Calixto Gomez Flores
Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Calixto Gomez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Glósese a los autos, para que obre como corresponda, el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio A-136-2, dirigido a la autoridad responsable 3. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Izúcar de Matamoros, Puebla, con la leyenda desconocido; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, pues como se desprende del auto de dieciséis de agosto del año en curso, quedó firme el proveído que sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional y se ordenó el archivo del presente asunto. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto dictado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación del referido acuerdo a las autoridades responsables: 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla y 2. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Investigación de Izúcar de Matamoros, Puebla, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; así como por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Calixto Gómez Flores, por medio del cual ofrece diversas probanzas para que sean tomadas en consideración a efecto de que le sea concedido el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad su ofrecimiento, pues mediante proveído de veintiocho de julio pasado, se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de veinte de julio pasado, para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable que se señaló como: 2. Agente del Ministerio Público Orientador del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, o bien, manifestara lo que a su interés le conviniera transcurrió del veintitrés al veintisiete de julio de dos mil veintiuno, sin que hubiera desahogado tal requerimiento. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de veinte de julio pasado y, se tiene por inexistente a la citada autoridad señalada como responsable, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. Ahora bien, vista las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que Calixto Gómez Flores, el dos de julio de dos mil veintiuno, presentó demanda de amparo a través de buzón judicial, en la que señaló como actos reclamados: las órdenes de investigación, busca, aprehensión y detención libradas en su contra; y, su ejecución. Así, por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se acordó lo siguiente: I) se desechó parcialmente la demanda respecto a la orden de investigación emitida en su contra; II) se admitió la misma por diversos actos con incidente de suspensión; III) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, IV) se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado precisados (órdenes de busca, aprehensión y detención) las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable ordenadora y ejecutora Sentido del informe 1 Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla. Negó 2 Agente del Ministerio Público Orientador del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Inexistente En esta fecha. 3 Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Investigación de Izúcar de Matamoros, Puebla. Negó. Como se advierte del cuadro anterior, todas las autoridades responsables, a excepción de la identificada con el número 2 que se tuvo como inexistente, negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio respecto de las citadas autoridades responsables y los actos reclamados. Por último, debe decirse que el suscrito Secretario encargado del despacho no atiende los alegatos del agente del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo y el pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado, respecto del cual ya se realizó, y se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No pasa inadvertido para quien esto resuelve que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el hoy quejoso ofreció diversos medios de convicción, entre ellas, la instrumental publica de actuaciones, la presuncional legal en sus dos aspectos legal y humana, así como la documental consistente en la copia del citatorio judicial de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, entre otras, del que se advierte que la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla -Juan Carlos Malpica Aladro-, citó al aquí quejoso para las nueve horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para la audiencia de formulación de imputación, solicitada por el agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla; en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Las que, con fundamento en los artículos 123 y 124 del al Ley de Amparo, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sin embargo, la parte quejosa con las mismas no desvirtúa la negativa por parte de la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla -Juan Carlos Malpica Aladro-, pues sólo acredita que existe una carpeta de investigación en su contra y que ha sido citado; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, la responsable ordenadora no ha emitido orden de busca, aprehensión o detención vigente en contra del quejoso. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente a la citación relativa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo no ha lugar a pronunciarnos en ese sentido, dado que no constituye el acto reclamado en esta vía de amparo, y sólo se menciona a efecto de corroborar que es una actuación que se advierte de la documental ofrecida por el aquí quejoso, y que a la fecha de presentación de la demanda no existe orden de busca, aprehensión o detención en contra del quejoso, sólo la citación de formulación de imputación. