Brianda Toscano Herrera
Expediente 1112/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hermenegildo Herrera Alvarado
- Brianda Toscano Herrera
- Luci Pelaez Agustinian
- Martiniano Juárez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 54), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, realizara lo siguiente: Se pronunciara respecto de la cuenta dada por la actuaria de su adscripción en diligencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, respecto de su imposibilidad de desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Realizara las actuaciones necesarias para que la prueba de inspección ofrecida por la parte actora se desahogue o en caso de imposibilidad emita la determinación final al respecto. Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 64 a 66), se declaró firme; y por tanto, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, realizó lo siguiente: Por oficio 2159/2019 y anexo (fojas 71 a 72), remitió copia autorizada con firmas autógrafas del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen, del que se aprecia que se pronunció respecto al razonamiento de ocho de julio de dos mil dieciséis, en relación a la inspección ofrecida por la parte actora, reprogramando dicha diligencia, esto con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al demandado y evitar reponer el procedimiento. Finalmente, por oficio 2430/2019 y anexo (fojas 78 a 81), remitió copia certificada de la diligencia de trece de marzo de dos mil diecinueve y copia autorizada con firmas autógrafas del auto de catorce de marzo del año en curso, emitidos en el juicio laboral de origen, de los que se aprecia en primer término se desahogó la prueba de inspección ofrecida por la parte actora; por consiguiente, en auto de catorce de marzo del año en curso, atendió la diligencia antes citada, manifestando que se tenía por desahoga en los términos que el actuario dio fe. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos, porque en principio se pronunció respecto al razonamiento de ocho de julio de dos mil dieciséis, en relación a la inspección ofrecida por la parte actora, reprogramando dicha diligencia, esto con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al demandado y evitar reponer el procedimiento; por consiguiente, en trece de marzo de dos mil diecinueve llevó acabo el desahogó la prueba de inspección antes citada, y finalmente, en auto de catorce de marzo del año en curso, acordó en relación a dicha diligencia, manifestando que se tenía por desahogada en los términos que el actuario dio fe (foja 81). 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, sentencia y acuerdo de archivo. Por otra parte, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, ni cuenta con documentos originales, que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas, que remitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente (foja 31), como complemento a su informe justificado (en un tomo de pruebas); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en el acuse respectivo con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias anexas, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual informa los trámites que se encuentra realizando dentro del expediente laboral de origen 318/2015, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Sin embargo, con las constancias que remite no denota el cumplimiento total de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la fecha que señaló para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora (trece de marzo de dos mil diecinueve), cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Realice las actuaciones necesarias para que la prueba de inspección ofrecida por la parte actora se desahogue o en caso de imposibilidad emita la determinación final al respecto. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".
- Principal
Vista la segunda certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 54); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte NIEGA y por otra AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Se pronuncie respecto de la cuenta dada por la actuaria de su adscripción en diligencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, respecto de su imposibilidad de desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Realice las actuaciones necesarias para que la prueba de inspección ofrecida por la parte actora se desahogue o en caso de imposibilidad emita la determinación final al respecto. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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