Brenda Campos Chacon
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brenda Campos Chacon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, sin que las partes se hubieren pronunciado al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para los siguientes efectos: El Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, deje sin efectos todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral 789/2022, desde el emplazamiento practicado a la aquí parte quejosa, hasta la última actuación, y desde luego, posteriormente proceda con plenitud de jurisdicción. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y así lo informe, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así: a) se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00); lo previo, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de Amparo, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y b) se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad correspondiente. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************/2023-II, promovido por******************** Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de julio de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******************** promovió demanda de amparo en contra del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad. Segundo. Derecho fundamental que la parte quejosa estimó vulnerado. La parte accionante del amparo señaló como derecho constitucional vulnerado, el previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, una vez que la parte quejosa desahogó la prevención que le fue formulada desde el siete de julio de dos mil veintitrés (y que intentó aclarar, sin éxito, como se advierte en autos de trece y diecinueve de los mismos), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. Del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil oral ********************, substanciado en su contra; de forma destacada, la sentencia ahí emitida y su ejecución. II. Del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: El emplazamiento practicado al juicio de origen. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias con que acompañó el primero, su informe con justificación; que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado responsable. De modo que, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Quinto. Examen constitucional de los actos reclamados. Previo a efectuar el análisis de los actos reclamados, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en favor de ******************** en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al advertirse que hubo en su contra una violación evidente de la ley que la dejó sin defensa, por afectar los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación; dicha suplencia, se aplicará, por supuesto, siempre que le resulte en un beneficio. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013)". Además, se cita al respecto, la Jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. Sentado lo anterior, se estima necesario invocar el contenido del numeral 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República, que textualmente señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Por su parte, en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, textualmente se establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.) Conforme al texto constitucional y al legal transcritos, la persona extraña a juicio es aquella distinta de las partes que discuten los derechos en una controversia primaria, en la cual, aquél no es parte ni ha sido llamado ni oído en el juicio; es decir, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que se da cuando el sujeto que, formando parte de la controversia -por ser el demandado- no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por tanto, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el tercero extraño en sentido estricto (que es el primero referido supra líneas; es decir, el que no es parte procesal en el asunto) y tercero extraño equiparado (que es el segundo, ya señalado, que sí tiene el carácter de demandado en el asunto de origen, pero no fue legalmente emplazado al mismo). Así, en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Hecho lo anterior, de considerarse que efectivamente la parte quejosa sea persona extraña a la controversia y que sus derechos se vieron vulnerados, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la solución constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos afectados, al no ser partícipe de esa relación procesal; pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural, pues la única intención es extraer de éste, sus derechos. Por otra parte, en el caso de que la parte quejosa sí sea persona extraña -por equiparación- el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. Lo anterior, encuentra sustento en lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, titulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE". Asimismo, en la jurisprudencia VII. 2o.C.J/21, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 1305, con número de registro 177771, del rubro: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora bien, es de destacarse el contenido del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que establece: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El precepto constitucional transcrito, consagra el derecho de audiencia, que constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la libertad, sus propiedades y en general de todos sus derechos. Así pues, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; ello, previamente al acto privativo. En torno a dicho precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la disposición en comento, otorga a la persona el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo o de molestia, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de evitar que las personas queden en estado de indefensión. Así, según lo ha sostenido el Alto Tribunal, el derecho a una defensa adecuada -en términos generales- se traduce en: I. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. III. La oportunidad de alegar; y, IV. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En efecto, esas formalidades esenciales del procedimiento permiten que las personas desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. De esta forma, se debe partir del hecho de que los sujetos titulares de este derecho, son todas las personas -sin distinción- quienes gozan del derecho de ser oídas y vencidas en defensa de los bienes tutelados por este derecho, a través de un juicio previo. Así, la audiencia previa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un principio de seguridad jurídica para las personas, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Estas consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, del rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Asimismo, en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 396 del rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". En ese orden de ideas, es dable concluir que cuando por un mandato de autoridad se intenta privar a alguna persona de su propiedad (y otros), debe preceder un procedimiento establecido legalmente, en donde se llame al propietario a quien se pretende despojar de sus bienes para que tenga oportunidad de defenderse. Establecido el previo marco teórico, es necesario a continuación narrar los antecedentes más destacados de los actos aquí reclamados: Mediante escrito presentado en la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veinte de octubre de dos mil veintidós, ********************, por conducto de sus endosatarios en procuración, ********************y********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil oral, a la aquí quejosa. Tal demanda se admitió a trámite el propio veinte de octubre de dos mil veintidós, identificándose como el juicio ejecutivo mercantil oral ******************** del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, se asentó que se emplazó a dicho asunto a la demandada, aquí directa quejosa. El seis de diciembre de dos mil veintidós, el Juez responsable emitió auto en el que, entre otras cosas, se declaró la nulidad de dicho emplazamiento, por las razones ahí acotadas. Mediante diligencia de cinco de enero de dos mil veintitrés, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, asentó haberse constituido en el domicilio de la demandada, aquí parte quejosa, ubicado ********************, en esta ciudad; y que, al encontrarla presente, la emplazó a juicio. En auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se declaró la rebeldía de la demandada, aquí quejosa. El quince de febrero del año en curso, se emitió sentencia, en la que se resolvió que procedió la vía propuesta; que la parte actora acreditó la procedencia de la acción y que la demandada incurrió en rebeldía; se condenó a ésta al pago de la cantidad de un ********************, por concepto de suerte principal, intereses moratorios por una tasa del ******************** por ciento mensual (********************), así como al pago de honorarios, gastos y costas. No se desprende que en momento alguno, la sentencia haya quedado firme; empero, la autoridad responsable en cita efectuó diversas gestiones instadas por la parte actora, para la valuación del bien inmueble embargado en la diligencia de emplazamiento y el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, adujo que la aquí quejosa perdió su derecho para señalar perito valuador. El propio dieciséis de junio del año en curso, se previno a la parte actora para que entregara la escritura del bien inmueble embargado y se le apercibió que, de no hacerlo, ese órgano la entregaría en rebeldía. Además, se ordenó poner en posesión al actor de ese bien inmueble, lo que ocurrió en diligencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Esa, corresponde a la última actuación practicada en el juicio natural, previo a la recepción de solicitudes de informes justificado y previo, con motivo del presente asunto, así como su incidencia deducida. Se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los motivos de disenso vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". Así, la parte peticionaria de derechos fundamentales aduce en su primer motivo de disenso que se transgredieron en su perjuicio las formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que se vulneró en su perjuicio el derecho de audiencia. Concluye la parte quejosa diciendo que al haber sido ilegal su llamamiento al juicio de origen, las subsecuentes actuaciones igualmente son ilegales. Dicho motivo de disenso es sustancialmente fundado y suficiente para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, en se tiene que el emplazamiento al juicio natural, ejecutivo mercantil oral, es regulado por los artículos 1390 ter 5 del Código de Comercio, con relación a los diversos 1392, primer párrafo, 1393, 1394, párrafos primero y segundo y 1396, de la misma codificación que disponen lo siguiente: Artículo 1390 Ter 5. Presentada por el actor su demanda, se dictará auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. (.) Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la ********************busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (.) Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. De tales preceptos, se desprenden las siguientes reglas para diligenciar el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en un juicio ejecutivo mercantil oral: 1) Una vez presentada la demanda, el Juez natural proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y cosas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. 2) Si el notificador, a la ********************búsqueda, no encuentra al demandado, pero cerciorado de que se encuentra en su domicilio, le dejará citatorio, fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. 