Bulmaro Llanos Flores
Expediente 1203/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Bulmaro Llanos Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el catorce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil veinte, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, del propio Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, siempre y cuando se cuente con el original. Se ordena indicar la valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable: 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla (Rosa Gisela Barranco Baños), se ordena devolver el Anexo I de pruebas, relativo a la copia certificada de diversas constancias que obran en la carpeta de ejecución 493/2016/JESI/E de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve y al tercero interesado Gabriel Valentín Hernández Lezama, por no haber señalado domicilio en San Andrés Cholula, Puebla o en la ciudad de Puebla, para recibir sus notificaciones personales como se indicó en acuerdo de quince de enero de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercero interesada: Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, así como al agente del Ministerio Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. "2020. AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JUICIO DE AMPARO: 1203/2019 OF.157-1 JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (ROSA GISELA BARRANCO BAÑOS). ADJUNTO: ANEXO I, COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA CARPETA DE EJECUCIÓN 493/2016/JESI/E DE SU ÍNDICE. OF.157-2 DILIGENCIARIO ADSCRITO A LA SALA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.157-3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (TERCERO INTERESADO). OF. 157-4 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (NO RESPONSABLE). EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1203/2019 PROMOVIDO POR BULMARO LLANOS FLORES, POR PROPIO DERECHO, SE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el catorce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil veinte, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, del propio Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, siempre y cuando se cuente con el original. Se ordena indicar la valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable: 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla (Rosa Gisela Barranco Baños), se ordena devolver el Anexo I de pruebas, relativo a la copia certificada de diversas constancias que obran en la carpeta de ejecución 493/2016/JESI/E de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve y al tercero interesado Gabriel Valentín Hernández Lezama, por no haber señalado domicilio en San Andrés Cholula, Puebla o en la ciudad de Puebla, para recibir sus notificaciones personales como se indicó en acuerdo de quince de enero de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercero interesada: Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, así como al agente del Ministerio Federal de la adscripción. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 9 DE OCTUBRE DE 2020. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DE JUZGADO
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda y escrito aclaratorio, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1203/2019-C, promovido por Bulmaro Llanos Flores, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla y otra autoridad, que se hacen consistir en: -La determinación de fecha nueve de septiembre del año en curso, en la que, la juez responsable requiriere al aquí quejoso internarse voluntariamente al Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenara su reaprehensión y se hará efectiva la garantía que exhibió para obtener su libertad provisional bajo caución, dentro de la carpeta de ejecución 493/2016/JESI/E, derivada del proceso 72/2012-II del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla; así como su notificación atribuida al Diligenciario responsable y su ejecución. CUESTIONES PRELIMINARES. Acotado lo anterior, y previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, de una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: -La determinación de fecha nueve de septiembre del año en curso, en la que, la juez responsable requiriere al aquí quejoso internarse voluntariamente al Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenara su reaprehensión y se hará efectiva la garantía que exhibió para obtener su libertad provisional bajo caución, dentro de la carpeta de ejecución 493/2016/JESI/E, derivada del proceso 72/2012-II del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla; así como su notificación atribuida al Diligenciario responsable y su ejecución. Y, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute el requerimiento de internarse voluntariamente al Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; por lo que, mientras esto último no ocurra, no deberán privar a Bulmaro Llanos Flores de su libertad personal, en virtud de la orden privativa de libertad reclamada, por quedar al respecto a disposición de este juzgado de Distrito y a la de la jueza de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento de ejecución. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, en cuyo caso, la suspensión provisional concedida, sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que quede recluido y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. La medida cautelar concedida surte efectos de inmediato, pero no los surtirá si ya se hubiese ejecutado el acto que la parte quejosa reclama, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprende en la comisión de flagrante delito; tampoco surtirá efecto alguno respecto de la ejecución de actos emitidos con posterioridad a la concesión de la medida que provisionalmente aquí se decreta. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA. A fin de que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y se presente al procedimiento respectivo para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; este órgano jurisdiccional, en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". Estima procedente fijar a la parte quejosa, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto de los actos reclamados y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." 2. Deberá otorgar caución a satisfacción de este juzgado de Distrito por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; ello, pues de resultar ciertos los actos, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido con la citada autoridad responsable ordenadora. En el entendido que de no exhibirla dentro del plazo de cinco días subsecuentes a su legal notificación, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1203/2019-C, formado con la demanda promovida por Bulmaro Llanos Flores; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida; siempre y cuando no se haya resuelto la suspensión definitiva. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión provisional concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda y escrito aclaratorio a las autoridades señaladas como responsables, y requiéraseles su informe previo, que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuye; 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrán rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, mismo número donde podrán confirmar su envió. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables, que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental; ello atendiendo a que el veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, es considerado como inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS. Se hace constar que la parte quejosa no señaló a persona alguna como autorizado dentro del presente controvertido constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA CERTIFICADA. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa razón de su recibo que se asiente en autos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a sus autos la comparecencia llevada a cabo con el quejoso Bulmaro Llanos Flores, por medio del cual, en cumplimiento a los requerimientos formulados el nueve y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7 y 9), ratifica la firma que calza y el contenido del escrito registrado con el folio 24689. Ahora bien, en atención al contenido del escrito indicado, se le tiene al quejoso manifestando, bajo protesta de decir verdad, que Valentín Hernández Lezama -aquí tercero interesado- es la parte agraviada dentro de la carpeta de ejecución 493/2016/JESI/E, derivada del proceso 72/2012-II del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla; sin embargo, ignora cuál es su domicilio para ser emplazado a juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ADMISIÓN. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Bulmaro Llanos Flores, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se remiten al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Signifíquese a las autoridades responsables que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que ante la falta del informe justificado, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación de los actos reclamados, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquélla que tenga el carácter de tercera interesada, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordene realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado y duplicado fórmese y tramítese de oficio el incidente de suspensión del acto reclamado. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, notifíquese la presentación de la demanda al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, quien tiene el carácter de autoridad tercera interesada, y quien podrá intervenir a su vez por escrito en este juicio de amparo. Por otra parte, resérvese el emplazamiento de diversa parte tercera interesada, hasta en tanto se reciba el informe justificado de la jueza responsable y se advierta la certeza del acto reclamado. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el promovente Bulmaro Llanos Flores, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 7). Sin embargo, toda vez que las firmas que aparecen en el escrito de demanda y en el diverso de cuenta a simple vista difieren notoriamente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente en relación a su contenido y requiérase al promovente para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas
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