Brenda Lucía González Garza

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Brenda Lucía González Garza
  • David Guadiana de la Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    CÚMPLASE

  2. Principal

    El auto que puso fin al juicio ha causado estado, archívese el expediente como asunto concluido, se considera al mismo susceptible de destrucción

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término otorgado al directamente quejoso ***, a efecto de que acudiera a este juzgado a ratificar la demanda de amparo planteada a su favor por ***; ante ello, se hace efectivo el apercibimiento al que se le culminó mediante auto de dieciocho de marzo del actual, y conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida a su favor por ** que originó el juicio en que se actúa. Lo anterior se determina así, toda vez que mediante escrito presentado el dieciocho de marzo del actual, *** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directamente quejoso ***, contra actos atribuidos al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades, que hizo consistir, en la privación ilegal de la libertad en contra del directamente agraviado, incomunicación, tortura y la orden de traslado hacia algún penal del Estado; sin embargo, al presentarse el fedatario adscrito a este juzgado en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Número 2 celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones, el directamente quejoso manifestó estar enterado del término de tres días que se le concedió, a fin de que ratificara la demanda que fue presentada en su favor, y refirió consultarlo con su abogado; sin que a la fecha hubiese ratificado la demanda de amparo promovida a su favor. En tales circunstancias, se estima clara la voluntad del directamente agraviado ***, para no continuar con el trámite de este juicio y, por ende, la actualización del supuesto previsto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, por lo que se dejan sin efecto las providencias dictadas en este juicio. Por otra parte, del estado que guardan los autos se desprende que en auto de veintiséis de marzo del actual, se recibió el oficio 19854/2021, suscrito por la responsable Juez de Control y de Juicio Oral penal en el Estado, a través del cual informó que el diecinueve de marzo del año en curso, se llevó a cabo una audiencia en la cual dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa ***, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante ello, se ordenó su inmediata libertad, para lo cual giró oficio al Centro de Reinserción Social Femenil; lo anterior, dentro de la carpeta judicial **, de su índice. Luego, toda vez que de las constancias allegadas a su informe justificado por la responsable de mérito, se advierte que dentro de la carpeta judicial ***, que le instruye a la aquí quejosa **, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 308, 316 fracción II y 318, con relación al diverso 31 y 73 del Código Penal del Estado de Nuevo León, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictó orden de aprehensión y detención contra la agraviada de mérito; asimismo en el oficio que se relacionó en párrafo precedente, se desprende que el diecinueve de marzo del año en curso, se llevó a cabo una audiencia en la cual dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa **, por el delito señalado en líneas precedentes, y ante ello, se ordenó su inmediata libertad. ?En mérito de lo anterior, en concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por las razones que a continuación se expresan: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "El Juicio de Amparo, es improcedente: ...contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Cabe precisar, que de conformidad con el numeral en mención, para que opere la citada causal de improcedencia es necesario que concurran los supuestos siguientes: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, señala: "Procede el sobreseimiento... Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior". En el caso, de las constancias se aprecia existe un procedimiento seguido en forma de juicio, toda vez que, la responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, inició la carpeta judicial ***, contra de la ahora quejosa, por el antijurídico de homicidio calificado en grado de tentativa, en el cual el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, libró orden de aprehensión contra **, por el delito antes señalado; asimismo, que dentro del término constitucional en audiencia de diecinueve de marzo del año en curso, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa **, y ante ello, se ordenó su inmediata libertad, para lo cual giró oficio al Centro de Reinserción Social Femenil; produciéndose con ello un cambio de situación jurídica de la que se encontraba la quejosa, por virtud del acto que reclamó en el juicio de amparo, que en el caso concreto consistió en la privación ilegal de la libertad en contra de la directamente agraviada, así como su incomunicación, tortura y la orden de traslado hacia algún penal del Estado. Ante esta premisa, resulta evidente que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, quedaron consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; ya que al haberse dictado auto de no vinculación a proceso a favor de la directamente quejosa ***, ordenando su inmediata libertad, quedó superada la etapa en la que se encontraba, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En conclusión, toda vez que, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo del actual, ** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la directamente quejosa **, el cual fue admitido a trámite esa misma fecha, en la cual se reclamó actos atribuidos al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades responsables, consistente en la privación ilegal de la libertad en contra del directamente agraviado, incomunicación, tortura y la orden de traslado hacia algún penal del Estado; autoridad ordenadora que a través de su informe justificado y la misiva 19854/2021, recibida en auto de veintiséis de marzo del actual, manifestó que dictó orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 308, 316 fracción II y 318, con relación al diverso 31 y 73 del Código Penal del Estado de Nuevo León; y, posteriormente, en audiencia de diecinueve de marzo del año en curso, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa **, ordenando su inmediata libertad; en tal virtud, es claro que con relación a la privación de libertad, incomunicación, tortura y la orden de traslado hacia algún penal del Estado , se presentó un cambio de situación jurídica que, impide al suscrito resolver en el juicio respecto del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada, por lo que debe considerarse irreparablemente consumada la violación constitucional reclamada, y por ende, sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en la página 892, de la Quinta Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXIV, que textualmente dispone: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS). Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectarla nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción x del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamando, por parte de las autoridades administrativas." Sobreseimiento, que se hace extensivo a las autoridades responsables Encargada del Despacho del Centro de Reinserción Social Femenil, quien al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado únicamente en cuanto a la orden de traslado, así como respecto al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Titulares del Centro de Reinserción Social Número "1" y "2" Norte; y Titular del Centro de Reinserción Social Número "3" Oriente, quienes al rendir sus informes, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, marzo de 2003, página 386, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se determina dejar sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, siendo está a las diez horas con un minuto del catorce de abril de dos mil dieciocho; por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.

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