Brenda Reyes González

Expediente 477/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
477/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
21/01/2016

Partes del expediente

  • Brenda Reyes González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo a la parte quejosa, existen documentos en copia certificada exhibidos por la parte tercero interesada y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en copia certificada exhibidos por el tercero interesado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, que dice: "Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo a la parte quejosa, existen documentos en copia certificada exhibidos por la parte tercero interesada y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en copia certificada exhibidos por el tercero interesado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves"

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa y tercero interesada el auto de dieciocho de diciembre de dos mil quince, que dice: "Ensenada, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se desprende que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en proveído de uno de diciembre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por las responsables. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "1.- De la autoridad señalada en el punto III inciso A) denominada C. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en su carácter de autoridad ordenadora, se le reclama el inicio, tramitación, dictado de sentencia definitiva de fecha 15 de mayo de 2015, auto que la declara ejecutoria y ejecución de la misma, todo ello llevada a cabo dentro del expediente 170/2015 radicado ante la responsable. 2.- De la autoridad señalada en el punto III inciso A) denominada C. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en su carácter de autoridad ordenadora, la omisión en que incurrió dentro del expediente 170/2015 radicado ante ella misma, al no haberse emplazado a la suscrita con las formalidades de Ley, así como el haber dictado auto en el que se me declaró rebelde, omitiendo analizarse de manera correcta y oficiosa la legalidad del citado emplazamiento. 3. De la autoridad señalada en el punto III inciso A) denominada C. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en su carácter de autoridad ordenadora, la omisión en que incurrió dentro del expediente 170/2015 radicado ante ella misma, al momento de dictar sentencia definitiva, declararla ejecutoria y ordenar su ejecución, esto al no respetarse los derechos de la suscrita. 4.- De la autoridad señalada en el punto III inciso B) se le reclama el ilegal emplazamiento que realizó a la suscrita dentro del expediente 170/2015. 5.- De todas y cada una de las responsables se les reclama todo lo actuado dentro del expediente 170/2015." Ahora bien, mediante resolución de treinta de octubre de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintiséis de noviembre del actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA La sentencia de treinta de octubre de dos mil quince, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que el Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad: Deje sin efectos el emplazamiento practicado a Brenda Reyes González, y como consecuencia las actuaciones posteriores a éste. 2) Conforme a sus facultades, ordene el legal emplazamiento a juicio de Brenda Reyes González, y continúe el procedimiento como en derecho proceda. Protección que se hace extensiva hacia los actos atribuidos al actuario judicial adscrito al juzgado responsable, al ser consecuencia directa e inmediata de actos viciados de origen y no reclamarse por vicios propios de inconstitucionalidad." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 31126 (fojas 153 a 158), las autoridades responsables informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con las constancias que acompañaron. Tales documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que la responsable dejara sin efecto el emplazamiento de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, practicado a Brenda Reyes González, y como consecuencia, las actuaciones posteriores a éste; y ordenara el legal emplazamiento a juicio de la impetrante de amparo, y que continuara el procedimiento como en derecho proceda. Ahora bien, la juez responsable, mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio sumario civil 170/2015 de su índice -dejó sin efectos el emplazamiento practicado a Brenda Reyes González- y las actuaciones posteriores a éste; ordenó el emplazamiento de la aquí impetrante de amparo, el cual tuvo lugar mediante diligencia levantada por el actuario de su adscripción el dos de diciembre del año en curso. En ese sentido, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada al dejar -las autoridades responsables- insubsistentes los actos de autoridad que constituyeron lo reclamado en esta instancia, y respetaron su derecho de audiencia -al quedar debidamente emplazada al juicio de origen- dándole la oportunidad de comparecer al mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR, pues es inconcuso que las autoridades responsables acataron el núcleo esencial de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente"

  4. Principal

    Se notifica por lista la parte tercero interesada: BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL "FIDEICOMISO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO DE ENSENADA" (FIDUE), DEL XXI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL OSIAS GIBRÁN RUIZ DURAZO, el auto de uno de diciembre de dos mil quince, que dice: "Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la 1. Juez Segundo de lo Civil provisional, y por el 2. Actuario adscrito a dicho juzgado, ambos con residencia en esta ciudad, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento"

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