Brayan Daniel Martínez Hernández
Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Brayan Daniel Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Brayan Daniel Martínez Hernández, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de marzo de dos mil veintidós. DEVUELVE COMUNICACIONES OFICIALES. Vistos los oficios de cuenta, téngase al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, devolviendo diligenciados los despachos 116/2022 y 152/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Se ordena dar de baja los comunicados de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el primero de los ocursos referidos en la cuenta secretarial, por medio del cual el quejoso Brayan Daniel Martínez Hernández da cumplimiento a la prevención contenida en auto de veinte de enero de este año. Por lo tanto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 3 relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Es importante mencionar que, a partir de la publicación de la Ley de Amparo en vigor, la fracción V del artículo 107, establece un concepto más preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal, que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, lo que ocurriría por ejemplo si quien tiene interés en una controversia no es llamada a juicio, pues de facto se negaría su derecho fundamental de audiencia y, por consiguiente, se vería imposibilitada a ejercer su derecho a defenderse. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 5 El anterior criterio lo encontramos en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede estimarse que contra el acto reclamado, consistente en el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal 109/2021, a través de la cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 7 emitido el once de enero del mismo año, proceda el juicio de amparo. Conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la posibilidad de impugnar vía juicio de amparo directo las violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral. Ha concluido que el tribunal de amparo uninstancial debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de la sentencia definitiva sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. El Máximo Tribunal ha destacado las siguientes peculiaridades del procedimiento penal acusatorio: ? Las etapas se van sucediendo de forma irreversible; es decir, una vez que se supera una etapa no existe posibilidad de reabrirla; ello, atendiendo al principio de continuidad que rige esos procedimientos. ? Que expresados los argumentos por las partes durante la etapa que se trate, el juez de control emitirá el pronunciamiento que corresponda; y en caso de inconformidad, el imputado deberá acudir a los medios de defensa a su alcance, sin que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en otra etapa del procedimiento; pues ello trastocaría los principios fundamentales del procedimiento penal acusatorio, habida cuenta de que implicaría complicaciones y costos, tanto para las partes involucradas como para la operatividad del sistema de justicia penal. ? Que en el sistema tradicional era factible la reposición del procedimiento, debido a que el juez penal que recibía las constancias (consignación de la averiguación previa) era el mismo que dictaba sentencia; es decir, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia y de enjuiciamiento, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento penal acusatorio. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. LI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2017072, de rubro y texto: PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Además, emitió, por reiteración, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2018868, de rubro y texto: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 9 se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Indicó la Primera Sala del Máximo Tribunal que el hecho de que en el amparo directo no se pueda analizar la constitucionalidad de violaciones ocurridas en etapas previas no supone de ninguna manera que las cuestiones de ilicitud probatoria queden exentas de revisión; pues el criterio que ha sustentado simplemente consiste en que dichas cuestiones deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento acusatorio. Lo anterior, con la finalidad de que los problemas de ilicitud probatoria sean atendidos sin comprometer la operatividad del sistema de justicia penal y sus principios fundamentales. En el asunto que nos ocupa el acto reclamado fue emitido en la etapa intermedia. Por tanto, se estima que el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal 109/2021, a través de la cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso emitido el once de enero del mismo año, no es acto de imposible reparación. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Por tanto, las cuestiones que se susciten deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento penal acusatorio. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 11 Sin embargo, ello no significa que contra todas las actuaciones que acontezcan en etapas anteriores a la de juicio y que tengan que ver con cuestiones adjetivas proceda el amparo, sino que ello ocurrirá cuando los actos produzcan una afectación material e inmediata de derechos del justiciable. En el caso, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de once de enero de este año, en el cual el juez de control determinó que no era procedente la reapertura la etapa de investigación complementaria al no cumplir con los requisitos de procedencia que contemplan los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recurso que señaló no era el idóneo, por lo que no le dio trámite al mismo, todo esto llevado a cabo en la etapa intermedia de la causa penal 109/2021, del índice del Juzgado Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Como se advierte, el acto reclamado fue dictado por el juez de control durante la etapa intermedia, motivo por el cual se considera que en su contra es improcedente el juicio de amparo, ya que no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa. En el entendido de que la parte quejosa podrá reclamar el acto que estima vulnera sus derechos fundamentales a través del amparo indirecto que se promueva en contra del auto de apertura a juicio oral, pues será hasta ese momento en que el juez de control podrá analizar las violaciones procesales cometidas durante la etapa intermedia. En efecto, la resolución reclamada, en este momento, no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos del quejoso. Será hasta que el juez de control dicte el auto de apertura a juicio cuando proceda el amparo indirecto en contra de esa determinación, en la que deberán impugnarse todas las violaciones cometidas en la etapa intermedia. Apoya lo anterior, la tesis aislada XXIV.1o.3 P (10a.), 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2529, registro 2021020, de rubro y texto siguientes: VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 13 ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Brayan Daniel Martínez Hernández. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. En ese tenor, toda vez que el lugar que señaló el promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción para que notifique el contenido del presente proveído a Brayan Daniel Martínez Hernández, en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Además, se requiere al juez despachado para que, una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía de manera inmediata, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de incumplir con el requerimiento que se le formula; ello, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. DEVUELVE COMUNICACIÓN OFICIAL. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta; visto su contenido, se tiene al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, devolviendo diligenciado el despacho 90/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de febrero de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PARCIAL DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso Brayan Daniel Martínez Hernández, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veinte de enero de este año, para lo cual, señala el nombre y domicilio del tercero interesado bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, visto el escrito de referencia, no ha lugar a tener al promovente desahogando completamente la prevención contenida en el auto de referencia, en atención a las siguientes consideraciones En el citado acuerdo de veinte de enero del año en curso se previno al promovente del amparo Brayan Daniel Martínez Hernández, para el efecto de que manifestara el nombre y domicilio de la parte tercera interesada y, en caso de desconocer este último, debería manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, además, tenía que precisar la fase o etapa del procedimiento en que se encuentra la causa penal de origen. Si bien es cierto que en el ocurso de cuenta el quejoso solo se limitó a manifestar bajo protesta de decir verdad el nombre y domicilio de la parte tercera interesada así como el nombre del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, no es suficiente para que dicha prevención se encuentra cumplida en su totalidad. SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 2 Por ello, para tener por cumplida la prevención aludida con antelación, es necesario que el promovente precise la fase o etapa del procedimiento en que se encuentra la causa penal de origen bajo protesta de decir verdad. En tales condiciones, hágase del conocimiento al impetrante que, con la presentación del ocurso que se provee, se interrumpió el término concedido en el ya referido auto de veinte de enero del año en curso; por tanto, se encuentran vigentes dos días de los cinco concedidos inicialmente para cumplir con los requerimientos realizados por esta autoridad, subsistiendo el apercibimiento realizado en dicho proveído y que el cómputo para el desahogo de la prevención se hará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Se invoca por ser aplicable, la tesis III.2o.A.38 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1323, que es del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 3 presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. En ese tenor, toda vez que el lugar que señaló el promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción para que notifique el contenido del presente proveído a Brayan Daniel Martínez Hernández, en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Además, se requiere al juez despachado para que, una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía de manera inmediata, apercibido que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de incumplir con el requerimiento que se le formula; ello, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo...M-VII
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Braulio Romero Fernández932/2017
- Braulio Sánchez Hernández1352/2018
- Braulio Trujillo Pineda1089/2022
- Braulio Vázquez Avila460/2014
- Brayan Adrián Ríos Quezada107/2018
- Brayan Alan y/o Brian Alan Cruz Gutierrez1114/2018
- Brayan Mondragón Méndez1958/2022
- Brayan Samuel Aleman Baños1038/2021
- Brayan Trejo Amilpa289/2018
- Brayant Misael Mota Trejo807/2016
- Brenda Abigail Hernández Hernández1131/2022
- Brenda Anahi Espinoza López153/2019