Brenda Lizbeth Correa Guzman
Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Brenda Lizbeth Correa Guzman
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que en el presente juicio de amparo se fijaron las doce horas con un minuto del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, dado que se declararon inhábiles los días dieciséis al veinticuatro y veinticinco al veintisiete de octubre del presente año, conforme al Aviso sin fecha suscrito por el Titular de este órgano jurisdiccional, a los Avisos de Suspensión de Labores de dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre del año en curso, suscritos por la Coordinadora de las Juezas y Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como a la Circular SGP/04/2023, emitida por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y las Circulares 28/2023 y 29/2023 signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de autos se advierte que se aprecia que al día de la fecha se encuentra pendiente de realizar el dictamen de la especialista en Psicóloga Forense Jennifer Castañón Cabañas designada para aplicar al justiciable el Protocolo de Estambul y a efecto de continuar con la sustanciación del presente asunto, se señalan las doce horas con dos minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Exhorto****************************************Ahora bien, atento a que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social CEFERESO Quince "CPS CHIAPAS", esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que, en auxilio de este juzgado, notifique a ********************, el presente auto.****************************************Se faculta al juez exhortado, para que por su mandato ordene a quien corresponda realizar las diligencias necesarias, aún en días y horas inhábiles.****************************************A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, remítase el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y solicítese a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada.****************************************Notifíquese; y, vía exhorto al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual se acusa recibo del diverso con el que se le remitieron copia certificada del juicio de amparo 825/2023-V, así como escrito del quejoso donde interpuso recurso de queja y formulo agravios; asimismo, se informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, registrándolo con el número de expediente Q.P. 235/2023. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito que se atiende, por medio del cual ********************, en representación de su hijo menor de identidad reservada de iniciales ********************, interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. En ese contexto, no ha lugar a notificar a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra; por tanto, envíese el original del escrito de interposición del medio de impugnación en comento, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo ordena artículo 101 de la Ley de amparo, remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal colegiado substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento a la superioridad, que este órgano jurisdiccional, rinde su informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado determinó desechar la demanda de amparo, en los términos ahí precisados. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Brenda Lizbeth Correa Guzmán, en representación del menor de identidad reservada de iniciales I.A.A.C., contra actos del Agente del Ministerio Público Margarita Beatriz Balderas Galicia, de la Unidad de Investigación 7 sin Detenido, correspondiente a la Agencia Investigadora 75 perteneciente a la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 825/2023-V y genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: El citatorio recibido el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, girado a Brenda Lizbeth Correa Guzmán para que en calidad de imputada comparezca ante el Agente del Ministerio Público responsable, dentro la carpeta de investigación ***********; asimismo, para que presente al menor de identidad reservada de iniciales *********. para impresión diagnóstica y rendir entrevista. Improcedencia de la demanda Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el acto reclamado a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.).". Así, de lo transcrito se colige que el amparo indirecto es procedente, entre otros casos, en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, al interpretarlo en sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, es suficiente para fundar la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado o algún otro derecho sustantivo. En ese sentido, el Pleno de Circuito en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2022, determinó que la citación para que el quejoso comparezca ante la autoridad ministerial que actúa en una carpeta de investigación, con el fin de que se le hagan saber los hechos denunciados en su contra y que tenga la oportunidad, en su caso, de que se le reciba su entrevista como imputado, es un acto de una autoridad administrativa, también emitido fuera de juicio, porque, como quedó precisado, en materia penal, éste inicia con la audiencia inicial ante el Juez de Control, en términos de los artículos 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, para que proceda el juicio de amparo en el caso en análisis, no basta que la citación del investigado se dicte fuera de juicio, sino que ese acto afecte de manera directa y actual a la libertad del quejoso. Así, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el consejero jurídico del Ejecutivo, los Magistrados y Jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia.-Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada.-La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta.-En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva.". "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto.-También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo.-En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias.-En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a n la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. -La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento.". "Artículo 92. Citación al imputado. Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación.". De lo antes transcrito se advierte que la citación al investigado para que comparezca ante el fiscal para hacerle saber sobre los hechos investigados, y en su caso se recabe su entrevista como imputado, representa un aviso de que debe comparecer ante dicha autoridad para la práctica de una diligencia (entrevista) con motivo de los hechos puestos en su conocimiento y que dieron lugar al inicio de la carpeta de investigación; por lo cual, dicho acto no afecta de manera directa y actual la libertad personal del investigado. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevea que el incumplimiento a una cita del Ministerio Público, puede constituir responsabilidad y puede dar lugar a ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables; pues, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es, a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para esa inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado, o de algún otro de sus derechos sustantivos. Por lo expuesto, se considera que el juicio de amparo es improcedente, en contra de la citación del Ministerio Público para que la parte quejosa comparezca ante su potestad para que se le hagan saber los hechos que se investigan en la carpeta de investigación, y en su caso, rinda su entrevista como imputado; en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por tratarse de actos fuera de juicio que no afectan de manera directa y actual la libertad del quejoso. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia PC.VI.P. J/3 P (11a.) del Pleno de Circuito en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos.". En ese tenor, el citatorio mediante el cual se pretende hacer comparecer a la promovente y presentar al menor de iniciales I.A.A.C., no afecta de manera directa ni actual la libertad o algún otro derecho sustantivo del mencionado menor de identidad reservada, lo cual sería indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en la demanda de mérito, se desprende que el cinco de septiembre último, la promovente Brenda Lizbeth Correa Guzmán recibió un citatorio girado a ella por la autoridad ministerial para que se presente en calidad de imputada y presente al menor de iniciales I.A.A.C. para impresión diagnóstica y rendir la entrevista correspondiente; asimismo, no se advierte que se haya formulado apercibimiento alguno con la imposición de alguna medida de apremio en términos del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no presentarse a comparecer, y por ende, de no presentar al citado menor. Máxime que no adjunto prueba alguna de la que se desprenda tal circunstancia. En tal virtud, se itera, el acto reclamado no afecta de manera directa y actual a la libertad o algún otro de los derechos sustantivos del menor justiciable, pues tal situación está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, no así por el citatorio reclamado. Cabe destacar que, aun cuando el acto reclamado se encuentre relacionado con menores y, respecto a éstos, procede tutelar su interés superior frente a actos que puedan afectar sus derechos y que, además, los juzgadores deben impartir justicia con base en una perspectiva de género, el estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por analogía, sustenta lo anterior, el criterio contenido en la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad de México, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, Y RESPECTO DE DIVERSAS OMISIONES DERIVADAS DE ÉSTE, PORQUE LOS EFECTOS DE SU EVENTUAL CONCESIÓN NO PODRÍAN CONCRETARSE, SIN QUE PUEDA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto se impugnó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de febrero de 2019 y diversas omisiones derivadas de éste, como la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del referido ejercicio fiscal y la reinstauración de la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil en zonas de alta pobreza reclamada por la responsable de una estancia infantil. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, al cual se adhirió la Secretaría de Bienestar. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo citado, así como respecto de las omisiones referidas, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues no se pueden concretar los efectos de una eventual concesión de amparo; sin que, en el caso, la suplencia de la queja deficiente con el fin de tutelar el interés superior del menor o los principios para juzgar con perspectiva de género resulten suficientes para acreditar los requisitos formales para la procedencia del juicio. Justificación: Lo anterior, porque los recursos destinados a la ejecución de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras provienen de la partida presupuestal que se asigna en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se rige por el principio de anualidad, por ende, las mencionadas reglas también tienen esa vigencia anual. En esas condiciones, aun cuando se estudiara la constitucionalidad del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en relación con las modificaciones que tuvo respecto al ejercicio fiscal 2018, así como la de las omisiones que deriven del citado acuerdo, y se concediera el amparo, no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, ya que sería imposible material y jurídicamente retrotraer el tiempo para que se proporcionen los servicios de cuidado y atención infantil que debieron recibir los menores, así como los subsidios referidos durante 2019; sin que se soslaye que las disposiciones reclamadas están relacionadas con menores y, respecto a éstos, procede la suplencia de la queja deficiente con el fin de tutelar su interés superior frente a actos que puedan afectar sus derechos y que, además, los juzgadores deben impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten; sin embargo, el estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables.". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA la presente demanda. Lo anterior, sin perjuicio que la promovente Brenda Lizbeth Correa Guzmán, no haya remitido junto con el escrito inicial de demanda que se atiende, documento fehaciente del cual pueda advertirse la representación con que se ostenta en relación con el menor de identidad reservada de iniciales I.A.A.C., pues dicha situación no cambiaría en algo el pronunciamiento precisado en párrafos precedentes. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copia simple o certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto a la parte quejosa. Toda vez que la parte promovente proporciona el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, atento a su solicitud y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente.
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