Brian Arturo Aguilar PèRez

Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Brian Arturo Aguilar PèRez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHO LA DEMANDA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México,, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente a la parte quejosa, la determinación de veintinueve de septiembre último. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 26, fracción III; en una interpretación armónica de los artículos 24 al 31, todos de la ley de la materia, notifíquese por lista la resolución referida, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto sea señalado domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se tuvo se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, quien se ostenta con el carácter de defensora particular de ************* y *************, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Estrategias Procesales de la Fiscalía de Procesos Oriente, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Licenciada Ana Karen Lira Soria y otras autoridades responsables; por tanto, regístrese la demanda con el número de juicio 565/2020-V y genérese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia En primer lugar, debe analizarse la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Al respecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto, caso en que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. (Lo destacado es nuestro.). Ahora bien, interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de la materia. En efecto, existe interés jurídico cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo; sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que la pretensión de los quejosos consiste concretamente en: La abstención de los Agentes del Ministerio Público responsables de ejercer su facultad de solicitar el procedimiento abreviado y consecuentemente, la negativa de la apertura de dicho procedimiento especial solicitado por la defensa de los aquí quejosos, reclamada al Juez de Control también señalado como responsable. Lo anterior es así, pues luego de analizar el escrito de demanda de amparo, el que aquí provee considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta respecto el acto reclamado antes aludido, toda vez que el mismo no afecta el interés jurídico de los aquí quejosos. En lo que interesa sirve de apoyo la siguiente tesis: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE SU APERTURA. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el proceso constitucional autónomo sólo puede promoverse por la parte a la que le afecte el acto, omisión o ley que se reclama, ya que su objeto es reparar las violaciones que determinado acto de autoridad genera sobre los derechos del quejoso, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados. En ese tenor, atento a que de los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia.". (Lo destacado es nuestro) En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Domicilio de los quejosos y autorizados Sin que haya lugar a tener como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el correo electrónico que menciona en la demanda de amparo; ello, toda vez que en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, solo se estableció la firma electrónica (FIREL) como medio de ingreso al sistema del Poder Judicial Federal como opción para enviar y recibir promociones y demandas, realizar notificaciones personales, así como consultar los acuerdos respectivos. Además, la ley de la materia no contempla este medio para poder realizar notificaciones. No obstante lo anterior, notifíquese la presente determinación por lista, que se realice mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la ley de la materia, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y remítase al correo electrónico de la administración del edificio de las listas a publicar, tal y como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, notifíquese personalmente, en el entendido de que el Actuario Judicial adscrito deberá tomar en cuenta las medidas que se refiere el artículo 23, fracción I del citado acuerdo. Por autorizadas a la persona que cuenta con cédula profesional con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultada para ejercer la profesión de licenciados en derecho; así como a la diversa que refiere, en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la citada ley. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común a ***********, sin perjuicio de que puedan señalar a uno diverso. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al los Actuarios para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Por otra parte, se toma de conocimiento los el correo y número telefónico como datos de contacto que proporciona el promovente, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesarios. Finalmente, también se solicita a las demás partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese y personalmente al representante común de los aquí quejosos.

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