Brenda Yglesias Pumarino
Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Brenda Yglesias Pumarino
- BRENDA YGLESIAS PUMARINO y Otros.
- Elizabeth Yglesias Pumarino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra la determinación de veintidós de noviembre del año en curso, en la que se tuvo por cumplida totalmente la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que las partes lo hubieran hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la protección de la justicia federal, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, y pasados treinta días de dicho plazo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa, mediante el cual solicita que se le expidan copias certificadas de diversas constancias; al respecto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase a la promovente las copias certificadas que solicita, y téngase por autorizado para recibirla a la persona que señala, quien deberá firma por su recibo en autos, para debida constancia. Sin embargo, la recepción de dichas copias quedan condicionadas al horario de labores del centro de fotocopiado con el que cuenta el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, sede Xalapa, por lo cual deberá concertar previamente cita, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, con el citado centro a los números telefónicos 55 18 36 80 66 y 55 81 38 15 68. Además, para que le sean entregadas las copias certificadas que solicita, deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia del promovente se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtengan su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y pueda solicitar la consultar del expediente electrónico, el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Además, de que las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente".
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular de este Juzgado, a fin de que dentro del término de tres días, puedan manifestar lo que a sus intereses convenga, toda vez que por oficio número SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el veinte del referido mes y año, la Comisión de Adscripción, a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción de la Licenciada Daniela María León Linarte, a este Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, a partir del dieciséis de noviembre de la presente anualidad. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable. En ese tenor, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las ejecutorias amparadoras son de orden público y que atento a lo dispuesto por los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, ningún juicio de amparo deberá archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución, por tanto, enseguida se procede al estudio de las constancias relativas a dicho cumplimiento, al tenor de las siguientes consideraciones. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando quinto de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca de apelación número 257/2020, de su índice. 2. En su lugar, dicte otra con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en la que: a) Deberá considerar lo expuesto en el escrito de veinte de enero de dos mil vente, signado por la aquí quejosa Elizabeth Yglesias Pumarino, y valorar la prueba superveniente que exhibió consistente en el instrumento público número 2762, de diez de enero de dos mil veinte, pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 10 de la Novena Demarcación Notarial. b) Deberá pronunciarse respecto a las pruebas que recibió por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, misma que proveyó reservar hasta en tanto lo permitiera el estado de autos. Concesión de amparo que se hace extensiva a la diversa autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Misantla, Veracruz, ya que al resultar inconstitucional la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, relativa al toca de apelación 257/2020, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por encontrarse viciado su origen." CONDUCTAS REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió la siguiente constancia: Copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. De las actuaciones enunciadas se advierte que la responsable realizó estas acciones: Dejó insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca de apelación número 257/2020. Dictó una nueva resolución el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que valoró la prueba superveniente consistente en el instrumento público número 2762, de diez de enero de dos mil veinte, pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 10 de la Novena Demarcación Notarial, determinando que el mismo cumplió con toda las formalidades de su emisión, conforme a lo estipulado en el numeral 103 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, por lo que conforme a lo establecido en el numeral 261, fracción VIII y 262, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicho instrumento goza de pleno valor probatorio, para demostrar que en esa fecha Getulia Rivera Estrada, repudió sus derechos hereditarios que le corresponden en la sucesión testamentaria a bienes del señor Matías Pumarino Ochoa a favor de sus nietas Brenda y Elizabeth de apellidos Yglesias Pumarino. De igual forma, realizó pronunciamiento respecto de las pruebas que recibió por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte. CONCLUSIÓN. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que, acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento; por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA PUNTUALMENTE CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el licenciado Luisin Romero Castañeda, en su carácter de autorizado de las terceras interesadas Getulia Rivera Estrada y Alejandra Pumarino Rivera, en su escrito de diez de noviembre del año en curso, recibido en este juzgado al día siguiente, en el que manifestó que la responsable violentó el acceso a la justicia y con ello al principio de la tutela judicial efectiva, en razón de que la resolución que emitió se ordenó por lista de acuerdos, vulnerando el numeral 74 fracción I y 81 del Código adjetivo civil, debiendo ordenarse la notificación de forma personal. De igual manera, manifiesta que la valoración de la prueba superviniente que los quejosos se dolieron, del cual no les fue debidamente valorada, argumenta que la autoridad violentó el debido proceso y acceso a la justicia, así como también a la tutela judicial efectiva, en virtud de que señala que si bien es cierto se realizó una valoración sobre la prueba superviniente, en términos del artículo 261 fracción VIII y 262 de Código adjetivo Civil, esto fue con vulneración a derechos humanos de acuerdos al numeral 14 Constitucional. Asimismo, indica que la autoridad responsable pasó por alto el numeral 65 del Código adjetivo civil, esto es, que después de la demanda y contestación no se admitirá la presentación de documentos a ninguna de las partes. Posteriormente, indica que en relación a lo argumentado dentro del considerando cuarto a página 35 la autoridad determinó que el instrumento público número 2762, de diez de enero de dos mil veinte, no cuenta con la firma de Getulia Rivera Estrada, sino únicamente la del notario dando fe de ese testimonio, por lo que, para desconocer la firma, por lo menos debió acudir ante la notaria para imponerse de ella, circunstancia que nunca menciono, manifestando que la autoridad no realizó un exhaustivo análisis de la actuación del expediente, ya que cuando se acudió ante el juez de lo principal se hizo hincapié de ello, y se le dio vista al fiscal de adscripción, radicándose la carpeta de investigación UIPJ/DIX/F-ENC/113/2020, por ciertos hechos constitutivos de delitos, con motivo del desconocimiento de la cesión de derechos hereditarios a favor de las aquí quejosas. Por lo que, manifiesta que la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es excesiva al vulnerar los derechos humanos de las terceras interesadas Getulia Rivera Estrada y Alejandra Pumarino Rivera. Al respecto, dígasele a dicho promovente que como se preció en párrafos que anteceden, la autoridad responsable acató cada uno de los lineamientos señalados en la sentencia amparadora; y, en todo caso, dichos planteamientos de inconformidad deberá hacerlos valer en la forma y vía que en derecho corresponda ante la autoridad competente, en razón de que en la sentencia de amparo no se determinó que la resolución que se emitiera en cumplimiento al fallo protector fuera notificada de manera personal a las partes, ni se puede analizar en esta vía la valoración y alcance que se le otorgó a la prueba superveniente, puesto que en el fallo protector únicamente se resolvió que el tribunal de alzada debía valorarla con libertad de jurisdicción; de ahí que resulte inatendible lo alegado. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el licenciado Luisin Romero Castañeda, en su carácter de autorizado de las terceras interesadas Getulia Rivera Estrada y Alejandra Pumarino Rivera, mediante el cual solicita se resuelva respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesa, por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a las quejosas y terceras interesadas, la determinación que dice: ...Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que, acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento; por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA PUNTUALMENTE CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.
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