Brenda Leesly Colotl Paez
Expediente 1577/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Brenda Leesly Colotl Paez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1577/2016-I-A (foja 6), el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Paulo César Falcón Gómez, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones concedidas a la titular de este órgano jurisdiccional, informada a través del oficio CCJ/ST/7992/2016 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Zeus Islas González, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Brenda Leesly Colotl Páez (fojas 1 a 4) y auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 5 a 13). Por otra parte, da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y el secretario encargado del despacho: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario encargado del despacho: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1577/2016-I-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Brenda Leesly Colotl Páez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Brenda Leesly Colotl Páez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados son los siguientes: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un juez de lo penal; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Niega 16 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Brenda Leesly Colotl Páez, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicadas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la promovente Brenda Leesly Colotl Páez, no desahogó él requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, consistente en que precisara la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como "Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla" y "C. dos policías ministeriales por parte del Ministerio Público de Cholula". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa y, se provee sobre la admisión de la demanda únicamente respecto de la autoridad restante que fue señalada como responsable, esto es, no se tienen como autoridades responsables las que fueron materia de la citada prevención. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Brenda Leesly Colotl Páez, contra actos del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercibida que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe de ley a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del treinta de diciembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley Reglamentaria, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Así mismo, resérvese de proveer lo atinente a la existencia de algún otro tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado del juez señalado como responsable. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciséis. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, pues la autoridad que fue señalada como ordenadora aún conoce del sistema penal tradicional. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 1a./J. 32/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo abrogada, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1577/2016-I-A promovido por Brenda Leesly Colotl Páez, por su propio derecho, contra actos del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a la autoridad responsable su informe previo, quien deberá rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándole para tal efecto copia autorizada de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se le impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a la autoridad responsable para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informe a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remita copia certificada de las resoluciones correspondientes. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo, se le impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo en abrogada, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución; sin embargo, tomando en consideración la naturaleza de la responsable ordenadora, se tienen como actos reclamados los siguientes: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un juez de lo penal; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra. Lo anterior, no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento de la parte impetrante del amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresamente por la parte quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la tesis de rubro siguiente: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. I. Por cuanto hace a la orden de presentación o comparecencia girada presuntamente por un Juez de lo Penal en contra de la parte quejosa y su ejecución, con fundamento en lo establecido en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público, hasta en tanto se resuelva lo atinente a la suspensión definitiva. A fin de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida en líneas precedentes, de conformidad con los artículos los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se fijan a la parte quejosa las siguientes medidas de aseguramiento: a) Comparecer ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso; b) Presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado; c) Señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizada tanto por este órgano constitucional como por las autoridades responsables ordenadoras; y, d) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir una garantía por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. Signifíquese a la parte quejosa que las obligaciones descritas en los incisos a) y b), serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se reproducen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. No obstante lo anterior, si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramiento indicadas en los incisos a) y b) antes de la celebración de la audiencia incidental, deberá acreditar su cumplimiento ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su acatamiento, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, al momento de rendir su informe previo, comunique si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramientos fijadas en los incisos a) y b) dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con las obligaciones impuestas. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de comparecencia reclamada es dictada por autoridades judiciales distintas a la aquí señalada. II. Ahora bien, por cuanto hace a la orden de aprehensión u orden de reaprehensión presuntamente giradas en contra de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto; y 138 de la Ley de la materia abrogada, se provee: 1) Si el delito por el que se dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley la parte quejosa sí tiene el derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. A fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en líneas precedentes, de conformidad con los artículos los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se fijan a la parte quejosa las siguientes medidas de aseguramiento: a) Comparecer ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, según sea el caso; b) Comparecer a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana. c) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir la garantía indicada en el inciso d) del punto anterior, esto es, una por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 94/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. Signifíquese a la parte quejosa que las obligaciones descritas en los incisos a) y b), serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se reproducen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. No obstante lo anterior, si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramiento señaladas en los incisos a) y b) antes de la celebración de la audiencia incidental, deberá acreditar su cumplimiento ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su acatamiento, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, al momento de rendir su informe previo, comunique si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramientos fijadas en los incisos a) y b) dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con las obligaciones impuestas. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 2) En otro sentido, si el delito por el que se dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que la parte quejosa al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluida, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. 3) Si el acto reclamado consiste en una orden de reaprehensión dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, la suspensión únicamente tendrá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 369/2009 de la Sala Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. En cualquiera de los supuestos, la medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas o si se sorprende a la parte inconforme en la comisión flagrante de delito. Ahora bien, atento a la caución señalada en líneas anteriores, no se inadvierte que el artículo 124 bis de la ley de Amparo abrogada también prevé que para fijarla se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: - La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa: - Las características personales y situación económica de la parte quejosa; y, - La posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto el juez de la causa, en su caso, proporcione tales datos, toda vez que existe peligro de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, pues el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. Así pues, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para fijar la garantía que en su caso proceda al momento de resolver en definitiva el presente incidente de suspensión, se provee: - Se requiere al juez responsable que haya emitido el acto reclamado, para que en el término de veinticuatro horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como sus características personales y situación económica, en caso de que tenga constancia de ello, por lo que en ese caso, deberá remitir tales constancias a este juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia abrogada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. - Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días precise, bajo protesta de decir verdad, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe y, de ser posible, robustezca su dicho con documentales idóneas. En otro aspecto, hágase saber a la parte quejosa que podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: - En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a Brenda Leesly Colotl Páez en el incidente de suspensión 1577/2016-I-A. En caso de exhibir póliza de fianza: - Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a Brenda Leesly Colotl Páez en el incidente de suspensión 1577/2016-I-A; y, - Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo abrogada, expídasele copia autorizada por duplicado del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo. No ha lugar a tener por autorizada a la profesionista que menciona la quejosa en el escrito de demanda con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditó encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, pues aunque proporciona su número de cédula, esta no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni tampoco en la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, relativa al Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; sin perjuicio de que con posterioridad pueda acreditar contar con tal calidad. En consecuencia, se tienen por autorizada en términos restringidos del ordinal referido a Sandra Gutiérrez Hernández. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Brayan Jesus Vargas Melchor402/2018
- Brayham Alexis Ruiz Martinez429/2021
- Brenda Berenice Hernandez Vargas1132/2023
- Brenda Correa Dorantes1135/2016
- Brenda Itzel Tepel Espinoza373/2019
- Brenda Ivette Torres Alvarez62/2017
- Briceyda Maria de Ita Mejia568/2022
- Briseida Cortes Carreon1299/2022
- Bruno Adrian Dominguez Gonzalez1461/2015
- Bruno Cabrera Jimenez1100/2023
- Bruno Cabrera Jimenez1206/2023
- Bruno Rosas Flores614/2017