Brenda Abigail Hernández Hernández
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Brenda Abigail Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de agosto de dos mil veintidós. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de uno de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de agosto de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta. Se tiene a la quejosa Brenda Abigail Hernández Hernández desahogando la prevención formulada por auto de diecinueve de julio del año en curso, para lo cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. Por tanto, al examinar la demanda de amparo y los escritos aclaratorios recibidos en este juzgado federal el dieciocho y veintinueve de julio de la presente anualidad, se advierte que la accionante reclama los siguientes actos: a) La omisión de notificar personalmente en su domicilio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021. b) El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021, a través del cual se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras. c) El citatorio de diecisiete de mayo de dos mil veintidós dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021. d) La constancia de citatorio de diecisiete de mayo que obra dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021. 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda e) La diligencia practicada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo no presente", la cual obra agregada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2021. f) La diligencia de embargo de veintiocho de junio de la presente anualidad y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo presente con auxilio de la fuerza pública", la cual obra agregada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse en forma manifiesta e indudable la actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, por lo que hace al acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en la omisión de notificar personalmente a la quejosa en su domicilio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021, del índice del Juzgado Mercantil del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse estos dos actos reclamados. En la especie, la parte agraviada reclama, como primer acto, la omisión de notificarle personalmente en su domicilio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021, del índice del Juzgado Mercantil del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda Conviene señalar que el Código de Comercio no prevé expresamente el incidente de nulidad de notificaciones, sin embargo, su existencia se infiere de lo dispuesto en la fracción V del artículo 1345 del mismo Código de Comercio, que prevé que procede la apelación contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. Sin embargo, no tiene mayor regulación del incidente de nulidad de notificaciones que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio. Por tal motivo, es necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual en su artículo 319 establece: Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. De la disposición anterior se colige que si las notificaciones se hicieren en forma distinta a la establecida en la ley o, se omitieren, la parte agraviada podrá promover incidente de nulidad de actuaciones, a través del cual puede obtenerse su nulidad. En este orden de ideas, resulta inconcuso que Brenda Abigail Hernández Hernández debió promover incidente de nulidad de notificación contra la omisión de notificarle en forma personal la sentencia, pues ese medio es el idóneo para lograr su anulación. 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda Consecuentemente, si en contra de esa notificación (mal practicada u omitida, desde la perspectiva de la quejosa) que constituye el primero de los actos reclamados, procedía el incidente de nulidad de notificaciones, a través del cual podía ser anulada, se concluye que la parte peticionaria no satisfizo el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, 1a./J. 68/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2020845, de rubro y texto: INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Conviene señalar que no se advierte que se actualice alguna de las excepciones para que Brenda Abigail Hernández Hernández agotara el principio de definitividad. Máxime que, según lo narra en el escrito de cuenta, es parte en el juicio de 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda origen, ya que fue emplazada al mismo desde el veintidós de octubre de dos mil veintidós, por lo que tenía la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución y hacer valer los medios de defensa conducentes. Por las razones que la sustentan se cita la tesis aislada VI.2o.C. J/259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 175974, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. En esas condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificar personalmente a la quejosa en su domicilio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 404/2021, del índice del Juzgado Mercantil del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Por otro lado, respecto de los actos señalados en los incisos b), c), d), e) y f), consistentes en: el auto de veinticuatro 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda de mayo de dos mil veintidós, el citatorio y constancia de citatorio de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la diligencia y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo no presente" practicada el diecinueve de mayo del año en curso; así como la diligencia de embargo de veintiocho de junio de la presente anualidad y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo presente con auxilio de la fuerza pública", actuaciones que obran agregadas en el juicio ejecutivo mercantil 404/2021, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) El segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y con relación 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda a los remates sólo en contra de la última resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. La regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador a fin de evitar los abusos, es decir, que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución; motivo por el que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda, las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejando sin defensa a la parte quejosa y, en relación a los remates, sólo contra el auto que lo aprobara o desaprobara. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, la reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, la cual establece: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. De acuerdo con lo expuesto, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se promueva en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la condena. 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto citan: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, por las razones que la sustentan se cita la jurisprudencia 1a./J. 108/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro digital 167854, de rubro y texto: REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento. En el caso, la parte quejosa reclama diversos actos realizados en la etapa de ejecución, consistentes en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el citatorio y constancia de citatorio de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la diligencia y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo no presente" practicada el diecinueve de mayo del año en curso; así como la diligencia de embargo de veintiocho de junio de la presente anualidad y la constancia de dicha diligencia denominada "embargo presente con auxilio de la fuerza pública", actuaciones que obran agregadas en el juicio ejecutivo mercantil 404/2021; todos los actos tendientes a ejecutar la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen En efecto, de los antecedentes que narró la quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte: ? Que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, Luis Ernesto Salazar Cruz, endosatario en procuración de Citlali Mondragón