Brenda Flores de León

Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1013/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Brenda Flores de León

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase a ********************, apoderada de la quejosa ********************, dando cumplimiento a lo requerido en proveído del once de los cursantes, se provee: Vistos los autos, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo (escritos inicial y aclaratorio), se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable de dictar el laudo en el juicio laboral ******************** y su notificación; empero, atento a las constancias remitidas en el oficio con registro 10626 y del escrito de cuenta, se tiene que el doce de julio de dos mil veintitrés, la autoridad oficiante dictó el laudo en el referido expediente laboral, mismo que fue notificado a la quejosa el dieciséis de agosto siguiente. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos sus efectos y consecuencias quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. Respecto del acto consistente en la omisión de la autoridad responsable en notificar a los terceros interesado el laudo de que se trata, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, en virtud de que el acto que se combate no es de aquéllos que causen un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable algún derecho sustantivo en la esfera jurídica de la parte quejosa. La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, como lo es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. En efecto, las omisiones de tramitar el juicio en los plazos legales, de conformidad a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no constituyen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos en los términos destacados por el legislador, por lo que se estima que no afecta algún derecho fundamental tutelado a favor de las personas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en instrumentos internacionales. Lo anterior, ya que si bien, el doce de julio de dos mil veintitrés se emitió el laudo respectivo, a la fecha no ha transcurrido un plazo excesivo para que se realice la notificación del mismo. En efecto, el numeral 739 Bis de la Ley Federal del Trabajo, señala: "Artículo 739 Bis. Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos. Cuando las partes y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo a la Autoridad Conciliadora y al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma". De los preceptos transcritos, se desprende que dentro de los tres días hábiles siguientes después de emitida la sentencia, deberá notificarse la misma a las partes. En las apuntadas condiciones, aplicando al caso concreto y específico los principios mencionados precedentemente, se advierte que la omisión de la Junta responsable, no constituye un acto de imposible reparación, virtud a que no se puede llegar a considerar una dilación procesal abierta, ya que si bien la emisión del laudo fue en fecha doce de julio de dos mil veintitrés, no menos lo es que existe criterio del máximo tribunal del país, que indica que aún y cuando haya transcurrido el plazo legal para realizar la notificación respectiva del laudo, ello no ocasiona que existe una dilación importante en su realización, ya que para ello es necesario que además transcurran cuarenta y cinco días naturales después de fenecido el plazo legal para ello. Sirven de apoyo las jurisprudencias cuyos de datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2025625 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1456 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales. Registro digital: 2019400 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por las razones expuestas se desecha la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto los autos, se advierte que no obra la autorización de la cotización de honorarios del perito **********, solicitada a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderada de la quejosa **********, personalidad que se le reconoce y acredita en términos del documento que anexa, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1013/2023-I. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la demanda requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, bajo protesta de decir verdad desahogue las prevenciones que a continuación se exponen: a) Indique qué número de expediente laboral es de donde emana el acto reclamado toda vez que en una parte de la demanda (antecedentes y pruebas) señala como tal el número ********** y en otra **********(proemio y carta poder). b) Haga mención si ha promovido algún recurso o medio de defensa contra el acto reclamado en la presente instancia constitucional, o bien un diverso juicio de amparo, y de ser así, deberá mencionar ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. c) Exhibia cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, a saber: dos para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Apercibida que de no cumplir con los requerimientos referidos, se tendrá por no presentada la demanda en términos del artículo 114 de la legislación aplicable. Téngase por autorizado al usuario "**********", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sean en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Finalmente, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si dentro del expediente laboral ********** y/o ********** de su índice, promovido por la quejosa **********, ya dictó el laudo correspondiente y, remita las constancias con la cuales acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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