Brenda Berenice Martínez Marín y Otros.

Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Brenda Berenice Martínez Marín y Otros.
  • Sheila Elizabeth Marín Alavés y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose del treinta de julio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los incidentes de suspensión relativos. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención de los cuatro discos en formato dvd que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a la misma. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciba dicha constancia, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, en el que solicita se autorice la consulta del expediente electrónico; al efecto se acuerda: Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, debido a que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la legislación aplicable. Ello, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios promovidos ante el Poder Judicial de la Federación sobre los mecanismos para acceder a los expedientes electrónicos, así como el uso de firmas electrónicas para ello. Sin que lo anteriormente expuesto implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, ya que los mecanismos implementados en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, tienen como objetivo otorgar mayor certeza a los justiciables y permitirles un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados al Poder Judicial de la Federación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 391/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ingresó al buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el escrito de demanda de amparo signado por ************************ y ************************, contra actos del Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito el diez siguiente. II. En proveído del once de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 391/2021-VI; se requirió el informe justificado a la responsable, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó como tercero interesadas a *******; *******; *******, ******* y *******, así como a la Agente del Ministerio Público, que integró la carpeta administrativa 328/2021. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a una autoridad que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hacen consistir en: - El auto de vinculación a proceso emitido el trece de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 328/2021. TERCERO. El Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. Las quejosas hacen valer como conceptos de violación lo siguiente: Para que se acredite la probable responsabilidad, se tiene que demostrar el grado de participación del activo, además de que si fue como autor, o sólo realizó una conducta accesoria. La responsable no atendió la petición realizada al Agente del Ministerio Público, en el sentido de que se allegara de la diversa carpeta de investigación, en la que se advierte que las ahora quejosas fueron agredidas por diversas personas que participaron en la trifulca que dio origen al auto de vinculación reclamado, entre ellas, las ahora tercero interesadas. Es desacertada la valoración al aporte testifical de Christian Javier Hernández Bernabé, en que refirió que el día de los hechos, el agrupamiento de la policía femenil al que se encuentran adscritas las ahora quejosas, se les pidió apoyo para acudir al lugar de los hechos, y al llegar, fueron agredidas por las ahora ofendidas. Existen omisiones por parte de la Fiscalía dado que hay datos de prueba en la investigación, los cuales resultan infundados y falaces en contra de diversas personas que no estuvieron en el lugar de los hechos, con lo cual se evidencia la falta de probidad y certeza del pronunciamiento de las personas que hacen los señalamientos. La fiscalía se abstuvo de dar completa lectura ante el juez de control respecto de diversas constancias que integran la carpeta de investigación. Las pruebas ofertadas por la fiscalía son insuficientes, pues al ser engañosas entre sí, no logran el fin pretendido, dado que al ser aisladas, se presumen de falsas. En primer lugar debe decirse que en el nuevo sistema acusatorio de justicia penal se establece como requisito para el análisis de los datos de prueba, únicamente que el juzgador los considere de manera libre y lógica, lo cual si bien no exime la obligación de ponderar su alcance demostrativo, ello resulta ser tarea del juzgador, al llevar a cabo un razonamiento silogístico de los elementos ya demostrados con elementos aislados que lo lleven a la convicción de ponderar un juicio de racionabilidad sobre la conducta atribuida a los quejosos. Ciertamente, los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos a que deben ceñirse los juzgadores para la emisión de un auto de vinculación a proceso; preceptos que estatuyen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como los diversos numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Juez responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. De lo anterior se obtiene que en el dictado del auto de vinculación a proceso, se advierte un cambio de paradigma sobre la comprobación del cuerpo del delito y la justificación de la probable responsabilidad, que difiere de la anterior redacción del texto constitucional, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Asimismo, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". Del precepto trascrito se desprende que hecho delictuoso es la materialización física de la conducta realizada por el activo, considerada en la ley como ilícita por el legislador penal; asimismo, los datos de prueba son los medios de convicción aún no desahogados ante el juez, los cuales deben ser suficientes para que se evidencie la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Así las cosas, el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando como normas rectoras, entre otras, la legalidad (la imputación de hechos tipificados como delitos e información que constituya datos de su comisión), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Hecha la anterior precisión, a juicio del que resuelve, en el caso los datos de prueba existentes al momento de la emisión del auto de vinculación a proceso, como lo señaló el Juez responsable, son suficientes para estimar la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que las indiciadas aquí quejosas, lo cometieron o participaron en su comisión. Surte aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), registro 160330, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación". Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación identificados con las letras a) y f), toda vez que en la emisión del auto de vinculación únicamente debía atenderse el hecho o los hechos delictivos y la probabilidad de que los indiciados los cometieron o participaron en su comisión, sin que del mismo se pueda advertir violación a sus derechos fundamentales, tal y como lo pretenden hacer valer las quejosas. En efecto, con los datos de prueba el Juez responsable concluyó que se desprendía la manera en que se desarrollaron los hechos denunciados en cuanto a la hora, fecha y lugar, así como la posible intervención de las aquí quejosas, siendo claro en establecer: "El día veintiuno de marzo de dos mil veinte aproximadamente a las catorce horas las victimas *******, *******, *******, *******. y ******* quienes se encontraban en el domicilio calle resguardado COLONIA ****************, MUNICIPIO DE ****************, ESTADO DE MÉXICO, cuando una patrulla de la policía municipal de Ecatepec se paró a lado de su domicilio, bajándose varios policías para llevarse al señor ****************, interviniendo las victimas de iniciales *******. y ******* Para que no se lo llevaran, diciéndoles el policía ****************, no se las van a acabar hijas de su puta madre, voy a traer a las viejas para que les rompan su puta madre y aproximadamente a las catorce horas con diez minutos llego una patrulla con puras policías mujeres entre las que se encontraban las activos del delito **********************************, **********************************, **********************, ************************ y ************************, quienes se bajaron e ingresaron al domicilio de las víctimas para comenzar a golpearlas". Lo cual, entre otros datos de prueba, lo justificó con: 1. Constancia de carpeta de investigación ************************. 2. Entrevista de la victima de iniciales *******. del veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 3. Entrevista de la victima de iniciales ******* del veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 4. Entrevista de la victima de iniciales ******* del veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 5. Entrevista de la victima de iniciales ******* del veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 6. Entrevista de la victima de iniciales ******* del veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 7. Certificados médicos del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, emitidos por el doctor ************************ a favor de *******; *******; *******, ******* y ******* 8. Nota de alta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, del veintitrés de marzo de dos mil veinte, respecto de la paciente *******. 9. Estudio de columna cervical ap y lateral de laboratorio clínico más imagenologia salud digna del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, respecto de la paciente ******* 10. Estudio de columna lumbar a dos posiciones del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, respecto de la paciente ******* 11. Revisión de la clínica Nuestra Señora del Consuelo, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, de la paciente ******* 12. Nota de referencia, de la cruz rojas mexicana delegación Ecatepec, del veintiuno de marzo de dos mil veinte, a las dieciocho horas con treinta y seis minutos, respecto de la paciente ******* 13. Informe del policía de investigación ************************ del uno de abril de dos mil veinte, en el que practica inspección del lugar de los hechos. 14. Informe de criminalística del uno de abril del dos mil veinte, realizado por la perito ************************. 15. Informes especializados en género, suscritos por los peritos ************************, ************************, ************************ y ************************. Practicado a las victimas *******; *******; *******, ******* y ******* 16. Informe de policía de investigación del siete de octubre del año dos mil veinte realizado por el agente Juan Luis Osorio Mendoza, relativo a inspección y descripción del contenido de memoria USB 17. Contestación de oficio del treinta de octubre de dos mil veinte suscrita por Erick Iván Vázquez Salas, Subdirector Jurídico y Administrativo de Seguridad Publica y Transito de Ecatepec de Morelos. 18. Oficio del veintinueve de octubre de dos mil veinte dirigido al licenciado Erick Iván Vázquez Salas, por la Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Publica y Transito. 19. Fatigas de asistencia del cuadrante dieciséis del veintiuno de marzo de dos mil veinte, fotografiás tamaño postal y fichas personales de los elementos municipales solicitados, cuadros fotográficos de elementos municipales y parte de novedades del veintidós de marzo de dos mil veinte. 20. Oficio del dieciocho de noviembre de dos mil veinte suscrito por la Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa de Seguridad Publica y Transito. 21. Actas de identificación por fotografía practicadas por las victimas de iniciales *******, ******* ******* ******* y ******* del dieciocho de enero de dos mil veintiuno. 22. Ampliaciones de entrevistas de las denunciantes de iniciales *******, *******, ******* y ******* del veintiuno de enero de dos mil veintiuno. 23. Entrevistas de ************************, ************************, Mayra ************************, ************************ y ************************, del veintisiete de enero de dos mil veintiuno donde se reservan su derecho de rendir entrevista. 24. Entrevista de ************************ del dos de febrero de dos mil veintiuno. 25. Escrito de ************************. 26. Entrevista de ************************ del dos de febrero de dos mil veintiuno. 27. Escrito de ************************. 28. Entrevista de ************************ del dos de febrero de dos mil veintiuno. 29. Escrito de ************************. 30. Entrevista de ************************ del dos de febrero de dos mil veintiuno. 