Brigido Yáñez Osorio
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, Morelia, Michoacán
- Brigido Yáñez Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Transferencia. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, el expediente en que se actúa a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el secretario Juan Francisco Orozco Córdova.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 371/2022, promovido por Brigido Yañez Osorio quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 27 de la Constitución, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Control, en Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: Negar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. El quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: Resolución de once de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente 32/2022 en que se determinó improcedente la inconformidad planteada en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV-4 Apatzingán, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán se declaró incompetente por razón de materia para seguir conociendo de la carpeta de investigación FED/MICH/APAT/0000760/2021 interpuesta por el hoy quejoso. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado carece de ejecución material y la demanda de amparo fue presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Al rendir el informe justificado el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se acredita con el expediente electrónico 32/2022 las cuales, al constituir documentos públicos, tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierte deficiente que suplir, en términos de la fracción III, inciso a), del numeral 79 de la Ley de Amparo. El quejoso argumenta que la autoridad responsable viola los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 27 de la Constitución, pues en la resolución reclamada debió de estudiarse de fondo, toda vez que considera que las determinaciones del ministerio público son susceptibles de ser impugnadas. Asimismo, manifiesta que si bien el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos penales no prevé la figura e incompetencia por razón de materia, lo cierto es que con dicha determinación del ministerio público dejará de investigar y, en consecuencia, no ejercitará acción penal en el ámbito federal. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los derechos humanos que consagra en favor del gobernado, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; este derecho fundamental forma parte del genérico de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, el contenido formal del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución Federal establece los derechos humanos de audiencia, fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y de legalidad. En el entendido que conforme a los reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales, sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Con lo anterior, se evidencia que para respetar el derecho fundamental de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar con toda precisión el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. Ahora, en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días osteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del marco normativo preinserto, se advierte en lo que interesa, que dentro de los derechos de la víctima o del ofendido está el impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; para lo cual tendrá un recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se podrá interponer ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación; en la inteligencia que la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De la reproducción de la resolución reclamada, se advierte que contrario a lo que estima el quejoso, el juez de control responsable estuvo en lo correcto al resolver en los términos que lo hizo, pues efectivamente de la lectura del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia con claridad que el recurso innominado interpuesto por la impetrante del amparo en su carácter de parte ofendida, únicamente procede contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos (omisión de investigar), las resoluciones de reserva, de no ejercicio, de desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio oportunidad, el no ejercicio de la acción penal. De tal suerte, que dicho medio de impugnación no es viable contra resoluciones que fijen cuestiones competenciales del ministerio público, pues contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa en sus conceptos de violación no se trata de una conducta omisiva del Ministerio Público en la etapa de investigación, como tampoco la paraliza, suspende o termina, sino que le da cauce legal para que sea una autoridad legalmente facultada para seguir conociendo de la investigación del hecho delictivo. En efecto, el acuerdo de incompetencia en ningún momento paraliza la función investigadora, ni pone fin a la investigación, por el contrario, busca que las determinaciones provengan de la autoridad ministerial a la que efectivamente le corresponda resolver y sea legalmente competente con relación a la indagatoria de que se trata, lo cual constituye una cuestión de orden público. Sentado lo anterior, se concluye que la resolución reclamada sí se encuentra adecuadamente fundada y motivada, acorde al deber constitucional establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, que se traduce en la obligación de citar los preceptos legales sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación; así como, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para su emisión, pues en ningún momento hizo una interpretación restrictiva del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que realizó una correcta interpretación de los dispositivos invocados y llegó a la conclusión de que el recurso intentado no era el procedente, al no estarse en presencia de una omisión del fiscal investigador, sino ante una determinación de competencia, que atendiendo a su sentido y alcance jurídicos, se trata de dos situaciones jurídicas distintas. Ahora, la autoridad responsable para concluir en los términos que lo hizo en la resolución reclamada, no citó expresamente el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, de su análisis se infiere que involucra