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto a las diversas documentales que anexó a su escrito recibido en este juzgado el veintiséis de julio pasado, marcadas con los incisos b) constancia de vecindad y buena conducta; c) copia simple de tres instrumentos notariales con números registrales cuatro mil ochocientos ocho (4808), diez mil ciento treinta (10,130) y cuatro mil ochocientos veinte (4820), respectivamente; y, d) acuse de recibo del escrito de demanda respecto al juicio de revocación de donación por ingratitud y nulidad de escrituras, dígasele al quejoso que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan por carecer de idoneidad para demostrar los hechos materia de la controversia planteada. Cobra aplicación al caso por analogía la tesis aislada, de rubor siguiente: "PRUEBA EN EL AMPARO. NO ES ILEGAL DESECHARLA, CUANDO SE ADVIERTE SU FALTA DE IDONEIDAD. Es inexacto estimar que el Juez de Distrito carece de facultades para desechar la prueba ofrecida en el juicio de amparo, cuando se advierte que dicho medio probatorio carece de idoneidad para demostrar los hechos materia de la controversia planteada, como sucede si desecha la prueba de inspección ocular ofrecida con el objeto de acreditar los volúmenes de agua distribuidos entre el quejoso y el tercero perjudicado, máxime si en el juicio de amparo ha sido ofrecida la prueba pericial que resulta idónea para acreditar tal circunstancia." En el mismo sentido respecto a la documental marcada con el inciso f) consistente en el acta de nacimiento del hoy quejoso que refiere, dígasele que no ha lugar tener por ofrecida la misma; toda vez, que de ésta no obra agregada a su escrito de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. De igual forma, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 75 del citado ordenamiento legal, dígase a la parte quejosa que se desecha la prueba marcada con el inciso e) consistente en la testimonial a cargo de testigos idóneos dignados de fe y conocedores de hechos que refiere en su escrito; lo anterior, por las razones que se expondrán a continuación. De la intelección del artículo 119, primer párrafo de la Ley de Amparo, se obtiene que dentro del juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, salvo la confesional por posiciones. Por su parte, del análisis de la redacción del artículo 75 de la ley de la materia, se obtiene que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán pruebas que no se hubiesen rendido ante la misma; sin embargo, su segundo párrafo establece una excepción a esta regla, a saber, tratándose de amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer las pruebas cuando no hubiese tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. De lo anterior, se desprende que la intención del legislador implica que el principio procesal en el sentido de que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni considerarán las pruebas que no se rindan ante ella, no es absoluto en materia de amparo indirecto y menos en materia penal, dada la naturaleza de sus actos reclamados, pero sin que ello signifique la desnaturalización del procedimiento, es decir, que con la admisión y el desahogo de una prueba dentro del juicio constitucional el juez de amparo sustituya al de origen, dando valor y contraponiendo probanzas para dilucidar, por ejemplo, la probable responsabilidad del indiciado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.P.2 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL SEÑALAR QUE EN LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN LOS JUICIOS, NO SE ADMITIRÁN NI SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN AQUELLAS QUE NO SE HUBIESEN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 17 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 8 Y 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, al señalar que en las sentencias que se dicten en los juicios no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, no vulnera los artículos 1o., 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque de la citada porción normativa no deriva que el juicio de amparo impida ejercer los derechos de audiencia y acceso a la justicia y, por tanto, que sea un recurso inefectivo o ilusorio, pues no constituye un procedimiento ordinario para acreditar hechos en lo general, sino que su objeto principal es verificar la constitucionalidad o convencionalidad o, en su caso, la legalidad del acto de autoridad frente a la situación y circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la resolución impugnada; ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que en el juicio de amparo puede ofrecerse cualquier medio probatorio sin algún control, lo cual traería como consecuencia, su desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en relación con los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales; máxime que el párrafo primero del artículo en estudio, no es absoluto, pues su párrafo segundo establece una excepción, al permitir al quejoso ofrecer pruebas siempre y cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable." En ese orden de ideas, conviene precisar que la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla -Juan Carlos Malpica Aladro-, negó los actos que se le atribuyen en esta instancia constitucional consistentes en las órdenes de busca, aprehensión o detención emitidas en contra del aquí quejoso y su ejecución; además que de las diversas pruebas ofrecidas por la parte quejosa no se desvirtuó dicha negativa tal como se advierte de párrafos precedentes, de ahí la improcedencia del medio de convicción señalado, pues el promovente de amparo no acreditó su pretensión respecto a las personas a cargo de las cuales pretende que se desahogue la testimonial ofrecida, esto es, cómo iban a acreditar la existencia de una orden de aprehensión librara en contra del quejoso, pues al efecto, como él refiere testificaran sobre los hechos que narró (relativos a los motivos que dieron origen al conflicto entre su hija y pareja de ésta, quienes lo acusan por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas), al parecer, origen de la orden aprehensión que reclama, que como ya se dijo no existe. Finalmente, respecto a su manifestación en el sentido de que se le conceda ampliación del término señalado para ofrecer las garantías para conservar la suspensión provisional que le fue concedida, con copia certificada del escrito recibido en este juzgado de Distrito el veintiséis de julio pasado, con número de registro 13154, dese vista en el incidente de suspensión que se formó con motivo del presente sumario constitucional, y acuérdese lo conducente. Notifíquese por lista a la parte quejosa -en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno-, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y cúmplase.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Bryan Trujillo Sanchez1132/2022
- Buenaventura Ortiz Rosas306/2021
- Bulmaro Calderón Palestina1783/2016
- Bulmaro Contreras Perez965/2021
- Bulmaro Llanos Flores1203/2019
- Bulmaro Romualdo Adan492/2019
- CAMERINO MEDEL LAGUNES y Otros.1146/2017
- Camerino Montalvo Montiel696/2022
- Camilo Hernandez Maldonado1226/2016
- Camilo Hernandez Monterosas1159/2016
- Campesinos de San Juan Epatlan473/2015
- Candelaria Pedraza Flores737/2017