Bufete Rosano Torres, S.C.
Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bufete Rosano Torres, S.C.
Actuaciones
- Principal
(28/02/2023).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 23/02/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora Ejecutiva Política y Relaciones Laborales en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual, exhibe diversa documental para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)(No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe."""""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta en que la Magistrada de la Ponencia Doce de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta de enero pasado, comunica el contenido del acuerdo dictado el nueve del mes y año en curso, en el juicio de nulidad IV-9112/2015 de su índice, en que se determinó tener por no cumplida a cabalidad, la sentencia definitiva de nulidad de once de junio de dos mil quince, confirmada (modificada) en resolución de nueve de diciembre de dos mil quince, en el recurso de apelación 8156/2015, y en el fallo de queja por incumplimiento de veintidós de junio de dos mil veintidós, por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 117/2022, derivado del juicio de amparo 370/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que estableció: "En ese orden de ideas, aun cuando el referido Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado procedente remitir a este Alto Tribunal el incidente respectivo, importa destacar que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: 1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe vincularse en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." De lo transcrito se observa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplir lo siguiente: 1.- En los casos en los que la autoridad vinculada al cumplimiento manifieste que se encuentra a la espera de que otra autoridad actúe, el juez de amparo deberá requerir que acredite haber solicitado la información o documentación faltante. 2.- Cuando se requiera a la autoridad superior jerárquica de las responsables, este juzgado deberá verificar si acreditó haber ejercido verdaderamente sus facultades como superior jerárquico para vencer la renuencia al cumplimiento, esto es, que impuso medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del juzgado de distrito, o bien, que solventó el punto en el que diversas autoridades se señalaban una a la otra. 3.- Al requerir el cumplimiento de la sentencia, el juez de amparo deberá identificar de manera clara a la persona que corresponde actuar, es decir, deberá expresar sus nombres. 4.- Además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar el fallo protector. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Erendira Corral Zavala, Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en su calidad de autoridad directamente obligada al acatamiento del fallo protector, para que en el término de DIEZ DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el ámbito de sus respectivas facultades, esto es, debe: cumplir lo determinado en la sentencia definitiva de nulidad de once de junio de dos mil quince, dictada en el juicio de nulidad IV 9112/2015, confirmada (modificada) en resolución de nueve de diciembre de dos mil quince, en el recurso de apelación 8156/2015, y en el fallo de queja por incumplimiento de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en dicho juicio natural, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria, Ponencia Doce del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para lo cual, se encuentra obligada a atender puntualmente las observaciones formuladas por la citada Sala de origen en el anexo al oficio de cuenta, el cual se le envía en copia simple. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Bryan Michel Cano Hernández1407/2023
- Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez1032/2021
- Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez1320/2021
- Btk Farma, S.A.P.I. de C.V.390/2022
- Btk Farma, S.A.P.I. de C.V.903/2023
- Buen Clima Realty, S.C. . .15/2010
- Bufete Rosano Torres, Sociedad Civil1140/2018
- Bufete Soni, Sociedad Civil214/2019
- Bulmaro Reyes Gutierrez1505/2023
- Buro Laboral Mexico, Sociedad Civil101/2021
- C. Dareiny Rodríguez Manso2003/2022
- C. Eliza Esemeralda Rodriguez Mejia.2004/2022