Morales, demando en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de la aquí quejosa Brenda Abigail Hernández Hernández, diversas prestaciones. Registrándose y formándose el expediente 404/2021, radicado en el Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. ? Una vez emplazada y seguido el juicio mercantil en sus trámites, el jueza responsable dictó sentencia 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda definitiva, condenando a la quejosa Brenda Abigail Hernández Hernández, a pagar la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos M/N 100/00), por concepto de suerte principal, así como a pagar el 1.52% de intereses, y de no hacerlo así, se embargarían sus bienes, para que con los mismos se hiciera trace y remate y con dicho producto se pagara a la parte actora. ? Por auto de uno de febrero de dos mil veintidós en ejecución de sentencia se facultó a la actuaria adscrita al Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, para que se constituyera en compañía de la parte actora, en el domicilio de la demandada aquí quejosa, a fin de requerirle la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos M/N 100/00), y no haciéndolo en ese momento se procedería al embargo de sus propiedades suficientes para garantizar lo condenado, poniéndolos en depósito de la persona que designara la parte actora, apercibiendo a la demanda que en caso de oposición se le aplicaría como medida de apremio el uso de fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras. En dicho auto se acordó que si la quejosa no se encontraba en la primera búsqueda se dejaría citatorio fijándose hora hábil, para la práctica de diligencia de embargo con los parientes, empleados o cualquier otra persona que viva en el domicilio. ? El diecisiete de mayo de la presente anualidad la actuaria adscrita al Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, acudió al domicilio de la quejosa y le dejó citatorio, con el apercibimiento de ley, conforme a lo 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda establecido por el artículo 1393 del Código de Comercio. ? El diecinueve de mayo de dos mil veintidós la actuaria adscrita al Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, y en compañía de la parte actora, se constituyó en el domicilio de la quejosa, procediendo a la diligencia de embargo con la madre de la quejosa, requiriéndole el pago por la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos M/N 100/00), por concepto de suerte principal, gastos y costas del juicio, manifestándole que la quejosa solo debía $16,000.00 (dieciséis mil pesos M/N 100/00), por lo que en uso de la voz, la parte actora solicitó se aplicaran las medidas de apremio consistentes en el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras. ? Por auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se acordó la autorización de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, asimismo, se facultó a la actuaria para que se constituyera en el domicilio de la quejosa y diera cumplimiento al auto en comento, girándose oficio al Secretario de Seguridad Pública de Tetepango, Hidalgo, a efecto de que comisionara a los elementos de su corporación auxiliaran a la actuaria. ? El veintiocho de junio pasado, estando la quejosa en su domicilio, se constituyeron dos personas y quien dijo ser comandante de la policía, en compañía de la parte actora, para ejecutar la diligencia de embargo. Como se ve, tales actos son tendientes a ejecutar la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2021; sin 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda que tengan autonomía propia, debido a que tiende a lograr el cumplimiento de la condena. De ahí que de estimar procedente el juicio de amparo en contra de los actos que en esta vía se controvierten, implicaría un retardo o entorpecimiento en la ejecución de la sentencia definitiva. Por tanto, las violaciones que alega sólo pueden hacerse valer a través del amparo indirecto que, en su caso, se promueva contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la condena o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo anterior, con la finalidad de evitar que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva, la cual constituye cosa juzgada. Entonces, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo contra los actos identificados al inicio del presente auto con los incisos b al f, toda vez que se trata de un actos emitidos en el procedimiento de ejecución que tiene como finalidad que se dé cumplimiento a la condena firme dictada contra la aquí quejosa; por lo que no puede ser considerado como el último emitido en la etapa de ejecución, toda vez que no reconoce el cumplimiento total de la condena, ni declara la imposibilidad jurídica para cumplirla; y en su caso, tales violaciones podrán hacerse valer al promover amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento. No pasa por inadvertido para la suscrita que la quejosa sustenta la procedencia de la demanda la tesis aislada I.6o.C.69 K, con registro 182487, de rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, POR EQUIPARARSE A LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO E INFRINGIR LA GARANTÍA DE 10/06/23 17:12:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d Lucia Flores Miranda AUDIENCIA. Sin embargo, ese criterio contendió en la contradicción de tesis 93/2018, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que la falta de citación al procedimiento de ejecución es una violación intraprocesal impugnable en el amparo indirecto que se promueva contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución. De la contradicción de criterios de referencia derivó la 1a./J. 28/2010, citada en párrafos que preceden. Por esa razón, es innegable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, respecto de los actos reclamados; procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Brenda Abigail Hernández Hernández...M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de julio de dos mil veintidós. DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Se tiene a la Jueza Primera Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, devolviendo sin diligenciar el despacho 682/2022-IV-A, del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones que ahí expone. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INVESTIGACIÓN DE DOMICILIO. Por lo tanto, con fundamento en la fracción III, inciso b), del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordena la investigación del domicilio de los terceros interesados Mario Sánchez Álvarez, César Sócrates Piñera Barajas y Pedro Pablo Chuc Torres; por ende, requiérase a las siguientes instituciones públicas y empresas: Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Hidalgo; Jefe de Centros de Atención de la Gerencia de Servicios al Cliente de la Comisión Federal de Electricidad; Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Hidalgo "1" del Servicio de Administración Tributaria; Delegado en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 Delegado en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretario de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo. Lo anterior, a efecto de que, en auxilio de la administración e impartición de justicia y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que queden notificados de este auto, informen a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, si en sus archivos, registros o bases de datos se encuentra algún domicilio a nombre de Mario Sánchez Álvarez, César Sócrates Piñera Barajas y Pedro Pablo Chuc Torres, o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para hacerlo. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así dentro de la temporalidad concedida para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el precepto 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, si de las investigaciones realizadas no se obtienen los datos requeridos, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, en términos del dispositivo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la ley de la materia....M-IV
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