Bruno Cabrera Jimenez

Expediente 1206/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1206/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Bruno Cabrera Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. I. Causa ejecutoria. Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que la sentencia de trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa César Óscar Reyes Mora, no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Al respecto, debe señalarse que Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, autoridad no responsable pero vinculada al amparo concedido en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, tomando en cuenta que ese carácter es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en dicho numeral. En efecto, la etapa de ejecución de sentencia es posterior a la oportunidad para interponer el recurso de revisión, ya que empieza cuando la sentencia ha quedado firme, aunado a que la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. Considerar que una autoridad vinculada pueda interponer el recurso de revisión desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría, además de que se tendría que distinguir si dicho carácter lo obtuvo en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Sin embargo, su intervención en el juicio es obligatoria y así como están sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables para su cumplimiento, también están sujetas a las mismas reglas del procedimiento, el cual les permite alegar no tener la competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo o incluso una imposibilidad de cumplimiento que deben demostrar. Consecuentemente, el hecho de que la autoridad vinculada no tenga legitimación para interponer recurso de revisión no la deja en estado de indefensión, ya que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio señaladas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Requerimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la moral responsable 1. "Grúas 117", a través de quien legalmente la represente, y a Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla -autoridad no responsable pero a quien se vincula en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo-, para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, en la cual se concedió el amparo para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia, se realice lo siguiente: A. Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla -autoridad no responsable pero a quien se vincula en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo-, dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/TEHUACÁN-I/004346/2022, deberá señalar hora y fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se le requiera el cumplimiento, a efecto de que se constituya asociado del quejoso César Óscar Reyes Mora, en las instalaciones de la moral "Grúas 117". B. En la hora y fecha que para tal efecto señale el ministerio público, el representante o encargado de la moral "Grúas 117", sin mayor trámite y sin exigir el pago de concepto alguno, deberá entregar al referido quejoso (quien deberá quedar debidamente identificado) el vehículo vehículo marca Renault, línea Megane II, modelo 2005, color gris tormenta, número de serie BF1LM2HMX5R530952, número de motor C0119995, placas de circulación 362-TRP del entonces Distrito Federal; esto es, la devolución deberá realizarse sin condicionarlo a pago alguno por los servicios de grúa, arrastre y depósito vehicular o algún otro concepto, de lo que deberá elaborarse el acta circunstanciada correspondiente. En el entendido que la referida fiscal deberá notificar oportunamente al quejoso sobre la fecha que señale para tal actuación, en términos de la legislación procesal aplicable; asimismo, deberá hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tenga a su alcance para lograr la devolución aludida, en términos del artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas, la imposición de multas y el auxilio de la fuerza pública. (.)" Debe decirse que el plazo que se fija se encuentra acorde a las particularidades del asunto y a los efectos de la sentencia, de conformidad en el último párrafo del artículo 192 citado. Asimismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla a fin de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a Erika Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla -autoridad no responsable pero a quien se vincula en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo-, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector que se trata y remita a este juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todas las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Se apercibe a las citadas autoridades (incluyendo a la equiparada) que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, de forma separada, una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I, y 269 de la Ley de Amparo. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la moral responsable, a la fiscal vinculada al cumplimiento del fallo protector (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al Fiscal General del Estado de Puebla -en su carácter de superior jerárquico del fiscal requerido- y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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