Brenda Elizabeth Martínez Vega
Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brenda Elizabeth Martínez Vega
- Brenda Elizabeth Martínez Vega y Otros.
- Coordinadora Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo tanto, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo número 250/2020-I, promovido por Brenda Elizabeth Martínez Vega, contra actos de la Coordinadora adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, así como en contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con domicilio en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Secretaria de Turno del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, el veintitrés de julio de dos mil veinte, Brenda Elizabeth Martínez Vega, presentó demanda de amparo en contra de la Coordinadora adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, así como en contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con domicilio en esta ciudad, a quienes reclamó el acuerdo de resguardo provisional de sus menores hijos de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. A.X.A.M., de fecha primero de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto veinticuatro de julio de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el consecutivo 250/2020-I, del índice de este órgano jurisdiccional; se emplazó al tercero interesado, quien formuló alegatos; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención legal correspondiente, quien no formuló pedimento; y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; finalmente, la audiencia en el juicio se celebró al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de garantías, el suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver esta controversia, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 1, 4, 36 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tratarse de un acto cuya ejecución tuvo verificativo en esta jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en concreto, es el siguiente: El acuerdo de resguardo provisional de sus menores hijos 362/2020 362/2020de fecha primero de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Coordinadora adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, así como el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe con justificación por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, convinieron en la existencia de los actos materia del reclamo. Circunstancia que se justificó además, con las constancias que al efecto remitieron las autoridades responsables, mismas que merecen plena eficacia probatoria, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito Juez de Distrito debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En tal sentido, la parte tercero interesada, señala que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, y 17, de la Ley de Amparo, al considerar que la quejosa solo manifestó un solo antecedente fechado el veinticuatro de junio de dos mil veinte, y que no se desprende la existencia de un acto de autoridad posterior a la mencionada fecha, considerando que la demanda de amparo es improcedente por haberse presentado posterior al vencimiento del plazo que dispone la Ley de la Materia para su interposición. Al respecto, debe precisarse en lo conducente, el contenido de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Al respecto, en su parte conducente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia, en lo que interesa, dispone que el juicio de amparo, resulta improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la legislación de la materia, esto es, dentro del plazo de quince días. Ahora bien, el que esto resuelve, considera que resulta infundada la causal de improcedencia, que invoca la parte tercero interesada, como se analizará enseguida. Al respecto, debe decirse que la parte quejosa, compareció ante esta instancia constitucional, señalando como acto reclamado, el acuerdo de resguardo provisional de sus menores hijos de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. A.X.A.M., pronunciado el primero de junio de dos mil veinte, en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. Por otro lado de la lectura a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala en el capítulo único de los antecedentes del acto reclamado, que el veinticuatro de junio de dos mil veinte, se presentó a su domicilio, el ahora tercero interesado, José Marcos Alvarado Cereceres, quien le dijo que le entregara a la niña, agregando la quejosa que no se la iba a entregar, pero el tercero interesado descrito, insistió en que tenía que entregársela, pero que no se la entregó, asimismo, señaló que el tercero interesado permaneció fuera de la casa de la quejosa, y que posteriormente llegaron unos abogados y unas personas quienes se presentaron como agentes del Ministerio Público, quienes le enseñaron una carpeta, agregando la quejosa que nunca le enseñaron lo que contenía, que solo le dijeron que les entregara a la niña porque el padre, aquí tercero interesado, tenía la guarda y custodia temporal por lo que tenía que entregársela. Por otro lado, de la lectura al segundo concepto de violación, se advierte que la parte quejosa señala que el dos de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Fiscalía General del Estado, a efecto de que el agente del Ministerio Público le informara los hechos de los que se le acusan y le tomaran su declaración, precisando que el servidor público no le tomó su respectiva declaración, señalando que solo se limitó a entregarle las copias de la carpeta de investigación. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento cierto de los actos que reclama, a partir del dos de julio de dos mil veinte, fecha en la cual, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, le hizo entrega de la carpeta de investigación natural, de ahí que el plazo de quince días le inició a partir del día tres de julio de dos mil veinte, concluyendo el veintitrés de julio de dos mil veinte, siendo días inhábiles, los días cuatro, cinco, once doce, dieciocho y diecinueve de julio de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio, fue presentada el veintitrés de julio de dos mil veinte, como se advierte de la constancia de recepción efectuada por la Secretaria de guardia de esta juzgado federal, estampada en la parte superior de la foja dos de la demanda de amparo, entonces, se tiene que la demanda fue presentada dentro del plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, por tanto, es que resulta desafortunada la causal de improcedencia en estudio. Sin que obste a lo expuesto, el que la parte quejosa haya señalado en el capítulo único de los antecedentes del acto reclamado, que el día veinticuatro de junio de dos mil veinte, el aquí tercero interesado José Marcos Alvarado Cereceres, se presentó en su domicilio, en compañía de sus abogados y de agentes del Ministerio Público, a efecto de que entregara a la menor al referido tercero interesado, puesto que, como lo señaló la parte quejosa, no le informaron del contenido de la carpeta de investigación, por lo que, en esa fecha no tuvo