Bryan José Jiménez
Expediente 422/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bryan José Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, en el cual se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Juez ********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada C*********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SEDNTENCIA DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 422/2022-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE NIEGA LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONADA, DICTADA EL 16 DE MAYO DEL 2022 EN LA CARPETA DE EJECUCIÓN *******. aun cuando se encuentran satisfechos los requisitos para acceder al beneficio de preliberación, fue negando y condicionado a un pago total de la reparación del daño al que no fue sentenciado, ya que dos personas fueron sentenciados por los mismos hechos y en las mismas circunstancias, al constituir un acto que afecta indirectamente su libertad personal y su esfera de derechos, pues aun cuando se encuentra privado de su libertad por una sentencia condenatoria en proceso penal, continuara restringido de la misma. Porque la resolución que niega la solicitud de libertad condicionada determina la permanencia en situación de privación de la libertad. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lic. *******, Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 22, 23 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 422/2022-III y previo cumplimiento de prevención, en fecha primero de junio de misma data, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se llevó cabo el emplazamiento a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, la determinación tomada por la responsable en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Licenciado Luis Maurilio Terán Murillo, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, el cual fue dictado por diverso Juez de Ejecución de Penas, consistente en la resolución dictada en audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******, lo cual se corrobora con las constancias anexas a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por el quejoso, a la autoridad en cita. CUARTO.- Actualización de causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna. QUINTO. Estudio de fondo de la litis. Previo a analizar la cuestión de fondo, así como los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de garantías, esta Juzgadora Federal procede a destacar los antecedentes del acto reclamado, consistente en la determinación de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******. Así, de las constancias que obran en el presente sumario, las cuales fueron remitidas por las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ******* y otro, fueron sentenciados por una Jueza de Control de este Distrito Judicial Bravos, en la cual resolvió -en lo esencial-: "PRIMERO Ha quedado acreditada la materialidad del ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA ... y la responsabilidad plena en su comisión más allá de toda duda razonable de ******* y otro, cometido en perjuicio de *******. SEGUNDO. Por tal conducta se les impone una pena de SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN. TERCERO. Se condena a ******* y otro al pago de la reparación del daño, por la cantidad de $******* (*******) a favor de *******. CUARTO. Se les niega el beneficio de la condena condicional." Una vez que quedó firme la referida sentencia, se dio inicio al procedimiento ordinario de ejecución penal en términos de lo que establece el artículo 103 párrafo tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al cual se le asignó el número de carpeta de ejecución *******, mediante auto del quince de enero de dos mil diecinueve. Se solicitó con el oficio *******, al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de esta localidad, remitiera la información correspondiente para la realización del cómputo de las penas de los sentenciados de referencia. Mediante proveído del cuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio *******, que remitió la licenciada *******, Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, por medio del cual hace llegar el plan de actividades y su cumplimiento de la persona privada de su libertad *******. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil veintidós, se dio por recibida la copia simple del certificado de pago número de resguardo *******, valioso por la cantidad de $******* (*******); agregando que el certificado de pago se dejó a resguardo de la administración de ese Tribunal de Ejecución de Penas. Mediante auto del siete de marzo de dos mil veintidós, previa solicitud por parte de la defensora particular del hoy quejoso, se fijaron las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia de debate, sobre posible concesión de beneficios preliberacionales para el sentenciado en mención. Una vez celebrada la audiencia en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y una vez escuchadas las partes, el juez responsable resolvió en el sentido siguiente: "RESUELVE: PRIMERO. Se le niega el beneficio de la libertad condicionada a ******* solicitado por la defensa, por los motivos y fundamentos que quedaron precisados por el de la voz en esta audiencia. SEGUNDO.