Brian Omar Belmontes González

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Brian Omar Belmontes González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de junio dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente y el incidente de suspensión son conservables, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, incisos a) y b), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el presente expediente y el incidente de suspensión deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 226/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 226/2023-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común, y en este juzgado el veintisiete de febrero siguiente, el licenciado *******, defensor público de *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 19 y 20, Apartado A) fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, previa su ratificación, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 171, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el doce de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal *******. Documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el propio Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, acompañado de su defensor público penal, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia inicial, celebrada el siete de febrero de dos mil veintitrés, el imputado asistido de su defensor público, previo el conocimiento de su derecho a declarar o guardar silencio, se reservó su derecho a declarar en torno a los hechos que se imputan; y en la continuación de la audiencia inicial, verificada el doce de febrero de dos mil veintitrés, emitió declaración al respecto. III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Precisado lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, encuadró la conducta a lo previsto por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece lo siguiente: Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años y de seiscientos a mil días multa. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. En la especie, el juez responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en base a los datos de prueba siguientes: Denuncia realizada por *******, madre de la víctima, quien señaló que el día diecinueve de enero de dos mil veintitrés, cuando llegó a su domicilio su hija se encontraba llorando y le platicó que el quince de octubre ella se encontraba con unos amigos en *******, en esta ciudad y que un muchacho de nombre ******* le dijo que la acompañara a su casa, que ella accedió ya que quería ir al baño, que se dirigieron al domicilio que se encuentra en el fraccionamiento ******* y que ella entró al baño, pero que al salir ******* la tomó de la cintura con mucha fuerza y la siguió a la cocina, que después la abrazó con mucha fuerza y la cargó para llevarla a la habitación de ******* y una vez ahí comenzó a subir su falda al pecho y a *******, que ******* empezó a bajarse su ******* y en repetidas ocasiones metió su *******, que ella intentó quitárselo de encima pero que él le decía que no ******* que no le estaba haciendo nada, que ella le tenía mucho miedo, que no encontraba la manera de irse ya que ******* se ponía muy agresivo, la agarraba fuerte y feo porque ella no accedía, que dejó de hacerlo hasta cuando ella le dijo que su madre iba a llegar. Comparecencia de la adolescente víctima de iniciales ******* de ******* años de edad quien acompañada de su madre ante el Ministerio Público narró que el quince de octubre del dos mil veintidós, aproximadamente a las siete de la tarde, estaba con sus amigos, entre ellos *******, en el fraccionamiento *******, que ******* le preguntó que si lo acompañaba a su casa, ella le dijo que sí, para que le prestara el baño, llegando a su casa entró al baño y salió a lavarse las manos, ******* llegó por atrás y la tomó de la cintura con mucha fuerza, que ella le dijo que se quitara porque iba a la cocina a lavarse las manos, pero ese lavamanos refiere que no servía, por lo que se regresó al lavamanos del baño pero ******* la agarró con mucha fuerza, la cargó para llevarla a su habitación, ******* empezó a ponerse agresivo, ella se quería salir de la habitación y él la jalaba del brazo, ella traía puesta una falda y ******* le subió la falda hasta el pecho mientras le *******, que empezó a bajarse la *******, que ella le dijo en repetidas ocasiones que no quería, pero la ignoraba, le besaba la boca y empezó a meter su ******* en repetidas ocasiones, sin su consentimiento, ******* le dijo no *******, *******, intentó quitárselo de encima pero éste dejó de hacerlo hasta que le dijo -párate porque mi mamá ya va a llegar-. parte informativo de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, elaborado por *******, Agente Estatal de Investigación, que contiene la entrevista realizada tanto a la víctima *******, como a *******, madre de la víctima. serie fotográfica que consta de cuatro tomas del lugar los hechos señalados por la víctima, ubicado en *******, de esta ciudad. dictamen de veinte de enero de dos mil veintitrés, realizado a la víctima por la perito en psicología *******, en el que concluyó que la examinada al momento de la revisión, presentó una alteración emocional grave y recomendó cincuenta y cinco sesiones de terapia psicológica. informe de agresión sexual de veinte de enero de dos mil veintitrés, realizado a la víctima por la doctora *******, quien posterior a examinar clínicamente a la menor concluyó que al momento de la revisión ginecológica mostró hallazgos de desgarros antiguos, no recientes, completos, y que en la cavidad proctológica no había huella de hallazgos antiguos ni recientes. Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 259, 260, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró de manera libre y lógica, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito de VIOLACION, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la victima de iniciales *******, por hechos ocurridos el día quince de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las diecinueve horas en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Ahora, no se soslaya que dentro de la solicitada duplicidad del término constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa aportó los medios de prueba siguientes: Declaración de *******, en la cual mencionó que el quince de octubre de dos mil veintidós, vio a la víctima aproximadamente entre las siete y ocho de la noche, que se encontraba jugando basquetbol, en compañía de ******* que él consume marihuana y que la víctima ******* también fumaba marihuana, que esto fue antes de jugar, que no estaba en ese momento la víctima, que llegó cuando ya casi terminaba, que fumaron marihuana después del juego, que fueron posteriormente por unas hamburguesas, que se quedaron él y la víctima ******* que ella dice que lo acompañó a su casa que esta como a unos treinta o veinticinco minutos, que él tuvo relaciones sexuales con la víctima, que estuvieron de acuerdo en tener esas relaciones sexuales que después de tener esas relaciones sexuales regresaron al parque y ya estaban ahí ******* y *******, que después se va la víctima y se fue con ******* y ******* a su casa que se despide de beso en el cachete, que posteriormente menciona que la volvió a ver a ella de forma normal pero que ya no tuvieron relaciones que se mensajearon al día siguiente y que tiene ese registro de esas conversaciones. Asimismo, el imputado en audiencia dio una explicación y a través de imágenes, e introdujo a la audiencia fotografías de una conversación en de la cual se extrae una fotografía de una hierba verde, menciona también que esa mensajería es por vía -Messenger-, y a decir del imputado es de la víctima y él, menciona también en esa mensajería de lo que interesa se menciona -mañana vamos a ir al parque acuérdate mañana voy y el viernes para que me recibas- en el quince de octubre de dos mil veintidós, aparece que el imputado escribe -Holi jajaja- que la víctima le responde -¿Qué andas haciendo?- -Nada acostado y prestando para darme un gallo ¿y tu?- le refiere la víctima que -que a gusto- le dice el imputado -Caile- ella le responde -es muy temprano- el imputado menciona -bueno más tarde- a las 6:52 le pone el imputado ¿vas a caer, no verdad? ella responde a las 7:22 del mismo de octubre de ese año, -simón, ahorita caigo, aguanta-, menciona también entre otras cosas -aquí estoy afuera- menciona a decir del imputado que se refería al parque. A lo que interesa que el mismo quince de octubre de dos mil veintidós a las 11:12 minutos de la noche había unas capturas en donde ellas las manda y le dice -órale- y él le responde -mamadas- y ella le responde -simón ya te dije- ella le pone -ya te dije de la pastilla- y él le responde -simón ya me dijiste- y ella le responde -arre-. El dieciséis de octubre de los mensajes más relevantes que se expusieron ella menciona -se me madreo el celular- -que si estaba despierto- él le responde -me acabo de levantar que, que tiene- ella le contesta -no nada deja como- y le vuelve a poner -ya te dije de la pastilla compra esa madre mejor- es lo que ella al parecer, en este mensaje le contesta, menciona también el imputado que es esa misma fecha dieciséis de octubre a las 10:26 AM se establece un mensaje en donde le pone la víctima -pelón y orejón- y él le pone -pelón querida- ella le pone -ándale, síguele- y establece el imputado, hay un mensaje del imputado en donde le pone -ven bésame mejor- ella le responde -voy-, el imputado le responde -no te creas porque me enculo- ella le responde o le contesta -te despides de beso en el cachete después de acá- y él le responde -perdón jajaja es que estoy bien wey-, a las 12 horas con 34 minutos PM del día dieciséis la víctima menciona -despedida de cogidita que lindo, que amable- y él a las 2:03 de esa misma fecha le responde -de nada lindota para eso estamos- a las 6:48 del 16 de octubre le pone -si- el imputado y ella le responde -Que andas haciendo- el imputado le responde -ven, pues estoy solo en la casa- ella le responde -no puedo quemar, me tome la pastilla por si las dudas- indica también ella que -el líquido preseminal también tiene mecos mensote, ósea se sintió bien vergas pero- es lo que se establece en ese mensaje -y que si fumas no te hace efecto el medicamento- y el imputado le responde -pero cáele a ver videos, estoy solo y aburrido ósea de compas en buen pedo no quiero culear- y ella le responde -ándale pues-, menciona el imputado también que continua platicando con la víctima los días siguientes y menciona que también se volvieron a ver, que tienen amigos en común y también se advirtió mediante los mensajes de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, en donde el imputado le dice que lo operaron y por último los mensajes finales establecidos el día cuatro de enero de dos mil veintitrés en donde el imputado a las 4:24 le pone -que se hace- ella le responde -beber yo digo- . Declaración de *******, hermana del imputado, quien declaró sobre unas conversaciones que obtuvo del perfil de su hermano con la víctima, que ella fue quien encontró el teléfono y que con el chip pudo recuperar éstas, que leyó los mensajes, que hay conversaciones que inician de octubre a enero, mencionó que el día quince de octubre donde ocurrió la supuesta violación, así lo menciono, que en esta conversación ella advierte que son del día quince de octubre y que el día dieciséis de octubre ella advirtió que había comprado una pastilla del día siguiente, que su hermano le dijo que fuera a su casa a fumar pero que ella no podía por las pastillas, que eso es lo que ella advirtió de esos mensajes, que ella le tomó las capturas y se las pone a la vista reconociendo esos mensajes que obtuvo de la plataforma de Facebook de parte de su hermano. Testimonial de *******, menor de edad, quien refirió que sabe que su amigo el imputado está acusado de violación en contra de su amiga, porque lo vio en las noticias, que eran parte de un grupo, que los hechos ocurrieron el día quince de octubre, que vio a la víctima y al imputado y a los del grupo que estaban en el parque jugando basquetbol, que fumaron marihuana, que el acusado estaba jugando también basquetbol que la víctima no jugó, que llegó tarde, que empezaron de las 5:30 a 6:00 a jugar, que la víctima llegó tarde y venía algo tomada, después dice que se dirigieron a comprar comida que primero se sentaron, que fueron a comprar unas hamburguesas entre él, ******* y *******, y que la víctima y el imputado estaban en una banquita en el parque, menciona también que la víctima le dijo que iban por una pipa a la casa del culpable, así lo dijo, que como los 10 minutos él se va y ******* y ******* se quedan en el puesto, que él ya no estaba cuando regreso la víctima y el imputado y a los días siguientes se seguían juntando todos, y que el trato entre ellos era el mismo, mencionó también a preguntas del Ministerio Público, que la hora del juego fue entre 5:30 a 6:00 y que la víctima llego como a las 8:00 o 9:00 de la noche, ella le dijo que llegó tomada, que él conoce bien