Brisa Adriana Borrego Gallegos y Otros.
Expediente 372/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brisa Adriana Borrego Gallegos
- Brisa Adriana Borrego Gallegos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que transcribe el acuerdo dictado el veinte de los actuales, en el amparo directo 156/2020, derivado del expediente 38/2020, presentado por ********** y **********, atento a su contenido, téngasele solicitando información sobre la aceptación o no de la competencia legal declinada por ese órgano colegiado para conocer de la referida demanda de amparo. Atento a lo anterior, de autos se advierte que en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el juicio de amparo directo civil 156/2020 de su índice, este juzgado aceptó la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento, y se registró bajo el juicio de amparo 372/2020 del índice de este juzgado, además se ordenó que se comunicara al tribunal colegiado sobre la aceptación de la competencia vía interconexión; no obstante lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante se tiene a bien informar que este juzgado aceptó la competencia planteada, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponde el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio por medio del cual le fueron devueltos los autos originales correspondientes al toca **********/2020 de su índice, constante de treinta y dos (32) fojas útiles. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, se remitió el exhorto **********/2020 derivado del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, a fin de que emplazara al tercero interesado **********; asimismo, se advierte que dicha comunicación oficial no consta devuelta en autos. No obstante lo anterior, de autos se advierte que el citado tercero interesado si se apersono al juicio de amparo, es decir, si fue diligenciado el exhorto de mérito. En orden a lo anterior, se ordena dar de baja de la estadística el exhorto **********/2020, hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese y cúmplase.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el expediente original relativo al toca 38/2020 de su índice, que adjunto al rendir el informe justificado; para lo cual, se solicita a la autoridad responsable tenga a bien acusar recibo del mencionado expediente, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos Visto para resolver el juicio de amparo **********/2020-VII, promovido por **********, en representación de su menor hijo de iniciales **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad recibido el tres septiembre de dos mil veinte, en el cual remitió el juicio de amparo directo civil **********/2020 de su índice, promovido por **********, en representación de su menor hijo de iniciales **********., original del toca **********/2020 del registro de la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil **********/2018 de la estadística del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo anterior porque el citado tribunal colegiado determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de referencia y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, en turno, que resultó ser este órgano jurisdiccional. En la que, Brisa Adriana Borrego Gallegos en representación de su menor hijo de iniciales **********., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien reclamó la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en autos del toca civil **********/2020, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de objeción de documento privado, dentro del juicio ordinario civil **********/18, del índice del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de cuatro de septiembre del dos mil veinte, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo, se registró con el número **********/2020-VII y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Magistrada de la Sala Familiar Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en autos del toca civil 38/2020, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de objeción de documento privado, dentro del juicio ordinario civil **********/18, del índice del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada de la Sala Familiar Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que le atribuye la accionante del amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Corrobora lo anterior, las documentales que anexó la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, a su informe justificado consistente en los autos que integran el toca **********/2019, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones, además se observa la existencia de membrete, firmas, rubrica y sello que para el caso exige la ley, en tal virtud se tiene por acreditado el acto que se reclama. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia ochocientos catorce, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Este Juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no es de imposible reparación, como de verá enseguida. Tales preceptos, en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esto es así, pues de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas a este contradictorio federal, se advierten como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. El doce de abril de dos mil dieciocho, ********** en representación de su menor hijo de iniciales **********., promovió en la vía familiar contra el Titular del Registro Civil de la Oficialía 3007 de Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora y del aquí tercero interesado, Ramón Noriega León, reclamando la rectificación del acta de nacimiento del citado menor, registrándose con el número de expediente **********/2018, del índice del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. En lo conducente la actora, señala que por diversos motivos en el acta de nacimiento de su menor hijo se registró únicamente con el segundo nombre de siglas R., es decir: **********, pero que su hijo se identifica y es nombrado por lo compañeros y maestros de la escuela, así como por amistades, médicos y parientes con el primer nombre de siglas A, siendo su nombre correcto es **********., y solicita que se rectifique en el acta de nacimiento. La actora, aquí quejosa, adjuntó como prueba la fe de bautismo otorgada el cinco de mayo de dos mil trece, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, Arquidiócesis de Hermosillo, en la cual se advierte el nombre del menor con siglas **********., nombre de los padres (actora y demandado) y de los padrinos. 2.- El demandado, aquí tercero interesado, al contestar la citada demanda, promueve en la vía incidental falsedad y alteración de la prueba documental que ofreció la actora, consistente en la fe de bautismo de su menor hijo, porque refiere que se le agrego el primer nombre a su hijo de siglas A. Para ello, dicho demandado ofreció diversas pruebas, entre ellas, una prueba documental, consistente en copia certificada de la página del libro de actas de bautismo número 1, de la mencionada parroquia a nombre de su hijo, que aparece con el nombre de siglas R.N.B. 3.- Continuando con el trámite de la incidencia planteada, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, la juez del citado órgano jurisdiccional resolvió el incidente al tenor de los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Ha procedido la Vía Incidental. SEGUNDO.- El actor incidentista demostró los hechos constitutivos de su acción y la demandada incidental no así su excepción, en consecuencia: TERCERO.- Se declara procedente el INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO CONSISTENTE EN FE DE BAUTISMO DEL MENOR DE INICIALES (**********.) EXPEDIDA POR LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ QUE OBRA A FOJAS SIETE DE AUTOS INTERPUESTO POR EL SEÑOR (**********), EN CONTRA DE LA SEÑORA (**********) ADMITIDO POR AUTO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en consecuencia se declara la falsedad de dicho documento, por no corresponder los datos asentados en cuanto al nombre en favor de quien se expidió el mismo, con su original que obra en los libros y archivos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, con domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. CUARTO.- No se hace condena en costas." 4.- La parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación contra dicha interlocutoria. 5.- Correspondió conocer de referido medio de impugnación a la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, registrándose con el número de toca **********/2020. 6.- Seguido el trámite respectivo, el tres de marzo de dos mil veinte, la magistrada responsable al resolver la apelación confirmó la resolución incidental apelada. Del contenido en lo conducente de la citada resolución reclamada se aprecia lo siguiente: ".4. ESTUDIO DEL CASO. Previo al estudio de fondo de la presente resolución, es preciso mencionar que las constancias señaladas por la recurrente para la formación del testimonio de apelación no incluyeron el total del material probatorio aportado por las partes, es decir, no se encuentran agregadas diversas constancias valoradas por el a quo en el testimonio de apelación enviado a esta Alzada para su substanciación; sin embargo, se revisarán las mismas del expediente principal que obra en el Sistema Digital del Tribunal (INTRANET TSJ) las cuales se mencionaran en cada uno de los señalados faltantes, en el entendido que dichos documentos serán revisados por esta segunda instancia como si aparecieren en el testimonio, toda vez que en el caso concreto, no hay motivo para dejar de resolver el presente Toca con ayuda del mencionado medio digital. Establecido lo anterior, por cuestión de técnica los agravios vertidos por la recurrente serán analizados en orden distinto a lo planteado, contestando en conjunto, los que guardan relación entre ellos. Primero y Quinto. En estos puntos, la apelante se duele en esencia que no se realizó un análisis exhaustivo de la documental impugnada ofrecida por su parte, declarando la falsedad del documento sin fundar o motivar su resolución, ni manifestar el por qué es falsa o cómo es que fue alterada; además que no existe prueba válida y eficaz que haga suponer su falsedad, manifestando en su sentencia únicamente que los datos de la documental impugnada no son coincidentes con los del registro del libro original que obra en la Parroquia ya mencionada, violentando el debido proceso que establece el artículo 17 constitucional, resultando además una sentencia incongruente ya que la incidencia planteada no se trata si los datos del documento impugnado o no con los libros de la diócesis, sino ante la declaración de si es falsa o está alterada. Para dilucidar tal cuestión, es importante traer a colación los preceptos referentes