- Quedan notificados formalmente los intervinientes en esta audiencia y se les hace saber que si no están conformes con dicha resolución, puede ser recurrida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (.)" En consecuencia, de lo anterior se desprende que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas, en la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******, resolvió negar el beneficio preliberacional al hoy sentenciado y remitió para tal efecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de referencia, en la que se resolvió lo anterior. Constancias que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el Juez de Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos. SEXTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia en la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues ésa no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, no han sido satisfechos los requisitos para el otorgamiento del beneficio preliberacional solicitado por la defensora particular, a favor del sentenciado hoy quejoso, en audiencia de dieciséis de mayo del año dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. En el presente juicio, tanto en el escrito de demanda, como en el escrito de aclaración de la misma, el quejoso *******, reclamó de la autoridad responsable, en esencia, la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que negó el beneficio preliberacional de libertad condicionada, en la que a su consideración, viola los principios de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, proporcionalidad, así mismo se le impone nueva sentencia, pues se exige al quejoso que cubra la totalidad de la sentencia, cuando fueron dos los sentenciados, derechos que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 22 constitucionales. Lo anterior lo asevera pues, aduce que la pena de reparación del daño, debe ser requerida de manera mancomunada y no de manera solidaria como lo resolvió el Juez responsable en audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Así mismo, como consecuencia de lo anterior, considera ilegal la resolución que negó el beneficio preliberacional, dado que en la sentencia condenatoria, en ningún momento se estableció que el concepto de reparación del daño sería cubierto de manera solidaria, y al hacer esa manifestación, el Juez responsable argumentó que de esa manera se hacía el pago de dicho concepto. Ahora bien, la figura del beneficio de libertad condicionada y los requisitos para acceder a ella, se encuentra estipulada en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I.- Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III.- Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV.- Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. (.)" El énfasis es propio. Según se desprende de la fracción V, del artículo 137 antes transcrito, en el caso en estudio, la libertad condicionada es procedente una vez que, entre otros requisitos, se encuentre cubierta la reparación del daño impuesta al sentenciado, hoy quejoso, consiste en $******* (*******) a favor de la víctima *******. Al respecto, en la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ******* que impuso la pena de prisión al hoy quejoso, así como la condena de reparación del daño, se resaltan los resolutivos son los siguientes: "RESUELVE: PRIMERO.- Ha quedado acreditada la materialidad del ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, a que se refieren los artículos 123, 124, 127, 136 en sus Fracciones 1, 11 inciso b) y IV en relación directa con los artículos 19 y 75 del Código Penal Estatal y la responsabilidad plena en su comisión más allá de toda duda razonable, de ******* y *******, cometido en perjuicio de *******, por hechos que tuvieron verificativo entre las diecisiete horas con treinta minutos y dieciocho horas del diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en *******, en esta Ciudad. SEGUNDO.- Por tal conducta, se impone a ******* y ******* una pena de SEIS ÁÑOS y OCHO MESES DE PRISIÓN, la cual deberán de compurgar en términos de lo dispuesto en los artículos 32 del Código Penal y 53 Fracción I, inciso a) de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en el lugar que designe el Poder Ejecutivo por conducto de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. TERCERO.- Se condena a ******* y ******* al pago de la reparación del daño, por la cantidad de $******* (*******) a favor de *******. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 495, en relación directa con los numerales 485, 486 Y 492 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual se le concede el plazo de tres meses en términos del artículo 49 del Código Penal Estatal. CUARTO. -Se NIEGA a los sentenciados ******* y ******* el Beneficio de la Condena Condicional, en virtud de que no cumplen con los requisitos del artículo 86 del Código Penal; aunado a que el delito por el que se le sentenció, está previsto por los numerales 91 Bis del Código Penal del Estado y el 104 Bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, como improcedentes para su concesión. (.)" Cabe hacer mención que de las constancias que remite en su informe justificado el Juez de Ejecución, se advierte, como lo señaló la defensora particular del quejoso, en su demanda, así como en la audiencia de referencia, que en el resolutivo referente a la condena consistente en la reparación del daño, no se establece que la misma debiera cumplirse de manera solidaria o mancomunada, sin embargo, el artículo 49 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, establece claramente que para que el sentenciado pueda gozar del beneficio de condena condicional, deberá encontrarse satisfecho el concepto de la reparación del daño, dentro del plazo otorgado para ello, que en el caso particular fue de tres meses. "Artículo 49. Plazos para la reparación del daño. De acuerdo con el monto de los daños o perjuicios, y de la situación económica del sentenciado, la autoridad judicial podrá fijar plazos para su pago, que en conjunto no excederán de tres meses, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera conveniente. En los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 47 de este Código, el Estado y los Municipios proveerán lo necesario para el pago inmediato de la reparación del daño. El pago se hará preferentemente en una sola exhibición. El pago de la reparación del daño puede ser negociado entre la víctima u ofendido, las personas morales de derecho público que hubieren realizado erogaciones con motivo del hecho ilícito y el imputado o sentenciado, pero éste no se beneficiará de la condena condicional hasta en tanto se dé por satisfecha la reparación del daño dentro de los plazos señalados en este artículo." En virtud de lo anterior, es que correctamente el Juez de Ejecución responsable, determinó que en el caso a estudio, al no encontrarse satisfecho el concepto de reparación del daño a la víctima, resultó improcedente la concesión del beneficio solicitado en la audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para