Brenda Berenice Ortíz Ávila

Expediente 216/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
216/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Brenda Berenice Ortíz Ávila
  • Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que *****, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada del presente auto, notifique a la quejosa en cita; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 216/2018-VI, promovido por *******, contra actos del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos de la Fiscalía General del Estado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el dos de abril del año en curso, turnado a este Juzgado, en esa misma fecha, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos de la Fiscalía General del Estado. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de tres de abril de la presente anualidad, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que si era su deseo, ampliara la demanda respecto de la autoridad Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; de igual forma, en auto de siete del mes y año en curso, y al no haber desahogado la vista otorgada, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. TERCERO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa reclama a las responsables Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos de la Fiscalía General del Estado, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, con sede en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, el cual será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, al rendir informe justificado, en relación al acto reclamado al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, aceptó la existencia del acto que les fue atribuido a dichas responsables, consistente en la orden de traslado de la quejosa, del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, con sede en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas para tal efecto, entre otras, las consistentes en los oficios 554 y FEEPYM/UATYDH/5239/2018, de dos y ocho de marzo de dos mil dieciocho, signados por el Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y Encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, respectivamente, (fojas 56 a 62 y 54 a 55), desprendiéndose de la primera de las comunicaciones, la autorización emitida por la autoridad jurisdiccional en cuanto al traslado de la aquí quejosa del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, con sede en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; y de la segunda de las comunicaciones, el acuerdo de traslado en cita, del directo agraviado; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar dicha afirmación, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De su interpretación se obtiene que el artículo 1, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Asimismo, al interpretar estos últimos preceptos con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de los poderes públicos o de particulares que no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, como se señaló, la parte quejosa reclama el traslado efectuado en su persona del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, con sede en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, anexas al informe justificado, se desprende que quien autorizó el traslado de la aquí quejosa del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Dos, con sede en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, fue el Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, previa petición formulada por la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, mediante oficio FEEPMJ/B-JUR 02555/2018, de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 56-62). Consecuentemente, al no haber sido señalado como responsable el Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en la demanda original, mediante proveído de cuatro de mayo de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, computados legalmente, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la autoridad en cita; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de las autoridades responsables precisadas en su demanda, en los términos ahí indicados, en las que señaló como tales al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos de la Fiscalía General del Estado. Por tanto, si no obstante el apercibimiento decretado en el aludido auto de cuatro de mayo de la presente anualidad, la quejosa no amplió su demanda, respecto a la diversa autoridad Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída; por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los ordinales 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 240 (H), con numero de registro 1004558, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Novena Época, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, pagina 3234, cuyo tenor literal es el siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS [TESIS HISTÓRICA]. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. Asimismo, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página: 113, de contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. QUINTO. Notificación. Toda vez que la quejosa *******, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada de la presente resolución, notifique a dicha peticionaria de amparo; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos las comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra las autoridades responsables y acto reclamado precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista a la quejosa *******, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto al Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, de la certificación de cuenta se desprende que la quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que *******, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada del presente auto, notifique a la quejosa en cita; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos la comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa mediante proveído emitido el cuatro de mayo del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar o no la demanda que dio origen al presente juicio, por cuanto hace al Juez Provisional Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Por lo anterior, toda vez que la quejosa *****, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda y con copia autorizada del presente auto, notifique a la quejosa; solicitando el acuse respectivo, y una vez diligenciada en sus términos las comunicación oficial remitida, la devuelva con todo lo actuado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

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