Camilo Pérez Cardoso
Expediente 2047/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2047/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Camilo Pérez Cardoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2047/2015-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el Primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2047/2015-IV-B, promovido por Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso, contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el tres de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día por este juzgado, Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de cuatro siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad de Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso; asimismo, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijaron las diez horas con cincuenta y nueve minutos del tres de diciembre de dos mil quince para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veinticinco de noviembre actual se reconoció a Cintya Lizet Martínez Rodríguez, la calidad de apoderada legal del directo quejoso. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados consisten en: La omisión de regularizar el procedimiento en el conflicto laboral 01/291/11 para fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y notificar dicha determinación a las partes. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestaron la presidenta de la junta [por sí y en representación del pleno] y el actuario adscrito al rendir sus informes justificados (fojas 27 a 29). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracción II, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Conforme al artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, la sentencia tendrá por efecto obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Los actos reclamados son de naturaleza negativa, pues entrañan un no hacer de las autoridades. Al rendir el informe justificado, la presidenta de la junta envió copia certificada del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente 01/291/11 (fojas 32 y 33); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A través del aludido acuerdo de veintitrés de noviembre, la presidenta de la junta regularizó el procedimiento en el conflicto 01/291/11 y fijó las diez horas del siete de diciembre de dos mil quince, para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y comisionó al actuario de su adscripción para notificar dicho acuerdo a las partes actora -aquí quejosa- y demandada de forma personal. Los diversos codemandados físicos Carlos Gurrusquieta Cardoso y Gaudencia Cardoso Macedo, fueron notificados mediante boletín laboral. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que para su procedencia, es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. La prueba aportada por la autoridad demuestra que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el tres de noviembre del año en curso, la presidenta de la junta regularizó el procedimiento en el conflicto laboral y señaló fecha y hora para desahogar la audiencia trifásica. Luego, resulta que con la emisión del auto de veintitrés de noviembre, la autoridad satisfizo la pretensión del quejoso de obtener la regularización del procedimiento para proseguir con la secuela procesal, empero, por otro lado tenemos que no acredita haber notificado al actor, aquí quejoso, y la restante demandada [exceptuando a los codemandados físicos Carlos Gurrusquieta Cardoso y Gaudencia Cardoso Macedo, notificados por boletín laboral] el acuerdo de regularización. Entonces, el efecto de la sentencia sería obligar a las autoridades a notificar al quejoso y la diversa demandada, el auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince; sin embargo, tal concesión ningún fin práctico tendría. En efecto, basta considerar que la sentencia se emite hoy y se notifica a la parte quejosa el cinco siguiente, para considerar que causaría ejecutoria el veinte de enero de dos mil dieciséis, esto una vez fenecido el término de diez días para la interposición del recurso de revisión. Así, ya que el cumplimiento de la sentencia de amparo es exigible hasta que causa ejecutoria, al veinte de enero del año en curso, ya se habrá rebasado la fecha señalada para el desahogo de la audiencia trifásica en el expediente de origen, por lo que es dable afirmar que a causa del transcurso del tiempo, el efecto de la sentencia sería impráctico y en modo alguno benéfico para el quejoso, por lo que debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento; máxime que de no haberse celebrado la audiencia, eso daría lugar al señalamiento de una nueva fecha, por lo que sería innecesaria la notificación de mérito. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. SEXTO. Notificación a la(s) autoridad(es) para el caso de periodo vacacional. Se instruye al actuario para que en caso que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en su periodo vacacional, le(s) notifique esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, una vez que reanude(n) labores. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Camilo Pérez Cardoso, contra los actos identificados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Si la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentra(n) en su periodo vacacional, esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, se le(s) notificarán una vez que reanude(n) labores. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe, hoy cuatro de enero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de cuatro de enero del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2047/2015-IV-B, promovido por Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso, contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el tres de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día por este juzgado, Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de cuatro siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad de Cintya Lizet Martínez Rodríguez, como apoderada legal de Camilo Pérez Cardoso; asimismo, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijaron las diez horas con cincuenta y nueve minutos del tres de diciembre de dos mil quince para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veinticinco de noviembre actual se reconoció a Cintya Lizet Martínez Rodríguez, la calidad de apoderada legal del directo quejoso. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados consisten en: La omisión de regularizar el procedimiento en el conflicto laboral 01/291/11 para fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y notificar dicha determinación a las partes. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestaron la presidenta de la junta [por sí y en representación del pleno] y el actuario adscrito al rendir sus informes justificados (fojas 27 a 29). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracción II, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Conforme al artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, la sentencia tendrá por efecto obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Los actos reclamados son de naturaleza negativa, pues entrañan un no hacer de las autoridades. Al rendir el informe justificado, la presidenta de la junta envió copia certificada del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente 01/291/11 (fojas 32 y 33); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A través del aludido acuerdo de veintitrés de noviembre, la presidenta de la junta regularizó el procedimiento en el conflicto 01/291/11 y fijó las diez horas del siete de diciembre de dos mil quince, para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y comisionó al actuario de su adscripción para notificar dicho acuerdo a las partes actora -aquí quejosa- y demandada de forma personal. Los diversos codemandados físicos Carlos Gurrusquieta Cardoso y Gaudencia Cardoso Macedo, fueron notificados mediante boletín laboral. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que para su procedencia, es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. La prueba aportada por la autoridad demuestra que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el tres de noviembre del año en curso, la presidenta de la junta regularizó el procedimiento en el conflicto laboral y señaló fecha y hora para desahogar la audiencia trifásica. Luego, resulta que con la emisión del auto de veintitrés de noviembre, la autoridad satisfizo la pretensión del quejoso de obtener la regularización del procedimiento para proseguir con la secuela procesal, empero, por otro lado tenemos que no acredita haber notificado al actor, aquí quejoso, y la restante demandada [exceptuando a los codemandados físicos Carlos Gurrusquieta Cardoso y Gaudencia Cardoso Macedo, notificados por boletín laboral] el acuerdo de regularización. Entonces, el efecto de la sentencia sería obligar a las autoridades a notificar al quejoso y la diversa demandada, el auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince; sin embargo, tal concesión ningún fin práctico tendría. En efecto, basta considerar que la sentencia se emite hoy y se notifica a la parte quejosa el cinco siguiente, para considerar que causaría ejecutoria el veinte de enero de dos mil dieciséis, esto una vez fenecido el término de diez días para la interposición del recurso de revisión. Así, ya que el cumplimiento de la sentencia de amparo es exigible hasta que causa ejecutoria, al veinte de enero del año en curso, ya se habrá rebasado la fecha señalada para el desahogo de la audiencia trifásica en el expediente de origen, por lo que es dable afirmar que a causa del transcurso del tiempo, el efecto de la sentencia sería impráctico y en modo alguno benéfico para el quejoso, por lo que debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento; máxime que de no haberse celebrado la audiencia, eso daría lugar al señalamiento de una nueva fecha, por lo que sería innecesaria la notificación de mérito. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. SEXTO. Notificación a la(s) autoridad(es) para el caso de periodo vacacional. Se instruye al actuario para que en caso que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en su periodo vacacional, le(s) notifique esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, una vez que reanude(n) labores. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Camilo Pérez Cardoso, contra los actos identificados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Si la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentra(n) en su periodo vacacional, esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, se le(s) notificarán una vez que reanude(n) labores. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe, hoy cuatro de enero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita se regularice el procedimiento, dejando insubsistente el acuerdo en el que se declaró que ha causado estado la ejecutoria; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígase a la parte quejosa, que deberá estarse a lo acordado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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