esta juzgadora, la regla de derecho constitucional procesal inherente a que la víctima del delito tiene derecho a que se le repare el daño, establecida en el artículo 20, Apartado "C", fracción IV, del Pacto Federal, la cual precisa: "20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.)" De igual manera, la Ley General de Victimas, en su artículo 7, señala que en el proceso penal, las victimas cuentan con una gama de derechos que deberán ser garantizados por los órganos jurisdiccionales, en los que se determinen decisiones judiciales inherentes a ellas, debiendo ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, tratados y leyes aplicables, al establecer lo siguiente: Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (.) VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; (.) De igual manera, por lo que hace al tema de la reparación del daño, los artículos 26 y 27, de la propia Ley General de Victimas, establecen: Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo a los recursos autorizados para tal fin o a los Fondos Estatales, según corresponda. Conforme a lo anterior, el diseño multidimensional de la normativa en materia, abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos y no reducirlas como sujetos de prueba, pues es claro que, dentro del proceso penal, con independencia del trámite ordinario, especial o por medio de las salidas alternas, se dirimen sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño. Así, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la responsable, esta Juzgadora advierte que el Tribunal de Ejecución de Penas, del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, y toda vez que de autos se desprende, como lo afirma la quejosa en su demanda, que el sentenciado, hoy quejoso, únicamente exhibió el certificado de pago correspondiente a la mitad del monto motivo de la condena impuesta por concepto de reparación del daño, y no en su totalidad, con lo cual, no se encuentra satisfecha la reparación del daño a la víctima, condenada en sentencia dictada en la causa penal de origen. Por lo que, satisfacer esa exigencia es requisito indispensable para gozar el beneficio solicitado, por lo cual, la resolución que la negó, resulta apegada a derecho. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que debe estar satisfecho plenamente el derecho de la víctima a la reparación del daño, para, entonces, poder acceder al beneficio de libertad condicionada, solicitada en audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Congruente con las anteriores consideraciones y en razón de que no se observó alguna deficiencia de la queja que suplir que derive beneficio al quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), acorde con el penúltimo párrafo del ordenamiento invocado de la Ley de Amparo, procede negar al directo quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 422/2022-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE NIEGA LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONADA, DICTADA EL 16 DE MAYO DEL 2022 EN LA CARPETA DE EJECUCIÓN *******. aun cuando se encuentran satisfechos los requisitos para acceder al beneficio de preliberación, fue negando y condicionado a un pago total de la reparación del daño al que no fue sentenciado, ya que dos personas fueron sentenciados por los mismos hechos y en las mismas circunstancias, al constituir un acto que afecta indirectamente su libertad personal y su esfera de derechos, pues aun cuando se encuentra privado de su libertad por una sentencia condenatoria en proceso penal, continuara restringido de la misma. Porque la resolución que niega la solicitud de libertad condicionada determina la permanencia en situación de privación de la libertad. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lic. *******, Juez de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 22, 23 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 422/2022-III y previo cumplimiento de prevención, en fecha primero de junio de misma data, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se llevó cabo el emplazamiento a los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, la determinación tomada por la responsable en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Licenciado Luis Maurilio Terán Murillo, Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, el cual fue dictado por diverso Juez de Ejecución de Penas, consistente en la resolución dictada en audiencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******, lo cual se corrobora con las constancias anexas a su informe, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por el quejoso, a la autoridad en cita. CUARTO.- Actualización de causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna. QUINTO. Estudio de fondo de la litis. Previo a analizar la cuestión de fondo, así como los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de garantías, esta Juzgadora Federal procede a destacar los antecedentes del acto reclamado, consistente en la determinación de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual, resolvió negar el beneficio de libertad condicional, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******. Así, de las constancias que obran en el presente sumario, las cuales fueron remitidas por las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ******* y otro, fueron sentenciados por una Jueza de Control de este Distrito Judicial Bravos, en la cual resolvió -en lo esencial-: "PRIMERO Ha quedado acreditada la materialidad del ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA ... y la responsabilidad plena en su comisión más allá de toda duda razonable de ******* y otro, cometido en perjuicio de *******. SEGUNDO. Por tal conducta se les impone una pena de SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN. TERCERO. Se condena a ******* y otro al pago de la reparación del daño, por la cantidad de $******* (*******) a favor de *******. CUARTO. Se les niega el beneficio de la condena condicional." Una vez que quedó firme la referida sentencia, se dio inicio al procedimiento ordinario de ejecución penal en términos de lo que establece el artículo 103 párrafo tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al cual se le asignó el número de carpeta de ejecución *******, mediante auto del quince de enero de dos mil diecinueve. Se solicitó con el oficio *******, al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de esta localidad, remitiera la información correspondiente para la realización del cómputo de las penas de los sentenciados de referencia. Mediante proveído del cuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio *******, que remitió la licenciada *******, Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, por medio del cual hace llegar el plan de actividades y su cumplimiento de la persona privada de su libertad *******. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil veintidós, se dio por recibida la copia simple del certificado de pago número de resguardo *******, valioso por la cantidad de $******* (*******); agregando que el certificado de pago se dejó a resguardo de la administración de ese Tribunal de Ejecución de Penas. Mediante auto del siete de marzo de dos mil veintidós, previa solicitud por parte de la defensora particular del hoy quejoso, se fijaron las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós para llevar a cabo la audiencia de debate, sobre posible concesión de beneficios preliberacionales para el sentenciado en mención. Una vez celebrada la audiencia en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y una vez escuchadas las partes, el juez responsable resolvió en el sentido siguiente: "RESUELVE: PRIMERO. Se le niega el beneficio de la libertad condicionada a ******* solicitado por la defensa, por los motivos y fundamentos que quedaron precisados por el de la voz en esta audiencia. SEGUNDO.- Quedan notificados formalmente los intervinientes en esta audiencia y se les hace saber que si no están conformes con dicha resolución, puede ser recurrida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (.)" En consecuencia, de lo anterior se desprende que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas, en la carpeta de ejecución *******, derivada a su vez de la causa penal *******, resolvió negar el beneficio preliberacional al hoy sentenciado y remitió para tal efecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de referencia, en la que se resolvió lo anterior. Constancias que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el Juez de Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos. SEXTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia en la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues ésa no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, no han sido satisfechos los requisitos para el otorgamiento del beneficio preliberacional solicitado por la defensora particular, a favor del sentenciado hoy quejoso, en audiencia de dieciséis de mayo del año dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. En el presente juicio, tanto en el escrito de demanda, como en el escrito de aclaración de la misma, el quejoso *******, reclamó de la autoridad responsable, en esencia, la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que negó el beneficio preliberacional de libertad condicionada, en la que a su consideración, viola los principios de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, proporcionalidad, así mismo se le impone nueva sentencia, pues se exige al quejoso que cubra la totalidad de la sentencia, cuando fueron dos los sentenciados, derechos que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 22 constitucionales. Lo anterior lo asevera pues, aduce que la pena de reparación del daño, debe ser requerida de manera mancomunada y no de manera solidaria como lo resolvió el Juez responsable en audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Así mismo, como consecuencia de lo anterior, considera ilegal la resolución que negó el beneficio preliberacional, dado que en la sentencia condenatoria, en ningún momento se estableció que el concepto de reparación del daño sería cubierto de manera solidaria, y al hacer esa manifestación, el Juez responsable argumentó que de esa manera se hacía el pago de dicho concepto. Ahora bien, la figura del beneficio de libertad condicionada y los requisitos para acceder a ella, se encuentra estipulada en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I.- Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III.- Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV.- Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. (.)" El énfasis es propio. Según se desprende de la fracción V, del artículo 137 antes transcrito, en el caso en estudio, la libertad condicionada es procedente una vez que, entre otros requisitos, se encuentre cubierta la reparación del daño impuesta al sentenciado, hoy quejoso, consiste en $******* (*******) a favor de la víctima *******. Al respecto, en la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ******* que impuso la pena de prisión al hoy quejoso, así como la condena de reparación del daño, se resaltan los resolutivos son los siguientes: "RESUELVE: PRIMERO.- Ha quedado acreditada la materialidad del ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, a que se refieren los artículos 123, 124, 127, 136 en sus Fracciones 1, 11 inciso b) y IV en relación directa con los artículos 19 y 75 del Código Penal Estatal y la responsabilidad plena en su comisión más allá de toda duda razonable, de ******* y *******, cometido en perjuicio de *******, por hechos que tuvieron verificativo entre las diecisiete horas con treinta minutos y dieciocho horas del diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en *******, en esta Ciudad. SEGUNDO.- Por tal conducta, se impone a ******* y ******* una pena de SEIS ÁÑOS y OCHO MESES DE PRISIÓN, la cual deberán de compurgar en términos de lo dispuesto en los artículos 32 del Código Penal y 53 Fracción I, inciso a) de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en el lugar que designe el Poder Ejecutivo por conducto de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. TERCERO.