Brenda Lucia Gonzálezz Garza
Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Brenda Lucia Gonzálezz Garza
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió *****; por ende, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Noveno del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, este expediente se clasifica como de archivo reciente, por lo cual acorde con lo estipulado en la diversa fracción I del punto Décimo de ese Acuerdo General, deberá ser conservado en este órgano de control constitucional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de ese Alto Tribunal; y toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, que dio origen a este juicio y por ello, el auto que así lo decretó, sin decidirlo en lo principal, da por concluido el mismo, en consecuencia, con apoyo en la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo, se considera este expediente susceptible de destrucción al transcurrir cinco años a partir de esta fecha; lo anterior, en la inteligencia de que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, en atención a que su naturaleza no actualiza ninguna de las hipótesis a que se contrae el punto vigésimo primero del acuerdo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Zenaido Orozco Contreras, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante la Secretario que da fe, licenciada Ana Cristina Guajardo Garza. Doy fe. *Jaresy
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica, promovido aparentemente por *****, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades; en tal virtud, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 575/2020-VII. En principio, el suscrito estima que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el 6, de la Ley de Amparo; preceptos que en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". "Artículo 61. El juicio de amparo es procedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma carece de firma electrónica de la promovente *****, por lo tanto, sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, deviniendo improcedente el escrito inicial de demanda de amparo; lo anterior es así, en razón de que la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover el juicio constitucional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J. 8/2019 (10a.), emitida en la décima época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo, promovida por *****. Sin que sea óbice a lo anterior que en el escrito inicial señale se vulneran las garantías protegidas por el ordinal 22 Constitucional, pues del contenido de la misma se advierte que la quejosa no se encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en dicho artículo; por tanto, no se encuentra en un supuesto de excepción. Ténganse a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que se menciona en la demanda, acorde a lo dispuesto por el precepto 27, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que la cédula número 10526428, efectivamente se encuentra a nombre de Isaías Tello Rojas, acreditándolo como licenciado en derecho, por tanto, téngase autorizado al profesionista en mención, en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, y respecto a la personas que refiere únicamente ténganse autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto justifique contar con cédula profesional, que lo acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, solicita la autorización para tener acceso al expediente mediante el portal de Servicios de Línea del Poder Judicial de la Federación, con la cuenta "ITELLOR"; por tanto, se autoriza la consulta electrónica vía internet del presente expediente, con el referido usuario, para que pueda acceder al citado por tal, en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); para los efectos legales conducentes. Por tanto, se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el sistema mencionado. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede a la promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado Zenaido Orozco Contreras, ante la Secretario que da fe, licenciada Karina Ruiz Cruz. Doy fe.
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