3) Si el demandado no aguarda a la cita, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 4) Luego, una vez que el notificador se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada, después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o atender la diligencia, el notificador dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos, sin girar oficios para la localización del domicilio. 5) Ahora bien, la diligencia de embargo, se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el inciso 3); de no hacerse el pago, se requerirá que se señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiendo a la persona con quien se entienda la diligencia, que de no hacerlo, el derecho a señalar bienes pasará al actor; hecho lo anterior, se emplazará al demandado. 6) A efecto de emplazarlo, en todos los casos, se le entregará lo siguiente: - Cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, - Copia de la diligencia practicada, - Copia de la demanda, de los documentos base de la acción y de los que ordena el artículo 1061, con los cuales se le correrá traslado (a) el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; b) el documento que acredite el carácter con que el litigante se presente en juicio, cuando se presente en representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; c) el documento en que, en el caso, el actor funde su acción; d) todos los documentos que, en el caso, el actor tenga en su poder y deban servir como pruebas de su parte; e) el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población tratándose de personas físicas, ambos cuando exista obligación para encontrarse inscritos en ambos registros y la identificación del actor, de ser persona física). 7) Hecho el embargo, se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia, para que, dentro del término de ocho días, computado legalmente, comparezca ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. Indicado lo anterior, se tiene que la diligencia de emplazamiento, practicada a la aquí parte quejosa, en el juicio natural, se llevó a cabo en los siguientes términos: En Ciudad Juárez Chihuahua, Distrito siendo las trece horas con cero minutos del día cinco del mes de enero de del año dos mil veintitrés el (la) suscrito (a) Oficial Notificador (a) y Ministro (a) Ejecutor, adscrito (a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, Licenciado ********************, me constituyo en compañía de ********************en el domicilio señalado en autos ubicado en calle ********************de esta ciudad, y cerciorado (a) de que es el domicilio correcto, ya que la numeración del inmueble y la nomenclatura de la calle así me lo demuestra, y coincide con el señalado en autos, en busca de ******************** y soy atendido por una persona del sexo femenino quien de viva voz dice ser ******************** quien no se identifica de media filiación: tez morena clara, complexión media robusta, de 45 años de edad aparentemente, cabello castaño, ojos color cafés claros, de 1.65 mts de estatura aproximadamente. Acto seguido me identifico ante la persona que me atiende y procedo a notificarle íntegramente el (los) auto (s) de fecha (s) veinte de octubre del dos mil veintidós y seis de diciembre de dos mil veintidós emitido (s) por el Juzgado Décimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dentro del Juicio Ejecutivo mercantil Oral en el expediente número ********************-I. Requiriéndole para que a nombre de la parte demandada, haga el pago al actor, de la cantidad ********************como suerte principal, más los accesorios del juicio o en su defecto señale bienes para embargo propiedad del demandado, suficientes para garantizar las prestaciones que se le reclaman, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, lo hará la parte actora que me acompaña, a lo cual la persona que me atiende manifiesta: que no cuenta con el pago de la cantidad reclamada y que no es su deseo señalar bienes de su propiedad para embargo por lo que el licenciado ********************señala para embargo el bien inmueble ubicado en calle ******************** de esta ciudad, con datos de identificación: inscripción ********************de la sección ********************del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad. Siendo todo lo que desea señalar para embargo lo que el suscrito oficial notificador y ministro ejecutor declaro legal y formalmente embargado el inmueble anteriormente señalado solo hasta en tanto basto a cubrir la cantidad del monto reclamado. Acto seguido con las copias simple de la demanda y sus anexos consistentes en once fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por el Juzgado más cedula de notificación de embargo y copia al carbón de la presente diligencia, lo emplazo a juicio y le corro traslado al demandado haciéndole saber que el Juzgado antes mencionado, le concede un término de ocho días hábiles para que haga el pago o se oponga a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 1390 bis 15, 1392, 1394, 1396 y conducentes del Código de Comercio; con lo cual se da por terminada la presente diligencia, firmando quienes intervinieron y desearon hacerlo, manifestando la parte demandada que no firma por no ser su deseo. Doy fe. (Una firma ilegible) Otro si digo: Hago constar que las copias de traslado constan de los siguientes anexos: Escrito inicial, pagaré, CURP, cédula de identificación fiscal y escrito presentado el cinco de diciembre del dos mil veintidós. Doy fe. (Dos firmas ilegibles). (Sic.) Del análisis de dicha diligencia, tal como lo puso de manifiesto la parte quejosa, se desprende que adolece de diversos requisitos; con lo cual, su legalidad se ve afectada. Ello es así pues, primero, a efecto de corroborar que efectivamente el Oficial Notificador responsable en cuestión se constituyó en el inmueble al cual fue enviado, además de asentar la ubicación espacial donde se encontraba, debió