a la víctima y que percibió que estaba tomada que olía a alcohol, que ella llego sola, que no recuerda la hora que era cuando fueron a las hamburguesas, pero que fue maso menos media hora o una hora después de que llego la víctima ahí al lugar y que ya posteriormente la víctima y el imputado se retiran al domicilio del acusado que es la calle *******, de esta ciudad, que él se retiró como a los diez minutos de que ellos se fueron. Testimonial de *******, quien expuso que el quince de octubre estaban jugando, que todavía no llegaba la víctima, que la víctima llegó posteriormente, que fumaron marihuana, que estaba entre ellos, así lo menciono, *******, *******, el demandado (así lo dijo), que la víctima consumió marihuana ese día, que antes de jugar estaban *******, el demandado, la víctima llegó entre 08:00 y 9:00 aproximadamente, que llego después de jugar, que la víctima, *******, *******, y el imputado fumaron marihuana y después de eso compraron hamburguesas él, ******* y *******, que la víctima y el imputado estaban en el parque platicando, la víctima y el demandado pasaron por el puesto y les dicen que van a la casa del demandado por una pipa, que se quedan *******, *******, y él, que regresan como media hora o una hora después la víctima y el imputado y solo estaban *******, y él, dice que ******* se había ido con su pareja y cuando ellos regresan seguían normales, seguían platicando la víctima y el imputado, que la víctima se veía normal nada fuera de lo ordinario que no se veía exaltada ni nada y que ellos llevaron a la víctima a su casa porque vivía lejos, que se vieron muchas veces después del día quince y que en noviembre se separaron porque tuvieron problemas por una de las relaciones del imputado de nombre *******. Medios de prueba respecto los cuales el juez de origen consideró que en esa etapa procesal, no eran suficientes para desvirtuar el dicho de la víctima, ya que hasta ese momento no se advertía que existiera un mensaje donde la víctima manifestara textualmente que la relación sexual había sido de manera voluntaria. Asimismo, señaló el juez responsable, que lo relativo a la compra de pastillas, que a decir del imputado son pastillas -del día después- y que por si las dudas se las tomó, no fueron determinantes para inferir por ese solo hecho que la víctima prestó su consentimiento, y que en relación a la manifestación de la despedida en el cachete como lo refiere la víctima y la circunstancia de que en los días posteriores se siguieron hablando (activo y pasivo), consideró que cada persona reacciona de manera diferente, y que el hecho de que continuaran hablando, no implicaba que no hubiese ocurrido el acto sexual, que eso no era suficiente para no creer en sus manifestaciones. Insistiendo el juez de origen que cada persona reacciona ante una situación de forma diferente, reiterando que hasta ese momento no quedaba demostrado que la víctima tuviera algún motivo para mentir, máxime que no se aportó un dato de prueba que indica que la víctima tuviera la intención de perjudicar al hoy imputado, o que tuviera algún motivo para poder hacerlo. Reiterando el juez de la causa, que la etapa procesal en la cual se encontraban, el estándar probatorio era relativamente bajo, en el cual únicamente se deben aportar datos de prueba y que a su vez de forma razonada se pueda advertir que el hecho acaeció en la forma que lo explicó la víctima, lo cual a juicio de quien resolvió hasta ese momento no tenía datos para poder advertir que la víctima estaba mintiendo y quería perjudicar al imputado, dado que hasta ese momento no se advirtió ese extremo. Añadiendo que los mensajes por si solos, no eran suficientes para desvirtuar el dicho de la víctima; y que si bien eran contra indicios, la defensa podría hacerlos valer en otra etapa procesal, pero que hasta ese momento procesal bastaba con los datos que razonablemente presumían que el hecho acaeció, lo cual a juicio de ese resolutor, no encontró que la víctima se estuviera conduciendo con mendacidad para involucrar o incriminar falsamente al hoy imputado. Asimismo, en relación a la declaración de los adolescentes ******* y *******, el juez de origen expuso que eran eficaces para acreditar que estuvieron con la víctima y el imputado antes y posteriormente al hecho; pero no estuvieron presentes en el momento de la ejecución de la conducta antijurídica, es decir, que les constaban únicamente las circunstancias anteriores y posteriores al hecho delictivo, puesto que a los únicos que les constaba esto eran al imputado y a la víctima; y que hasta ese momento, no se había demostrado que la víctima estuviera mintiendo; considerando el juez de origen, que con todos estos datos de prueba, se acreditaba de forma indiciaria el hecho materia de la formulación de la imputación. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de VIOLACION, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó el juez responsable, debido a que existen datos que por ahora, permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, estimando lo siguiente: . En otro orden de ideasen cuanto a la probabilidad de que *******, desplego el hecho que la Ley Penal lo señala como el delito de violación, delito que hoy nos ocupa considera este resolutor que de los mismos antecedentes de investigación en estudio se ha precisado y valorados en los considerandos anteriores se advierte que también se encuentra por demostrada a manera probable toda vez que pues obra el señalamiento directo que hace en su contra la adolescente de iniciales *******, al referir que fue el señor aquí presente joven *******, quien lo cometió en su persona al referir pues de que el y no diversa persona que una vez saliendo del baño la tomo del brazo para posteriormente seguirla y cargarla y llevarla hacia su habitación y una vez ahí pues subirle la falda para penetrarla en diversas ocasiones sin su consentimiento, de manera pues que dicho señalamiento a mi ver, de suma importancia toda vez que hasta este momento procesal pues no titubea en indicar que fue *******, que en la fecha acreditada le impuso la copula sin su consentimiento a través de la violencia física y moral al jalarla de los brazos y decirle que era una pendeja en virtud de ello pues tomando en cuanto que la víctima lo conoce ya que son amigos encontramos que esto pues aporto una imputación contundente y directa sin necesidad de recurrir incluso a algún tipo de reconocimiento de persona, ya que queda patente la identidad del autor porque lo conoce y sin temor de equivocarse lo identifica