- Se condena a ******* y ******* al pago de la reparación del daño, por la cantidad de $******* (*******) a favor de *******. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 495, en relación directa con los numerales 485, 486 Y 492 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual se le concede el plazo de tres meses en términos del artículo 49 del Código Penal Estatal. CUARTO. -Se NIEGA a los sentenciados ******* y ******* el Beneficio de la Condena Condicional, en virtud de que no cumplen con los requisitos del artículo 86 del Código Penal; aunado a que el delito por el que se le sentenció, está previsto por los numerales 91 Bis del Código Penal del Estado y el 104 Bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, como improcedentes para su concesión. (.)" Cabe hacer mención que de las constancias que remite en su informe justificado el Juez de Ejecución, se advierte, como lo señaló la defensora particular del quejoso, en su demanda, así como en la audiencia de referencia, que en el resolutivo referente a la condena consistente en la reparación del daño, no se establece que la misma debiera cumplirse de manera solidaria o mancomunada, sin embargo, el artículo 49 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, establece claramente que para que el sentenciado pueda gozar del beneficio de condena condicional, deberá encontrarse satisfecho el concepto de la reparación del daño, dentro del plazo otorgado para ello, que en el caso particular fue de tres meses. "Artículo 49. Plazos para la reparación del daño. De acuerdo con el monto de los daños o perjuicios, y de la situación económica del sentenciado, la autoridad judicial podrá fijar plazos para su pago, que en conjunto no excederán de tres meses, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera conveniente. En los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 47 de este Código, el Estado y los Municipios proveerán lo necesario para el pago inmediato de la reparación del daño. El pago se hará preferentemente en una sola exhibición. El pago de la reparación del daño puede ser negociado entre la víctima u ofendido, las personas morales de derecho público que hubieren realizado erogaciones con motivo del hecho ilícito y el imputado o sentenciado, pero éste no se beneficiará de la condena condicional hasta en tanto se dé por satisfecha la reparación del daño dentro de los plazos señalados en este artículo." En virtud de lo anterior, es que correctamente el Juez de Ejecución responsable, determinó que en el caso a estudio, al no encontrarse satisfecho el concepto de reparación del daño a la víctima, resultó improcedente la concesión del beneficio solicitado en la audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para esta juzgadora, la regla de derecho constitucional procesal inherente a que la víctima del delito tiene derecho a que se le repare el daño, establecida en el artículo 20, Apartado "C", fracción IV, del Pacto Federal, la cual precisa: "20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.)" De igual manera, la Ley General de Victimas, en su artículo 7, señala que en el proceso penal, las victimas cuentan con una gama de derechos que deberán ser garantizados por los órganos jurisdiccionales, en los que se determinen decisiones judiciales inherentes a ellas, debiendo ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, tratados y leyes aplicables, al establecer lo siguiente: Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (.) VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; (.) De igual manera, por lo que hace al tema de la reparación del daño, los artículos 26 y 27, de la propia Ley General de Victimas, establecen: Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo a los recursos autorizados para tal fin o a los Fondos Estatales, según corresponda. Conforme a lo anterior, el diseño multidimensional de la normativa en materia, abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos y no reducirlas como sujetos de prueba, pues es claro que, dentro del proceso penal, con independencia del trámite ordinario, especial o por medio de las salidas alternas, se dirimen sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño. Así, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la responsable, esta Juzgadora advierte que el Tribunal de Ejecución de Penas, del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, y toda vez que de autos se desprende, como lo afirma la quejosa en su demanda, que el sentenciado, hoy quejoso, únicamente exhibió el certificado de pago correspondiente a la mitad del monto motivo de la condena impuesta por concepto de reparación del daño, y no en su totalidad, con lo cual, no se encuentra satisfecha la reparación del daño a la víctima, condenada en sentencia dictada en la causa penal de origen. Por lo que, satisfacer esa exigencia es requisito indispensable para gozar el beneficio solicitado, por lo cual, la resolución que la negó, resulta apegada a derecho. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que debe estar satisfecho plenamente el derecho de la víctima a la reparación del daño, para, entonces, poder acceder al beneficio de libertad condicionada, solicitada en audiencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Congruente con las anteriores consideraciones y en razón de que no se observó alguna deficiencia de la queja que suplir que derive beneficio al quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), acorde con el penúltimo párrafo del ordenamiento invocado de la Ley de Amparo, procede negar al directo quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio escrito signado por la autorizada de la parte quejosa; aperturese cuadernillo para que obre como corresponda; dígasele a la promovente que la audiencia constitucional fue celebrada el doce de los actuales. Ahora, toda vez que el juicio de amparo al que va dirigido se encuentra con audiencia constitucional celebrada una vez que se dicte sentencia correspondiente agréguese al expediente el presente cuadernillo, para que surta efectos legales que haya lugar. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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