Brenda Salazar Huerta
Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Brenda Salazar Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte (fojas 113 a 117), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo, así como realizar anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el primer párrafo del artículo 21 del citado acuerdo (tres años), dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá destruirse el citado incidente y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas. Quejosa solicita copias certificadas y devolución de documentos. Finalmente agréguese el escrito signado por la quejosa Brenda Salazar Huerta, por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa constancia de recibo que quede agregada en autos, las cuales serán entregadas a la ocursante, en virtud de que no autoriza a diversa persona para recibirlas. Asimismo, solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito de demanda; en tal virtud, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Informes justificados. Agréguense los oficios signados por el 1) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Tlaxcala, 2) Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, 3) Titular de la Subdelegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4) Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, ofreciendo como prueba documental copia certificada del oficio 309101330110/002575, de cinco de octubre de dos mil veinte, la cual se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de las abstenciones reclamadas, cabe recordar que estas consisten en la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada, debido a que si bien es cierto al momento en que la quejosa Brenda Salazar Huerta, presentó su demanda de garantías (veintinueve de septiembre de dos mil veinte), la responsable no había acordado su determinación, relativa a la promoción que presentó mediante escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez; también lo es que, por oficio 309101330110/002575, de cinco de octubre de dos mil veinte, se acordó dicha promoción. En efecto, de un análisis a las constancias que remitió la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, al rendir su informe justificado, se advierte que en atención al escrito que le dirigió la parte quejosa el cuatro de septiembre del año en curso, acordó lo siguiente: Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que de las constancias que allegó la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la responsable acordó el escrito de cuatro septiembre del año en curso, por el cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Por otra parte, resulta conveniente destacar que en relación con la respuesta que dio la autoridad responsable a la petición que le formuló la aquí quejosa, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto, puesto que, en caso de que la referida impetrante no esté de acuerdo con la misma, deberá acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. Tiene aplicación al respecto, la tesis 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con dos minutos del once de noviembre de dos mil veinte), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que indican y por lo que respecta al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígaseles que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Informes justificados. Agréguense los oficios signados por el 1) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Tlaxcala, 2) Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, 3) Titular de la Subdelegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4) Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, ofreciendo como prueba documental copia certificada del oficio 309101330110/002575, de cinco de octubre de dos mil veinte, la cual se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de las abstenciones reclamadas, cabe recordar que estas consisten en la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada, debido a que si bien es cierto al momento en que la quejosa Brenda Salazar Huerta, presentó su demanda de garantías (veintinueve de septiembre de dos mil veinte), la responsable no había acordado su determinación, relativa a la promoción que presentó mediante escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez; también lo es que, por oficio 309101330110/002575, de cinco de octubre de dos mil veinte, se acordó dicha promoción. En efecto, de un análisis a las constancias que remitió la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, al rendir su informe justificado, se advierte que en atención al escrito que le dirigió la parte quejosa el cuatro de septiembre del año en curso, acordó lo siguiente: Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que de las constancias que allegó la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la responsable acordó el escrito de cuatro septiembre del año en curso, por el cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Por otra parte, resulta conveniente destacar que en relación con la respuesta que dio la autoridad responsable a la petición que le formuló la aquí quejosa, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto, puesto que, en caso de que la referida impetrante no esté de acuerdo con la misma, deberá acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. Tiene aplicación al respecto, la tesis 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con dos minutos del once de noviembre de dos mil veinte), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que indican y por lo que respecta al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígaseles que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de octubre de dos mil veinte: AUDIENCIA INCIDENTAL. En Apizaco, Estado de Tlaxcala, siendo las trece horas con siete minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 494/2020-II, promovido por Brenda Salazar Huerta, se procedió a celebrar la misma ante la presencia de Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido por Christoper Rodríguez Escobar, Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. El Juez declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a su inmediato acuerdo, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta con lo siguiente: Copia de la demanda de amparo y anexos (fojas 1 a 26). Auto de trece de octubre de dos mil veinte, donde se proveyó respecto a la suspensión provisional (fojas 27 a 33). Todo lo anterior consta en autos. En este acto, el Secretario da cuenta con los oficios registrados en el libro de correspondencia con los folios 7205, 7204, 7203 y 7202. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos los informes previos que emiten el 1) Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, 2) la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, 3) el Titular de la Subdelegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4) el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Tlaxcala. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables, a las personas que indica en su oficio de cuenta y por lo que respecta al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de sus oficinas principales, respectivamente. PRUEBAS. En este acto, el Secretario da cuenta con las documentales adjuntadas a la demanda de amparo (fojas 10 a 26) y con las remitidas por las autoridades responsables en los informes de cuenta. El Juez acuerda: De conformidad el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y con lo anterior se concluye dicho período procesal. ALEGATOS. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que las partes no hicieron manifestaciones en tal sentido. El Juez determina: Sin alegatos de las partes, se cierra esta fase. R E S O L U C I Ó N VISTO; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 494/2020-II. R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión Brenda Salazar Huerta, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, que hizo consistir en: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de trece de octubre de dos mil veinte (fojas 27 a 33), se admitió la incidencia a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, proveyó sobre la suspensión provisional, y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. TERCERO. Efectos para los cuales se pide la suspensión. La suspensión del acto reclamado se solicita para los efectos que se reproducen: " . para que se dejen las cosas en el estado en que se encuentren y que las autoridades responsables, no vallan a otorgar a ninguna otra persona, los derechos sociales que me corresponden, y que traigan como consecuencia, el ser irreparable mi derecho de petición y demás garantías" (sic). Por lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada. Por similitud se cita la jurisprudencia cuyo rubro anuncia: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1) Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, 2) Titular de la Subdelegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social y 3) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, negaron la existencia del acto reclamado que les atribuyó la parte quejosa; lo cual no fue desvirtuado por la misma. Así pues, al no haber aportado la parte quejosa prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las autoridades citadas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por falta de materia sobre la cual decretarla respecto de las autoridades citadas. Resulta aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Ahora bien, la Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado que le atribuyó la parte quejosa, pues refiere que el cinco de octubre del año que transcurre dio contestación de la petición que le fue formulada por la parte quejosa el cuatro de septiembre anterior; sin embargo, debe indicarse que la omisión subsistía a la data en que se presentó la demanda de amparo por lo que el mismo acto es existente. QUINTO. Se niega suspensión definitiva. Con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar y fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar. Cobra aplicación a la consideración vertida, la jurisprudencia 4/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Ahora, la parte quejosa solicita expresamente la medida cautelar del acto que señala; no obstante resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, sobre dicho acto reclamado en atención a los motivos que se exponen a continuación: Para establecer la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir, que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En la especie, cabe recordar que la quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado en la misma data en la oficialía de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual solicitó el otorgamiento de pensión por viudez. Ahora bien, como puede verse, el acto que se reclama es de naturaleza omisiva, sobre el cual resulta improcedente la suspensión provisional, en virtud de que ese tipo de acto no requiere de ejecución material alguna y, por ende, no existe actuación qué paralizar. Por tanto, no procede conceder la suspensión definitiva contra el referido acto reclamado en la medida que constituye una abstención de parte de la autoridad responsable que implica un no actuar o dejar de hacer algo y, por obvias razones, no existe materia para conceder la suspensión provisional, ya que no puede paralizarse lo que no es susceptible de realizarse. Se expone tal aserto, porque aun cuando en la Ley de Amparo no existe alguna disposición que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es omisivo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en el sentido de que no procede contra actos que tienen tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que la letra dispone: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; RESUELVE. ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de las autoridades responsables y consideraciones precisadas en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario quien autoriza y da fe.
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