Braulio Raúl Ornelas Contreras

Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Braulio Raúl Ornelas Contreras
  • Director de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se sobreseyó el presente Juicio de Amparo, se ordena previo Acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke Garcia, Secretario de Juzgado, procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 80/2023-VII-A, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, se advierte que ninguna de las partes ofreció medio de prueba alguno, asimismo, se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación sí realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Vistos para resolver el juicio de amparo 80/2023-VII-A, promovido por el Licenciado Bernardo Antonio Camargo Flores, a favor de Braulio Raúl Ornelas Conteras, contra actos que reclamó al Director de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con residencia esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinte de enero del presente año, y remitido a este Juzgado el mismo día, el Licenciado Bernardo Antonio Camargo Flores, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de Braulio Raúl Ornelas Contreras, contra la retención ilegal e incomunicación a la que se encuentra el directo quejoso Braulio Raúl Ornelas Contreras. SEGUNDO. Por auto de veinte de enero de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el expediente número 80/2023-VII-A; decretó la suspensión de plano a favor del directo quejoso, quien sí ratificó la demanda presentada a su favor, por lo que se admitió a trámite la demanda y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien sí presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el directo quejoso consiste en la retención e incomunicación a la que se encuentra sujeto el aquí quejoso por parte de la autoridad responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado conviene únicamente la existencia de la orden de detención reclamada e hizo manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo, respecto a la detención del quejoso, quien fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en el combate al Delito de Extorsión, por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego y Delitos contra la Salud. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes al acto reclamado, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo de aplicación. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el caso procede decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto a la detención del ahora quejoso Braulio Raúl Ornelas Contreras, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XVII, 62, 63, fracción V y 65, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;". "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización." Del precepto 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando con posterioridad a la presentación a la demanda se produzca un acto que traiga por resultado el cambio de la situación jurídica del inculpado de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por un nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Este cambio hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del inculpado, por ende, tal causa de improcedencia, como se dijo, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última, por lo que se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En ese contexto, para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; En virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Pues bien, en el asunto en particular, el quejoso reclama al Director de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, la orden de detención, quien fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en el combate al Delito de Extorsión, por el Delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego y Delitos contra la Salud. Sin embargo, la copia certificada de las constancias procesales remitidas por la autoridad responsable, mediante oficio UIDNM-1885/2023, dicha autoridad responsable puso a disposición del Juez de Control en turno, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al quejoso Braulio Raúl Ornelas Contreras, en calidad de imputado por el Delito contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, lo anterior a fin de que sea fijada fecha y hora para llevar a cabo audiencia de Control de Detención, lo anterior, con fundamento en los artículos 307 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Bajo esas circunstancias, es evidente que operó un cambio de situación jurídica que impide analizar las violaciones atribuidas a la orden de captura que reprocha el inconforme, sin afectar esa nueva situación jurídica originada a raíz de la resolución. Luego, en el caso particular con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se puso a disposición del Juez de Control en turno del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a fin de que señalara hora y fecha para levar a cabo la audiencia de formulación de la imputación correspondiente, por lo que se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el inculpado aquí quejoso, respecto de la orden de detención reclamada en este juicio de amparo. En efecto, como consecuencia de que la autoridad pusiera al aquí quejoso a disposición del Juez de Control en turno del Distrito Judicial Bravos; se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la determinación que decretó al poner al directo quejoso en disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para llevar a cabo la audiencia inicial de control de detención y formulación de imputación, y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida contra la orden de detención reclamada a la autoridad responsable, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto, como en el presente caso la determinación que decretó poner al directo quejoso en disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para llevar a cabo la audiencia de control de detención y formulación de imputación, que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. De lo que se sigue, si el Agente del Ministerio Público responsable posterior a la presentación de la demanda de amparo puso al directo quejoso a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para llevar a cabo la audiencia de control de la detención y formulación de imputación, resulta incuestionable que operó un cambio de situación jurídica, actualizándose por ende, el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVII y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación, la Jurisprudencia VI.1o. J/57, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultada con el registro digital 222078, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 139, del Semanario Judicial de la Federación; que dice: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide abordar el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Soporta jurídicamente lo que precede, la tesis de jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Licenciado Bernardo Antonio Camargo Flores, a favor de Braulio Raúl Ornelas Conteras contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Licenciado Bernardo Antonio Camargo Flores, autorizado de la parte quejosa dentro del presente juicio de amparo, y como lo solicita, con fundamento en lo previsto en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídansele a su costa y por duplicado, las copias certificadas que refiere en su ocurso, previa toma de razón que por su recibo quede en autos para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene a la autoridad responsable Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke Garcia, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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