediente en que se actúa, se desprende que el escrito de fecha 07 siete de julio del año 2020 dos mil veinte, presentado por los LICS. J. JESÚS PARDO GARCÍA y/o JESÚS EDUARDO PARDO VALENCIA quienes solicitan se les reconozca en cuanto apoderados jurídicos de la parte actora, se le reconoció tal carácter mediante proveído dictado por esta Autoridad Laboral, con fecha 23 veintitrés de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. Se remiten para la sustanciación del juicio de garantías, copias certificadas de las constancias necesarias" (sic). Actualización de causal de improcedencia Visto el estado procesal que guardan los autos, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Lo anterior, dado que en el presente asunto el acto reclamado por la parte quejosa ha cesado sus efectos, como se verá a continuación. Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de impartir justicia en los plazos y términos legales; de manera concreta, la omisión de proveer lo conducente respecto del escrito que presentó el siete de julio de dos mil veinte, en el expediente ordinario laboral 665/2012, por parte de la autoridad responsable. Luego, es pertinente señalar que en el ocurso presentado el siete de julio de dos mil veinte, por J. Jesús Pardo García y/o Jesús Eduardo Pardo Valencia, ante la responsable se solicitó lo siguiente: Los tuviera por señalando domicilio para oír y recibir documentos y autorizaron para recibirlos e imponerse de los autos a las personas que ahí indicaron; Les reconociera el carácter de mandatarios del trabajador aquí quejoso Bulfrano García Hinojosa, con base la carta poder simple que adjuntaron a dicho líbelo; La expedición de copias certificadas de la determinación que recayera en consecuencia a su petición; Se tuviera por revocado cualquier mandato otorgado con antelación en favor de terceros; y, Diera vista a las partes por el plazo de tres días a fin de formular alegatos, virtud a que no quedaban pruebas por desahogar en el subyacente. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, a su oficio de cuenta se aprecia que, mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, proveyó lo siguiente: Tuvo por recibidos los escritos presentados el veintiocho de enero y siete de julio, ambos de dos mil veinte, suscritos por J. Jesús Pardo García y P.J. Jesús Eduardo Pardo Valencia; Reconoció la personería de éstos como mandatarios jurídicos del trabajador Bulfrano García Hinojosa, con base en la carta poder simple de veinte de abril de dos mil veinte, otorgada en su favor por este último y tuvo por revocando cualquier otro mandato hecho con anterioridad; Además, tuvo a los promoventes señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando para recibirlas a las personas que precisaron en su ocurso presentado el siete de julio de dos mil veinte. Autorizó la expedición de copias certificadas de dicho acuerdo; y, Concedió a las partes el plazo de tres días hábiles, para que formulen alegatos, apercibidas que de no hacerlo en el período establecido, perderían su derecho en hacerlo. Documento que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior revela que la autoridad responsable se pronunció respecto a todos los puntos expuestos por la parte promovente en su escrito de siete de julio de dos mil veinte, omisión que constituyó el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de enero de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se pronunció respecto a todos los puntos expuestos por la parte promovente en su escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que ésta exige; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable, ya proveyó el escrito que le presentó la parte accionante el siete de julio de dos mil veinte, en el juicio ordinario laboral 665/2012. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE LOS ACTUALES. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    Admisión. Vista la demanda de amparo promovida por Bulfrano García Hinojosa, por propio derecho, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, párrafo segundo, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, de quien reclama lo siguiente: ? La omisión de impartir justicia en los plazos y términos legales; de manera concreta, la omisión de proveer lo conducente respecto del escrito presentado por el quejoso el siete de julio de dos mil veinte, en el expediente ordinario laboral 665/2012; Por tanto; se admite la demanda a trámite, fórmese y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número VI-38/2021. Intervención de la Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos en términos del normativo 26, fracción III, de la ley reglamentaria aplicable. "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura de incidente de suspensión, toda vez que la quejosa no lo solicito. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Forma en que se verificará la audiencia Con fundamento en el artículo 6, fracciones II, del Acuerdo General 1 en aplicación, la audiencia será celebrada de manera física en el local del juzgado en la hora y fecha señalada para tal efecto, a la cual podrá comparecer la parte quejosa si así lo desea; para ello deberá generar -por su cuenta- una cita a través del sistema "Agenda OJ", en virtud que su comparecencia no es necesaria. Lo anterior, porque para la celebración de la audiencia constitucional no se requiere la presencia de las partes, puesto que su intervención no es de manera oral, de conformidad con el artículo 26 del Acuerdo General 21/20202 2 , debido a que no se ubica en el supuesto del artículo 124, párrafo segundo, de la Ley de Amparo 3 -actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales-, y los alegatos que considere pertinente presentar deberán ser por escrito, de no formularlo de esa forma, en la audiencia se tendrá por perdido el derecho a hacerlo. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro del plazo de quince días; exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio; la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental aplicable se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Tercero interesado. En términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán; por tanto, en términos del diverso numeral 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita, se ordena llamarlo a juicio mediante oficio. Comunicación con este órgano jurisdiccional Para facilitar el envío y recepción de los informes justificados requeridos y sus anexos, infórmese a las autoridades responsables que el mensaje electrónico que contenga dicho informe justificado y sus anexos deberán enviarse a la cuenta de correo electrónico institucional: 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que las autoridades responsables deberán comunicarse telefónicamente4 con el secretario de guardia para confirmar la recepción del comunicado en comento, pues el contenido integral del aludido mensaje sólo será válido con la confirmación respectiva. En el entendido de que si las autoridades responsables cuentan con firma electrónica avanzada (FIREL o FIEL), las promociones o medios de impugnación diversos a los informes justificados ya mencionados deben remitirse de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Apercibimientos En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público, para que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a) Consultar constancias. b) Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c) Notificarse. d) Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que, de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes5 . Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo con la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Jesús Pardo García, y en los términos restringidos de dicho numeral a Ricardo Martínez Ochoa y Jesús Eduardo Pardo Valencia7 , por así haberlo manifestado expresamente. Pruebas. Con apoyo en lo establecido en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa las documentales que adjunta a su escrito de cuenta, así como la instrumental pública y presuncional legal y humana, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Disposiciones finales en relación con la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Procedimiento para llevar a cabo las notificaciones Ahora, se ordena a los diligenciarios de la adscripción a efecto de que lleven a cabo las notificaciones en forma escalonada, y conforme a las cargas de trabajo y agenda programada para los desplazamientos, acorde a lo previsto por el artículo 23 del citado Acuerdo 21/2020. Además, indíquese a los fedatarios de la adscripción que cuando las notificaciones las deba practicar de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

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