conocimiento de los actos materia del reclamo, de ahí lo desafortunado de la causal de improcedencia señalada. En tales condiciones y al no existir causa de improcedencia alegada o cuyo estudio se estime necesario, se procede a entrar al estudio de la litis constitucional planteada en esta vía de amparo. QUINTO. Precisión de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que se contienen en el escrito de demanda de garantías, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, pues la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. En apoyo a lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de doce de mayo de dos mil diez, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo tenor literal es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIO SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el Juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado El que esto resuelve, considera que son infundados los conceptos de violación primero y segundo e infundado en una parte e inoperante en otra, el tercer de ellos, como se verá a continuación. Así en el primer concepto de violación, la parte quejosa señala que se viola en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en ningún momento fue llamada por el agente del Ministerio Público, ni fue oída y vencida y no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos como lo establecen las leyes correspondientes. Agregando que dicha garantía de audiencia se da en virtud de que la autoridad responsable realizó un acuerdo de resguardo provisional de sus menores hijos de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. A.X.A.M., de fecha uno de junio de dos mil veinte, en el expediente único de caso 37-2020-0016262, de su índice, signado por el agente del Ministerio Público responsable, por lo que estima que no pudo defenderse y aportar pruebas que acreditaran lo contrario antes de que se dictara el acuerdo reclamado. Precisa además, que no se establece el domicilio en el que estarán resguardados sus menores hijos ni la hora en que se ejecutó dicho acuerdo, agregando que los menores no están bajo el resguardo del tercero interesado, José Marcos Alvarado Cereceres, quien labora en El Paso, Texas, de Estados Unidos de Norteamérica, ya que cuenta con calidad de residente, dejando solos a sus menores hijos la mayor parte del tiempo, aunado a que habitan con su abuelo de nombre José Dolores Alvarado Olvera, en el domicilio ubicado en la calle Zarza 5719, de la Colonia Ampliación Aeropuerto. Agrega que la autoridad responsable nunca la notificó de dicha medida, ni tampoco investigó antes en su domicilio o en el domicilio de su madre Ma. Del Rosario Vega Rodríguez, para corroborar dicha información, agregando que el resguardo y cuidado de sus menores hijos será por parte del tercero interesado, José Marcos Alvarado Cereceres. En el segundo concepto de violación, agrega que es totalmente ajena al acuerdo de resguardo provisional reclamado, el cual se dictó sin fundamento y sin motivación, tal como lo establece el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, ya que solo se transcriben las comparecencias donde se inculpa a la parte quejosa de los hechos de violencia y se transcriben un par de tesis aisladas que habla de menores, precisa que son facultades del juzgador. Que no especifica cuando se ejecutó el acuerdo de resguardo, en virtud de que toda actuación por parte de la autoridad, debe de dar certeza jurídica a los intervinientes, lo que considera no ocurre, por lo que estima que es un acto arbitrario del agente del Ministerio Público responsable, aunado a que la quejosa no fue llamada a declarar sobre la situación de sus menores hijos, precisando que el dos de julio de dos mil veinte, se presentó ante la Fiscalía General del Estado, para que el agente del Ministerio Público le informara los hechos que se le acusan y tomara su declaración, lo que no ocurrió y solo le entregó las copias de la carpeta de investigación. En el tercer concepto de violación señala que la autoridad responsable está obligada a actuar con lealtad y objetividad, y que al tratarse de un acto de investigación, tendría que tomar en cuenta a la parte que denuncia y a la parte imputada, agregando que la autoridad responsable está actuando de manera imparcial al inclinarse del lado de la víctima, preciando que no ha protegido sus derechos como imputada ni los derechos de sus menores hijos, pues el tercero interesado no se ha conducido con rectitud y estuvieran bajo su cuidado y no los dejara solos como lo ha hecho hasta el momento Que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y después ejecutar dichas medidas provisionales, ya que debió ordenar primeramente un dictamen psicológico a los menores y un informe médico y al obtener esos dictámenes se actuaría conforme la ley lo prevé. Como se dijo con antelación, resultan infundados el primero y segundo conceptos de violación que señala la parte quejosa, como se analizará enseguida. Previamente resulta pertinente señalar que el acuerdo de fecha uno de junio de dos mil veinte, pronunciado en expediente único de caso 37-2020-0016262, del índice de la autoridad responsable, en lo conducente se señaló lo siguiente: "Según Denuncia presentada por el C. JOSÉ MARCOS ALVARADO CERECERES, en contra de BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y/O LO QUE RESULTA, delito cometido en perjuicio de los menores KENIA VIANEY, JOSÉ RAYMUNDO Y ARLETH XIMENA TODOS DE APELLIDOS ALVARADO MARTÍNEZ, del cual resulta que: Tomando en cuenta lo manifestado por el C. JOSÉ MARCOS ALVARADO CERECERES, en su denuncia, en el cual manifiesta que acude ante esta representación social para denunciar a su expareja la señora BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, toda vez que desde que se separaron ha tenido total abandono y descuido a sus menores hijos, además de traerlos de un lugar a otro y de cambiarlos de residencia al momento de cambiar de novio y manifestar violencia por parte de su madre, además de dejarlos con la señora MA DEL ROSARIO VEGA RODRÍGUEZ, quien es madre de BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, desde hace aproximadamente un año, dicho que queda corroborado con lo manifestado por la señora MA DEL ROSARIO VEGA RODRÍGUEZ, la cual manifiesta lo siguiente: CONOZCO AL SEÑOR JOSÉ MARCOS ALVARADO CERECERES, HACE 17 AÑOS APROXIMADAMENTE, YA QUE FUE PAREJA DE MI HIJA BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, ELLOS PROCREARON 3 HIJOS, 2 NIÑAS Y UN NIÑO, DE NOMBRES KENIA VIANEY, ARLETH XIMENA Y JOSÉ RAYMUNDO, TODOS DE APELLIDOS ALVARADO MARTÍNEZ, ELLOS SE SEPARARON HACE 4 AÑOS QUEDANDOSE MI HIJA Y LOS NIÑOS EN MI CASA Y MARCOS SE FUE A CASA DE SUS PAPÁS, LA VIDA DE MI HIJA EN MI CASA FUE DE MAL EN PEOR (.) EN OCASIONES MIS NIETOS NO TENÍA QUE COMER YA QUE YO GANO POCO, COMO TRABAJO COMO OPERADORA, SE JUNTO VARIAS VECES Y SE LLEVABA UN TIEMPO A LOS NIÑOS (.) YO OPTE POR PEDÍRSELOS Y HACERME CARGO DE ELLOS, YA TENGO MAS DE UN AÑO CON ELOOS, CUANDO ELLA ME DEJO A LOS MENORES NO ME AYUDABA PARA NADA, POR LO QUE OPTE POR HABLAR