Brianda Toscano Herrera
Expediente 1426/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Brianda Toscano Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 624/2009, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ****************, por conducto de su apoderado ******, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que hicieron consistir en: 1. LA OMISION DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO. 2. LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO.". Luego, respecto del acto [2] la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del juicio laboral 624/2009. Ahora, de las constancias que adjunta, las cuales merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Por tanto, en el capítulo de existencia, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al cumplimiento de laudo dictado en el juicio laboral 624/2009. De las constancias que adjunta la autoridad responsable al oficio de cuenta, se conoce que en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente se requirió a la demandada el cumplimiento del laudo. Por otro lado, de autos se advierte que los promoventes presentaron su demanda de amparo el once de octubre de dos mil diecinueve, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda la autoridad responsable no estaba condiciones de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 624/2009, dado que de autos se advierte que la parte actora no solicitó que se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo condenatorio. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado [2], en virtud que, es evidente que la autoridad responsable no está en aptitud de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 624/2009, en virtud de que la parte actora no lo solicitó. En ese contexto, respecto del acto reclamado [1], se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 624/2009, en el cual se aprecia que proveyó el escrito que presentaron las aquí quejosas el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa, es decir, acordó el escrito que presentaron el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen 624/2009; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas del catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 12, vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
A los autos el escrito firmado por ***************, quien se ostenta con el carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, aquí tercero interesado, personalidad que acredita con las copias certificadas de las documentales que anexa a su escrito; por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida dicha personalidad. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas ****************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, toda clase de documentos e imponerse de los autos a ***********************, toda vez que de la certificación secretarial al rubro señalada se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema aludido. En otro orden, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados los alegatos que expresa, sin perjuicio de ser tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto.
- Principal
Visto el escrito de **************, quien se ostenta como Sindica Procuradora del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, por medio cual pretende apersonarse al presente juicio de amparo en representación del citado tercero interesado. Al respecto, glósese a los autos el escrito referido para que obre únicamente como corresponda, en razón de que no acredita fehacientemente la personería que dice ostentar; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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