a la prueba documental así como los relativos a su impugnación que establece nuestra legislación adjetiva familiar. Primeramente, el artículo 283 del Código de Procedimientos Familiares del Estado establece que se considera documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Distingue a los documentos en dos vertientes: Dentro del diverso numeral 284, da la calidad de públicos a los documentos expedidos por hombre o mujeres que sean funcionarios, servidores públicos y corredores públicos, que en ejercicio y atribución de sus funciones tiene competencia para expedirlos o certificarlos, salvo prueba en contrario. Por su parte, el 285 menciona a los documentos privados como los que no reúnen los requisitos previstos para los documentos públicos. Así, el 286 señala que el documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario. Igual regla se aplicara al documento privado cuyas firmas se encuentren autentificadas por notario o autoridad competente. Por otro lado, en cuanto a la impugnación de dichos documentos, el diverso 287 preceptúa que los demás documentos privados emanados de las partes, se tendrán por auténticos, salvo que se objeten, o se impugnen de falsedad. Para la objeción de documento, el numeral 291 estatuye que los documentos se objetaran en cuanto a su alcance y valor probatorio en la audiencia preliminar o incidental, después de que fueren admitidos. Por su parte, el 292 refiere que la parte que impugne de falsedad material de un documento, lo hará en vía incidental con vista al ministerio público. El subsecuente 293 ordena que los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente. Así, el 294 prevé que en los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericial caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o cualquier otro medio de prueba. El diverso 295 considera indubitados para el cotejo: I. Los documentos que las partes reconozcan como propios, de común acuerdo; II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida por aquel a quien se atribuya la dudosa; III. Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuya la dudosa; IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique; V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia de la secretaría judicial por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar; VI. Cualquier otro documento público que sea de fecha anterior al impugnado." En otro orden de ideas, el precepto 300 señala que los documentos existentes en el Distrito Judicial distinto a aquel en que se siga el juicio, se compulsaran en virtud del exhorto o despacho que dirija la autoridad jurisdiccional de los autos, al del lugar en que aquellos se encuentran. El 301 marca que los documentos privados se presentaran originales, y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. Por su parte, el 302 apunta que si el documento se encuentra en libros o archivos de alguna negociación comercial o industrial, quien pida el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál es, y la copia se tomará en el propio establecimiento por el funcionario que designe la autoridad jurisdiccional, sin que los representantes de este queden obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas, sino únicamente las partidas o documentos designados. Si hubiera que darse fe de documentos que se encuentren en poder de las partes, o de un tercero en establecimientos distintos a los señalados en el párrafo que antecede, se exhibirán previa citación que se les haga para ese efecto, dejando copia certificada en los autos de lo que señale la parte interesada. El 303 indica que solo puede reconocer un documento privado quien lo firma, quien lo manda extender, quien sea legítimo representante de ellos o la persona apoderada con poder o cláusula especial. Por último, el 304, determina que se podrá pedir el cotejo de firmas o letras, siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento público que carezca de matriz. La persona que pida el cotejo, designará el documento o documentos indubitados con que deba hacerse. De los anteriores preceptos legales se obtiene que existen dos hipótesis en las que las partes pueden objetar un documento, a saber, la objeción y la impugnación de falsedad, las cuales son instituciones diferentes, en razón, al caso concreto, a su naturaleza y finalidad. La objeción es el medio dado por la ley para evitar que se produzca el reconocimiento tácito del documento privado y para conseguir de esa manera, que el valor probatorio del propio instrumento permanezca incompleto, y deriva de la simple manifestación de la parte que objeta el documento en cuanto a su alcance y valor probatorio, como se señaló en el artículo 291 de la codificación antes señalada, para que en su momento procesal oportuno (estudio de fondo de la sentencia definitiva correspondiente). En cambio, la impugnación de falsedad, constituye un acto jurídico distinto que opera en diferentes circunstancias a las de la objeción de un documento privado, puesto que esta impugnación se ejercita para evidenciar la falsedad de un documento, ya sea público o privado como se plasmó dentro del precepto 292 del mismo ordenamiento legal, y que tendrá cabida mediante incidencia planteada para su declaración en sentencia interlocutoria. La diferencia radica en que, la objeción es un acto jurídico, esto es, una expresión de voluntad tendente a poner de manifiesto, que