CON MARCOS PARA DECIRLE LO QUE ESTABA PASANDO Y QUE EN VEZ DE QUE LE DEPOSITARA EL DINER A MI HIJA BRENDA, ME LO DEPOSITARA A MI, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS NIÑOS, YA QUE COMO LO MANIFESTE ANTERIORMENTE SOY OPERADORA Y MI SUELDO NI ME ALCANZA, MI HIJA EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, DESDE EL MES DE MARZO, EN EL TIEMPO QUE ELLA SE ENCUENTRA EN ESE LUGAR NO ME HA AYUDADO PARA NADA, LOS NIÑOS CUANDO ESTUVIERON CON ELLA DECÍAN QUE COMÍAN PURA SOPA, ESTABAN MUY DELGADOS Y LOS LLEVABA OCASIONALMENTE A LA ESCUELA, LA NIÑA PEQUEÑA DE NOMBRE XIMENA NI TUVO KINDER, LA GRANDE DE NOMBRE KENIA NO ESTA YENDO A LA ESCUELA, YA QUE REPROBÓ POR LAS FALTAS Y LE DIERON DE BAJA, EN ESTE MOMENTO NO PUEDO DEDICARLES EL TIEMPO QUE ELLOS NECESITAN, YO SOY UNA MUJER GRANDE Y NO PUEDO CON 3 RESPONSABILIDADES, POR LO QUE CREO QUE LOS NIÑOS ESTARÁN MEJOR CON MARCOS QUIEN ES SU PADRE, SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR. También abona a lo anterior lo manifestado por el señor EZEQUIEL MARTÍNEZ VEGA lo cual es lo siguiente: TENGO DE CONOCER A MARCOS APROXIMADAMENTE 20 AÑOS, YA QUE JUGAMOS JUNTOS FUTBOL, DESPUÉS ANDUVO CON MI HERMANA BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, HASTA QUE SE CASARON EN EL 2009, APROXIMADAMENTE, ELLOS PROCREARON 3 HIJOS, DE NOMBRES KENIA, XIMENA Y JOSÉ RAYMUNDO, A LO QUE AL SEPARARSE MARCOS Y MI HERMANA BRENDA, MIS SOBRINOS HAN BATALLADO MUCHO PARA ENCONTRAR ESTABILIDAD, YA QUE MI HERMANA BRENDA HA TENIDO MUCHAS PAREJAS Y SE LLEVABA A MIS SOBRINOS DE CASA EN CASA, A LO QUE UN DIA HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO Y MEDIO COMENZO A TENER OTRA RELACIÓN Y NOS DEJO A MIS SOBRINOS, CUANO LOS NIÑOS LLEGARON ESTABAN MUY DESNUTRIDOS Y EL DINERO QUE MI EXCUÑADO LE MANDABA A BRENDA NUNCA APORTABA EN LA CASA, ELLA SE LO GASTABA EN TOMAR, EN UNA OCACION LE COMPRO TENIS A UNA PAREJA QUE ELLA TENPIA, SE LA PASABA EN FIESTAS, ADEMPAS LES HABLABA CON GROSERÍA, MI HERMANA TIENE APROXIMADAMENTE 2 MESES QUE SE FUE A LA CIUDA DE DELICIAS CON SU PAREJA Y LOS NIÑOS HAS ESTADO A CARGO DE MI MADRE Y MIO, PIENSO QUE LOS NIÑOS PUDIERAN ESTAR MEJOR CON MI EXCUÑADO PEPE, YA QUE ÉL YA SE ENCUENTRA ESTABLE CON UNA FAMILIA, TIENE UN HOGAR Y PEL LES PUEDE DAR LO QUE ELLOS NECESITAN, ADEMÁS SU ESPOSA VE MUY BIEN A MIS SOBRINOS, CON ELLOS PUEDEN TENER UNA BUENA VIDA, YA QUE AQUÍ NO PODEMOS ACOMODARNOS CON LOS HORARIOS DE LA ESCUELA DE MIS SOBRINOS, POR LO QUE BATALLAN EN LA ESCUELA, DEBIDO A ESAS FALTAS MI SOBRINA KENIA YA FUE DADA DE BAJA EN LA PREPARATORIA, PO LO QUE ESO NO PUEDE ESTAR PASANDO Y QUIERO QUE MIS SOBRINOS ESTEN MEJOR, COSA QUE MI HERMANA NUNCA SE A PREOCUPADO EN DARLES ESE BIENESTAR. Aunado a lo anterior se encuentran las comparecencias de los menores KENIA VIANEY, JOSÉ RAYMUNDO Y ARLETH XIMENA TODOS DE APELLIDOS ALVARADO MARTÍNEZ, los cuales son claros y precisos al narrar lo siguiente: KENIA VIANEY ALVARADO MARTÍNEZ.- ME LLAMO KENIA VIANEY ALVARADO MARTÍNEZ, TENGO 15 AÑOS, EN ESTE MOMENTO ESTOY VIVIENDO CON MI ABUELITA MARÍA DEL ROSARIO VEGA RODRÍGUEZ, DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO, YA QUE EN UNA OCASIÓN OBSERVE A UN AMIGO DE LA PAREJA DE MI MAMA TENIENDO RELACIONES SEXUALES, POR QUE MI MAMA NOS LLEVÓ A VIVIR A LA CASA DE WILBER, NOSOTROS NO QUEDABAMOS EN UN CUARTO Y EN UNA OCASIÓN BAJO DEL CUARTO Y ME ENCONTRE CON ROPA INTERIOR Y VI A WILBER EL AMIGO DE MI MADRE TENIENDO RELACIONES CON UNA PERSONA, A LO QUE ESE MISMO DIA DISCUTI CON MI MADRE Y LE DIJE QUE ME QUERÍA IR CON MI ABUELITA MARÍA Y NOS LLEVÓ A MI Y A MIS 2 HERMANOS CON MI ABUELA, MI MADRE DESDE QUE SE SEPARÓ DE MI PAPÁ HA TENIDO MUCHAS PAREJAS Y ELLA SIEMPRE HA PREFERIDO A LOS HOMBRES Y ELLA SIEMPRE HA TOMADO MUCHO Y NO ME GUSTARÍA QUEDARME CON MI MADRE, YA QUE TENGO MIEDO QUE CUANDO ELLA Y SUS NOVIOS TOMEN, ALGUNO DE ELLOS NOS PUEDA HACER ALGO A MI O A MIS HERMANOS, TAMBIEN MI MAMÁ EN OCASIONES NOS DABA DE COMER BIEN Y EN OTRAS OCASIONES MAL, YA QUE CON LO QUE NOS MANDABA MI PAPÁ LE COMPRABA COSAS A SUS NOVIOS Y NUNCA NOS COMPRÓ NADA A MIS HERMANOS Y AMI, EL DINERO SE LO GASTABA EN FIESTAS, EN UNA OCASIÓN MI PAPA NOS REGALÓ UN PLAY STATIION Y LO EMPEÑARON Y NO LO SACARON, EN OTRA OCASIÓN EL PADRINO DE MI HERMANO LE REGALÓ UN CELULAR Y LO EMPEÑARON Y NO LO VOLVIERON A SACAR, DESPUES MI PAPÁ LE VOLVIÓ A REGALAR UN PLAY STATIO Y LO EMPEÑARON Y NO LO SACARON, TAMBIÉN ERA MUY VIOLENTA, EN UNA OCASIÓN IBA A TIRAR A MI ABUELA DE LAS ESCALERAS, YA QUE MI PAPÁ DESPUÉS DE VER QUE NO NOS COMPRABA NADA Y QUE NOS DEJO CON MI ABUELITA, LE DEPOSITABA EL DINERO A ELLA, ENTONCES MI MAMÁ SE LO QUERÍA QUITAR Y LE DIJO MUCHAS COSAS (.) EN ESTE MOMENTO MI MAMA SE ENCUENTRA EN DELICIAS, YA TIENE COMO DOS MESES, NOSOTROS NO QUISISMOS IRNOS CON ELLO POR QUE NO CONOCEMOS A NADIE Y APARTE SIEMPRE TIENEN PROBLEMAS Y ESA PAREJA DE MADRE TIENE ARMAS DE FUEGO, PO LO QUE YO CREO QUE ESTARÍA MEJOR SI VIVIERA CON MI PADRE, YA QYE MI ABUELITA SI ME CUIDA BIEN PERO ELLA NO NOS PUEDE ANDAR TRAYENDO A MIS HERMANOS Y A MI PARA TODOS LADOS, ADEMPAS YO ME LLEVO MUY BIEN CON LA ESPOSA DE MI PAPÁ QUE SE LLAMA NANCY, SOMOS AMIGAS, NANCU NOS PONE MUCHA ATENCIÓN Y AYUDA A MI PAPÁ CON NOSOTROS, COSA QUE MI MADRE NUNCA HACE, NANCY ME REGALA ROPA, AYUDA A MI PAPÁ CON DINERO, ME AYUDA CON LA ESCUELA Y ME DA BUENOS CONSEJOS, CON ELLA SI TENGO CONFIANZA DE PLATICAR, YA QUE ELLA SI ME PONE ATENCIÓN Y ADEMPAS A MIS HERMANOS TAMBIÉN LOS TRATA MUY BIEN, ES IMPORTANTE TAMBIÉN MENCIONAR QUE A MI HERMANA MI MAMPA NUNCA LA LLEVÓ AL KINDER Y A LA PRIMARIA SOLO LA LLEVO UNOS DÍAS Y DESPUÉS YA NO LA LLEVO, PERDIÓ EL AÑO Y YO TAMBIÉN PERDÍ LA PREPARATORIA POR QUE MI MADRE NUNCA ME AYUDO, ME MANDABA EN UBER A LA ESCUELA Y A MI ME DABA MUCHO MIEDO IRME CON DESCONOCIDOS, SIENDO TODO LO QUE MANIFIESTA LA MENOR. JOSÉ RAYMUNDO ALVARADO MARTINEZ.- CUANDO MI PAPÁS SE SEPARARON MI PAPÁ SE FUE A CASA DE MI ABUELO Y NOSOTROS NOS QUEDAMOS EN LA CASA DE MI MAMÁ, DESPUES DE UN MES MI MAMPA CONOCIÓ A MAURICIO Y SE IBA CON É EN LAS NOCHES A TOMAR O A BAILAR Y NO RERESABA A VECES DURABA DOS O UN DÍA EN REGRESAR Y ME OBLIGABA A QUE CONVIVIERA CON ÉL, MIENTRAS CON MI PAPÁ ÉL IBA POR NOSOTROS LOS FINES DE SEMANA Y NOS COMPRABA LO QUE NECESITABAMOS, ME EMPEZÓ A LLEVAR A JUGAR FUTBOL, NOS IBAMOS EN LA RUTA, DESPUES COMPRÓ UN CARRO Y CON ESO SE MOVÍA Y MI MAMA CASI NI NOS PONÍA ATENCIÓN EN LO QUE CESECITÁRAMOS Y FALTABAMOS A LA ESCUELA BASTANTE YA QUE LE PONÍA ATENCIÓN A MAURICIO, DESPUES TERMINARON Y SE CONTROLÓ NOS PONÍA UN POCO MAS DE ATENCIÓN PERO NO DURO NI EL MES PUES YA ANDABA CON RICARDO (.)EONTONCES MI ABUELO RAYMUNDO LE DIJO A MI MAMA QUE NOS FUERAMOS A VIVID VON MI ABUELA LUPE MI MAMA DIJO QUE SI Y NOS FUIMOS TODOS Y CONVIVIMOS, ME CAMBIARON DE ESCUELA QUE ESTABA POR LA COLONIA DEL CARMEN, PERO DURE MUY POCO, MI MAMÁ PARA QUE MI PAPA NO SE DIERA CUENTA DE QUE VIVIAMOS CON RICARDO NOS LLEVABA LOS VIERNES A CASA DE MI ABUELA MARÍA, MI PAPÁ PENSABA QUE NO TENIA NOVIO NI NADA, MI PAPÁ IBA POR NOSOTROS Y PUES MI MAMÁ NO LE DABA PARA LOS RECIBOS DE LA CASA A MI