Brenda Ibette Rodríguez Soto

Expediente 1328/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1328/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Juzgado Primero de lo Mercantil en la Capital
  • Brenda Ibette Rodríguez Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de siete de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho proveído. II. Ordena archivo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. IV. Se hace del conocimiento de las partes. Se hace del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, por lo que las constancias firmadas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no serán agregadas al expediente físico, el cual sólo contendrá las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generan de la misma manera. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio suscrito electrónicamente por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, y en atención a lo que solicita, acúsese recibo del oficio 13084/2023, mediante el cual se remitió el diverso oficio 1697, signado por el Juez Primero de lo Mercantil, mediante el cual rinde informe con justificación y remite; original y copia del escrito de presentación, original y dos copias de la demanda de amparo que promueve ***, cuaderno de amparo 395/3023; así como los autos del juicio ejecutivo mercantil 395/2023, los cuales fueron recibidos en este juzgado de Distrito el once de octubre del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Autorizado solicita copias. Téngase por recibido el escrito signado, físicamente, por ***; en atención a lo que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que la solicitud a que se refiere, deberá ser peticionada por el directo quejoso, por las consideraciones siguientes: El primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero." Del análisis sistemático de dicho numeral, se desprende que el quejoso podrá autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, en cuanto favorezcan los intereses de su autorizante, incluso interponer recursos. Además, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado en términos amplios de dicho numeral y señala que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Lo anterior encuentra sustento de manera ilustrativa, en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA". Ahora, si por auto de quince de abril de dos mil diecinueve, se ordenó archivar el presente expediente como concluido, es evidente que ya no existe actuación alguna que realizar dentro de este sumario para la defensa de los derechos del autorizante; por lo que si bien en diverso proveído de veintitrés de marzo del presente año, se designó al promovente como autorizado de la parte quejosa, lo cierto es que por el tiempo transcurrido, ya no subsiste la autorización que le fue otorgada. De ahí que deberá ser el propio quejoso ***, el que una vez concluido en definitiva el presente juicio de amparo, podrá comparecer a juicio a solicitar las copias que refiere. II. Cambio titular. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre del presente año, la Jueza Alma Adriana Villanueva Madrid fungirá como titular de este órgano jurisdiccional en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este Juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/2429/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito de la quejosa ***, mediante el cual, en atención a la prevención realizada en proveído de trece de octubre del año en curso, desahoga en tiempo el punto que le fue solicitado de la siguiente manera: a) Bajo protesta de decir verdad, preciso cuál es el acto que por esta vía reclama. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. a) Definitividad. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES". A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, el cual consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". Ahora, de lo manifestado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, se desprende que la ahora quejosa es parte demandada en ese expediente, puesto que en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, expresa que se enteró que es parte dentro del juicio ejecutivo mercantil *** radicado ante el Juez Primero de lo Mercantil de esta ciudad, manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Además, de las constancias que integran el referido juicio de origen, las cuales fueron allegadas a este órgano jurisdiccional con motivo de la incompetencia planteada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se advierte que a la fecha, no se ha dictado sentencia definitiva. Por lo que, al tener conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de que se emita sentencia definitiva, adquiriere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. De ahí que no puede considerarse a la peticionaria de amparo como tercera extraña a juicio, dado que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, el criterio siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". Por su parte, los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 1,349. [...]" "ARTÍCULO 1,350. [...]" "ARTÍCULO 1,351. [...]" "ARTÍCULO 1,352. [...]" "ARTÍCULO 1,353. [...]" "ARTÍCULO 1,414. [...]" Por su parte, los preceptos legales 74 y 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, de aplicación supletoria del Código de Comercio, señalan lo siguiente: "ARTICULO 74. [...]" "ARTICULO 76. [...]" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y la manera en que se deberá de combatir dichas actuaciones. Establecido lo anterior, se concluye que el acto reclamado por la promovente del amparo, consistente, en síntesis, en el emplazamiento que se le practicó dentro del juicio ejecutivo mercantil *** radicado ante el Juez Primero de lo Mercantil de esta ciudad, por lo que resulta impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, habida cuenta que a través de este incidente puede hacer valer argumentos tendentes a dejar sin efectos dicho acto que por esta vía combate, por lo que resulta incuestionable que, previamente debió intentar el aludido incidente, respecto de tal acto, antes de instar el juicio constitucional. En este orden de ideas, si se constriñe a los gobernados la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar los actos reclamados y no agotó el promovente el incidente de nulidad de notificaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, por ser notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA" "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACIÓN SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES)" Cabe precisar que este juzgador no inobservó los criterios sostenidos en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, ya que para que proceda el amparo indirecto, las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. III. Vista con adscripción de titular. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre de dos mil veintitrés, la licenciada Alma Adriana Villanueva Madrid, fungirá como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, residente en la ciudad del mismo nombre, en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, mientras subsistan las condiciones o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/2429/2023 de veinticinco de octubre del mismo año, emitido por la Secretaria Ejecutiva de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de 2010, página 312, registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese personalmente.

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