como la persona que le impuso la copula que resulta ser su amigo, imputación que sostiene de manera directa precisa y coincidente ante las autoridades y personas diferentes con las cuales intervinieron como lo fue el ministerio público, perito en medicina legal, psicología, así como la policía ministerial estando pues su dicho en este caso saturada de detalles respecto de las acciones que le reprocha el sujeto activo sin soslayar que este resolutor como ya se ha dicho estima poco creíble pues que le haya realizado una imputación tan grave como lo hizo sin ser cierta, pues hasta este momento pues no se le puede tachar de mendaz al no existir datos que de forma contundente hagan suponer que haya sido aleccionada o bien que pretenda incriminar falsamente al hoy imputado máxime que se concatena pues lo dicho por su madre la señora *******, y con los adolescentes ******* y *******, los cuales pues redactaron circunstancias de tiempo, lugar, en el cual se llevó a cabo el evento delictivo y que coinciden precisamente con lo apuntado por la victima ya antes referida, además el dicho de la víctima como ya lo dijimos pues no es aislado, se cuenta con el informe de agresión sexual realizado por ******* quien concluyo que pues efectivamente al momento de la revisión ginecológica muestra hallazgos de desgarros antiguos y no recientes, por todo ello este resolutor considera que con estos antecedentes ya expuestos para el agente del Ministerio Publico reseñados y valorados jurídicamente se demostró la probabilidad del señor, del joven *******, como auto material en términos del artículo 21 fracción I, título de dolo en términos del artículo 18 fracción I, al cual es de proceder al hecho que la Ley señala como delito de violación previsto y sancionado en el artículo 271 del Código Penal del Estado de Chihuahua, esto cometido en perjuicio de la adolescente de iniciales *******, por ser probable responsable de haberlos cometido ese día 15 de octubre del año 2022 a las 19:00 horas en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, . Por tanto, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer, por ahora, que existe la probabilidad de que *******, fue la persona que el día quince de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las diecisiete horas en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, por medio de la violencia física y psicológica realizó cópula vía vaginal con la adolecente de iniciales *******. Por su parte, la parte quejosa al esgrimir sus conceptos de violación refiere lo siguiente: Que la autoridad responsable al dictar la resolución que se reclama violentó las garantías judiciales contenidas en los artículos 14, 19 y 20 apartado a) fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no atender las formalidades esenciales del procedimiento, contenidas en los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a los parámetros o directrices de valoración de la prueba; Que el juez de primera instancia otorgó valor demostrativo a las conversaciones introducidas en la audiencia, sin embargo, consideró que no eran suficientes para desvirtuar el dicho de la víctima, dado que no había una manifestación textual de la víctima que refiriera que el acto sexual había sido voluntario; Que el acto sexual fue consensuado, dado que la víctima le refirió al imputado que sacara la droga para fumar; Que la víctima al aceptar cuando éste (activo) le pide que lo bese, en un tiempo menor a doce horas de la supuesta agresión, evidenciaba el estado anímico de la denunciante, que bajo ningún argumento lógico racional es el de una persona que ha sufrido una violación, pues a criterio de la defensa dialogar con su agresor, fumar marihuana con su agresor, y querer besar a su agresor, corrobora la hipótesis de que el acto sexual fue consensuado; Que lo expuesto por el imputado fue confirmado con el relato del testigo, quien refirió que cuando regresaron la víctima y el activo de la casa de éste último, se veían tranquilos, manteniendo contacto, seguían platicando, que no vio a la víctima triste y molesta, que se veía normal, nada fuera de lo ordinario, que venían normales como se fueron, ella no se veía alterada; Que el dicho del imputado se confirmaba con la conversación de -Messenger-, aunado a que la víctima expresó de manera textual la satisfacción que le generó dicho encuentro sexual, al referir que -osea se sintió bien bergas pero jaja-; Que contrario a lo señalado por el Juez de primera instancia, al analizar e interpretar lo referido por la menor, esto sobre la base de su lenguaje y vocabulario, sus manifestaciones fueron claras, categóricas y contundentes pues de las mismas llevan a establecer que la pasivo refirió consensuar el acto; Que deviene equivocada la manifestación del decisor al referir que la víctima tuvo que haber escrito un mensaje y por lo tanto haber un registro en ese sentido que textualmente manifestara que la relación sexual había sido voluntaria, que en tal sentido se llegaría al absurdo de pensar que la víctima debió haber escrito -si estuve de acuerdo en que tuviéramos relaciones sexuales, no me copulaste por la fuerza-, que tal exigencia es un absurdo, toda vez que a criterio de la defensa del dialogo sostenido entre ambos, se pone de manifiesto que no solo estuvo de acuerdo, sino que además le causó satisfacción, pues refirió textualmente -osea se sinto bien bergas pero jaja-; Que el hecho de que el juez de manera abstracta argumentara que los mensajes no eran suficientes para desvirtuar el dicho de la víctima, en esa etapa procesal, dado que el estándar probatorio es relativamente bajo, y que la defensa podía en una etapa posterior desvirtuar el dicho de la víctima, reflejaba que el juez no hizo un análisis integral del contenido de la conversación; Que el hecho de que el juez refiriera que los mensajes no eran suficientes porque textualemnete no decían que la relación sexual había sido voluntaria, esto, sin entrar al estudio integral de la conversación y sin confrontar los datos de cargo y descargo, aunado a su referencia que en esta etapa procesal el estándar probatorio es bajo, ponía de manifiesto que se apartó del cumplimiento de la función de un Juez de Control; Que el argumento del estándar probatorio propio de la etapa procesal no podía usarse como pretexto para que el Juez de primera instancia incumpliera con su deber de hacer un estudio integral de las constancias existentes para resolver; Que la autoridad responsable debió hacer una ponderación del material probatorio, y no descartarlo