ABUELITA LUPE, DESPUES DIJO QUE NOS FUÉRAMOS A LA CASA DE DAVID (AMIGO DE MI MAMÁ) Y VOLVÍ A ESTAR EN MI ESCUELA, PERO NOS FUIMOS DE NUEVO POR QUE RICARDO LE DEBÍA DINERO Y RENTÓ UNA CASA POR PARAJES DEL SUR Y NOS TENIAMOS QUE BAÑAR CON AGUA HELADA Y DESPERTAR TEMPRANO PARA IR A LA ESCUELA, POCO DESPUES ME ENTERÉ QUE TENÍA UN HERMANO Y ME ENOJE CON MI PAPÁ PORQUE NUNCA ME DIJO QUE TENÍA UN HERMANO Y QUE ESTABA SALIENDO CON ALGUIEN Y HABLO CONMIGO ME DIJO QUE ÉL TAMBIÉN TENÍA DERECHO DE REHACER SU VIDA Y CONOCÍ A MI HERMANO CUANDO FUI A JUGAR FUTBOL Y POCO A POCO LE AGARRE CONFIANZA A ISSAC Y NANCY, SE ME HICIERON UNAS BUENAS PERSONAS Y ESTABA PADRE TENER UN HERMANO, LUEGO RICARDO NOS METIO COSAS EN LA CABEZA PARA NO IR A VISITAR A MI ABUELA Y LE CONTAMI A MI PAPÁ, MI PAPÁ SE ENOJÓ Y NOS DIJO QUE MI ABUELA NOS QUERÓA Y NOS LLEVÓ A VER A MI ABUERLA MARÍA Y PUES DESDE AHÍ YA NO LE CREÍA A RICARDO Y DESPUÉS NOS FUIMOS A ANAPRA QUE ERA LA CASA DE LOS PADRES DE RICARDO, NO ME GUSTABA PORQUE NO PODÍAMOS HACER CASI NADA Y MI MAMA ERA MUY ENOJONA Y HASTA QUE MI MAMÁ SE DECIDIÓ LLEVARNOS CON MI ABUELA MARÍA VOLVIMOS A FALTAR A LA ESCUELA, SACABAMOS MALAS NOTAS Y RICARDO SE ENOJÓ CON SUS PADRES Y NOS FUIMOS A LAS CANCHAS INSURGENTES, VIVIMOS PRIMERO EN LA CASA PEQUEÑA Y EL DUEÑO ESTABA EN LA CASA GRANDE PERO DESPUÉS DECIDIÓ CAMBIARNOS A LA GRANDE Y EL A LA PEQUEÑA, AHÍ TUVE MUCHOS PROBLEMAS CON RICARDO Y NO ME DEJABA CONVIVR CON MI PAPÁ A MENOS DE QUE ME COMPORTARA BIEN Y CASI NO COMIAMOS NADA, ERA PURA SOPA LO QUE COMÍAMOS Y OTRA VEZ NOS CAMBIAMOS DE CASA PORQUE EL SEÑOR LA RENTÓ A OTRAS PERSONAS Y NOS FUIMOS A JARUDO Y PUES COMO ME COMPORTABA TADAVIA MAÑ, MI PAPÁ Y MI MAMÁ HABLARON CONMIGO PERO NUNCA LES CONTÉ QUE NO ME CAÍA BIEN RICARDO (.) CON MI PAPÁ ME LA PASABA BIEN PORQUE NO ME DECÍA TANTAS COSAS COMO RICARDO Y DESPUÉS DE UN TIEMPO TERMINARON, PERO DESÚES CONSIGUIÓ A GERARDO SE IBA CON ÉL A TODAS PARTES PERO NUNCA CONVIVÍ CON ÉL, MI MAMÁ ES UNA PERSONA MUY VIOLENTA, CUANDO NO HAGO LO QUE ELLA DICE ME HA GOLPEADO MUCHAS VECES CON LA MANO EN EL BRAZO Y LA ESPALDA, LA ÚLTIMA VEZ QUE ME GOLPEO FUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO EN ESA OCASIÓN ME MANDÓ A BUSCAR ALGO Y COMO NO LO ENCONTRÉ ME DIO COMO 3 CACHETADAS, ME HUBIERA DADO MAS PERO LE DETUVE LA MANO, ADEMÁSME INSULTABA MUCHO ME DECÍA NO BUSCAS BIEN BABOSO, ESTA BIEN PENDEJO, NO BUSCAS BIEN WEY, NO MAMES, A PARTE SIEMPRE ME DECÍA QUE ESTABA BIEN MENSO, ESO SOLO ME LO DECÍA A MI YO CREO QUE POR QUE SOY HOMBRE, ADEMÁS MI MADRE SE LA PASABA TOMANDO CON SUS NOVIOS Y FUMANDO MUCHOS CIGARROS, DELANTE DE NOSOTROS. LUEGO DESPUES SE CONSIGUIÓ A ALGUIEN LLAMADO LUIS Y NOS FUIMOS A VIVIR CON ÉL COMO DOS O UN MES, ELLOS HACÍAN MUCHAS FIESTAS Y TENÍAN UN AMIGO QUE SE LLAMABA WILBER (.) HACÍAN MUCHAS FIESTAS Y MI MAMÁ NOS ENCERRABA EN UN CUARTO Y SI NOS DABA SED O HAMBRE NOS TENÍAMOS QUE QUEDAR AHÍ, HASTA EL SIGUIENTE ME TENÍA QUE AGUANTAR, EN ESE CUARTO DORMÍAMOS TODOS MI MAMÁ, LUIS ERA BIEN CARGADO, EN OCASIONES ME MORDÍA Y SI NO QUERÍA JUGAR ME DECÍA PINCHE NIÑA Y YA DESPUES NOS TRAJO DE VUELTA CON MI ABUELA MARIA Y SEGUIMOS CONVIVIENDO PERO MUY POCO PORQUE HABÍA BORRACHERAS Y PERSONAS FUMANDO, POR ESO NOS FUIMOS CON MI ABUELA EN MARZO, MI MAMÁ SE FUE A DELICIAS, HASTA EL DÍA DE HOY SEGUIMOS VIVIENDO CON MI ABUELA, A MI ME GUSTARÍA VIVIR CON MI PAPÁ, POR QUE EL ES EL QUE NOS COMPRA TODO Y NOS SACA ADELANTE, YA QUE MI MAMÁ CON LO QUE LE MANDABA MI PAPÁ SE LO GSTABA ELLA Y SUS NOVIOS, SIENDO TODO LO QUE MANIFIESTA EL MENOR. ARLETH XIMENA ALVARADO MARTÍNEZ.- ME LLAMO ARLETH XIMENA ALVARADO MARTÍNEZ, TENGO 6 AÑOS DE EDAD, VIVO CON MI ABUELA MARÍA, ME LA PASO MU BIEN, ANTES VIVÍA CON MI MAMPA BRENDA Y ME LA PASABA BIEN Y LUIS EL NOVIO DE MI MAMÁ ME LLEVÓ CON UNA NIÑAS, MI MAMPA A TENIDO MUCHOS NOVIOS, UNO SE LLAMABA RICARDO, GERARDO, MI MAMÁ ANTES TOMABA MUCHA CERVEZA, PERO YA NO DESDE QUE PASO LO DEL CORONAVIRUS, ELLA SE HIBA A TOMAR CERVEZA A UN LADITO DE NOSOTROS Y HACÍA FIESTAS CON SUS AMIGAS Y CON LOS AMIGOS DE LUIS, A MI ME GUSTARÍA VIVIR CON MI PAPÁ POR QUE LO QUIERO MAS, MI MAMÁ BRENDA NO VIVE EN JUÁREZ, UNA VEZ ME LLEVÓ A SU CASA Y ME BAÑE CON AGUA FRÍA SOLO COMIAMOS UNA VEZ POR QUE NO TENÍAN DE ALMORZAR, NI DE COMER, SOLO FUERON 3 DÍAS Y ME TRAJO, MI PAPÁ TIENE UNA ESPOSA QUE SE LLAMA NANCY Y TIENE UN HIJO QUE SE LLAMA ISACC Y ME TRATA BIEN, SIENDO TODO LO QUE MANIFIESTA EL MENOR. Visto lo anterior y tomando en cuenta lo manifestado por la señora MA. DEL RESOARIO VEGA RODRÍGUEZ, quien es la persona con la que fueron dejados a los menores por su madre la señora BRENDA ELIZABETH MARTÍNEZ VEGA, dónde qué ella no puede hacerse cargo de ellos menores y que está de acuerdo a que ellos permanezcan con su padre el señor C. JOSÉ MARCOS ALVARADO CERECERES y dado la gravedad del delito que hoy nos atañe, así mismo para evitar cualquier tipo de red victimización Que pudiera sufrir los menores víctimas, y dado la importancia de salvaguardar la integridad física, psicológica, de los menores víctimas, es por lo que está representación social ha cordado que los menores víctimas KENIA VIANEY, JOSÉ RAYMUNDO Y ARLETH XIMENA TODOS DE APELLIDOS ALVARADO MARTÍNEZ, SEAN RESGUARDADOS Y PERMANEZCA BAJO LOS CUIDADOS DE SU PADRE EL C. JOSÉ MARCOS ALVARADO CERECERES, ESTO DE MANERA PROVISIONAL EN LO QUE UN JUEZ FAMILIAR RESUELVE LO REFERENTE A LA CUSTODIA DEFINITIVA DE DICHOS MENORES en aras de preponderar ante todo el interés superior de las menores víctimas. Por lo que en consecuencia a lo antes expuesto se determina resolver; Que es por ello que está representación social, en atención al interés superior del menor, el cual consiste entre otras cosas, en asegurar a niños niñas y adolescentes, así como velar por la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas para su bienestar, y tomando en cuenta que es obligación de esta Autoridad y de todas las autoridades velar que los menores no sean separados de los padres contra la voluntad de estos, teniendo como única excepción el interés superior del niño, únicamente en los casos en que el niño sea objeto de maltrato físico, psicológico, así como por descuido de alguno de los padres, u otros casos más graves, tales como los delitos sexuales tal y como lo marca la Convención de los derechos del niño. Esto con fundamento en los artículos 1, 4 en su párrafo sexto y séptimo, así como el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual de igual forma encuentra sustento en los establecido en los artículos 3,4,6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, los cuales se refieren a los principios rectores de la protección de los derechos de los menores de edad, así como a la obligación que se tiene de asegurarles, para brindarles la adecuada protección, así como el ejercicio de sus derechos en la toma de medidas para su protección y bienestar. Encontrándose de igual manera sustento legal en lo que establece la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua, Artículos 1 y 2 fracción III y IV La ley de Asistencia Pública y Privada para el Estado de Chihuahua