Braulio Rodríguez García
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Braulio Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO y pasados treinta días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ténganse por recibidos los telegramas de cuenta, remitidos por el Encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Córdoba, Veracruz y Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales rinden sus respectivos informes justificados; al respecto, agréguense sin mayor proveer en virtud de que en siete de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese si mayor proveer en virtud de que en siete de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el uno de los actuales, acudió a sus instalaciones el aquí quejoso Braulio Rodríguez García, y le fue expedido a su favor el certificado de título de propiedad de origen parcelario número 1011402, remitiendo copias certificadas de las constancias con que acredita su dicho. Ahora, tomando en consideración que el acto que en esta vía se reclama se hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la omisión de darme contestación y/o respuestas y/o entregarme Título de Propiedad respecto a mi solicitud de trámite número 30190025407 de fecha 11 de diciembre del año 2019" Ahora bien, de las constancias que remitió la responsable, consistentes en las copias certificadas del acuse de recibo y acta de comparecencia, se advierte que el uno de octubre de la presente anualidad, le fue entregado al quejoso Braulio Rodríguez García, en atención a su petición relativa a la solicitud 30190025407, el certificado parcelario original 1011402, en la cual obra estampada la firma del mismo. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el veinticinco de agosto del año en curso y el uno de los cursantes, el Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, le entregó al aludido impetrante de amparo, en atención a su petición relativa a la solicitud 30190025407, el certificado parcelario original 1011402; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia hecha valer por la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión e incumplimiento de la expedición del certificado parcelario, que solicitó mediante el número de trámite 30190025407; luego, al existir constancia de que la autoridad responsable le entregó al aludido impetrante de amparo el certificado parcelario original 1011402, derivado de la solicitud número 30190025407, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y agente del ministerio público de la federación adscrita.
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