sin analizar, refiriendo únicamente que no eran suficientes; Que el resolutor no entró al estudio del análisis de las manifestaciones realizadas por la víctima en la conversación introducida al proceso, que mucho menos ponderó o confrontó con el testimonio de los menores que comparecieron a declarar en la continuación de la audiencia inicial, quienes aportaron información relevante del comportamiento de ambos con posterioridad al momento de ocurrido el acto sexual, escasos minutos, así como los días posteriores. Que era aplicable a la tesis aislada con registro digital 2025895 de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro refiere ESTANDAR PROBATORIO REDUCIDO, PROPIO DE LA RESOLUCION DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE UTILIZARLO COMO PRETEXTO PARA DEJAR DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PONDERAR TODOS LOS DATOS O MEDIOS DE PRUEBA QUE LEGALMENTE SE INCORPOREN EN DICHO PERIODO, AL MARGEN DE SU ALCANCE PROBATORIO; Que no soslaya el alto valor probatorio que se le otorga a los testimonios de víctimas de delitos sexuales, pero que acorde a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su dicho debe de ser verosímil, que se corrobore con otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad; y que en el caso, si existen datos de prueba, que no solo le restan credibilidad, si no que anulan ésta, por lo que hace a la medula de la imputación, esto es, que la copula haya sido por medio de la violencia, esto con la declaración de su representado, corroborado o vinculado con las documentales que contenían las conversaciones y confirmadas con la declaración de los testigos quienes sí estuvieron a escasos minutos después de sucedido el evento denunciado por la adolecente; y no como lo resaltó el juez de la causa al valorar a la madre de quien dijo que si bien no presenció el hecho, vio a su hija hasta el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, llorando, que fue cuando le contó la agresión, es decir tres meses después, mientras que el testigo menor de edad, la vio a minutos del supuesto evento donde sucede la agresión y observa que la víctima se le veía bien, normal -no exaltada-, como se había ido, tranquila, manteniendo contacto con el imputado, seguían platicando, no vio a la víctima triste, molesta, se veía normal, nada fuera de lo ordinario venían normal como se fueron, ella no se veía alterada; Que el juez corrobora el dicho de la menor con las diversas pruebas de cargo, sin embargo todas devienen de la misma fuente de información, la cual se desacredito, pues la afirmación de la pasivo de haber sido forzada para tener relaciones sexuales no se sostuvo con la proyección de los mensajes de las conversaciones entre el activo y la pasivo Que la prueba psicológica realizada a la víctima no corroboró los hechos que narró ante el Ministerio Publico, considerado el objeto del dictamen fue determinar el estado emocional de la examinada y verificar si había correspondencia entre éste y el relato de agresión sexual referido; que se limitó a plasmar lo que le refirió la menor denunciante, sin echar mano de la psicología del testimonio para establecer si el testimonio era creíble o no, es decir, no aplico las técnicas para extraer la información de la memoria de la víctima, es decir no llevó a cabo actividad profesional psicológica para abordar los temas de credibilidad y exactitud en el testimonio de la examinada, en conclusión no cuestionó la veracidad de lo narrado por la examinada, y que por tanto la intervención de quien se ostentó como perita en psicología forense no apoya la hipótesis fáctica sostenida por la fiscal en su formulación de imputación. Que es aplicable la tesis aislada, de Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, en materia penal, con número de registro digital 2024457 que al rubro refiere PERITAJE EN PSICOLOGIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CUANDO DE LA VERBALIZACIÓN QUE REALIZA LA PARTE QUE OFRECE ESE DATO DE PRUEBA, SE DESPRENDA QUE EL AUTOR DEL DICTAMEN RELATIVO, LEJOS DE EMITIR UNA OPINION EXPERTA O TECNICA SOBRE LOS HECHOS, SE LIMITA A PLASMAR LO QUE LE REFIRIÓ UNO DE LOS TESTIGOS, ATENTO A LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS AFIANZADOS, EL JUEZ DE CONTROL DEBE ESTIMAR QUE AQUEL NO PUEDE BRINDAR ALGUN APOYO A LA HIPOTESIS FACTICA QUE PRETENDE RESPALDAR PARA EFECTOS DEL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACION A PROCESO. Respecto a los argumentos expuestos por la parte quejosa, es oportuno precisar que los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. En ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 109/2019, puso de manifestó que era factible que el imputado o su defensa soliciten que la resolución sobre la situación jurídica se emita dentro del plazo de setenta y dos horas o su duplicidad. Ello, en aras de ejercer su derecho de defensa, lo que los faculta, en términos de lo que dispone el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a incorporar datos de prueba que consideren necesarios. Para el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa u otra personal, el Juez de Control puede admitir, incluso, el desahogo de los medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, se justificara su pertinencia. Siguiendo, para tales efectos, como lo establece el artículo 315 del ordenamiento adjetivo de referencia, las reglas previstas para el desahogo de las pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. De esta manera, si la ley concede al imputado la facultad de incorporar datos o medios de prueba durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o su ampliación, para los efectos de la resolución de vinculación a proceso; y esos datos o medios de prueba son admitidos, preparados y desahogados. Entonces, ello conlleva la obligación del Juez de Juicio Oral, de ponderar esa información. En ese orden de ideas, se tiene como premisa fundamental que el Juez de Control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, como lo indica la parte quejosa, debe ponderar los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público. Sin embargo, en el caso, la suscrita no puede sustituirse al Juez de Control, en la ponderación de esos datos de prueba, pues el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), no del medio de prueba en sí, en cuanto a que en él se aplicaron de manera exacta las leyes adjetivas y sustantivas de la materia, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre ese tenor, la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, se