31. Escrito de ************************. 32. Escrito de la asesora jurídica publica ************************. 33. Dictamen pericial de valuación de bienes muebles del once de febrero de dos mil veintiuno. 34. Declaración de ************************ y posterior interrogatorio. 35. Declaración judicial de ********************************** y posterior interrogatorio. 36. Declaración de ******************** y posterior interrogatorio. 37. Declaración de ************************ y posterior interrogatorio. 38. Declaración de ************************ y posterior interrogatorio. 39. Declaración de la testigo de descargo ********************. 40. Declaración del testigo ************************. 41. Declaración del testigo ******************. Las entrevistas y manifestaciones de las víctimas, así como la inspección a la USB, fueron idóneas y pertinentes para acreditar la circunstancias en las cuales se desarrollaron los hechos y referir que las víctimas fueron violentadas sin causa legitima por parte de las activos del delito, mismas que se desempeñan como elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec. Circunstancia que guarda congruencia con los demás datos de prueba, ya que de los certificados médicos y de lesiones de las víctimas, se estableció que las víctimas presentaron lesiones, alteraciones en sus psique, derivadas de las acciones desplegadas por las activos. Además, de la inspección policial, se acredita el lugar en que se cometieron los hechos, así como por el dicho de los testigos, aunado a que no se acreditó que los estos se condujeran con falsedad o animadversión. En ese sentido, es claro que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, los datos de prueba antes señalados, adminiculados entre sí, demuestran, al menos en el estadio procesal de origen, aunado al estándar probatorio que rige al auto de vinculación a proceso, que existen elementos suficientes para estimar la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que las indiciadas, y en el caso las aquí quejosas, lo cometieron o participaron en su comisión, así como la hora, fecha y lugar de su ejecución. Por consiguiente los conceptos de violación identificados con los incisos b), c), d) y e) son infundados, toda vez que si bien refiere que la responsable no atendió la petición realizada al Agente del Ministerio Público, en el sentido de que se allegara de la diversa carpeta de investigación en la que se advierte que las ahora quejosas fueron agredidas por varias personas que participaron en la trifulca que dieron origen al auto de vinculación reclamado, entre ellas, las ahora tercero interesadas; que es desacertada la valoración al aporte testifical de Christian Javier Hernández Bernabé; que hay omisiones por parte de la Fiscalía dado que existen datos de prueba en la investigación, los cuales resultan infundados y falaces en contra de diversas personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y que la fiscalía se abstuvo de dar completa lectura ante el juez de control respecto de diversas constancias que integran la carpeta de investigación. Sin embargo, como ya se indicó, los datos de prueba antes señalados, adminiculados entre sí, demuestran, al menos en el estadio procesal de origen, aunado al estándar probatorio que rige al auto de vinculación a proceso, que existen elementos suficientes para estimar la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que los indiciados, y en el caso las aquí quejosas, lo cometieron o participaron en su comisión. Lo así razonado encuentra sustento en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), sentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2377, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Penal. Décima Época. Número de Registro: 2007811, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor". De tal manera que la posible ilegalidad en la obtención de los datos de prueba que sustente la teoría del caso expuesta por el Fiscal que realiza la imputación, debe ser materia de prueba en la etapa oral, precisamente bajo el principio de contradicción que tiene aplicación en la materia probatoria, cuyo principal objetivo es permitir la refutación, ya que por medio de aquél se posibilita debatir sobre la prueba de la parte contraria, de manera que constituye un examen de veracidad al que son sometidos los medios de convicción, porque a través de este principio se establece que tiene razón o no una parte u otra, pero no las dos en el mismo tiempo y en el mismo proceso. De ahí que los argumentos relacionados con tales datos resulten infundados, dado que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano únicamente puede pronunciarse sobre el acto reclamado como lo hayan conocido las responsables. En ese sentido, toda vez que resultan infundados los motivos de disenso, además de que, a criterio del que suscribe, el acto reclamado se encuentra apegado a derecho, pues con la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no se observa vulneración a algún derecho fundamental de los quejosos, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************************ y ************************, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta el treinta de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por **************************, autorizado de la parte quejosa, en el que solicita se autorice la consulta del expediente electrónico; al efecto se acuerda: Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, debido a que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la legislación aplicable. Ello, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios promovidos ante el Poder Judicial de la Federación sobre los mecanismos para acceder a los expedientes electrónicos, así como el uso de firmas electrónicas para ello. Sin que lo anteriormente expuesto implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, ya que los mecanismos implementados en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, tienen como objetivo otorgar mayor certeza a los justiciables y permitirles un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados al Poder Judicial de la Federación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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