quien la produce no está dispuesto a someterse al documento privado contra el cual se formula ni a pasar por él. Por cuanto hace a la imputación de falsedad solo se busca no incurrir en la impasibilidad para que un documento privado no quede perfeccionado, en la impugnación de falsedad, la voluntad está encaminada a privar de efectos al documento que, por alguna razón, ya tiene pleno valor probatorio. La finalidad de la objeción consiste en evitar que se produzca el reconocimiento tácito, con lo cual se logra que el valor probatorio del documento privado permanezca imperfecto, es decir, evita completar una prueba que por sí misma es imperfecta. En cambio, en la impugnación de falsedad, el presupuesto consiste en que uno de los contendientes aporte un documento público al juicio, o bien, uno privado, pero perfeccionado, por ejemplo, porque el oferente ya ha obtenido su perfeccionamiento con algún medio previsto por la ley, como sería el reconocimiento expreso de la firma, es decir, pretende disminuir o anular esos efectos probatorios plenos. Apoya a lo anterior la tesis siguiente "DOCUMENTOS. OBJECIÓN E IMPUGNACIÓN DE FALSEDAD. DIFERENCIAS." Ahora bien, respecto a la impugnación de falsedad de un documento, es preciso mencionar que se puede determinar por la alteración o modificación notoria de los datos asentados en el mismo, o bien, por no coincidir con su original aspectos distintos para determinar la falsedad pero encaminados a la misma finalidad que es, como ya se dijo, disminuir o anular esos efectos probatorios, y que indistintamente se podrá determinar con el cotejo de firmas o letras, siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento público que carezca de matriz, como lo estatuye el numeral 304 mencionado. Establecido lo anterior, se hace notar que en el escrito inicial incidental (**********) impugnó la fe de bautismo ofrecida por la hoy recurrente a nombre del menor de iniciales (**********.), basándose en que la misma resulta falsa y alterada "al agregársele el nombre de (**********.) cuando en los documentos originales y registro que obran en los archivos de la (Parroquia de Nuestra Señora de la Paz de la Arquidiócesis de Hermosillo, Sonora, lugar donde fue bautizado, aparece como nombre nuestro menor hijo únicamente como **********.), lo cual resulta una alteración que provoca la falsedad de la documental materia de esta objeción. De lo que se advierte que la incidencia planteada no es precisa en cuanto a la alteración del documento por parte de la oferente, sino por coincidir con su original, en el caso concreto, con el registro de bautismo del menor involucrado (libro de actas de bautismo, de conformidad con el artículo 301 del Código de Procedimiento Familiares del Estado). En tales condiciones, para perfeccionar el documento impugnado es necesario su cotejo con su matriz, como lo establece el numeral 304 anteriormente plasmado, pues éste se basa en la comparación y examen de dos cosas para apreciar sus semejanzas y diferencias, en el caso la confrontación de dos documentos, el impugnado y su matriz, lo que deviene indudable que para llevar a cabo el mismo, es necesario el análisis de ambos documentos. Así, se advierte que la fe del bautismo impugnada fue confrontada con el libro original de registro de bautismo, mediante la inspección judicial ofrecida por el actor incidentista, llevada a cabo en los libros y archivos de la (Parroquia de Nuestra Señora de la Paz), practicada mediante exhorto girado a Juez Familiar en Turno de Hermosillo, Sonora, por actuario adscrito a ese tribunal, con lo que se tuvo por acreditado según los datos asentados en el mismo que "A) se trata de un Libro marcado con el número uno, en original que consta de 350, en cuando al inciso b) hace constar y da fe, que el mismo inicio el día (13 de septiembre del año dos mil nueve, y termino el día 30 de julio del dos mil dieciséis), en cuanto al inciso C) hace constar y da fe que dicho libro marcado con el número uno, original de registro de actas de bautismo, en la foja numeral 140, se encuentra registro de bautismo con número 280 de fecha 05 mayo 2013, los padrinos (**********) y padres (**********) y (**********) quienes pusieron por nombre (R) haciendo constar dicho funcionario que en dicho acto celebró bautizo solamente el Pbro. (**********.) finalmente asienta dicho funcionario que hace contar y da fe que en uso de la voz al Pbro (**********) manifiesta que para asentar la partida de bautismo se necesita presentar el acta de nacimiento, obrando firmada dicha actuación judicial por el actuario notificador que la realizó y quien se encuentra investido de fe pública el Licenciado **********." Lo que llevó al a quo a concluir que la documental impugnada era falsa, por no corresponder los datos asentados en ella, en cuanto al nombre en favor de quien se expidió el mismo, con su original que obra en los libros y archivos de la Parroquia multicitada en la presente resolución, realizando un análisis de la constancia de fe de bautismo que la apelante aportó, del que sobrevino su inconsistencia con la matriz en cuanto a los datos asentados en la misma. De ahí que si al confrontar el documento impugnado con la matriz que obra en el libro de registro de bautismo de la Parroquia, se advierte la falta de semejanza en el nombre del menor bautizado, sin que se requiera de la concatenación de mayores elementos