Camilo Ernesto Rodriguez
Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Camilo Ernesto Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es conservable, conforme a los artículos 14 fracción II y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en relación con al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, normatividad que sigue rigiendo en lo conducente conforme lo dispuesto en el artículo noveno transitorio del Acuerdo General consabido; lo anterior, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa en el expediente principal, medida suspensional que tiene efectos definitivos. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "conservable", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase por recibido únicamente para efectos de control, el oficio remitido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; toda vez que en proveído diez de julio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia ne el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio del presente año, informa la situación migratoria de la parte quejosa (2) ******************** y (3) ********************, por tanto, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: *****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *****En el caso, la parte quejosa (2) ******************** y (3) ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: *****Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: (.) d) Asimismo, las autoridades responsables han omitido proporcionar información al quejoso de que tiene derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrara en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas cueles (sic), inhumanos o degradantes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción III, artículo 3 fracción XXVI, fracción XXXI, de la Ley de Migración.[.]" De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa se duele de estar alojados en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación o traslado. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el dos de marzo del presente año, (2) ******************** y (3) ********************, fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración ante la Estación Migratoria en Mexicali, Baja California, debido al ingreso de manera irregular en territorio nacional, dando inicio a su procedimiento administrativo migratorio, en que se les otorgo salida con fines de regularización el día seis de marzo del año en curso, por tanto, quedaron en libertad, lo anterior con lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ***** Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a los autorizados de la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que el presente expediente no está plena y debidamente integrado, toda vez que no obra en autos información de la situación jurídica actual de los quejosos (2) ******************** y (3) ********************, requerida mediante proveído de ocho de junio del presente año, misma que resulta necesaria para resolver el presente juicio. Requerimiento. Ahora, no obstante lo anterior, dado que la Ley de Migración en sus artículos 19, 20, 35, 115 y 123 estipula: "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; CAPÍTULO VIII DEL RETORNO ASISTIDO Y LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTREN IRREGULARMENTE EN TERRITORIO NACIONAL Artículo 115. El Instituto contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación para hacer abandonar el territorio nacional a aquél extranjero que no observó las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. Artículo 123. En todo caso, el Instituto proporcionará los medios de transporte necesarios para el traslado de los extranjeros al país de origen o de residencia. Asimismo, deberá preverse de ser el caso, el suministro de agua potable y los alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En los mecanismos contenidos en este capítulo, los extranjeros deberán estar acompañados por las autoridades migratorias mexicanas, las cuales deberán en todo momento respetar los derechos humanos de los extranjeros". De lo anterior, se puede advertir que el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional. Además, está encargado de conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, llevando el Sistema de Control de Aseguramiento y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM). Aunado a ello, el instituto cuenta con los mecanismos de retorno asistido y deportación, en los cuales los extranjeros siempre deben estar acompañados por autoridades migratorias. Con todo lo anterior, resulta patente que el Instituto Nacional de Migración cuenta con los mecanismos para cumplir con el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional. En ese contexto, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 126, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en obvio de mayores dilaciones, se requiere nuevamente al Instituto Nacional de Migración, por conducto de su Comisionado, con domicilio en la Ciudad de México, para que informe si en el Sistema de Control de Aseguramiento y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), o en las bases de datos de la totalidad de las Oficinas Estatales de Sub representación Federal del Instituto Nacional de Migración, a su cargo, cuenta con registro de los aquí directos quejosos (2) ******************** y (3) ********************, el domicilio, lugar en el que se encuentran alojados y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlos para lograr la comparecencia ante este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en auto de radicación, donde se le requirió por la ratificación de la demanda promovida, o bien, informe la imposibilidad jurídica o fáctica que tenga para dar cumplimiento a lo requerido. Apercibimiento. Apercibido que para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y se proveerá lo que en derecho corresponda. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las catorce horas del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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