artículo 3 fracciones I, II, V, artículo 6, 7, 8, 10 inciso C) fracción l, articulo 25 artículo 46 fracción V, XXIII. De igual manera sobre dicha resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en las siguientes tesis, que sirven de justificación para las actuaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes. Época: Décima Época Registró 2014253 Instancia Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente Seminario Judicial de la Federación Publicación: Viernes 12 de mayo de 2017 Materia (s): Constitucional Tesis: XXII.P.A.4 P(10a) DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. PARA GARANTIZARLO, CUANDO POR RAZÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ES SEPARADO DE SUS PROGENITORES, LA AUTORIDAD QUE ORDENÓ ESTA MEDIDA CAUTELAR DEBE AGOTAR LA POSIBILIDAD DE DECRETAR SU CUSTODIA A CARGO DE OTRO FAMILIAR IDÓNEO QUE PROTEJA RAZONABLE Y PROPORCIONALMENTE ESE DERECHO, PREVIAMENTE A ORDENAR SU DEPÓSITO EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCLVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESAMPARO.", estableció que cuando la familia inmediata no puede cuidar al menor de edad, su derecho a una familia no se agota en el mandato de preservación de los vínculos familiares inmediatos sino que conlleva la obligación para el Estado de garantizarles, cuando se hallan en situación vulnerable, su acogimiento alternativo en un nuevo medio familiar que posibilite su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, ante la abundante evidencia sobre los impactos negativos que el internamiento de niños y niñas en instituciones asistenciales tiene sobre ellos. Por tanto, para garantizar este derecho humano a favor de un menor de edad que fue separado de sus progenitores por razón de violencia familiar, la autoridad que decrete esta medida cautelar, previamente a ordenar su depósito en centros de asistencia social, debe agotar las diligencias tendentes a la identificación, búsqueda, localización y valoración de algún otro familiar idóneo que pueda asumir la responsabilidad de proporcionar al niño un hogar, medio familiar o entorno que le sea lo menos ajeno posible y que contribuya a su desarrollo en los ámbitos citados, pues así se protegerá razonable y proporcionalmente su derecho a la familia, vinculado al interés superior de la niñez. Época: Novena Época Registró 162620 Instancia Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente Seminario Judicial de la Federación Tomo: XXXIII, Marzo de 2011 Materia (s): Civil Tesis: I.5º.C.142 C Página 2295 CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y cuarto al décimo, que tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar; y en los artículos 138 Ter, 138 Quáter, 138 Quintus, 138 Sextus, 282, 283, 284, 293, 296, 323, 323 Ter, 323 Quáter y 323 Sextus del Código Civil y 940, 941, 942 y 954 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se encuentran reguladas las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de comparecer a cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, y violencia intrafamiliar, cuyo concepto se explica por sí mismo, dado que pueden causar afectación a todos los miembros de la familia, quienes, ante esta situación, deben recibir tratamientos especializados en beneficio del interés superior de los infantes, en el caso de que convivan con éstos, a fin de sanarlos del daño psicológico que pudieran padecer con motivo de las relaciones familiares. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.5o.C., Núm.: 142 C Amparo en revisión 101/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Martín Sánchez y Romero. Época: Décima Época Registro: 2011390 Instancia: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación Tipo de Tesis: Tesis Aislada (Constitucional Penal) Tomo: XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Penal Tesis: 1a. XCVII/2016 (10a.) Página: 1125 MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. MEDIDAS ESPECIALES QUE EL JUZGADOR DEBE ADOPTAR PARA PROTEGERLO. La condición de vulnerabilidad de la víctima del delito es evidente en el caso de los menores de edad, debido a su situación especial de desarrollo e inmadurez física y psicológica. Ante ello, los juzgadores deben adoptar medidas especiales para protegerlos en los casos en que sean víctimas de un delito, las cuales consisten en: (i) el reconocimiento de su dignidad humana, lo cual conlleva el deber de respetarlos y considerarlos como personas con necesidades, deseos e intereses propios, y exige alejarse de la concepción del menor como un simple receptor pasivo de protección y cuidado, o bien, como un medio para determinar la responsabilidad del inculpado en el proceso penal; (ii) su no revictimización, que consiste en protegerlos contra todo sufrimiento, situación de riesgo o tensión innecesaria o discriminación; y, (iii) su participación en el proceso penal, que se conforma por el deber de las autoridades de informarles su situación legal y sus derechos correlativos, e implica el deber de brindarles la oportunidad de que sus sentimientos y opiniones sean escuchados y tomados en cuenta por el juzgador, en función de su madurez, edad y capacidad de discernimiento. Amparo directo en revisión 4416/2013. 28 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Así lo acordó y firma LIC. LUIS CARLOS PRIETO CASTAÑEDA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA U. ESP. EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DELITOS SEXUALES VS LA FAMILIA Y TRATA DE PERSONAS.(sic)" Sentado lo anterior, como se dijo con antelación, resultan infundados el primero y segundo conceptos de violación, e inoperante el tercer concepto de violación, como se analizará a continuación. Ahora bien, en el primero y segundo conceptos de violación, la parte quejosa señala no fue llamada al procedimiento instaurado en el expediente único de caso 37-2020-0016262, del índice de la autoridad ordenadora, en el cual se pronunció el acuerdo de resguardo reclamado, al respecto, debe decirse que resultan infundados dichos razonamiento, en virtud de que respecto a las medidas cautelares, como ocurre en la especie, no rige la garantía de previa audiencia. Al respecto, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica. Por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. Aunado a lo expuesto, debe decirse que en el expediente único de caso 37-2020-0016262, del índice de la autoridad ordenadora, la parte quejosa se encuentra en condiciones de ofrecer los medio de prueba que estime necesarios, pues como lo señaló la propia quejosa en el segundo concepto de violación, desde el día dos de julio del dos mil veinte, se enteró del contenido de la carpeta de investigación, y por ende, la medida de aseguramiento que reclama en esta vía constitucional, al ser de carácter provisional, y cuyo objeto es, prevenir el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tal medida, al considerar que los menores víctimas del delito deben estar bajo el resguardo de su padre, aquí tercero interesado, protege el interés superior del menor, ante la falta de atención