Briana Lizbeth Mirales Valencia

Expediente 219/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
219/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Briana Lizbeth Mirales Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. 1.1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Briana Lizbeth Mireles Valencia, contra actos del Juez Octavo Oral Familiar de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 219/2022. 1.2. Causa de improcedencia. En términos de los arábigos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo1 . De la lectura del precepto 6° de la ley de la materia, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio 1 "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". de amparo, es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada que rige el procedimiento constitucional. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, precisando que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, de la certificación secretarial que antecede se advierte que la demanda de amparo fue presentada en la modalidad de "juicio en línea", empero ésta carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), pues luego de una revisión en el expediente electrónico, se puede advertir que únicamente obran quince páginas electrónicas- sin firma electrónica- de las cuales en la hoja número ocho obra una rúbrica ilegible. Ahora, tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que se generen nuevas formas de comunicación que sustituyen las tradicionales impresas en papel. Con relación a ello, en el juicio de amparo se ha reconocido como forma de comunicación aquella que se genera de manera electrónica cuando se emplean mecanismos reconocidos como confiables, en específico, en el artículo 3° de la Ley de Amparo.2 2"Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Dicho numeral establece que los escritos y promociones pueden presentarse, incluso de manera electrónica mediante el empleo de la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuyo uso se regula en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Por tanto, para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada y esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional, es decir, por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copiael tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate.3 Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". Por otro lado, con relación a la presentación de demandas de amparo por medios tecnológicos empleando firma electrónica, este juzgado federal advierte que pueden presentarse tres supuestos. El primero de ellos sería el caso de que se presente una demanda de amparo empleando la firma electrónica del quejoso directo o, bien, del representante o apoderado legal que promueva ejerciendo tales encargos a nombre de la parte quejosa directa, es decir, que la firma electrónica empleada para la presentación de la demanda de amparo corresponda a la persona que aparezca como promovente de la misma, ya sea que actúe para defender derechos propios o bajo algún encargo o representación legal, sin que sea el objetivo de este estudio analizar lo relativo al acreditamiento de cualesquiera de esas representaciones. En este caso, y en aplicación de lo establecido en el referido numeral 3° de la ley de la materia, tal firma electrónica tiene la misma validez que una autógrafa para considerar que el contenido de la demanda corresponde a la voluntad del promovente, se insiste, siempre y cuando dicha evidencia electrónica se encuentre a nombre de quien aparezca como promovente del juicio constitucional, ya por derecho propio, ya en representación o mandato de alguien más. Al respecto se invoca la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito4 , que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos 3 Debe acotarse que no es el caso de abundar con relación a estos tópicos, dado que no estamos en presencia de esa hipótesis, ya que la demanda que se provee se presentó vía electrónica. 4 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1729, registro electrónico 2015060. Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Ahora, con relación a la presentación vía electrónica de las demandas de amparo, puede presentarse el supuesto de que tal ocurso se envíe sin la correspondiente firma electrónica (como es el caso en particular), supuesto en el cual, al carecer de evidencia que vincule a quien aparezca como promovente con el contenido del escrito correspondiente, hace improcedente el aludido juicio, al no contar con la expresión de voluntad de la quejosa en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que dicha situación no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque no estamos en presencia de una irregularidad, sino de una ausencia de voluntad de la parte quejosa. En ese sentido de se pronunció el más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.)5 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación 5 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, registro electrónico 2019715. mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Se han indicado dos supuestos que pueden acontecer respecto a la presentación de una demanda de amparo vía electrónica empleando una firma electrónica. Sin embargo, puede actualizarse un supuesto más, consistente en que la demanda de amparo sea una reproducción de un escrito firmado por la parte quejosa, pero presentado a través de la firma electrónica de la persona a quien dicha peticionaria de amparo solicita se le reconozca autorización amplia para gestionar en su nombre, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Al caso se emitió la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) 6 que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del 6 Registro: 2018943. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I. Pág. 5. Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". De expuesto hasta aquí se obtiene que si una demanda es presentada por medios digitales obligatoriamente debe emplearse y acompañarse a dicho escrito la firma electrónica de la parte quejosa, siendo el caso que, si tal ocurso inicial carece de ella, tal petición de amparo debe ser desechada, lo que resulta de ese modo, porque tal demanda, como se ha venido demostrando no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte promovente. En el caso particular, la demanda de amparo fue presentada vía electrónica y no cuenta con la firma electrónica avanzada que evidencia su consentimiento de accionar la maquinaria de amparo. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque al haberse elegido la vía electrónica para su presentación, era menester que ello se realizara mediante la utilización de la firma de la quejosa (de su representante o de su apoderado), ya que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito (artículo 3, último párrafo, en relación al artículo 15, ambos de la Ley de Amparo), como se observa de la naturaleza -omisiones- de los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. 1.3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autorizado para ello a Gerardo López Mateos quien tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 1.4. Datos de contacto. Se tiene a la parte promovente proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica en la demanda; por tanto, manténganse bajo resguardo esos datos, a fin de que sean utilizados como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente al órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente necesario, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 1.5. Medios electrónicos. Como lo solicita la quejosa, se le autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Igualmente, dígase al solicitante que el uso que haga a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad

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