Brenda Rubí Togo Rojas

Expediente 698/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
698/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
21/05/2015

Partes del expediente

  • Brenda Rubí Togo Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de quince de abril de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de diecisiete de abril de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de quince de abril de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 6501 (foja 299), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Vida y la Salud del Orden Común-Zona Ensenada, informó que el diecisiete de febrero del año en curso, remitió a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Culposos la averiguación previa 1140/12/311, de ahí que mediante acuerdo de dieciocho de marzo de la presente anualidad, se tuvo como autoridad sustituta a la autoridad mencionada en último término. De igual modo, de autos no se desprende que la quejosa haya desahogado la vista ordenada en proveído de veintiséis de marzo del año en curso; en consecuencia, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando no exista manifestación sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Vida y la Salud del Orden Común-Zona Ensenada, de quien reclamó el acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, dictado por la responsable con conocimiento de la Subprocuradora de Justicia dentro de la averiguación previa 1140/12/311 de su índice; sin embargo, mediante acuerdo de dieciocho de marzo de la presente anualidad, se tuvo como autoridad sustituta a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Culposos. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Ahora bien, mediante resolución emitida en la audiencia constitucional de uno de agosto de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional sobreseyó el amparo a la parte quejosa; sin embargo, mediante ejecutoria pronunciada el seis de febrero de dos mil quince, dentro del recurso de revisión 384/2014, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, determinó modificar la resolución emitida por este órgano judicial, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para efecto de que: ".la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado de veinticinco de septiembre de dos mil trece, dictado en la averiguación previa 1140/12/311 dictado por el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Vida y la Salud del Orden Común (AEVISA), Zona Ensenada y, en su lugar, dicte otro en el que admita la prueba pericial médica ofrecida por la quejosa, dado que su ofrecimiento no aparece que sea contrario a la moral ni al derecho;." (foja 288 vuelta). ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio de data veinticuatro de marzo de dos mil quince, recibido en este Juzgado el veinticinco siguiente y registrado con el folio 8403, la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Contra la Vida y la Salud, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 1140/12/211/AP. Tal documental tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ey de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que la responsable dejara sin efectos el acuerdo pronunciado en la averiguación previa 1140/12/311/AP el veinticinco de septiembre de dos mil trece y, en su lugar emitiera otro, en el que se admitiera la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa. Ahora bien, del oficio remitido por la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Contra la Vida y la Salud, se aprecia que en cumplimiento a lo anterior, dictó un acuerdo el veinticuatro de marzo de dos mil quince, el que en la parte que interesa refiere: ".en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de amparo supracitado, se deja sin efecto el acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, en el que se niega la admisión de la probanza consistente en (sic) pericial médica, y por tanto, dígasele al promovente que HA LUGAR a acordar de conformidad a lo solicitado en el ocurso recibido por el órgano investigador en fecha cinco de septiembre, por tanto, se ADMITE la probanza ofrecida consistente en dictamen de medicina, debiendo girar atento oficio a la Jefa de Servicios Periciales de Zona Ensenada, solicitando tenga a bien designar peritos en materia médica, quienes deberán comparecer ante esta Representación Social a efecto de aceptar y protestar el cargo conferido." (foja 319). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se agrega el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, mediante el cual informa que remitió a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Culposos, la averiguación previa 1140/12/311, porque se integra por La probable comisión de delitos de lesiones culposas y responsabilidad médico y técnica, de los cuales le corresponde conocer a la Agencia del Ministerio Público de referencia, por lo que esta autoridad se encuentra obligada a cumplir con la ejecutoria de amparo, en su calidad de autoridad sustituta. Circunstancia de la que este órgano federal toma conocimiento. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Culposos, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en autos, de la cual se le remite copia certificada, o en su caso, informe las gestiones tendentes a cumplimentarla, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA POR EL EQUIVALENTE A CIEN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA ZONA GEOGRÁFICA, en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, en turno, para CONTINUAR CON EL TRÁMITE AHÍ PREVISTO PARA LA INEJECUCIÓN.

  4. Principal

    Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Investigadora de Delitos contra la Vida y la Salud, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que en diecisiete de febrero del dos mil catorce remitió la averiguación previa 1140/12/311 a la Agencia Investigadora de Delitos Culposos, razón por la cual no tiene a su cargo la integración de la referida averiguación; atento a ello, requiérase al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Investigadora de Delitos contra la Vida y la Salud, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional cual fue el motivo por el que envió la referida averiguación previa a la dependencia que menciona, y en su caso, remita copia certificada de las constancias, así como del acuse de recibo con que cuente en relación a dicha averiguación previa, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, en términos del artículo 258 de la ley de la materia.

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