de la quejosa, por lo que se tiene que la medida de resguardo en estudio, se decretó en ese momento en el domicilio del tercero interesado, José Marcos Alvarado Cereceres, medida que se encuentra dirigida a garantizar el interés superior del menor, al buscar restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica, que en el caso en estudio, es el evitar la revictimización que pudieran sufrir los menores víctimas del injusto que se investiga en el expediente natural, con lo que se salvaguarda la integridad física y psicológica, así como por el descuido de alguno de los padres de los menores pasivos del injusto, por tanto, resulta infundado concepto de violación descrito. Orienta a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 21/98, que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tomo VII, Marzo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 196727, consultable en la página 18, que es del contenido literal siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De igual forma, sirve de apoyo a lo enunciado, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2004, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIX, Junio de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 181312, visible en la página 138, que es del epígrafe y contenido siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad." Asimismo, sirve de apoyo en cuanto que el acto reclamado es un acto de molestia y por lo tanto no procede la garantía de previa audiencia, la jurisprudencia P./J. 40/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, disponible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, registro 200080, página 5, de rubro y contenido siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." De igual forma resulta infundado que los menores no estén bajo el resguardo del tercero interesado, José Marcos Alvarado Cereceres, ni que éste labore en la ciudad de El Paso, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, aunado a que los menores habitan con su abuelo de nombre José Dolores Alvarado Olvera, en el domicilio ubicado en la calle Zarza 5719, de la Colonia Ampliación Aeropuerto, puesto que no basta la sola afirmación de la parte quejosa, para tener por demostrado que el aquí tercero no cumple con la medida de resguardo de sus menores hijos, ni ofreció medio de prueba en autos para demostrar que el referido tercero interesado no los tenga bajo su cuidado y resguardo, antes bien, con el otorgamiento de la medida de resguardo de los menores descritos, se protege el interés superior del menor, aunado a que se evita la revictimización que pudieran sufrir aquellos menores de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. A.X.A.M., además de que se salvaguarda su integridad física y psicológica, por tanto resultan infundados los conceptos de violación en estudio. A lo dicho, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala, Tomo: Libro 69, Agosto de 2019 Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2020401, de la Décima Época, visible en la página 2328, que es del título y contenido siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." En el mismo sentido, resulta infundado el argumento contenido en el segundo concepto de violación, en el que la parte quejosa señala que el acuerdo de resguardo provisional reclamado, se dictó sin fundamento y sin motivación, tal como lo establece el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, en virtud de que toda actuación por parte de la autoridad, debe de dar certeza jurídica a los intervinientes, lo que considera no ocurre, por lo que estima que es un acto arbitrario del agente del Ministerio Público responsable. Al respecto debe decirse que el artículo 16 de la Constitución Federal, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". En efecto, el artículo 16 Constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, en tal sentido, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, de manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos. Apoya a lo expuesto, por cuanto se refiere que se entiende por fundamentación y motivación, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170307, visible en la página 1964, que es del epígrafe y contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En efecto, resulta infundado el argumento de la parte quejosa, en razón de que, el acto reclamado se encuentra motivado y fundado. Es así, pues de la lectura al acuerdo de primero de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, del índice de la autoridad ordenadora, se advierte que dicha autoridad ordenadora, expresó las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales consideró reales, ciertos e investidos de la fuerza legal, lo anterior es así, puesto que, la autoridad responsable ordenadora, tomó en consideración que la Ma. Del Rosario Vega Rodríguez, abuela de los menores de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. y A.X.A.M., declaró ante la representación social que no podía hacerse cargo de sus nietos, y que estaba de acuerdo en que los menores referidos, permanecieran con su padre José Marcos Alvarado Cereceres, además, ponderó la gravedad del delito, asimismo, consideró que con dicha medida se evitaba cualquier tipo de revictimización que pudieran sufrir los menores víctimas del injusto, aunado a ello, le importancia de salvaguardar la integridad física y psicológica de los referidos menores, aunado a ello, tomó en consideración el interés superior del menor, así como el velar por la protección y el ejercicio de sus derechos, así como la toma de medidas para su bienestar, lo cual consideró como obligación, aunado a que, precisó que todas las autoridades deben prevenir que los menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de estos, teniendo como excepción, aquellos casos en los que los menores sean objeto de maltrato físico y psicológico, así como por descuido de alguno de sus padres, u otros casos mas graves, tales como los delitos sexuales de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño; destacándose que, contrariamente a lo expuesto por la parte quejosa, la autoridad responsable ordenadora, materializó, el acto reclamado, precisamente el primero de junio de dos mil veinte, en el expediente natural, al determinar que los menores de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. A.X.A.M., quedarían bajo el resguardo de su padre de nombre José Marcos Alvarado Cereceres, de manera provisional, en lo que un juez familiar resuelva lo referente a la custodia definitiva de los menores, todo ello, tomando en consideración, el interés superior del menor, el cual consiste en asegurar a niños, niñas y adolescentes, así como velar por la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas para su bienestar. Asimismo, se tiene que la autoridad responsable, fundó el acto reclamo, lo anterior se advierte de esta forma, pues del análisis realizado al mismo, se aprecia con claridad que la autoridad responsable expresó el fundamento legal aplicables al caso en estudio, pues al efecto, fundó su actuación en los artículos 