Bulmaro Sánchez Álvarez
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Bulmaro Sánchez Álvarez
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Incidente. No fue solicitado. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California y Actuario adscrito a dicha junta, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para el catorce de junio del año dos mil veintidós, en el juicio laboral del origen [1621/2021- 3A], y en su lugar, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, 2. Demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada, ordenado en autos, con la debida anticipación. En la inteligencia que los alcances del fallo protector no abarcan hasta que se lleve a cabo el emplazamiento en sí, ya que la materia del amparo consistió en la omisión total por parte del Actuario de llevar a cabo las diligencias respectivas; por lo que en ese sentido, los efectos respecto ese tópico se circunscriben a que el fedatario público responsable acuda al o los domicilios autorizados a efecto de intentar llevar a cabo el emplazamiento en el plazo que la ley fija -con diez días de anticipación a la audiencia bifásica-, con independencia del resultado de la diligencia, ya que podría derivar en que ahí no es el domicilio de la patronal, lo que puede resultar en múltiples actuaciones posteriores que, dada la naturaleza del juicio génesis, quedaría en cierta medida el impulso procesal a cargo de la parte actora, como por ejemplo, en el caso de señalamiento de un nuevo domicilio para emplazar, incluso, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De lo contrario podría implicar que la autoridad laboral de origen o esta autoridad constitucional, se sustituya en las cargas procesales que corresponden a las partes. Resta destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de mayo de la anualidad, causó ejecutoria la sentencia dictada, dado que ninguna de las partes la recurrió, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las propias autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, debía dejar sin efectos la audiencia de conciliación demanda y excepciones, programada para el catorce de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral de origen 1621/2021-3A; y fijar una nueva fecha en los términos de ley y, Los Actuarios de su adscripción, debían demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada con la debida anticipación. Actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables en acatamiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito y acordados el treinta y uno de mayo, veintitrés de junio y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y Actuaria de su adscripción, remitieron las siguientes constancias: Autos de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, seis de junio de dos mil veintidós, ocho de agosto de dos mil veintidós, en los cuales se dejaron sin efectos las fechas señaladas para la audiencia bifásica en el expediente laboral de origen. Diversas razones actuariales por las que la Actuaria adscrita a la Junta responsable intentó el emplazamiento de la parte demandada en los domicilios señalados para ello, siendo las últimas de trece de agosto de dos mil veintidós. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, pues el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, señaló nuevas fechas en los términos de ley para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1621/2021-3A, de su índice; y, la Actuaria de su adscripción, ha intentado en diversas ocasiones el emplazamiento de la patronal demandada. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el (i) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; por medio del cual informa diversas cuestiones en relación al cumplimiento dado al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el (i) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; por medio del cual informa diversas cuestiones en relación al cumplimiento dado al fallo protector. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California y Actuario, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, remita constancias del auto que haya recaído a la notificación de la parte actora en cuanto al auto de primero de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen 1621/2020-3A. Apercibimiento de multa. Por lo tanto, se apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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