de convicción, es dable determinar ineficacia como elemento probatorio, pues el mismo no quedó debidamente perfeccionado. Aprovechando la anterior línea argumentativa, es prudente dar contestación al Sexto agravio esgrimido por la recurrente en el que señala que era necesario que se determinara por un perito en grafoscopía y documentos copia, en qué consiste la alteración de la documental impugnada, sin que sea dable determinar que es falsa con la simple observación o inspección de libros. Al respecto, es importante recalcar que la materia de la incidencia planteada, no es cuanto a alteración del documento impugnado en sí mismo, sino que su cuestionabilidad deriva de la falta de coincidencia con su archivo original; por ello, la prueba idónea para verificar dicha situación en el caso concreto es el cotejo o compulsa de los documentos, mediante la inspección judicial, conforme el numeral 304 del ordenamiento procesal familiar. Por lo anterior, no existe necesidad de que se señale en donde está la alteración del documento impugnado, sino que únicamente es preciso que se practique el cotejo con su original para poder determinar su autenticidad. En el caso concreto, basta comparar la fe de bautismo expedida a nombre de (**********) ofrecida por la hoy apelante en su escrito inicial de demanda, con el libro de registro de bautismo que obra en la (Parroquia de Nuestra Señora de la Paz de la Arquidiócesis de Hermosillo, Sonora). En tales condiciones, resulta ocioso analizar el restante material probatorio aportado por las partes, dado que, como ha quedado expuesto, la ley procesal especifica claramente los elementos con los que se perfecciona un documento público o privado, según tenga matriz o carezca de ella. Por tal motivo, es intrascendente estudiar los agravios relacionados con esas diversas probanzas. Así, resulta inoperante el motivo de inconformidad esgrimido en relación con la certificación de la fe de bautismo ofrecida por su contraparte, expedida por Notario Público, toda vez que con independencia del valor probatorio que se le hubiera otorgado, la prueba esencial en la que se apoyó el sentido de la resolución fue la inspección practicada sobre el libro de registro de bautismos. Efectivamente, en el caso concreto, basta con el cotejo del documento impugnado con el registro original de bautismos para poder determinar que la incidencia planteada es procedente, en virtud de la inspección judicial que equivale al cotejo y compulsa de documento, resultando con ella suficiente por ser idónea para el esclarecimiento de la verdad en cuanto a los datos con que fue bautizado el menor involucrado, hijo de los contendientes, como se ha señalado con anterioridad con sustento en lo establecido por el artículo 304 del Código Procedimental de la Materia. En otro orden de cosas, esgrime la apelante que la documental impugnada aportada por su parte, es primera en tiempo y por tanto es la que debe ser valorada como legalmente expedida, pues quien es primero en tiempo es primero en derecho, y que la que ella aportó se la expidieron primero desde el momento de llevado el bautismo sin que le hubieran pedido acta de nacimiento alguna. Contrario a lo manifestado por la recurrente, la fe de bautismo ofrecida por su parte si bien fue presentada primero desde su escrito inicial de demanda, antes que la presentada por la de su contraparte, no menos cierto es que ambas documentales privadas, con excepción del nombre del menor bautizado, cuentan con los mismos datos de registro, por lo que no es dable afirmar cuál fue expedida primeramente por la Parroquia, pues en las mismas no aparece la fecha de expedición, únicamente fecha de bautismo (cinco de mayo de 2013), lo que lleva a colegir que ambas son de la misma fecha. De lo anterior, sin que se advierte que la hoy recurrente haya presentado diverso medio de convicción para en su caso, esclarecer cuál de las dos fue la que se entregó primero, es decir, alguna testimonial o declaración para el efecto. Por otra parte, es prudente hacer saber que el hecho de que se haya desvirtuado la autenticidad de la documental aportada por la recurrente, por no coincidir con los datos asentados en el libro de registro del que proviene, no tiene el alcance de imputar su confección a la oferente de la prueba, persona o establecimiento alguno, toda vez que no hay certeza del por qué su expedición o modificación, como de donde surgió la misma; por tanto, la declaración de falsedad en la presente incidencia, se limita a la valoración de la misma como elemento probatorio allegado al sumario, sin que sea dable presumir por quien fue transformada o desde cuándo, lo único cierto es que la misma no cuenta con los mismos datos de su original, sin la necesidad del señalamiento de culpabilidad de persona alguna al respecto. Por otra parte, no se deja a un lado que de la impugnación por falsedad de un documento en vía incidental, no precisamente concluye con la prueba en comento, sino que al declararla falsa, la misma no cuenta con el valor probatorio que en el procedimiento de origen se le pretenda dar, sin que corresponda a una cuestión de nulidad absoluta del documento o bien del acto llevado y asentado en el mismo, puesto que para que sea declarado nulo, es pertinente ejercer la acción correspondiente de nulidad de documento con el objeto de que el mismo deje de existir la vida jurídica como tal, y no para realizar declaración de nulidad del acto que conlleva el documento impugnado. Sirve de ejemplo la tesis aplicada por analogía siguiente "Época: Novena Época. Registro 177286. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005. Materia Común: Tesis I9o.C.33 K. Página 1476.- INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTO. EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA JURÍDICA O VALIDEZ DEL ACTO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO IMPUGNADO. De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Amparo, es dable que las partes objeten un documento de falso en el juicio de garantías, y si bien, en términos generales, la falsedad puede comprender la intención de los contratantes, en la medida de que éstos se apartan de la realidad, no es dable que el Juez de Distrito se pronuncie en ese sentido, pues el artículo citado lo constriñe a examinar y pronunciarse sólo respecto a la autenticidad del documento, para lo cual el objetante está obligado a demostrar que el documento mismo es falso, es decir, que en su caso fue suscrito por persona distinta a quien se dice que lo otorgó, o que los sellos que contiene no son auténticos o, incluso, que el papel utilizado para su elaboración, no lo es, etcétera. Lo anterior, porque la finalidad del incidente es desvirtuar la autenticidad de la prueba documental ofrecida por alguna de las partes, y si bien es cierto que probados esos extremos en el juicio de amparo es dable dejar de conferirle valor probatorio al documento, y con ello dejar de tomar en cuenta el acto jurídico que contiene, tal pronunciamiento no puede comprender los aspectos referentes a la existencia o validez del referido acto. 5. SENTIDO DEL FALLO Por las consideraciones que preceden, se impone confirmar la resolución apelada. 6. COSTAS Sin que haya lugar efectuar especial condena en costas en esta segunda instancia, al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 130 del Código de Procedimientos Familiares. Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: 7. RESOLUTIVOS. PRMERO. Se confirma la resolución interlocutoria apelada. SEGUNDO. No se hace especial condena de costas. NOTIFIQUESE." Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Lo reseñado pone de manifiesto que, la parte quejosa reclama, la resolución emitida el tres de marzo de dos mil veinte, en el toca **********/2020, en la que confirmó la interlocutoria de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitida en la vía incidental dentro del juicio ordinario familiar número **********/2018. Cuestión que no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el hecho de que la Magistrada responsable haya confirmado la resolución donde se declaró procedente el incidente de objeción de documento privado, consistente en un acta de fe de bautismo, resulta insuficiente para que deba ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera directa e inmediata, afectación a derecho sustantivo alguno contenidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales, como lo sería, la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, ni de su decisión depende la suerte de todo el juicio natural. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, y en caso contrario, aún puede remediarse mediante los recursos correspondientes o en su defecto con el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de Amparo; lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Por tanto, no se justifica la procedencia del juicio de amparo contra la sentencia de segunda instancia que confirma el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de objeción de documento privado, dentro del juicio ordinario civil 381/18, del índice del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; pues aún puede obtener una sentencia favorable al resolverse el fondo del asunto, y puede ofrecer diversos medios de convicción. De ahí que, como se indicó, la resolución que confirma el incidente de objeción de un documento privado, consistente en el acta fe de bautismo, en el caso únicamente genera una violación de derechos que ocasionan efectos formales o intraprocesales, los cuales no producen efectos de imposible reparación. Esto es así, pues no por el sólo hecho de que el único medio de impugnación que se pueda hacer valer en contra de un acto de autoridad, sea el amparo indirecto, significa que éste sea procedente, pues para ello es menester que dichos actos constituyan el carácter de irreparables, hipótesis que no se surte en el presente caso, en el que tal como se señaló, la resolución impugnada únicamente produce efectos intraprocesales, sin que de manera alguna se transgreda en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales tutelados por nuestra Carta Magna. En este contexto, dado que en el presente asunto se actualizó la invocada causa de improcedencia y se decretó el sobreseimiento, no es posible analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues ello constituye el problema de fondo y aquella es de estudio preferente. Como sustento legal a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de garantías promovido por **********, en representación de su menor hijo de iniciales **********., por los motivos y fundamentos especificados en el considerando cuarto del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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