1º, 4º en su párrafo sexto y séptimo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los que se destaca, en cuanto al artículo 1º Constitucional, la protección a los derechos humanos de los menores; respecto del artículo 4º Constitucional, se advierte que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; además, del numeral en cita se desprende que tanto el Estado como los particulares encargados del cuidado de los niños, tienen la obligación de coadyuvar a que los menores ejerzan sus derechos. No obstante, esta obligación siempre debe atender al interés superior del niño, término que constituye una institución jurídica compleja mediante la que se pretende que todos los poderes y órdenes de gobierno, emprendan cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los menores, aunado a que el ejercicio y desarrollo de los derechos de los infantes, deben ser considerados principios rectores en la elaboración y aplicación de la normas que tengan un impacto en sus vidas. De igual forma, señaló como fundamento jurídico a su actuación, los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales, precisó la autoridad responsable, se refieren a los principios rectores de la protección de los derechos de los menores de edad, así como a la obligación que se tiene de asegurarles, para brindarles la adecuada protección, así como el ejercicio de sus derechos en la toma de medidas para su protección y bienestar. De igual forma, precisó que el acuerdo reclamado, también encontraba su fundamento en los artículos 1º y 2º de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua, precisando que el primero de los preceptos legales (1º), en esencia señala, que la referida norma legal tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes el pleno respeto, promoción, disfrute y ejercicio de los derechos humanos y garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Entidad Federativa e Instrumentos Internacionales aplicables en la materia, mediante la protección integral; en cuanto al segundo precepto legal, en lo que interesa, se tiene que es materia de regulación de la norma en estudio, los derechos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como que es obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, a fin de garantizar la protección y restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados a los sujetos que tutela esa norma. De igual forma, la autoridad responsable fundó su determinación en los artículos 3º fracciones I, II, V, 6, 7, 8, 10 inciso c) fracción l, 25 y 46 fracción V, XXIII, de la Ley de Asistencia Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, en los que se previene la asistencia social, como un conjunto de acciones realizadas por el gobierno y la sociedad, dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad y su familia, para favorecer sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, así como a lograr la equidad en el acceso a las oportunidades, refiriéndose a su vez a personas en situación de vulnerabilidad, describiéndolas como aquellas que por diversas circunstancias se encuentran imposibilitadas para superar los efectos adversos causados por factores biopsicológicos o eventos naturales, económicos, culturales o sociales. Destacando el deber que tienen los padres de preservar el derecho de niñas, niños y adolescentes a su cargo, a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. De la misma forma, consideró procedente fundar su determinación en el artículo 10, inciso c), fracción l, de la Ley de Asistencia Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, pues en dicho precepto se consideran las acciones que se realizan en materia de asistencia social de manera enunciativa y no limitativa, en particular, de protección a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la autoridad responsable también fundó su determinación en los artículos 25 y 46 de la Ley de Asistencia Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, precisándose que el primero de los preceptos, se establece, en esencia, que para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá como atribuciones, entre otras, establecer los lineamientos para garantizar la integralidad y calidad en la prestación de los servicios en los establecimientos de asistencia social privada que atiendan a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y en situación de discapacidad; asimismo, en cuanto al segundo de los preceptos (artículo 46), establece los mecanismos para desempeñarse como titular de la Procuraduría de Protección, subprocuradurías especializadas o auxiliares, en torno, desde luego, de los niños, niñas y adolescentes. En el mismo sentido, al fundar el acto reclamado, la autoridad responsable, citó las tesis de rubros siguientes: "DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. PARA GARANTIZARLO, CUANDO POR RAZÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ES SEPARADO DE SUS PROGENITORES, LA AUTORIDAD QUE ORDENÓ ESTA MEDIDA CAUTELAR DEBE AGOTAR LA POSIBILIDAD DE DECRETAR SU CUSTODIA A CARGO DE OTRO FAMILIAR IDÓNEO QUE PROTEJA RAZONABLE Y PROPORCIONALMENTE ESE DERECHO, PREVIAMENTE A ORDENAR SU DEPÓSITO EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL" (Época: Décima Época, Registró 2014253, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente Seminario Judicial de la Federación, Publicación: Viernes 12 de mayo de 2017, Materia (s): Constitucional) "CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS." (Época: Novena Época, Registro 162620, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente Seminario Judicial de la Federación, Tomo: XXXIII, Marzo de 2011, Materia (s): Civil, Tesis: I.5º.C.142 C, Página 2295) "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. MEDIDAS ESPECIALES QUE EL JUZGADOR DEBE ADOPTAR PARA PROTEGERLO." (Época: Décima Época, Registro: 2011390, Instancia: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Tipo de Tesis: Tesis Aislada (Constitucional Penal), Tomo: XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Penal, Tesis: 1a. XCVII/2016 (10a.), Pagina: 1125) Por tanto, es que resulta infundado el argumento de disenso en estudio, puesto que la autoridad responsable ordenadora, fundó adecuadamente el acuerdo de primero de junio de dos mil veinte, pronunciado en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, del índice de la autoridad ordenadora, pues señaló los preceptos legales que consideró necesarios o las razones de derecho o fundamento legal para robustecer su actuación, por tanto, el acto reclamado se encuentra ajustado a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber expresado la autoridad responsable las fuentes legales y las razones de hecho o motivación por los cuales, procedió al dictado de la medida de resguardo de los menores de referencia, por tanto, es que resulta desafortunado el argumento defensivo descrito. Orienta a lo expresado, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/43 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Marzo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 203143, consultable en