Camila Piña Castillo y Otros.
Expediente 375/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Camila Piña Castillo y Otros.
- Erick Arturo Piña Castillo y Otros.
- H. Camara de Diputados del Congreso de la Unión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso ******* solicita la devolución de los documentos que exhibió al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, hágasele la devolución de la documental que refiere, previa identificación y firma que por su recibo quede en autos para debida constancia. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la propia ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio ******* signado por la Titular de la Subdelegación Juárez 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, al cual anexa copia certificada de la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez definitiva, número *******, de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió que los menores ******* y ******* ambos de apellido *******, son beneficiarios con derecho a pensión o asignación familiar y la notificada al quejoso de dicha resolución el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atento a lo anterior, en el presente juicio han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el trece de junio del año en curso y turnado a este órgano el mismo día, Jorge Piña Tarango en representación de los menores ******* y ******* ambos de apellido *******, promovió demanda de amparo, en el que precisó como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, esto es, una norma heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la negativa por parte del Subdelegado Juárez 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social de inscribir a los menores de nombres ******* y ******* ambos de apellido *******, como beneficiarios del servicio de salud y en el supuesto de que el quejoso falleciera, a recibir pensión por orfandad. Ahora, en el oficio de cuenta la responsable manifiesta que el cinco de noviembre el quejoso fue notificado de la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez definitiva, número *******, de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió que los menores ******* y ******* ambos de apellido *******, son beneficiarios del quejoso Jorge Piña Tarango con derecho a pensión o asignación familiar, remitiendo copia certificada de la resolución y la notificación respectiva. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada de la resolución para el otorgamiento de la pensión de invalidez definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, revela lo siguiente: [.] RESOLUCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE: INVALIDEZ DEFINITIVA (.) II BENEFICIARIOS CON DERECHO A PENSIÓN O ASIGNACION FAMILIAR NOMBRE (S) ******* ******* ******* (.) SE MODIFICA RESOLUCION NO. ******* DE FECHA 19 DE ENERO DEL AÑO 2018, POR INCORPORACIÓN DE COMPONENTES ADOPTADOS ******* Y ******* A PARTI DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018. [.] A tal documental se le reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la negativa atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues mediante resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez definitiva, número *******, de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la autoridad responsable se determinó que los menores ******* y ******* ambos de apellido *******, son beneficiarios de Jorge Piña Tarango con derecho a pensión o asignación familiar, cuya negativa se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Debiendo abarcar tal sobreseimiento, al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, que impugnó como heteroaplicativa, pues dicho precepto por sí solo en ese supuesto no causa perjuicios a los quejosos, de manera tal que la improcedencia en torno al acto de aplicación necesariamente comprende a dicho artículo de la ley, ya que siendo ésta heteroaplicativa y habiendo cesado su aplicación, no se darían los efectos restitutorios de la sentencia de amparo al no existir ya materia que restituir. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. entregándole copia del oficio y anexo que se recibe Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso *******, mediante el cual en cumplimiento al proveído de dieciséis de los actuales, informa a este juzgado que el veintidós de octubre del año en curso, se presentó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar la documentación correspondiente para que los menores de nombres con iniciales ******* y ******* de apellidos *******, puedan gozar del servicio de salud y demás prestaciones que otorga dicho instituto como beneficiarios del quejoso; asimismo, manifiesta que el personal del referido instituto le informó que el trámite administrativo se realizaría en un término de cinco a diez días hábiles. Atento a lo anterior, téngase a la parte quejosa, informando las gestiones que realiza, para la incorporación de los menores a la pensión de invalidez que percibe el quejoso. Ahora, toda vez que este juzgado requiere contar con la totalidad de las constancias relacionadas con el presente juicio, a fin de emitir una sentencia apegada a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de tres días legalmente computado, informe a este juzgado el trámite que realizó para incorporar a los menores de nombres con iniciales ******* y ******* de apellidos *******, a la pensión de invalidez que percibe el quejoso *******, y lo acredite con copia certificada de las constancias correspondientes. Lo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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