Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alcaldía de Iztapalapa
- Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se continuó con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho siguiente, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberá estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. En tales circunstancias, conviene recordar que en sentencia de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro de los autos del toca R.A. 469/2019, se??? concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: Bajo tales circunstancias al haber resultado inconstitucionales los lineamientos reclamados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo, correspondientes a los ejercicios de dos mil dieciséis a dos mil diecisiete, para que éstos sean desincorporados de la esfera jurídica de la quejosa para este caso y en el futuro. Concesión que se hace extensiva respecto del acto concreto de aplicación, consistente en los oficios 702 200/5437/18, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y 702.100/DRLP/13647/18, de quince de octubre de dos mil dieciocho,, al haberse hecho depender su inconstitucionalidad de lo alegado por la quejosa en relación con los lineamientos correspondientes a los ejercicios de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, que como ya quedó determinado, son inconstitucionales. Lo anterior, para el efecto de que el Subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos a realizar: ? Deje de aplicar a la quejosa, la porción normativa impugnada de los lineamientos correspondientes a los ejercicios de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, que establecen el cálculo del aguinaldo tomando en consideración el "salario base. ? Realice el cálculo del aguinaldo de los ejercicios de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, tomando en consideración la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable así como las compensaciones adicionales que se pagan en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. ? Pague la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. ? Remita las constancias con las que acredite tales circunstancias Ahora, por oficio registrado con número de correspondencia 3503, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que para lograr el pago que corresponde al quejoso, debían realizarse diversas gestiones, esto es:????? Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE nuevamente a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá informar pormenorizadamente en qué etapa del procedimiento referido en la reproducción que antecede, se encuentra el cumplimiento del fallo protector. No obstante lo anterior, deberá acreditar que llevó a cabo lo siguiente: 1. Emitir el pronunciamiento respectivo en el que deje de aplicar a la quejosa, la porción normativa impugnada de los lineamientos correspondientes a los ejercicios de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, que establecen el cálculo del aguinaldo tomando en consideración el "salario base. 2. Realice el cálculo del aguinaldo de los ejercicios de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, tomando en consideración la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable así como las compensaciones adicionales que se pagan en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. 3. Pague la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. 4. Remita las constancias con las que acredite tales circunstancias. En el entendido que en caso de ser omisa, se remitirán los autos inmediatamente al Tribunal Colegiado que corresponda, a fin de continuar con el procedimiento contemplado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo la imposición de las multas respectivas. Lo anterior se hace extensivo a las autoridades que, por sus atribuciones, tengan intervención en la ejecución del fallo protector, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 27/08/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda electrónica de cuenta, presentada en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, promovida por Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez, por su propio derecho, contra actos de la Alcaldía de Iztapalapa y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1032/2021-III. Con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De esta forma, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la forma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la FIREL es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se constituye en una manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Es así que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De manera que la falta de firma de la parte quejosa se traduce en la ausencia de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso, del análisis realizado a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica de Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; artículos 3°, fracciones I, II y V, y 45, del Acuerdo General 12/2020 citado, así como los artículos 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto del propio Consejo 1/2013, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual, resulta conveniente imponerse de su contenido: Ley de Amparo. Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito ... Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General 12/2020. Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. ... V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. ... Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. De ahí que ante la falta de la firma electrónica del promovente que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. En esas condiciones, es indudable que un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma de quien supuestamente lo formula, en la medida que, al no encontrarse VICTOR AGUIRRE MONTOYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 18/01/24 10:23:15 TRÁMITE firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. (Registro: 2019715, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, Materia: Común). No obstante, se impone destacar que el artículo 3° de la Ley de Amparo, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.[.] De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Extradición; 7. Desaparición forzada de personas; 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma del quejoso Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez, aunado a que evidentemente los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y por ende, necesariamente tal demanda tenía que contener la firma electrónica del enjuiciante, en términos del artículo 6°, de la ley de la materia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracciones XXIII y X, además del 6 de la Ley de Amparo, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, interpretados estos últimos a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por BRYAN RODRIGO RIVERA BERMÚDEZ, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de las subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese personalmente al quejoso Bryan Rodrigo Rivera Bermúdez, en el domicilio ubicado en calle Damasquina Manzana ciento cuarenta y nueve, lote doce, colonia Ixtlahuacán, código postal 09690, alcaldía Iztapalapa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado al quejoso mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con la forma en que la responsable dice cumplió la ejecutoria; por tanto, se procede a resolver con los datos aportados por la autoridad y las constancias de autos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2./J.26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En esa tesitura, cabe señalar que mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión R.A. 23/2021, del índice del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se confirmó la sentencia dictada en el presente juicio, que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Por lo tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado en contra de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa los dispositivos legales referidos. [.] Que, mediante oficio recibido el trece de agosto de dos mil veintiuno, registrado con el número de promoción 012811, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia de la Coordinadora Jurídica y Consultiva, quien actúa en representación del Comisionado de Autorización Sanitaria y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y del Comisionado Federal de dicha Comisión, en cumplimiento a la ejecutoria, exhibió copia certificada del oficio número CAS/DEREPSQ/14988/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, con el cual concedió la autorización al quejoso para el autoconsumo con fines jurídicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabionol, los siguientes isómeros 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9, (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido comúnmente como "marihuana", sembrar, cultivas, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). Entonces, este órgano jurisdiccional estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector, puesto exhibió copia certificada del oficio número CAS/DEREPSQ/14988/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, con el cual concedió la autorización al quejoso para el autoconsumo con fines jurídicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabionol, los siguientes isómeros 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9, (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido comúnmente como "marihuana", sembrar, cultivas, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana); por lo que, se concluye que el solicitante del amparo, ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese electrónicamente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
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