ocupó de dilucidar, en el sistema procesal tradicional o mixto, si para el dictado del auto de formal prisión, el órgano de control constitucional podía o no ocuparse del estudio directo de las pruebas relativas a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; ello, en los términos siguientes: ... la valoración de la prueba puede definirse como el acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación (relacionando unos medios de prueba con otros) para así obtener un resultado -en cuanto a la conducta o hecho, certeza o duda y, respecto a la personalidad del delincuente, certeza-, es decir, se trata del proceso intelectual que consiste en una interpretación individual e integral de los resultados que conduce a asignarles o rechazarles consecuencias jurídicas. ... Para llevar a cabo el procedimiento valorativo el Juez empleará: a) Su preparación intelectual: conocimientos jurídicos, psicológicos, experiencia en la materia, cultura, etcétera. b) Las denominadas 'máximas de la experiencia', enseñanzas o precedentes de la vida cotidiana que, en forma concreta, según cita de Leone, debemos entender como: 'definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, independientes del caso concreto que debe decidirse en el proceso y de las singulares circunstancias de él, conquistadas con la experiencia pero autónomas respecto de los casos singulares de cuya observación han sido deducidos y, además, de los cuales deben valer para nuevos casos'. c) El conocimiento de los hechos notorios que, por su propia naturaleza, no están necesariamente sujetos a prueba, ya que son acontecimientos provenientes del hombre o de la naturaleza que por su fuerte impacto quedan grabados en la conciencia general. Aunado a lo anterior, otra cuestión de interés radica en precisar a cargo de quién está la valoración de la prueba. En el derecho mexicano, en términos generales, la valoración incumbe al Juez o al Magistrado, en primera y segunda instancia, y la realizan en diversos momentos del proceso: al resolver la solicitud de la orden de aprehensión, la situación jurídica del procesado al fenecer el término de setenta y dos horas, en algún incidente, al dictar un auto de formal prisión y, básicamente, de manera integral al dictar sentencia. Asimismo, los resultados de la valoración de la prueba pueden ser los siguientes: a) La certeza, obliga al Juez a definir la pretensión punitiva estatal y a hacer factibles los aspectos positivos del delito, o bien, los negativos; de tal manera que frente a los primeros se aplica la pena y en los segundos la absolución correspondiente. b) La duda, en el Juez genera un verdadero problema, digno de meditarse para tratar de llegar a su correcta solución. De la legalidad, característica del procedimiento penal, se colige que el Juez está obligado, fatalmente, a resolver todo asunto sometido a su conocimiento. No se justificaría lo contrario, aun en el supuesto de oscuridad de la ley, falta de prueba, prueba defectuosa o efecto dudoso de la misma. Resulta evidente que el ejercicio intelectual llevado a cabo por el Juez de la causa para otorgar un valor determinado a una prueba dentro del proceso penal -valoración de la prueba- es una facultad exclusiva de éste, que no puede ser ejercitada por los Jueces de Distrito, ya que ello se traduciría en una sustitución del primero, salvo que se comprueben alteraciones que afecten, precisamente, esa actividad intelectual, tal y como lo ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio jurisprudencial cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ... PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO.-El tribunal constitucional no puede válidamente sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, a menos que advierta alteración de los hechos, infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las reglas fundamentales de la lógica.' En relación con lo anterior, resultan aplicables los criterios emitidos por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son del tenor literal siguiente: ... 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ...' ... 'APRECIACIÓN DE PRUEBAS DEL ORDEN COMÚN POR LOS JUECES DE DISTRITO.-La Suprema Corte ha establecido jurisprudencia que, en términos generales, declara que es facultad de las autoridades judiciales, apreciar la prueba ajustándose a las leyes reguladoras de la misma, pero es necesario advertir que tratándose de un auto de formal prisión, el Juez de Distrito sí está capacitado para valorizar los elementos probatorios, dado lo que establece el artículo 19 constitucional, en el sentido de que es indispensable la comprobación del cuerpo del delito para que proceda la prisión preventiva.' ... 'JUECES FEDERALES. FACULTADES DE LOS.-Los Jueces Federales tienen facultad para estimar con arreglo a la ley las pruebas que obren en los autos de los juicios de garantías, y como el artículo 19 constitucional dispone que para que proceda la prisión preventiva es necesario que los datos que arroja la averiguación previa sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los acusados, de aquí que sea indispensable que los Jueces entren al análisis legal y jurídico de esas pruebas para decidir si ha habido o no violación de garantías.' En ese orden de ideas, se colige con claridad que el medio de prueba es el instrumento esencial de que se vale el juzgador para conocer los hechos -prueba en sí misma-, mientras que el juicio de prueba o valoración de prueba, consiste en el acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación, para así obtener un resultado. Sin duda, esta operación -valoración de la prueba- al ser una actividad intelectiva que desarrolla el Juez de la causa, considerando sus conocimientos de derecho y de las máximas de la lógica, la experiencia, la imparcialidad y la equidad, debe ajustarse a los principios constitucionales y legales que circunscriben al debido proceso legal. Así, como ya quedó asentado, si bien el Juez de Distrito no puede sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción ante una deficiente fundamentación y motivación, esto es, no puede llevar a cabo el ejercicio intelectivo necesario para valorar una prueba determinada, ello no implica que el primero no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, pues el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí, en cuanto a que en él se aplicaron de manera exacta las leyes adjetivas y sustantivas de la materia, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior no implica que el