la página 769, que es del título y contenido siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Por otro lado, resulta infundado, el argumento contenido en el tercer concepto de violación, relativo a que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y después ejecutar dichas medidas provisionales, ya que debió ordenar primeramente un dictamen psicológico a los menores y un informe médico y al obtener esos dictámenes actuar conforme la ley lo prevé. Lo infundado de dicho argumento se afirma, en razón de que la autoridad responsable, está facultada para recibir los datos de prueba que estime conducentes para integrar la carpeta de investigación natural, lo que en la especie ocurrió, puesto que recibió las declaraciones de "Ma. Del Rosario Vega Rodríguez", abuela de los menores víctimas, la declaración de Ezequiel Martínez Vega, en su calidad de tío de los menores, así como de los propios menores víctimas del injusto de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. y A.X.A.M, quienes manifestaron ante la representación social responsable, los aspectos relativos a la falta de atención y asistencia familiar en la que ha incurrido la aquí quejosa, lo que tomó en consideración la autoridad responsable en el dictado de la medida cautelar de resguardo de los menores descritos, lo anterior para evitar cualquier revictimización que pudieran sufrir dichos infantes, consecuentemente es que resulta infundado el argumento en el que la quejosa señala que el agente del Ministerio Público, estaba obligado a desahogar un dictamen psicológico a los menores y un informe médico, puesto que, precisamente, la medida de aseguramiento, tiene como finalidad, se insiste, de manera provisional y dada la gravedad del delito que se le imputa a la quejosa en la carpeta natural, evitar la revictimización de los menores pasivos del delito, procurando desde luego salvaguardar el interés superior del menor, la integridad física y psicológica de los referidos menores, máxime que, el agente del Ministerio responsable, escuchó en declaración ministerial a "Ma. Del Rosario Vega Rodríguez", quien señaló que los menores le fueron dejados por su madre, la aquí quejosa, situación que no se desvirtuó en la secuela del sumario de amparo, además de ello, los menores de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. y A.X.A.M, emitieron su declaración ante la representación social, por tanto, es que se advierte que la autoridad responsable ordenadora, si efectuó la investigación de los hechos delictuosos que dieron lugar al dictado de la medida cautelar de resguardo de los pasivos del injusto, recayendo dicha obligación en el padre de los menores referidos, aquí tercero interesado José Marcos Alvarado Cereceres, de ahí lo infundado del argumento defensivo de la parte quejosa. Finalmente, con relación al argumento contenido en el tercer concepto de violación, en el que la parte quejosa señala que la autoridad responsable está obligada a actuar con lealtad y objetividad, y que al tratarse de un acto de investigación, tendría que tomar en cuenta a la parte que denuncia y a la parte imputada, agregando que la autoridad responsable está actuando de manera imparcial al inclinarse del lado de la víctima, preciando que no ha protegido sus derechos como imputada ni los derechos de sus menores hijos, pues el tercero interesado no se ha conducido con rectitud Al respecto, el que esto resuelve, considera que resulta inoperante el argumento defensivo en estudio, lo anterior es así, pues con dichos razonamientos no se combaten las consideraciones que tomó en cuenta, la autoridad responsable ordenadora, en el dictado del acto reclamado, puesto que dichos argumentos solamente se dirigen a establecer que el representante social debe conducirse con lealtad y objetividad, y que al tratarse de un acto de investigación, tendría que tomar en cuenta a la parte que denuncia y a la parte imputada, agregando que dicha autoridad responsable, actuó de manera imparcial al inclinarse del lado de la víctima, sin embargo, se insiste, dichas manifestaciones no controvierten las consideraciones que sirvieron de sustento para pronunciar el acto materia del reclamo, las cuales, como ya se vio, se aprecian ajustadas a la normatividad aplicable, por lo que dichos argumentos resultan inoperantes. Sirve de fundamento a lo expuesto, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.) de la Primera Sala, Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 159947, de la Décima Época, página 731, que es del contenido literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Consecuentemente, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra, los conceptos de violación analizados, se niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Brenda Elizabeth Martínez Vega, al resultar constitucional el acto materia del reclamo, consistente en el auto de primero de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente con número único de caso 37-2020-0016262, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 76, 77, 78 y 155 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Brenda Elizabeth Martínez Vega, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de esta sentencia, en contra de los actos que reclamó de la Coordinadora adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, así como en contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, con domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, Licenciado JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, quien autoriza y da fe. DOY FE.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la autoridad responsable la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, desahogando el requerimiento que se le formuló en auto de nueve de diciembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del auto de primero junio, dictado en la carpeta de investigación 37-2020-16262. En atención a lo anterior, con su contenido dese vista a las partes para los fines legales procedentes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, en atención al estado de autos, se advierte que la parte quejosa del presente juicio de amparo, no fue notificada personalmente del auto de veinticuatro de julio del año en curso, para que proporcionara el domicilio cierto y correcto de los menores de iniciales K.V.A.M., J.R.A.M. y A.R.A.M. Por tanto, y a efecto de evitar una eventual reposición de autos, se ordena que se realice la notificación personal del presente auto y el de veinticuatro de julio del mismo año. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, haga del conocimiento de este tribunal, el domicilio cierto y correcto de dichos terceros interesados; apercibida que de no hacerlo en el término indicado, se procederá a su búsqueda, en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En consecuencia, y a fin de no dejar a los terceros interesados en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y para que tenga verificativo la misma, se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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