Brenda Portillo Ramírez

Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
816/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Brenda Portillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, la copia certificada del expediente 405/2023, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento Agréguese el oficio signado por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada del expediente 405/2023 de su índice. Vista a las partes Con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, ofreciendo las documentales antes señaladas, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Se ordena formar tomo de pruebas Ahora, dada la naturaleza de las constancias remitidas por la autoridad ante referida, fórmese un tomo de pruebas por separado, en el cual, deberá elaborarse la carátula respectiva. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que el promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: Ello, en atención a que al momento de que el Juez de lo Familiar responsable, admitió a trámite el juicio de alimentos provisionales promovido por la quejosa a su favor y de la menor de iniciales X. D.V.P., había sido omiso en proveer al respecto, dado que únicamente solicitó información al centro de trabajo del demandado. Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del: Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, los actos siguientes: Ello, en atención a que al momento de que el Juez de lo Familiar responsable, admitió a trámite el juicio de alimentos provisionales promovido por la quejosa a su favor y de la menor de iniciales X. D.V.P., había sido omiso en proveer al respecto, dado que únicamente solicitó información al centro de trabajo del demandado. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que las omisiones reclamadas vulneran su derecho fundamental reconocido en el artículo 1 y 4, de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, se desprende que la autoridad responsable el dos de agosto de dos mil veintitrés, dictó resolución respecto a la solicitud de alimentos provisionales, presentada por la quejosa Brenda Portillo Ramírez, en la cual, determinó alimentos provisionales en favor de la menor de identidad reservada de iniciales X.D.V.P. y respecto de la quejosa Brenda Portillo Ramírez, expuso los motivos por los cuales no consideró procedente decretarlos; resolución que fue notificada a la quejosa el siete de agosto de dos mil veintitrés. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en: En términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos el expediente generador del acto reclamado, situación que ya aconteció; sin embargo, se observa que no es necesario realizar emplazamiento del tercero interesado, debido a que la presente determinación no le genera ningún tipo de perjuicio en su esfera jurídica. Sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el expediente generador del acto reclamado, sin embargo no se advierte que la autoridad responsable haya remitido el mismo. En consecuencia, requiérase al Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Juarez, para que dentro del término de tres días legalmente computados remita a este órgano jurisdiccional, el expediente 405/2023 de su índice. Se apercibe a la autoridad referida en el párrafo que antecede, que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá, una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que siguen el juicio de amparo, se difiere la audiencia relativa al incidente de liquidación y se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. JFJM

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Solicita información. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y se le proporcione copia del acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de esta última, obténgase copia con firmas electrónicas del acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual causó estado la resolución que sobreseyó el presente juicio y remítase a la autoridad solicitante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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