Juez de Distrito se sustituya en la función que constitucionalmente le corresponde al Juez del proceso, ya que simplemente llevará a cabo la revisión de lo actuado por este último, en cuanto a la valoración de la prueba, para determinar si en la especie transgredió o no las garantías constitucionales que resulten aplicables. Además, no hay que olvidar que el juicio de amparo no es una instancia más en el proceso penal, por lo que si al juzgador constitucional no le corresponde calificar ni sancionar la conducta del acusado, tampoco debe estudiar de manera directa el acervo probatorio que obra en autos, sino sólo el modo en el que la autoridad responsable se confirió determinado valor, ya que, de lo contrario, no habría mayor diferencia entre la labor de dicha autoridad responsable y el Juez de Distrito, convirtiéndose este último en una tercera instancia, prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 23 y, como consecuencia, sustituyendo al Juez de la causa. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia en materias constitucional y penal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, número 1a./J. 74/2009, página cincuenta y uno, de rubro y texto: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL.-El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del Juez de la causa que no pueden ejercitar los Jueces de Distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el Juez de Distrito no puede sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Lineamientos que por estar dirigidos esencialmente a la materia de amparo, cobran relevancia igualmente para los efectos del sistema procesal acusatorio y oral. En suma, la ponderación de los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa a favor de sus intereses, y en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, para los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, es una facultad exclusiva del Juez de la causa que no pueden ejercer los Jueces de Distrito y, por tanto, no pueden sustituirse a aquéllos en su apreciación. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260, que dice: VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. No obstante, respecto a la legalidad de la ponderación de los datos de prueba, es oportuno invocar el contenido los artículos 20, apartado A, fracción II, Constitucional, 259, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; . Artículo 259. Generalidades Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios De los preceptos normativos trascritos con antelación se desprende, en lo que aquí interesa, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Asimismo, se establece que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. De igual forma, se desprende en relación a la valoración de los datos y prueba, el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. También, en relación a la invocada tesis de rubro: ESTANDAR PROBATORIO REDUCIDO, PROPIO DE LA RESOLUCION DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE UTILIZARLO COMO PRETEXTO PARA DEJAR DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PONDERAR TODOS LOS DATOS O MEDIOS DE PRUEBA QUE LEGALMENTE SE INCORPOREN EN DICHO PERIODO, AL MARGEN DE SU ALCANCE PROBATORIO; y a lo expuesto por la defensa en el sentido de que el argumento del -estándar probatorio- propio de la etapa procesal, no puede usarse como pretexto para que el Juez de instancia incumpla su deber como verdadero Juez de Control que garantice la supremacía constitucional en cuanto al respeto de los derechos humanos involucrados con el tipo de resolución preprocesal, pues una cosa es el carácter preliminar de la resolución propia de esa etapa y otra muy diversa el deber de cumplir con el estudio integral de las constancias existentes para resolver lo conducente. Es decir, al margen de que el estado que alcancen las pruebas de descargo no desvirtué las de cargo y se justificara, no obstante el auto de vinculación a proceso, ello no exime a la responsable de la obligación de ponderarlas, pues no se pueden descartar sin antes analizar, y si la ley permite el desahogo de tales datos o medios de prueba, según sea el caso, es para que se tomen en cuenta exponiendo por qué merecen o no valor convictico para desvirtuar el hecho delictivo o participación probable, pero no pueden dejarse de ponderar, pues esa omisión viola derechos del quejoso. En el caso, el juez de origen, valoró de manera libre y lógica los datos de prueba, justificando adecuadamente el valor otorgado, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito de VIOLACION, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******, por hechos ocurridos el día quince de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las diecinueve horas en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. En otro aspecto, en relación a lo argumentado por la defensa del imputado, en el sentido de que con las pruebas aportadas se evidenciaba que era lógico que el acto sexual había sido consensuado, y que eran absurdos los requerimientos del juzgador, para desacreditar el dicho de la víctima; debe precisarse que la suscrita comulga con lo expuesto por el juez de la causa, en virtud de que hasta ese momento procesal, la declaración del imputado, y las testimoniales de ******* (hermana del quejoso), y las testimoniales de los adolescentes de iniciales ******* y *******, así como las imágenes introducidas en la audiencia, efectivamente constituyen indicios; sin embargo, son insuficientes para acreditar el consentimiento otorgado por la víctima; sin soslayar que podrá ser objeto de prueba en diversa etapa procesal. Esto es, todas las alegaciones que se refieren y que se hicieron valer en la audiencia como versión defensiva relativas al acto sexual consensuado y que para ello se ofrecieron las citadas declaraciones y se expusieron las referidas imágenes, en este momento, no son suficientes para tener por acreditado dicho extremo. Máxime que el grado de razonabilidad que exige el dictado del auto de vinculación a proceso, se acredita con datos de prueba que se refirieron en la audiencia e incluso con los medios de prueba que ofertó la defensa, que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de violación y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Además, el legislador al tipificar la conducta antijurídica de violación estableció como uno de sus elementos la violencia física o moral para la imposición de la cópula; en términos generales, la violencia debe ser entendida como cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una persona; y en la actualidad el concepto sobre el delito de violación es más amplio, toda vez que se han ido superando ciertos estereotipos de índole cultural y sociológico que se tenían sobre la conducta que se analiza, entre ellas, se pensaba que para que se configurara dicho ilícito, la mujer debía mostrar señales o indicios de haber sido lesionada, es decir, para reconocer que una mujer había sufrido un abuso sexual, el victimario debía haber ejercido fuerza y la agraviada opuesto resistencia. Al respecto, resulta altamente ilustrativo el Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en el capítulo IX, intitulado: -Cultura de la violación y razonamiento judicial. Los estereotipos sexuales en la jurisprudencia de las altas Cortes de la región-. Por tanto, la suscrita estima que para que se configure la violencia física que exige el legislador en la conducta penal de violación, debe excluirse la idea relativa a que el agresor debe ejercer alguna fuerza y la víctima oponer resistencia, es decir, la concepción que debe tenerse en torno a la violencia física, ya no debe ser entendida de la forma tradicional, debido a que ha evolucionado, por lo que actualmente basta que el agresor se aproveche de que la víctima se ubique en un estado de vulnerabilidad, en el caso, su minoría de edad. Ahora, se entiende que consentir es decidir lo que se quiere o se acepta a partir de opciones, circunstancias y valoraciones, cuando se tiene conocimiento de las consecuencias o, por lo menos, puede presumirse razonablemente que se tienen las habilidades cognitivas necesarias para entenderlas, dado aquello que se decide y el momento en que se decide. Así, las personas menores de edad pueden -querer- o -aceptar- la conducta sexual, pero no consentirla. Por otra parte, no se soslaya que los testigos refirieron que momentos previos, la víctima llegó tomada (alcoholizada) y que fumaron marihuana, en este punto resulta de gran relevancia destacar que cuando el estado de inconsciencia en que se ubicó la víctima fue autogenerado, es decir, ella misma lo propició, esa circunstancia no varía el enfoque y calificación de los hechos analizados, debido a que no es una circunstancia que conduzca a considerar que quien se ubique en tal situación genere una permisión para su acompañante -cualquiera que sea el vínculo con él-, para que disponga de su humanidad, acceda a su cuerpo o le imponga la cópula. Por tanto, si el activo no contó con la autorización expresa de la víctima por ser ello imposible o inviable, por su estado de inconsciencia, es totalmente irrelevante el origen de éste, pues cualquiera que fuere, lo trascendente es el resultado que propicia. Así, sea clínico, exógeno, accidental o autogenerado, dicho estado de inconsciencia de ningún modo y bajo ninguna circunstancia implica una permisión. Por otra parte, en relación a la tesis de rubro: PERITAJE EN PSICOLOGIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CUANDO DE LA VERBALIZACIÓN QUE REALIZA LA PARTE QUE OFRECE ESE DATO DE PRUEBA, SE DESPRENDA QUE EL AUTOR DEL DICTAMEN RELATIVO, LEJOS DE EMITIR UNA OPINION EXPERTA O TECNICA SOBRE LOS HECHOS, SE LIMITA A PLASMAR LO QUE LE REFIRIÓ UNO DE LOS TESTIGOS, ATENTO A LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS AFIANZADOS, EL JUEZ DE CONTROL DEBE ESTIMAR QUE AQUEL NO PUEDE BRINDAR ALGUN APOYO A LA HIPOTESIS FACTICA QUE PRETENDE RESPALDAR PARA EFECTOS DEL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACION A PROCESO; y a lo expuesto por la defensa en el sentido de que el dictamen en materia de psicología ofertado, no puede brindar algún apoyo a la hipótesis fáctica que pretendió respaldar la fiscalía al limitarse plasmar lo narrado narró la víctima. Debe precisarse que los artículos 19 y 20, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, 261, 265, 272 y 314 a 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la tesis aislada 1a. LXXIV/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el modelo de valoración que debe regir durante todo el proceso penal es uno que debe sustentarse en las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, así como en los conocimientos científicos afianzados; dichos parámetros necesariamente deben observarse para efectos del dictado de la vinculación a proceso; ello, pese a que el juzgador sólo cuente, por regla general, con la información provista por los denominados datos de prueba. En concreto, por lo que se refiere a la valoración de las opiniones periciales como datos probatorios, a pesar de que el experto relativo no acude en presencia del Juez de Control, así como de las partes a explicar o defender el dictamen concerniente, como sí se prevé para la audiencia de juicio oral, esa circunstancia no constituye un impedimento para que ese juzgador pueda controlar racionalmente las inferencias que se desprendan de la verbalización de la parte que ofrece ese dato de prueba. En el caso, del contenido de la audiencia inicial se advierte que la fiscalía al momento de invocar el dictamen pericial en psicología (07-02-23 14:57), narró la metodología aplicada por la experta (entrevista directa), así como los criterios clínicos aplicados para el diagnóstico clínico y el resultado de los instrumentos psicológicos utilizados, consistentes en la escala de estrés postraumático, escala de autoestima, y cuestionario de depresión infantil, entre otros, previo a su conclusión. Por lo anterior, la suscrita no advierte que se hubieran alterado los hechos, o que exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Además, es importante reiterar que el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de -un hecho que la ley señale como delito- y la -probabilidad en la comisión o participación del activo-, esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que en el auto reclamado, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil veintitrés, pronunciado en la causa penal *******, en los términos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DONDE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN: se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil veintitrés, pronunciado en la causa penal *******, en los términos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos del cuadernillo que se forme para tal efecto, para que obre como únicamente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; lo anterior, toda vez que el cuatro de mayo del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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