apuntar tan detalladamente como le fuera posible las características distintivas del inmueble, tales como señalamientos al exterior; colocación en relación con otros inmuebles, (es decir, en medio de la calle o en la esquina); colindancia con algún otro inmueble comercial; particularidades del inmueble apreciables objetivamente (tales como si tiene barandales y su color, material de la puerta); por mencionar algunos. Al respecto, el Oficial Notificador responsable se limitó a transcribir el domicilio donde dijo estar constituido, pues apuntó: "(.)y cerciorado (a) de que es el domicilio correcto, ya que la numeración del inmueble y la nomenclatura de la calle así me lo demuestra, y coincide con el señalado en autos (.)" (sic). Es decir, se limitó a señalar la ubicación espacial donde dijo estar constituido y omitió precisar, aun vagamente, la descripción del lugar, lo que impide tener por satisfecha la formalidad apuntada. En efecto, aludir a que se encontraba que se cercioró de que ese inmueble era el correcto, porque así lo advertía de la nomenclatura, es insuficiente para tener por colmado el primer requisito legal que a su actividad, en casos de esa índole, le fue impuesto. De lo previo se desprende, que no esbozó razonamiento lógico bastante para sustentar su fe pública y otorgar validez a su actuación, a pesar de estar obligado a señalar de manera exhaustiva, con claridad y precisión los medios de convicción que tuvo a su alcance, a través de sus sentidos (objetivos, captados por él directamente), al constituirse en el inmueble señalado en autos para emplazar a la demandada; con el objeto de comprobar que, efectivamente, se constituyó en el mismo. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la adecuada realización del emplazamiento, pues éste -como ya se acotó- constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso, por lo que debe existir total certidumbre de que la demandada ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el órgano que conoce del juicio y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de desplegar su defensa. En ese sentido, la obligación del Oficial Notificador de asentar los signos exteriores del inmueble exige una descripción objetiva y exhaustiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar y anexarlas a modo de demostración a sus actuaciones. Además, no se desprende que el Oficial Notificador responsable, le haya solicitado, en momento alguno, a la persona con quien dijo que entendió la diligencia -y que en apariencia, le refirió ser la demandada- que se identificara, o por qué no deseo identificarse, o bien el número y clase de su identificación, de haberlos exhibido; sin que ello haya ocurrido en la especie, pues el Oficial Notificador responsable únicamente acotó que esa persona, a quien no le solicitó su identificación, dijo ser la demandada, aquí directa quejosa. La necesidad de constatar la identidad de la persona con quien se entiende la diligencia de emplazamiento, versa en la trascendencia de la naturaleza de ésta, lo que hace imprescindible tener la mayor seguridad posible de que se realizó, efectivamente, en acatamiento a todas y cada una de las pautas señaladas en la legislación respectiva. Para ello, obvio es, el Oficial Notificador responsable debió requerirle que le exhibiera identificación oficial, tal como credencial de elector, pasaporte o cédula profesional, y debió asentarlo así expresamente, así como las razones para negarse a identificarse, de ser el caso; sin que así lo haya realizado. Continuando con el análisis de tal acto, del desarrollo de dicha diligencia, se advierte que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor responsable no hizo constar claramente cuáles documentos de traslado le entregó, pues se advierte que al respecto, asentó lo siguiente: (.) con las copias simple de la demanda y sus anexos consistentes en once fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por el Juzgado más cedula de notificación de embargo y copia al carbón de la presente diligencia (.) Otro si digo: Hago constar que las copias de traslado constan de los siguientes anexos: Escrito inicial, pagaré, CURP, cédula de identificación fiscal y escrito presentado el cinco de diciembre del dos mil veintidós. Doy fe. De lo cual no es posible deducir si le hizo entrega de todos los documentos arriba descritos, lo que es necesario para que esta Juzgadora se cerciore de que la aquí parte quejosa, demandada en el juicio natural, estuvo en posibilidad de tener pleno conocimiento del juicio entablado en su contra y en aptitud de comparecer al mismo a defenderse. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, de la cual derivó la jurisprudencia 39/2020, determinó que si como en el caso, la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece claramente cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia señalada, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204, materia Civil, Décima Época, con registro digital 2022118, del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Lo previo corrobora, como adujo la parte quejosa esencialmente en su concepto de violación, que la diligencia de emplazamiento, resultó ilegal. En efecto, la inexactitud los anteriores elementos, se reitera, no se subsanan con la fe pública de que goza el Oficial Notificador responsable, sino que corresponde directamente a éste, dotar su actuación de certeza jurídica y validez, así como realizar la actuaciones de esa índole, con la debida diligencia que un acto de tal naturaleza, requiere; lo que a su vez, implica otorgar seguridad jurídica a las partes en el juicio. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/189, invocada por propio la parte quejosa, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de dos mil, con número de registro 191230, por identidad jurídica, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento cuando, por ejemplo, en la constancia correspondiente, el actuario que la practicó haya asentado que primero se constituyó en un domicilio donde dejó el citatorio y que, el día siguiente, se "volvió a constituir" en otro, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas contradicciones en que incurra; por lo cual se concluye que, precisamente en atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo. Por tanto, al haber omitido el Oficial Notificador responsable a) apuntar razonamiento lógico bastante para sustentar su fe pública y otorgar validez a su actuación, con el señalamiento suficiente de datos descriptivos del inmueble donde dijo haberse constituido; b) solicitar a la persona con quien entendió la diligencia donde la cita de espera, que se identificara y valiéndose únicamente del dicho de ésta, y c) describir de forma precisa con qué documentos corrió traslado; torna ilegal el emplazamiento practicado, pues la fe pública de que goza aquél, no surtió plenamente sus efectos ante dichas situaciones, lo que a su vez, eliminó la presunción de validez de las actuaciones aquí combatidas. Se insiste, a pesar de que el Oficial Notificador responsable está dotado de fe pública, tiene la ineludible obligación de cumplir de manera exacta y puntual, con las formalidades que le impone la codificación adjetiva que rige el acto, para poder sustentarla jurídicamente y dotar a sus actos de ella, así como plasmar en los mismos, por ende, validez y legalidad. Además de los criterios ya referidos, resulta aplicable, por identidad de razones, la tesis 1a./J. 36/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, septiembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2017895, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada. Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con número de registro 192969, del siguiente contenido: EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. De igual forma, en la tesis 1a./J. 39/2011, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, mayo de dos mil once, página 24, con número de registro 162075, que consta del rubro: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL". No se pierde de vista que la ilegalidad de las posteriores actuaciones de las que se duele la parte quejosa, fueron originadas precisamente por el incorrecto emplazamiento practicado por el Oficial notificador responsable; empero, en primer término, correspondía al Juez responsable cerciorarse de la legalidad del emplazamiento en cuestión. En esas condiciones, lo procedente es concederle a la parte quejosa, ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal, para que: El Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, deje sin efectos todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral ********************, desde el emplazamiento practicado a la aquí parte quejosa, hasta la última actuación, y desde luego, posteriormente proceda con plenitud de jurisdicción. Al respecto, se cita la tesis I.12o.C.24 K (10a.), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2659, materia Común, Décima Época, con registro digital 2019039, que dispone lo siguiente: TERCERO EXTRAÑO TÍPICO O AUTÉNTICO Y POR EQUIPARACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SON DISTINTOS, DEPENDIENDO DE SU CALIDAD. Existen dos tipos de tercero extraño: típico o auténtico y por equiparación. El primero es aquella persona física o jurídica colectiva, que no siendo parte material (actor o demandado) del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de aquel procedimiento. Por su parte, el segundo es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En el caso, los efectos de la concesión son distintos, dependiendo del supuesto en el que se ubique el quejoso que se ostenta con esa calidad. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia de origen, los efectos del amparo no son que se le llame a ese juicio natural, pues no es parte, sino que la finalidad es reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, pero sin que ello implique que en el sumario de origen deba declararse la nulidad de todo lo actuado para que se le llame a juicio. Por tanto, al no ser partícipe de esa relación procesal no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural en el que se es tercero extraño, en mérito a que al acudir al juicio de amparo indirecto, su única intención es extraer de aquella controversia sus derechos, es decir, no le interesa una declaratoria de nulidad total porque es ajeno a la relación jurídica en él ventilada; por el contrario, cuando se trata de la persona extraña por equiparación, como su posición es la de parte formal de la relación procesal, pero no fue llamada a juicio, o lo fue en forma defectuosa, lo cual impidió acudir en defensa de sus derechos, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. El subrayado es nuestro. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman, al no haberse combatido por vicios propios; en términos del criterio Jurisprudencial número 88, visible en la página 70, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra de las autoridades apuntadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese; 1) mediante oficio a las autoridades responsables, así como 2) por lista electrónica a las demás partes, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como antecedente, el oficio remitido por el Encargado del Departamento de Servicios y Atención al Cliente Zona Comercial Juárez de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, en torno a la consulta de domicilios para buscar el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada. Ello, pues el diecinueve de los actuales, se logró su emplazamiento a este asunto. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se emplazó a juicio al tercero interesado ********************, al día de hoy, no media los ocho días que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
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