Brenda Morales Siqueiros
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Brenda Morales Siqueiros
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha tres de febrero del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad y otras autoridades. Ahora, de conformidad con el artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda y aclaratorio, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, los artículos 112 y 113 de la Ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el último de los mencionados aplicado en sentido contrario, ya que a las autoridades señaladas como responsables, no les reviste tal carácter. Los numerales aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." En este contexto, se considera conveniente señalar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el primero de ellos no dispone de manera específica un motivo que vuelva improcedente el juicio de amparo, pero sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; por su parte, los diversos numerales prevén que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de los derechos fundamentales, pues así lo dispone el artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de tal medio extraordinario contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ***." Ahora bien, de una interpretación sistemática y armónica de los preceptos y jurisprudencia citados, se colige que el juicio de los derechos fundamentales es improcedente cuando los actos reclamados no son emitidos por un ente que actúe en un grado de imperio sobre el gobernado, con facultades de coerción y, en un grado de supra a subordinación para con el propio gobernado, es decir, en su calidad de "autoridad". Sentado lo anterior, es pertinente señalar cuáles son los tipos de relaciones jurídicas, a saber: de supra a subordinación, subordinación y coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2011, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como puede advertirse una de las notas distintivas del acto de autoridad es la existencia de una relación de supra a subordinación con un particular. No se debe soslayar que existen relaciones que en razón de su propia naturaleza jurídica resulta un poco más complejo determinar cuando el ente del Estado actúa como autoridad y cuando en un plano de igualdad ante los demás gobernados. En ese supuesto para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del caso concreto que se presente, así tenemos que el juez de amparo debe analizar: a) El origen material y la finalidad del acto respectivo. b) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos, es decir, la actualización de la relación de supra a subordinación. c) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica. Importa mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 56/2021, entre los criterios sustentados por el Primer y Decimoquinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, -el veintisiete de octubre del dos mil veintiuno-, dilucidó en torno a la discrepancia respecto al tema que nos ocupa. Para un mejor entendimiento, se transcriben las consideraciones relevantes de la citada ejecutoria: "54. El treinta de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARSCoV2", en el que se determinó el regreso a labores en instalaciones físicas de los servidores públicos que concluyeron su proceso de inmunización. Además, considera viable continuar con el esquema de trabajo, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita a las personas servidoras públicas que estén en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como aquellas consideradas como personas vulnerables. 55. Quedaron exceptuadas de dicho acuerdo las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal del Servicio Exterior Mexicano, instituciones de protección civil y demás que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. En el caso del IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad e instituciones relacionadas con los servicios de salud, quedaron facultados para aplicar el acuerdo, sin alterar el cumplimiento de sus funciones institucionales y la prestación de servicios de salud, en congruencia con sus disposiciones en materia de administración de recursos humanos. 56. Lo anterior permite concluir que los acuerdos emitidos durante la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, tienen una naturaleza formalmente administrativa, en tanto que fueron expedidos por diversas autoridades de esa naturaleza, entre otros, los titulares de las Secretarías de Salud, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. 57. No obstante, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los trabajadores deben continuar desarrollando sus labores, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza materialmente laboral. 58. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. 59. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de suprasubordinación respecto de sus trabajadores. La normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. 60. Si bien se aprecia que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARS-CoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. 61. Conclusión que se sostiene en la medida que el artículo 123, apartado A, fracción XV, de la Constitución, establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la propia ley transcritos en párrafos precedentes. 62. Lo anterior, aunado a que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. 63. En ese sentido, la recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. 64. Similares consideraciones fueron sustentadas por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 127/2021, en la que se concluyó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores en sus centros de trabajo. 65. En esas circunstancias, esta Segunda Sala concluye que el acto reclamado que se atribuye al patrón, consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, tiene naturaleza laboral, en virtud de que la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente. 66. Ello, ya que de acuerdo con lo anteriormente relatado, el permiso para que una persona trabajadora obtenga el resguardo domiciliario con el objeto de dejar de acudir a su centro de trabajo como medida preventiva de contagio del virus SARSCoV2, constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. 67. No es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general. 68. Lo anterior, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2, en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo, fueron emitidos por autoridades administrativas, lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, transcritos con antelación." (Lo subrayado es propio) Consideraciones transcritas que dieron origen a la Jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 2023974, que es del tenor siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARSCoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." En esas condiciones, si la quejosa ****, reclama al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad y diversas autoridades, el incumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y diversos subsecuentes, al omitir decretar el resguardo domiciliario con motivo de su estado de embarazo, en su carácter de empleada de dichas autoridades; resulta claro que los actos reclamados, tienen una naturaleza laboral en virtud de que se encuentran orientados a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho del trabajo digno y decente. Es decir, los actos reclamados son consecuencia de la relación laboral existente entre la peticionaria y las dependencias que ahora señala con el carácter de autoridad responsable para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada; debido a que dichos actos inciden y causan perjuicio en la esfera de derechos que posee al ser parte trabajadora. Por lo tanto, los actos que pretende combatir a través del presente juicio, tienen una naturaleza particular y no laboral, la cual no se genera por un vínculo jurídico que se mantenga entre trabajador y patrón, ya que en este caso las autoridades responsables no actúan con una potestad de imperio, puesto que los actos en que incurren, son meramente particulares e internos entre las dependencias públicas y la solicitante de amparo. En efecto, entre la inconforme y las autoridades responsables subyace un vínculo empleado/patrón, en atención a la relación laboral que existe entre la trabajadora y las responsables; por lo tanto, se está en presencia de una relación de coordinación -no de supra a subordinación, (gobierno/gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, acorde al artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar los actos reclamados de una dependencia pública que actúa como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes, pues los actos impugnados, no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obrero/patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias laborales correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, y no son tales las diferencias de carácter laboral suscitadas entre dependencias de gobierno y sus empleados Por consiguiente, los actos u omisiones combatidos por la quejosa, son actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculadas totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la promovente, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dichos actos, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y les irroguen perjuicio. Cierto, los actos reclamados, en su caso, solo conllevan una actuación propia de la relación privada que une a la dependencia con la parte quejosa como particular, toda vez que su objetivo es que se continúe con la prerrogativa del resguardo domiciliario, como medida para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, los cuales consisten en el cumplimiento de una prestación de trabajo que por regla general, no es reclamable en la vía constitucional Por tal motivo, con fundamento en los artículos 5°, fracciones I y II, 113, 61, fracción XXIII, y demás relativos y aplicables de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (11a.) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al analizar si para efectos del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado proviene o no de una autoridad en asuntos donde trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron la negativa a otorgarles licencia o permiso para ausentarse de sus labores, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo relativo, en consecuencia, la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el 21 de abril de ese año, a fin de hacer efectivas las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito determina que en el caso señalado, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en asuntos que tengan relación con las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria del trabajo correspondiente, por lo que en dicho supuesto, en forma excepcional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo" (Lo subrayado es propio) Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados en su demanda de amparo y señalando como número de teléfono celular *** y como correos electrónicos ***. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente
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