esa disposición, lo cual es suficiente para sustentar la resolución reclamada, así como para cumplir con el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal consistente en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar. Como se enfatizó, el recurso promovido por el aquí quejoso, no es el idóneo para combatir cuestiones competenciales, ya que tratándose de la resolución del Ministerio Público que determina carecer de competencia para conocer de los hechos denunciados, no se traduce en una omisión que tenga por efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, como lo pretende hacer la parte quejosa para hacer aplicable la hipótesis de la jurisprudencia con registro 2017641; sino que es una actuación que conduce la investigación al conocimiento del asunto para una autoridad expresamente facultada para ello, por razón de fuero, la que en su momento decidirá lo conducente a su propia competencia y a la integración de la carpeta respectiva. En ese tenor, el acto reclamado no trasgrede los derechos de acceso a la justicia y de recurso judicial efectivo, contrario a lo aseverado por la impetrante. Sustenta lo anterior el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.36 P (11a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2024337, que señala: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUE DETERMINA CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, AL NO SER UNA DECISIÓN QUE IMPLIQUE O SEA EQUIPARABLE A UNA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR. Hechos: Una asesora jurídica victimal interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación del Ministerio Público de la Federación de carecer de competencia por razón de fuero para conocer de los hechos denunciados y, en consecuencia, sostuvo que le correspondía a una Fiscalía estatal; la alegación principal de la inconforme fue que dicha decisión era equiparable a una abstención de investigar. El Juez de Control declaró improcedente el medio de defensa, al considerar que esa determinación es irrecurrible a través del citado recurso, pues no genera la terminación de la investigación ni tampoco se trata de una omisión o abstención que la suspenda o paralice. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso innominado previsto en el artículo 258 citado es improcedente contra la resolución del Ministerio Público de la Federación en la que determina carecer de competencia por razón de fuero para conocer de los hechos denunciados, al no ser una decisión que implique o sea equiparable a una abstención de investigar. Justificación: Lo anterior, pues de conformidad con la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente en las contradicciones de tesis 34/2021 y 233/2017, la materia del citado recurso está limitada a analizar decisiones que versen sobre: a) abstención de investigar; b) archivo temporal; c) aplicación de un criterio de oportunidad; y, d) no ejercicio de la acción penal. Y si bien los supuestos normativos que prevé expresamente no son taxativos para decidir sobre su procedencia, lo cierto es que el acto que se somete a control judicial debe tener por consecuencia interrumpir, ya sea de manera temporal o definitiva, la investigación y, consigo, el ejercicio de la acción penal, de modo que nulifique la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria contra el imputado. Bajo este contexto, una decisión en la que la autoridad ministerial estime carecer de competencia por razón de fuero para conocer de determinados hechos denunciados, no cumple con las características precisadas, ya que no se trata de una determinación que implique o sea equiparable a una abstención de investigar, porque no impide la continuación de la indagatoria, sino que la decisión tendrá implicación para determinar qué autoridad será la que continúe con la integración de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite. De modo que es indispensable no perder de vista que las cuestiones inherentes a la competencia son de orden público y no cabe prórroga ni renuncia a las facultades que corresponden a cada autoridad, en ejercicio de sus funciones; de ahí que en materia penal los aspectos competenciales no pueden quedar al arbitrio o elección de las partes." En ese tenor, aun cuando en el caso, la improcedencia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la determinación de incompetencia de marras, tal circunstancia no es violatoria del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque tiene un propósito legítimo, que es condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos, por lo que no es incompatible con el derecho humano de trato. Ello, pues el acceso a la impartición de la justicia no es absoluto, por lo que no puede ejercerse de manera indiscriminada, ya que está sujeto a los propios requisitos de términos y formas previstos por la ley; sin que desde luego eso implique que dicha prerrogativa llegare a limitarse de forma injustificada, sino que se debe encausar con el fin de lograr que las instancias de justicia verdaderamente constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable, al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. Pues, la efectividad del medio de impugnación, derivada del principio del acceso a la administración de justicia, solo implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos de procedencia correspondientes, el órgano judicial evalúe los méritos de fondo. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Niega el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado por Brigido Yañez Osorio, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
AUDIENCIA CONTITUCIONAL
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Remite emplazamiento. Agréguese el oficio signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia; en atención a su contenido, se tiene por recibido el emplazamiento realizado el veinte de los actuales al tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV-4 Apatzingán, con sede en Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán. 2. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar margen a que dicho tercero se imponga de autos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las once horas con once minutos del siete de junio de dos mil veintidós, para su verificativo.
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